DISCURSOS 2003

TEMAS DE DISERTACIÓN

EXPOSICIÓN DE JUAN E. MÉNDEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LA TERCERA SESIÓN REGULAR DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)

San Salvador, El Salvador

23 de enero de 2003

Señora Presidente y Canciller de El Salvador, Señor Vicepresidente, Señor Secretario Ejecutivo y miembros del Comité Interamericano contra el Terrorismo, Señor Secretario General Adjunto de la OEA:

Me complace la invitación a la tercera sesión regular del Comité Interamericano contra el Terrorismo para referirme al papel de los derechos humanos en la campaña contra el terrorismo en las Américas, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El terrorismo y la violencia y el miedo que ellos perpetúan, han constituido un rasgo predominante e inquietante de la historia moderna de las Américas y han planteado exigencias significativas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su creación, hace más de cuarenta años. Los tres ataques terroristas de proporciones sin precedentes perpetrados simultáneamente en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, confirman que el terrorismo sigue siendo una amenaza constante, grave y expandida contra la protección de los derechos humanos y contra la paz y la seguridad internacional y regional. Ante esta realidad, la Comisión ha declarado que las implicancias de estos hechos para la protección de los derechos humanos y la democracia son sumamente graves y exigen la atención inmediata y profunda de la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos.

Es importante que se reconozca, en este sentido, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Interamericano contra el Terrorismo comparten la exigencia de asegurar que la población de esta región se encuentre protegida contra la violencia del terrorismo y contra las respuestas desproporcionadas del estado a esa violencia. Al respecto, puede considerarse ahora que las responsabilidades y las actividades de ambas instituciones se derivan, en parte, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, recién adoptada, que tiene por objeto el refuerzo de la cooperación entre los Estados parte del tratado a fin de prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Reviste especial importancia para el trabajo de la Comisión y del Comité contra el Terrorismo el artículo 15 de la Convención, que estipula que las medidas que dicten y apliquen los Estados parte al amparo de la Convención deben respetar plenamente el estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Habida cuenta que la Comisión es el principal órgano de la OEA responsable de la promoción de la observancia y la protección de los derechos humanos en el hemisferio y que la Asamblea General de la OEA encomendó al Comité Interamericano contra el Terrorismo el desarrollo de la cooperación entre los Estados miembros de la OEA para la prevención, combate y eliminación de los actos y las actividades terroristas, puede considerarse que las deliberaciones de la Comisión concernientes a la interrelación entre los derechos humanos y el terrorismo son especialmente pertinentes al trabajo del Comité. En tal sentido, la Comisión difundió en fecha reciente su exhaustivo informe sobre terrorismo y derechos humanos, con la finalidad de brindar a los Estados miembros orientación para la adopción de leyes y reglamentos contra el terrorismo de acuerdo con el derecho internacional. El informe es resultado de doce meses de deliberaciones de la Comisión y se nutre, en parte, de las opiniones de especialistas internacionales en derechos humanos y en terrorismo, así como de observaciones que hicieron llegar por escrito Estados miembros de la OEA y organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema.

La Comisión incluyó en la Parte I(B) de su informe un análisis del terrorismo en el marco del derecho internacional y en la Parte II(A) una reseña de las normas internacionales contra el terrorismo, aspectos especialmente pertinentes a los temas que se consideran en esta sesión del Comité. Esos pasajes del informe, cuyo objeto es la configuración de un marco para el análisis de la Comisión, incluyen referencias al trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo y al de otros órganos regionales e internacionales dedicados a la prevención, sanción y erradicación del terrorismo. En la introducción del informe también se reconoce que hasta la fecha no se ha llegado a un consenso en torno a una definición jurídica internacional y amplia del terrorismo. Al mismo tiempo, la Comisión concluye que es posible la determinación de varias características asociadas frecuentemente con el terrorismo que ofrecen parámetros suficientes dentro de los cuales pueden definirse y evaluarse las obligaciones internacionales de los Estados, en materia de derechos humanos y en otras. Son ellas la naturaleza e identidad de los perpetradores del terrorismo y de las víctimas de éste, los objetivos del terrorismo y los medios usados para perpetrar el terror y sembrar la violencia. 

En el informe, al analizarse el papel de los compromisos internacionales sobre derechos humanos a la luz de esas características del terrorismo, se indica, en términos por demás claros, que los gobiernos de las Américas están obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir el terrorismo y otras formas de violencia y para garantizar la seguridad de sus pueblos. Sin embargo, los Estados también siguen vinculados en todo momento a sus obligaciones en materia de derechos humanos, supeditadas sólo a las suspensiones o restricciones que admite el derecho internacional cuando se halla amenazada la vida de la nación. La Comisión también enfatiza que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, si bien carecen de precedentes por su magnitud y horror, no han modificado esos preceptos fundamentales.

En el informe se reconoce, como parte de su metodología, que la violencia terrorista puede manifestarse en tiempos de paz, en estados de emergencia y en situaciones de guerra y, por ende, se tratan las obligaciones de los Estados conforme al derecho internacional sobre derechos humanos y al derecho sobre los conflictos armados. En el informe se consideran las normas de protección conforme a esos regímenes de derecho en seis ámbitos principales, a saber: el derecho a la vida, el derecho a un trato humano, el derecho a la libertad y la seguridad personales, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a la protección judicial y a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión y la protección para los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y otros extranjeros.

Cada uno de estos aspectos se trata exhaustivamente en capítulos separados del informe. Con respecto al derecho a un trato humano, por ejemplo, se hace hincapié en que nunca debe someterse a los detenidos a torturas o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por medio de las condiciones de detención, métodos de interrogatorio u otros recursos similares y en que el trato a los detenidos debe estar sujeto a mecanismos de supervisión apropiados, conforme lo estipulan los regímenes de derecho internacional aplicables, en tiempos de paz y de guerra. Con respecto al derecho a un juicio imparcial, en el informe también se enfatiza que a las personas acusadas de delitos terroristas debe acordárseles, en todas las circunstancias, las protecciones fundamentales del debido proceso, incluidos el derecho a la notificación inmediata y detallada de los cargos en su contra, el derecho a contar sin demora con la asistencia de abogado y el derecho a juicio público. En el informe también se admite que la detección y obstrucción de los recursos financieros y de otra índole que posean los grupos terroristas son reconocidas ampliamente como una estrategia importante para impedir las operaciones de esos grupos, pero se destaca que las estrategias de esta naturaleza deben tomar en cuenta el hecho de que el uso y goce de la propiedad constituyen un derecho fundamental protegido por los instrumentos interamericanos de derechos humanos. El informe concluye con una serie de recomendaciones para que los Estados miembros de la OEA pongan en práctica las conclusiones de la Comisión.

La Comisión insta a los Estados miembros y a otros órganos e instituciones de la OEA, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo, a incorporar a sus deliberaciones e iniciativas contra el terrorismo las recomendaciones de la Comisión. 

Para finalizar, quiero manifestar que la Comisión tiene sumo interés en seguir dialogando y cooperando con el Comité contra el Terrorismo, acerca de nuestra lucha común contra el terrorismo y la violencia en las Américas.

Gracias.

DISCURSO DEL DR. JUAN E. MÉNDEZ,

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

EN LA INAUGURACIÓN DEL 117º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

18 de febrero de 2003

Señor Presidente del Consejo Permanente de la OEA, señor Subsecretario de Asuntos Jurídicos, distinguidos Representantes de los Estados miembros de la Organización y Observadores. Estimados colegas, señoras y señores:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ceremonia inaugural de nuestro 117º período ordinario de sesiones. Es un gusto contar en esta oportunidad con la presencia de mis colegas Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta de la CIDH; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; los Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo, Clare K. Roberts, y Susana Villarán. Nos acompañan igualmente el Dr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, y profesionales de la Secretaría Ejecutiva.

La CIDH tiene previsto un intenso programa de actividades para las sesiones ordinarias que se inician en la fecha. Al igual que en períodos anteriores, dedicaremos gran parte de nuestro trabajo al estudio y consideración de informes sobre peticiones y casos individuales respecto a distintos países del hemisferio que se hallan en las etapas de admisibilidad, solución amistosa, fondo o decisión de envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente consideraremos la aprobación de nuestro Informe Anual y de Informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en distintos Estados de la región.

Asimismo, tendremos oportunidad de continuar estrechando los lazos de trabajo con la Organización de las Naciones Unidas. En esta ocasión recibiremos la visita de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para la Tortura y para la Discriminación Racial, el Racismo, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.  Estos son dos temas prioritarios para la CIDH, y la presencia de los Relatores servirá para explorar estrategias conjuntas para hacer nuestro trabajo más eficaz, en la búsqueda común de lograr un hemisferio sin tortura y sin discriminación racial.

Durante la segunda de las tres semanas de sesiones, la Comisión ha convocado a más de 50 audiencias sobre casos y peticiones. También celebraremos audiencias relativas a la situación de los derechos humanos en el hemisferio, ya sea con carácter general o sobre algún derecho o tema específico de la competencia de la Comisión. En estas audiencias, la Comisión no solamente continuará atendiendo a los problemas más acuciantes de derechos humanos en la región, sino que analizará temas que le plantean nuevos desafíos tales como los desarrollos jurisprudenciales en materia de derechos económicos, sociales o culturales o la situación de personas infectadas con VIH/SIDA.

También recibiremos la presencia de representantes de Gobiernos de los Estados miembros, con un alto nivel de representación incluyendo Ministros, Secretarios de Estado, Presidentes de Corte Supremas o Fiscales Generales. La CIDH aprecia enormemente todas las delegaciones de los Estados que atenderán nuestras audiencias. Para la Comisión, el diálogo con los Estados de la región es crucial para la comprensión mutua de nuestras visiones en la tarea compartida de la protección de los derechos humanos.

El sábado 1º de marzo, para enriquecer este diálogo y para explorar las estrategias más constructivas, realizaremos una sesión de trabajo sobre la plena implementación de las normas internacionales de derechos humanos en el derecho doméstico, todo ello en consonancia con los mandatos emanados de la última Cumbre de las Américas y de los trabajos realizados por la CAJP. Tendremos expertos de numerosos países de nuestra región que expondrán sobre los avances, dificultades y desafíos en este tema. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es por su propia naturaleza subsidiario y complementario de los sistemas nacionales; por lo tanto, el rol que los distintos órganos estatales asumen en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos es esencial para la plena vigencia de los derechos humanos.

La CIDH continuará analizando durante este período de sesiones los nuevos desafíos que la amenaza terrorista plantea a los Estados de la región. En este sentido, la Comisión confía que su informe sobre terrorismo y derechos humanos asistirá a los Estados miembros y otros actores interesados del sistema interamericano en la preparación y aplicación de iniciativas antiterroristas que cumplan plenamente con los derechos y libertades fundamentales. Al respecto, quisiera agradecer nuevamente los comentarios recibidos por parte de sus Gobiernos con relación a dicho Informe, así como la posibilidad de hacer la presentación del mismo ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y en la reciente reunión en El Salvador. Nuestra jurisprudencia y la de la Corte Interamericana son categóricas en afirmar que de los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar a todo ser humano es el de la seguridad personal. Al mismo tiempo, la historia de nuestra región demuestra que una efectiva y estable seguridad es aquella que se basa en el pleno respeto de los derechos humanos, sin discriminación alguna. Desde esta perspectiva, no solamente no hay contradicción sino que hay plena compatibilidad e interdependencia entre los derechos humanos y la lucha efectiva contra el terrorismo en el marco del Estado de Derecho. El debilitamiento de la tutela de los derechos fundamentales y de las instituciones democráticas es precisamente lo que las acciones terroristas buscan debilitar y eventualmente destruir.

La amenaza y violencia suicida terrorista no es el único desafío que enfrenta nuestra región. Particularmente quisiera referirme a la exclusión de grandes mayorías de la población del hemisferio del disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. La Carta Democrática Interamericana destaca “…la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia”. En la mayor parte de los países que conforman la Organización de los Estados Americanos, la exclusión de los beneficios del progreso, así como la falta de acceso a las necesidades básicas continua colocando a grandes sectores sociales en una situación de especial vulnerabilidad ante los ajustes estructurales y los desajustes de la economía. En tal sentido, las crisis económico-sociales no solamente están disminuyendo los niveles de vida en muchos de nuestros países, sino que en algunos casos están impactando negativamente en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Estas crisis económicas repercuten desproporcionalmente en grupos vulnerables, tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, niños, discapacitados, profundizando  las iniquidades y desigualdades en términos económicos y sociales que afectan a la región.

La Comisión frecuentemente suele escuchar de distintos sectores que los derechos económicos, sociales y culturales son incumplidos en nuestros países debido a la escasez de recursos, que a su vez es producto de bajos niveles de desarrollo económico.  La CIDH por el contrario entiende, como lo han hecho notables economistas y nuestros colegas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que la relación causa-efecto es la inversa, es decir, la falta de observancia de los derechos económicos sociales y culturales mantiene a nuestras sociedades en el subdesarrollo. En realidad, como ha sostenido correctamente el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, el respeto integral a todos los derechos humanos (civiles y políticos así como económicos, sociales y culturales), es condición necesaria para toda política de desarrollo con posibilidades de éxito.

Asociado a las difíciles condiciones socioeconómicas que observamos, el Hemisferio continua presenciando alzas en los índices de criminalidad. La seguridad ciudadana involucra tanto la protección contra la delincuencia como asegurar las libertades públicas de los habitantes. Lamentablemente, la respuesta institucional a la inseguridad ciudadana a menudo consiste en represión y políticas de “mano dura” sin la debida atención a las propuestas de reconstrucción de la convivencia y de control comunitario de la policía. Esta situación lleva a retrocesos lamentables que nos recuerdan un pasado no muy lejano, cuando las autoridades respondían a la protesta social y el aumento de la delincuencia con violencia, represión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por ello, la Comisión agradece y celebra la invitación de la Comisión de Seguridad Hemisférica para que la CIDH pueda presentar su parecer en torno al concepto de seguridad ciudadana.

La Comisión Interamericana ha expresado en forma reiterada su preocupación por la situación de progresivo deterioro de los derechos humanos fundamentales en Colombia, Haití y Venezuela y por la falta de cumplimiento efectivo con las recomendaciones formuladas en sus informes generales en dichos países. En Colombia, graves violaciones a los derechos humanos fundamentales y al derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado interno continúan afectando a la población civil, en un clima de impunidad para los responsables. En Haití, la CIDH expresa nuevamente su profunda preocupación por la debilidad del Estado de Derecho en dicho país, la falta de independencia del Poder Judicial, la impunidad, el clima de inseguridad de los ciudadanos, la actuación impune de grupos armados y las amenazas de que han sido objeto algunos periodistas. Dicha situación se ve afectada por la pobreza extrema de la mayor parte de la población. En Venezuela, resulta fundamental mantener el debate político dentro de los cauces de la institucionalidad democrática y por ello la Comisión sigue atentamente las negociaciones encabezadas por nuestro Secretario General, con la participación del PNUD y el Centro Carter y la contribución del Grupo de Países Amigos. La CIDH tiene especial interés en restablecer un diálogo con entidades estatales de control, y en especial con el Poder Judicial, respecto al fortalecimiento de su independencia, imparcialidad y eficacia. Aunque fuimos invitados a regresar cuantas veces fuera necesario por el Presidente Hugo Chávez, y hemos estado en contacto constante con las autoridades venezolanas, hasta el momento no se han establecido las fechas para una próxima visita. La CIDH considera importante tener una presencia en Venezuela durante esta etapa convulsionada, porque cree firmemente que puede contribuir en forma significativa a la garantía de los derechos fundamentales de todos los habitantes de dicho país. No puedo dejar de expresar  expectativa de la Comisión por la solicitud del Gobierno del Presidente Chávez de mantener una reunión con nosotros durante el período de sesiones que hoy inauguramos. Para la Comisión, esta reunión representa una singular oportunidad para fortalecer un diálogo sincero, franco y directo con el Gobierno de Venezuela en la búsqueda de las mejores formas de promover el pleno respeto a los derechos humanos dentro de la institucionalidad democrática.

La situación en estos países demuestra cómo el deterioro del Estado de Derecho repercute necesariamente en la vigencia de los derechos humanos. La Comisión ha venido observando con preocupación el progresivo deterioro de la institucionalidad democrática en varios países de la región. Si bien existen elecciones periódicas en nuestro hemisferio, muchas democracias presentan debilidades institucionales y los intentos de golpes de estado o alteraciones del orden constitucional no han desaparecido completamente. Afortunadamente y contrariamente a lo que sucedía en el pasado, la OEA responde colectivamente rechazando los golpes de Estado. Los avances dados con la Resolución 1080 y especialmente con la Carta Democrática Interamericana son claros indicadores que regionalmente no son permisibles los golpes de estado.

La democracia y el Estado de Derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos en una sociedad, tal como lo reconoce la Carta Democrática Interamericana. El sistema interamericano de protección de derechos humanos es una herramienta adicional que han creado los Estados para enfrentar el desafío que presentan las debilidades de las instituciones democráticas. En este sentido, es esencial el apoyo de los Estados al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este apoyo tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento del sistema como aporte y aliado de los Estados en la defensa de la dignidad humana y la consolidación del Estado de Derecho, antes que como un obstáculo o un adversario en la consecución de los fines comunes que nos unen. Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión en casos individuales, en los informes que siguen a sus visitas in loco y en los documentos de sus Relatorías, son principalmente contribuciones a la profundización de la democracia y el Estado de Derecho. La Comisión entiende que la difusión de sus conclusiones y recomendaciones y la discusión que se origina respecto de ellas, contribuye a facilitar a los Estados su observancia de los derechos humanos.

Esta última observación me lleva a reiterar una vez más la permanente disposición de la CIDH al diálogo con los Estados miembros, tanto bilateral como multilateralmente. Por ello quiero agradecer las variadas invitaciones que recibimos de los distintos órganos de la OEA para realizar presentaciones sobre distintos aspectos de nuestro trabajo. Los comentarios, observaciones y críticas que formulan a nuestros informes temáticos y por países, son bienvenidos por la CIDH, no solamente porque ayudan a mejorar nuestro trabajo y nos obligan a perfeccionar nuestras tareas cotidianas, sino porque estamos convencidos que el diálogo es un componente indispensable de cualquier sistema eficaz de protección de los derechos humanos. El debate, incluida la crítica ácida, es un valor esencial de la democracia. Sus reacciones a nuestros informes, incluidos aquellos donde discrepamos en nuestras posiciones sean fácticas o jurídicas, nos enriquecen mutuamente. Por ello quiero no solamente agradecer dichas posibilidades sino respetuosamente solicitar que continúen y profundicen su diálogo con nosotros y particularmente que nos hagan llegar oralmente y por escrito sus comentarios a nuestras presentaciones e informes.

Las consideraciones sobre la delicada situación que atraviesan numerosos países de la región, expuestas dentro del breve tiempo del que disponemos todos, me impiden en esta oportunidad desarrollar consideraciones acerca de otros problemas; sin embargo, antes de concluir quisiera efectuar algunas reflexiones finales.

Todos los años en nuestras presentaciones solemos señalar la situación presupuestaria por la que atravesamos. Por eso, hoy no puedo dejar pasar por alto la oportunidad para agradecer por el aumento del presupuesto a través de fondos adicionales que hemos recibido. Dicho incremento nos ayudará a mantener el nivel de actividades y responder a las demandas crecientes que ustedes nos formulan, así como responder más eficientemente a la complejidad de la situación en la región. En nombre personal y de mis colegas, gracias nuevamente.

Este incremento de fondos nos permitirá entre otros aspectos consolidar el trabajo de nuestras relatorías temáticas. En los últimos años hemos estado ensayando nuevas formas de trabajo para profundizar la eficacia y el impacto de las relatorías. Así, hemos incrementado considerablemente las visitas a países, establecido diferentes canales de diálogo con los Estados miembros y con organizaciones de la sociedad civil. Esta nueva dinámica demanda esfuerzos adicionales de mis colegas Comisionados y de nuestra Secretaría Ejecutiva. Pero creemos que este esfuerzo se justifica, ya que permite abrir espacios de diálogos más fecundos con los Estados y con la sociedad civil, precisamente por ser más particularizados en los temas específicos de las relatorías temáticas.

Señor Presidente, señoras y señores representantes, estimados colegas y compañeros de trabajo:

          Al ser este mi último discurso como Presidente, quisiera agradecer a mis colegas en la Comisión por todo el apoyo que me han brindado en este año y por su trabajo y dedicación a esta empresa común. También quiero agradecer a nuestro Secretario Ejecutivo y a todo el personal de la Secretaría de la CIDH. El grupo de personal profesional y administrativo que tenemos no solamente trabaja incansablemente y muestra un compromiso inquebrantable con la causa de los derechos humanos, sino que representa la diversidad multifacética de nuestra región. En la CIDH promovemos seriamente la igualdad de género en nuestra Secretaría. De hecho cuatro de nuestros cinco abogados en la escala administrativa superior son mujeres.

          Pero no estamos satisfechos y continuamos trabajando para incrementar nuestra diversidad. Una de las herramientas que tenemos son nuestras becas para formar a jóvenes abogados. Este año, cuatro de nuestros seis becarios son mujeres y dos de los seis becarios son afrodescendientes. Pero queremos continuar y avanzar en este proceso. Por ello, hoy con satisfacción anuncio públicamente que la Secretaría de la CIDH ha decidido instaurar una beca para recibir cada año a un abogado o abogada del Caribe dentro de nuestro programa de becas. Esperamos que ésta y otras iniciativas como la mencionada nos ayuden no solamente a mantener e incrementar esta diversidad sino a afianzar nuestras relaciones con los Estados del Caribe.

          Hace casi cincuenta y cinco años la OEA inició el camino del movimiento internacional de los derechos humanos al adoptar el primer documento internacional sobre el tema, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración, al igual que todo el sistema interamericano de derechos humanos, es una obra en construcción. La Declaración Americana reconoció como una promesa que "las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad". No hay garantía que esta promesa algún día será alcanzada. Pero sí hay seguridad de que las promesas no se cumplen esperando que la historia tome su curso inevitable. Se cumplen gracias al trabajo, al sacrificio, a la perseverancia. Para muchos en nuestra región, la Declaración Americana aún continúa siendo una promesa. Como todos ustedes, deseo que esa promesa se materialice. Ello puede llevar toda una vida, o durar tanto como la humanidad misma. Pero debemos perseverar. Y debemos perseverar asegurando que nuestra Organización siempre esté al frente de la lucha por esta gran esperanza, la de la plena realización de los derechos humanos para todos y todas.

Muchas gracias.

PRESENTACIÓN DE LA LIC. MARTA ALTOLAGUIRRE, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLITICOS

 DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Washington, D.C., 28 de febrero de 2003

Buenas tardes.  En nombre de la CIDH quiero saludar y felicitar a los representantes de los Estados aquí presentes por la atención prioritaria que han decidido prestar al tema de la prevención, el combate y la erradicación del racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia, cumpliendo así con el mandato de la Asamblea General de la OEA celebrada en junio de 2002.  También quiero extender mi saludo al Relator Especial de la ONU sobre el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, señor Doudou Diene.  Pese a la proximidad del 59^o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el señor Doudou Diene aceptó la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer ante los Comisionados durante el 117º período ordinario de sesiones y hablar sobre su mandato, sus proyectos y su inquietud de contribuir a favor de una estrategia regional de lucha contra el racismo y la discriminación.

La CIDH celebra que los órganos políticos de la OEA hayan decidido atender el tema en especial, y hayan iniciado un debate de fondo para determinar los pasos a seguir en el sistema hemisférico.  Asimismo, la Comisión reconoce al Gobierno del Brasil por el liderazgo que viene asumiendo para impulsar iniciativas concretas en la OEA y manifiesta su deseo de estrechar cooperación desde el enfoque que le compete.  Reitera su voluntad de cooperación hacia ésta y otras iniciativas destinadas al progreso de los derechos humanos, en el marco de su mandato

La Declaración y el Programa de Acción de Durban, instrumentos aprobados en la III Conferencia Mundial contra el Racismo, así como otras decisiones surgidas de la Conferencia Regional Preparatoria celebrada en Santiago, reconocen las pronunciadas desigualdades, consecuencia del racismo y de la discriminación.  Es en ese contexto que la eliminación de tales conductas se convierte en elemento indispensable para hacer efectivos las garantías y derechos protegidos por el sistema universal y el sistema regional de protección de los derechos humanos.

La Comisión está consciente de que, pese a algunos esfuerzos de la comunidad internacional y de los gobiernos, el flagelo del racismo y de la discriminación racial sigue siendo fuente de violaciones de los derechos humanos.  Es evidente cómo la discriminación conlleva toda una serie de desventajas y situaciones de violencia, que para el caso del individuo puede concretarse en una tragedia personal, para un grupo puede tener el efecto de la marginación, y para una nación puede significar un impedimento para superar la probreza, al mismo tiempo que incide negativamente en la efectividad de las instituciones democráticas.

Concretamente, el racismo y la discriminación racial menoscaban el Estado de Derecho y entorpecen el proceso de desarrollo de los países del Hemisferio.  Por ello, reconocer su presencia y confrontar su origen, es una batalla que debe ser librada por todos los medios idóneos y es por eso que en el sistema regional deben adoptarse medidas prácticas, eficaces e innovadoras para la protección de los derechos humanos de quienes sufren de cualquiera de las formas de discriminación.  En este sentido, la Comisión desea expresar en este foro su convicción sobre la necesidad de crear un instrumento específico regional para combatir el racismo y todas formas de discriminación.

Durante la Conferencia Regional Preparatoria de la Conferencia Mundial, celebrada en Santiago de Chile, los gobiernos americanos avanzaron sustancialmente hacia el establecimiento de un marco conceptual que orientara la lucha contra la exclusión social y la discriminación.

De esa manera, reconocieron el carácter multirracial, pluriétnico, multicultural y multilingüístico de las Américas; sostuvieron que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las distintas formas conexas de intolerancia agravan la condición de pobreza, marginación y exclusión social de individuos, grupos y comunidades; reafirmaron el compromiso de proteger y fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, los inmigrantes, las mujeres y las personas pertenecientes a grupos vulnerables.  Finalmente, reconocieron que el racismo y la discriminación racial son un obstáculo para el desarrollo democrático y el Estado de Derecho en el Hemisferio.

En la misma Conferencia, los Estados partes respaldaron la necesidad de crear una Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia para extender el alcance de los instrumentos existentes, incluidas las disposiciones sobre nuevas formas de manifestación del racismo que reflejen las particularidades del continente americano y establezca en su contenido un mecanismo regional de seguimiento.

Señor Presidente:  En este marco conceptual, deseo afirmar que  el combate al racismo, la discriminación y el impulso a la plena igualdad es fundamental para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En los últimos años, la CIDH ha ido incorporando progresivamente el tratamiento puntual de este tipo de violaciones en su agenda, y ha ido analizando situaciones de esa naturaleza, tanto a nivel colectivo en ocasión de los informes de país como a nivel individual en el conocimiento de peticiones y casos.

Permítaseme expresar que, en el análisis de varios casos individuales, la Comisión ha manifestado que el principio de la no discriminación es uno de los puntales que debe sostener todo sistema democrático y el sustento fundamental de protección de la OEA.  En ese orden de ideas, la Comisión ha enfocado el tema de los derechos humanos de los afrodescendientes, los indígenas, los migrantes y otros grupos vulnerables.  De la misma forma, la Comisión ha señalado en sus informes que la falta de progreso, o peor aún, el retroceso en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, acentúa las desventajas que afectan a esos grupos acentuando la pobreza entre ellos.

Desde esta perspectiva de renovado interés en el combate a la discriminación racial, la Comisión expresa su apoyo al progreso normativo en materia de derechos humanos tendiente a ampliar el grado de protección reconocido internacionalmente y manifiesta su apoyo a la creación de una Convención de lucha contra la discriminación racial en el Sistema Interamericano, la que vendría a fortalecer la estrategia global y regional en esta materia.

La adopción en el sistema regional de instrumentos que reiteran o precisan normas contenidas en instrumentos internacionales del sistema universal no es un hecho nuevo.  La propia Convención Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada 3 años después del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura sigue el mismo camino, y el Protocolo de San Salvador fue adoptado con posterioridad al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De hecho, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos es común la existencia de normas paralelas sobre el mismo tema, que se complementan.  Esas normas no se superponen, sino antes bien, reflejan ciertas particularidades de la región, fortalecen la protección de derechos y amplían los mecanismos de verificación, de acuerdo a los rasgos inherentes del sistema regional.

          La Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial fue creada hace más de 30 años y reflejó las preocupaciones de un momento histórico, cuando había especial preocupación por el apartheid.  En el momento actual se enfrentan nuevas formas, manifestaciones y expresiones de intolerancia, racismo y discriminación racial, que colocan en el tiempo la necesidad de una Convención regional para combatir en forma más eficaz estos nuevos matices de la discriminación, reflejando las particularidades del continente americano.

La Comisión también observa que en los Estados americanos existe una gran disparidad legislativa en cuanto a la tipificación de la discriminación racial y del racismo, como figura penal, así como en relación a los remedios y recursos para las víctimas de tales prácticas.  De esta forma, la Comisión entiende que el advenimiento de una Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia serviría también como marco preferencial de los principios que deban guiar a los Estados miembros de la OEA para  adecuar su legislación nacional a los principios establecidos para protección contra la discriminación y el racismo, contribuyendo con ello a fomentar el respeto a los derechos humanos en las Américas.

El desarrollo normativo de este tema en el sistema regional significaría garantizar más y mejor los derechos ya reconocidos.  Los documentos de Santiago de Chile y de Durban deben servir como marco conceptual y legal para las deliberaciones futuras sobre una Convención y también es pertinente recomendar la consideración de la doctrina y jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte.

Como se dijo en pronunciamientos anteriores, si se tomara la decisión de crear una Convención en el ámbito regional sería imperativo que el instrumento incluyera la facultad de la Comisión para supervisar el cumplimiento de sus preceptos, en forma similar al contenido aprobado por la OEA en la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Desaparición Forzada y el Protocolo de San Salvador.  Es importante que el nuevo instrumento otorgue a las víctimas de discriminación racial el derecho de petición individual que concretamente consolida la capacidad procesal individual y amplía el marco de protección a los derechos especialmente protegidos.

Finalmente, es fundamental que el proceso de análisis del proyecto de Convención sea lo más abierto posible para contar con el beneficio de las distintas visiones, en particular, las originadas en las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que cuentan con experiencia en la materia. La Comisión entiende que la voz de las víctimas principales de la discriminación racial en el Hemisferio debe ocupar un lugar importante.

Asimismo, es oportuno que los órganos de protección del sistema, la Comisión y la Corte Interamericana, sean escuchados, dada su experiencia en la definición y aplicación de normas de derechos humanos.  La Comisión, desde ya, se pone a disposición de ustedes para asistir a los gobiernos en el proceso de deliberaciones sobre una eventual convención.

En años recientes, los aportes de esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos han contribuido significativamente en el desarrollo de estrategias para impulsar temas de relevancia a las relaciones hemisféricas y la iniciativa que hoy se presenta en este foro puede constituir otra destacada contribución.

En el marco del compromiso común de erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, a fin de procurar mayor bienestar y promover sociedades tolerantes e incluyentes, la Comisión Interamericana entiende que la CAJP puede impulsar esta iniciativa por diversos mecanismos, uno de los cuales podría ser la creación de un grupo de trabajo sobre la situación de los afrodescendientes en el Hemisferio.  Este grupo de trabajo u otro mecanismo similar proporcionaría el espacio para discutir las mejores estrategias para combatir la discriminación racial y superar las secuelas de las que han sido víctimas los afrodescendientes en nuestra región, tal como lo han reconocido los gobiernos participantes en la Conferencia Regional en Santiago.  Cabe señalar que, a criterio de la Comisión, en dicho espacio será fundamental el aporte a ese grupo de trabajo de los países con población mayoritariamente afrodescendiente.  Su experiencia histórica podría ayudar a que se comprenda a cabalidad la situación y a identificar las mejores estrategias para la construcción de sociedades más respetuosas de la igualdad de todos los seres humanos.  La CIDH ofrece su asistencia técnica para trabajar con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en cualquier instancia que se determine para atender de forma efectiva la situación de los afrodescendientes.

Para concluir, deseo reiterar el apoyo de la Comisión a los Estados miembros de la OEA en esta iniciativa destinada a mantener vivo el espíritu que guió los trabajos de Chile y a continuar el diálogo sobre una estrategia común para la erradicación del racismo y la discriminación racial en nuestro hemisferio.

Muchas gracias.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR JUAN E. MÉNDEZ,

MIEMBRO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ANTE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Washington D.C., 4 de marzo de 2003

Señor Presidente, señores Vicepresidentes y Miembros de la Comisión de Seguridad Hemisférica.

          Agradezco la oportunidad de dirigir la palabra a esta reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

          No cabe duda de que la búsqueda de métodos eficaces para garantizar la seguridad de la población de nuestra región es un asunto que reviste urgencia para la Organización de los Estados Americanos y para la comunidad mundial en general. Dominan en los medios de comunicación los debates sobre la oportunidad y la necesidad de medidas para proteger a las poblaciones del terrorismo, las armas de destrucción masiva y otros peligros modernos y graves que amenazan la seguridad. Estos acontecimientos también han tenido un serio efecto en las prioridades y los recursos de los gobiernos de las Américas, al igual que en las funciones y los mandatos de los órganos y las instituciones de esta Organización, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta Comisión.

          Me gustaría dedicar el tiempo que compartiré hoy con ustedes  a dos propósitos. En primer lugar, querría destacar la importancia del sistema interamericano de derechos humanos para la cuestión de la seguridad hemisférica y las tareas de esta Comisión. En segundo lugar me gustaría dar algunos ejemplos de áreas en las que debe darse consideración a normas, principios y protecciones del sistema de derechos humanos de la región al desarrollar y ejecutar estrategias de seguridad hemisférica.

          Entre los fines fundamentales de la Organización de los Estados Americanos figura la obligación contenida en el artículo 2(a) de la Carta de la OEA: «fortalecer la paz y la seguridad del continente». Desde que la Asamblea General de la OEA de 1995 la creara, la Comisión de Seguridad Hemisférica ha desempeñado un papel estelar en el cumplimiento de ese fin al auspiciar la cooperación entre los Estados miembros de la Organización en una amplia gama de iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad del Hemisferio, que van desde la colaboración para combatir el crimen organizado y el terrorismo hasta la coordinación de políticas y doctrinas de defensa y el desarrollo de estrategias para la cimentación de la confianza y la seguridad. La Conferencia Especial sobre Seguridad, de la que el Gobierno de México será anfitrión en mayo del corriente año, será un foro crucial para diseñar la forma en que la Organización enfocará la seguridad hemisférica en el nuevo siglo.

          Uno de los documentos que tendrá un papel definitorio en el trabajo de la Conferencia Especial, y más allá de ella, es la «Declaración de Bridgetown» adoptada por los ministros de relaciones exteriores y los jefes de delegaciones reunidos en Bridgetown, Barbados, durante el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General celebrada en junio del año pasado. Esta Declaración, que lleva por título «Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica», reconoce que muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos inherentes a la seguridad hemisférica son de carácter transnacional y pueden requerir tanto de una adecuada cooperación hemisférica como de respuestas multifacéticas por parte de diferentes organizaciones nacionales e instituciones existentes en el sistema interamericano. La Declaración también establece concretamente que la seguridad del Hemisferio implica factores políticos, económicos, sociales, sanitarios y ambientales. Así, el enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica articulado por la Declaración reconoce la pertinencia de cuestiones íntimamente relacionadas con la protección de derechos humanos fundamentales y, asimismo, con el trabajo de las instituciones de derechos humanos de la Organización.

          En este contexto, el sistema interamericano de derechos humanos se ha convertido en el guardián del cumplimiento y la protección de una amplia gama de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, incluidos los enumerados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este último instrumento, por ejemplo, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para lograr de forma progresiva y acorde con sus legislaciones internas el pleno cumplimiento de derechos tales como el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y el derecho al trabajo, y concede a la Comisión el poder de formular las observaciones y las recomendaciones que estime pertinentes en relación con la condición de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el protocolo con relación a alguno o a todos los Estados Partes. En consecuencia, es evidente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad Hemisférica comparten el objetivo común de proteger los derechos fundamentales de la población del Hemisferio ante cualquier amenaza.

          La importancia del sistema interamericano de derechos humanos para garantizar la seguridad hemisférica también queda ilustrada en determinadas áreas del trabajo de la Comisión. El ejemplo más reciente en este sentido se relaciona con la amenaza del terrorismo. Como sabrán los miembros de esta Comisión, en diciembre del año pasado la CIDH publicó su informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, en el cual procuraba ayudar a los Estados miembros a adoptar leyes y reglamentaciones antiterroristas que concordaran con sus obligaciones establecidas por el derecho internacional. Como parte de su análisis, la Comisión señaló de forma inequívoca que los gobiernos de las Américas están obligados a tomar las necesarias medidas de prevención del terrorismo y otras formas de violencia y garantizar la seguridad de sus poblaciones. A la vez, la Comisión declaró que los Estados están siempre sometidos a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, derechos que están sujetos sólo a suspensiones o restricciones que el derecho internacional permite en forma específica cuando la vida de la nación se ve amenazada. En este sentido, la Comisión rechazó de manera categórica toda noción de que el derecho internacional sea irrelevante o inaplicable a la campaña contra el terrorismo iniciada después del 11 de septiembre.

          Al alcanzar estas conclusiones, la Comisión reconoció la relación de interdependencia entre el mantenimiento de la seguridad del Estado y la protección del estado de derecho y de los derechos humanos fundamentales. Sin las necesarias garantías de seguridad contra el terrorismo y otras amenazas a la población de la región, el estado de derecho y los derechos humanos fundamentales no puede garantizarse efectivamente. Al mismo tiempo, según la experiencia de la Comisión, cuando los Estados han sacrificado los derechos humanos fundamentales en nombre de la lucha contra el terrorismo, el estado de derecho y las libertades democráticas se erosionan y, en última instancia, en lugar de limitarse los objetivos del terrorismo, ellos se ven acrecentados. Así, el mantenimiento de la seguridad y la protección de los derechos humanos son responsabilidades complementarias: una no puede lograrse sin la otra.

          La importancia de estos principios no se limita a contrarrestar las amenazas de violencia terrorista, sino que más bien tiene que ver claramente con otras iniciativas que recaen en el ámbito de consideración de la Comisión de Seguridad Hemisférica. En los esfuerzos destinados a aumentar la cooperación multilateral en campos tales como el de combatir el crimen organizado, por ejemplo, puede aprovecharse a modo de guía la inveterada jurisprudencia relativa al imperio de la ley y la administración de justicia. El procesamiento de crímenes que socavan la seguridad y los derechos humanos de una población es crucial para evitar la impunidad. De la misma forma, la Comisión ha enfatizado el hecho de que los Estados tienen el deber de utilizar todos los medios legales de que dispongan para combatir esas situaciones, puesto que la impunidad ampara la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y constituye también uno de los factores más importantes que contribuyen a la violencia criminal y social. La Comisión también ha hecho hincapié en que la legislación  destinada a perseguir y castigar crímenes debe respetar los principios de legalidad y de no retroactividad, y que los procedimientos criminales deben estar sujetos al control judicial. Las fuerzas policiales, que con mayor frecuencia se hallan en la primera línea de las acciones destinadas a proteger a la población de la violencia criminal, deben estar sujetas a un control eficaz y deben ser las beneficiarias de un adiestramiento apropiado y constante. Los Estados tienen la obligación particularmente estricta de asegurar que los agentes de la policía y otros funcionarios responsables de custodiar temporal o definitivamente a personas privadas de su libertad reciban instrucción sobre la prohibición del uso de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes durante los interrogatorios, las detenciones o los arrestos. Y como la Comisión observó en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, los métodos de cooperación interestatal en la investigación, el procesamiento y el castigo de crímenes internacionales, transnacionales o nacionales están sujetos al debido proceso y a otras protecciones de los instrumentos de los derechos humanos de la región. Entre estos métodos de cooperación se cuentan la extradición de sospechosos para el procesamiento criminal, el traslado interestatal de testigos y prisioneros en el contexto de procedimientos criminales, y varios tipos de asistencia mutua en cuestiones criminales.

          De igual modo, las iniciativas hemisféricas para coordinar políticas y doctrinas de defensa pueden ser ilustradas por la jurisprudencia de la Comisión en lo que corresponde al adecuado papel de los militares y a lo que ordena el derecho internacional respecto de las protecciones de los derechos humanos. La Comisión ha advertido, por ejemplo, que la participación militar en las investigaciones criminales puede poner en peligro los derechos de los civiles y que toda intervención militar en el control de los civiles debe estar sujeta a un estricto control y supervisión civil, consistente con el estado de derecho. La Comisión también ha reconocido la aplicación potencial de reglas del derecho internacional humanitario en casos en que las amenazas a la seguridad de un Estado o región impliquen una situación de conflicto armado, lo cual a su vez puede afectar la manera en que se interpreten y pongan en efecto las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos.

          La cimentación de la confianza y la seguridad es la tercera área en la cual el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos puede desempeñar un papel constructivo. Tal como se observó en la Declaración de Santiago de 1995, el respeto al derecho internacional y el fiel cumplimiento de los tratados se cuentan entre los componentes necesarios para desarrollar medidas que construyan confianza y seguridad. Debe considerarse que las normas y los tratados internacionales de derechos humanos desempeñan un papel de particular importancia en este sentido, ya que tal como lo sugieren los propios términos de la Carta de la OEA, sólo se puede lograr la verdadera seguridad y confianza en las poblaciones del Hemisferio mediante la consolidación de un sistema de libertad individual y justicia social basado en el respeto de  los derechos esenciales de la persona humana, y que inspire el desarrollo económico, social y cultural y la erradicación de la pobreza. A través de sus responsabilidades de supervisión del cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos de la región, la Comisión interamericana refuerza el sentido de libertad y justicia de la población del Hemisferio y, en consecuencia, fortalece la confianza y la seguridad del sistema en su totalidad.

          En estos inicios del siglo XXI, nuestro Hemisferio debe hacer frente a nuevos y  numerosos retos y amenazas en cuanto hace a su seguridad, amenazas que deben ser entendidas en términos económicos, ambientales y, lógicamente, humanos. Las iniciativas emprendidas por intermedio de la Comisión de Seguridad Hemisférica son, por tanto, cruciales para la prosperidad y el desarrollo futuros de nuestra región. Me gustaría finalizar estas palabras expresando el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al trabajo de esta Comisión y la esperanza de que el futuro nos depare otras oportunidades de dialogar.

          Gracias.

PALABRAS DE  MARTA ALTOLAGUIRRE LARRAONDO,

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2002 DE LA CIDH

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA

2 de abril de 2003

Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, distinguidos y distinguidas Representantes de los Estados miembros de la Organización y Observadores, señoras y señores:

En mi condición de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el agrado de presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente el informe anual de la Comisión correspondiente a 2002.  Me acompañan en esta oportunidad el Dr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, así como el personal profesional de la Secretaría.

El informe que ponemos en la fecha a disposición de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos fue aprobado por la CIDH durante su 117º período ordinario de sesiones, celebrado durante febrero y marzo de este año.  El documento fue elaborado conforme a los parámetros expuestos en la Resolución AG/RES. 331 (VIII-0/78) de la Asamblea General, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 57 del Reglamento de la CIDH.  Este informe  refleja las actividades generales de la Comisión cumplidas durante la Presidencia del Dr. Juan Méndez.

La Comisión durante el año destinó atención particular a los actos del terrorismo internacional.  Las secuelas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han llevado a la reflexión colectiva sobre los medios lícitos a emplear para la prevención, el esclarecimiento y adjudicación de responsabilidades por la ejecución de este tipo de acciones y sobre la dimensión de las estrategias concebidas con el fin de prevenirlos.  La legitimidad de estos esfuerzos de adjudicación y prevención se encuentra necesariamente vinculada a los propósitos mismos del Estado democrático y es precisamente por eso que su implementación debe ser respetuosa de los límites establecidos conforme a principios de un Estado de Derecho y los contenidos en el derecho internacional.  Las iniciativas antiterroristas, sea cual fuere la situación excepcional que justifique su adopción y su magnitud, deben ser abordadas con pleno respeto al derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos.  Se trata de un área en la cual los Estados miembros de la OEA deben cuidar de preservar el equilibrio entre su deber de proteger a la población civil y las instituciones democráticas y su obligación de no desatender la seguridad ciudadana y la función de administrar justicia con las debidas garantías y sin arbitrariedad.

          En diciembre de 2002 la Comisión hizo público su “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos” en el cual presentó un estudio sobre la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales frente a las iniciativas antiterroristas legítimamente adoptadas por los Estados miembros, basada en su experiencia de más de cuatro décadas y los estándares del derecho internacional.  En su informe, la Comisión articula varios principios fundamentales concernientes a la relación necesaria entre el combate al terrorismo y la protección de los derechos humanos en situaciones de excepción, sobre los cuales expuso ante ustedes ampliamente, mi antecesor Comisionado Juan Méndez.

La ansiedad generada tanto por la amenaza de la violencia terrorista como por las expectativas de contrarrestarla, así como la guerra que actualmente se desarrolla en Irak, tienden a desviar la atención de las autoridades y de al menos parte de la opinión pública de muchos de los problemas endémicos de carácter económico, social y cultural que aquejan a las sociedades de nuestro Hemisferio y en especial a sus sectores más vulnerables.  Sin embargo, la persistencia y agravamiento de estos problemas continúa erosionando la participación ciudadana en el proceso democrático, dañando los presupuestos de la democracia y debilitando su eficacia como herramienta de gobierno y convivencia pacífica.  Aún más, continúa agravando las perspectivas de violencia y de más hechos terroristas.

La CIDH observa con preocupación el progresivo deterioro de la institucionalidad democrática.  Las elecciones periódicas en los países de nuestro hemisferio no obstan para que muchas democracias de la región exhiban debilidades institucionales e incluso se vean expuestas a intentos de golpes de estado o alteraciones del orden constitucional.  Afortunadamente, los Estados miembros de la OEA son hoy en día consistentes en su rechazo colectivo a estos intentos, en invocación de instrumentos tales como la Resolución 1080 y la Carta Democrática Interamericana.  También observa con preocupación que los límites al poder público determinados por la propia normativa interna son en algunos casos burlados o ignorados, provocándose así el resquebrajamiento del estado de derecho y el debilitamiento institucional.

La corrupción, la pobreza, la exclusión y las brechas sociales, económicas, étnicas y de género contribuyen a la inseguridad jurídica, y por lo tanto a la inestabilidad.  Esta situación, que se ve agravada por la falta de acceso efectivo a la justicia, no sólo contribuye a perpetuar la falta de eficacia y la impunidad que aqueja el funcionamiento de los sistemas judiciales del hemisferio, sino que provoca la exclusión de los ciudadanos de la administración de justicia tanto en su participación como operadores, como en su actividad de sujetos activos.  La desconfianza hacia los sistemas de justicia cuando no responden en la protección a las víctimas se acentúa en relación a los más vulnerables cuando son objeto de la discriminación y cuando no facilitan el acceso efectivo a la determinación de sus derechos.  Esos factores coinciden con la creciente sensación de inseguridad de la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad crecientes y la tendencia a tomar la “justicia” por propia mano.

En este contexto hemisférico, que refleja mayormente realidades de orden global, los mecanismos de protección de los derechos humanos deben continuar jugando un rol fundamental.  En este orden de ideas, la labor de promoción, prevención, control, denuncia y representación que cumplen los defensores de derechos humanos y operadores de justicia continúa siendo vital para el respeto de los derechos fundamentales de los habitantes de nuestros países.  La actividad de los defensores de derechos humanos y las organizaciones para las cuales trabajan permiten acceder a información y visibilizar la situación de grupos vulnerables, de personas e individuos afectados tanto por la violencia, la pobreza, la exclusión y la discriminación como por los excesos cometidos en situaciones de emergencia, y responder a sus denuncias.  Como consecuencia del trabajo que los defensores y organizaciones de derechos humanos adelantan a nivel nacional, regional y universal, son en muchos casos blanco de la violencia y los Estados miembros, en el marco de las deliberaciones de los órganos políticos de la Organización y la CIDH, han comenzado a explorar la responsabilidad que les corresponde para garantizar su seguridad y el ejercicio libre de su labor. 

Corresponde reiterar que la integridad y eficacia de la protección brindada a los habitantes del hemisferio por el sistema depende, primordialmente, de los esfuerzos de los Estados miembros para adoptar en su legislación las disposiciones internas requeridas por el sistema y alcanzar la universalidad del mismo sistema mediante la ratificación de la Convención Americana y de los demás instrumentos sobre derechos humanos, así como la aceptación de la jurisdicción de la Corte; del cumplimiento con la obligación de adaptar su legislación interna a sus obligaciones internacionales y su debida interpretación y aplicación por los órganos del Estado, en particular el poder judicial; y por último, del cumplimiento de los compromisos internacionales y las recomendaciones y decisiones de la Comisión y de la Corte son elementos necesarios para la efectividad del sistema.

          Durante este año la CIDH continuó abordando estos, entre otros desafíos hemisféricos, a través del ejercicio de su mandato de promover y proteger los derechos humanos.  La Comisión prosiguió con su labor con relación a la situación de grupos especialmente vulnerables, a través del trabajo de sus relatorías especiales para los derechos de los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, y los trabajadores migratorios, los cuales aparecen reflejados en el capítulo VI del presente informe anual.  La CIDH ha  prestado también especial atención a la situación de los afrodescendientes, tanto a través de sus labores de promoción como de sus estudios de la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros, sus casos individuales y medidas cautelares.  La Relatoría de la Libertad de Expresión ha continuado también con su importante labor en materia de promoción y asesoramiento, reflejada en el estudio correspondiente al año 2002.

Al igual que en la última década, durante el año 2002 el tema migratorio ocupó un lugar preponderante en la agenda política de numerosos países de las Américas debido al creciente flujo que por distintos motivos se ha producido en el hemisferio.  Además de los históricos movimientos migratorios que caracterizan a la región, las crisis económicas y políticas en diversos puntos de la región aumentaron el número de personas que migraron en las Américas.  Las presiones migratorias, unidas a la preocupación por seguridad derivada de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, motivaron un incremento considerable en los controles  y, en muchos casos, un endurecimiento en el trato a los trabajadores migrantes y sus familias, quienes enfrentan situaciones particulares en los procedimientos de carácter administrativo en un número importante de países de las Américas.

Conforme con el mandato conferido por la CIDH, durante el año recién pasado la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias realizó una serie de actividades entre las cuales destacan tres visitas temáticas a Estados miembros de la OEA, México, Costa Rica y Guatemala.  Asimismo, participó en diversas labores de promoción; entre ellas, elaboró un Programa para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en las Américas, dictó charlas y talleres sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, participó en conferencias y foros relativos al tema migratorio, y desarrolló y profundizó vínculos institucionales con organismos intergubernamentales y entidades de la sociedad civil que trabajan a favor de los trabajadores migratorios en la región.

En materia de la Relatoría de Derechos de la Mujer, en este Informe incluimos las conclusiones de la CIDH sobre la primera visita temática realizada por la Relatoría.  La misma se llevó a cabo en el mes de febrero, por invitación del Gobierno del Presidente Vicente Fox, para examinar la situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, México.

Para el plan de trabajo programado para el presente año, la Relatoría se concentrará principalmente en el tema de acceso a la justicia de las mujeres, con especial énfasis en los supuestos de violencia contra la mujer y las dificultades a superar en relación al tema.

Al analizar la situación de los derechos de la mujer en la región, la Relatora ha indicado que las iniciativas a nivel local, nacional  y regional para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género han logrado establecer ciertas normas básicas que son claves, particularmente respecto de la discriminación y la violencia contra la mujer. El  principal desafío que seguimos enfrentando es la brecha entre estas normas y la experiencia vivida por las mujeres en las Américas. A este respecto, la Relatoría Especial ha insistido en el problema de la impunidad y su incidencia en la perpetuación de las violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género.  La impunidad en tales casos socava al sistema mismo de garantías y crea un clima favorable a la reiteración de las violaciones en detrimento a la dignidad humana y a los derechos más fundamentales.  La Relatoría Especial insta a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en aplicar la debida diligencia en la investigación, procesamiento y sanción de los actos de discriminación y violencia contra la mujer en aplicación de los contenidos de la Convención de Belém do Pará, instrumento ratificado por la casi totalidad de los Estados miembros y demás instrumentos del sistema.  En relación con esta obligación, es crucial que los Estados otorguen a las víctimas un rápido acceso a una justicia efectiva.

Como es del conocimiento de los señores Representantes, en el año 2001 se firmó un Convenio de Cooperación Técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OEA, para el fortalecimiento de la Relatoría de los Derechos de la Niñez de la CIDH, el cual se ha venido desarrollando exitosamente.  En el marco del proyecto la Relatoría de la Niñez ha realizado una recopilación de instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos de la infancia, sistematización de la doctrina y jurisprudencia del sistema interamericano titulada “La Infancia y sus derechos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

Asimismo, se están realizando diversas visitas de promoción y talleres sobre derechos humanos de la niñez, y sobre los mecanismos que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos para su protección.  Dichos talleres se han llevado a cabo durante el año 2002 y lo que va del 2003 en Paraguay, Guatemala, Honduras, Perú y México.  Los participantes han sido funcionarios de los Estados y defensores de derechos de la niñez.  A través de estas actividades se ha logrado una importante difusión de los distintos mecanismos que ofrece el sistema.  Durante el 116º período ordinario de sesiones de la CIDH, en Washington D.C., se realizó una audiencia pública, a la que asistieron representantes de UNICEF y de distintas organizaciones regionales que trabajan en derechos de la niñez.

La Comisión, en su interés y esfuerzo por fortalecer, impulsar y sistematizar su trabajo en el área de los derechos de los pueblos indígenas en América, creó en el año 1990 la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.  Desde el año 2000, gracias a los aportes del Programa Pro Derechos Humanos para Centroamérica, (PRODECA) del Gobierno de Dinamarca, se está implementando el proyecto “Reforzamiento de la Capacidad del Sistema Interamericano para la Defensa de los Derechos Humanos de las Comunidades, Minorías Étnicas y otros grupos vulnerables afectados por los conflictos en Centroamérica”, que ha permitido a la Comisión formar un equipo especializado de apoyo en la Relatoría, actualmente integrado por una abogada especialista y un becario.  Durante el año 2002 fue posible ampliar la beca “Rómulo Gallegos” a una vacante, especialmente dirigida a jóvenes abogados indígenas de Centroamérica interesados en profundizar su experiencia y conocimiento en derechos humanos y derecho indígena.

En el año 2002, con el reforzamiento profesional especializado se ha logrado avanzar significativamente y profundizar el procesamiento de las peticiones y casos que se tramitan ante la CIDH  y que dicen relación con pueblos indígenas y sus miembros; se ha profundizado también en el conocimiento que los pueblos indígenas, sus líderes y defensores tienen respecto de las posibilidades de acceder al sistema interamericano de derechos humanos, lo que en términos prácticos ha significado el aumento de denuncias por violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, relacionadas con temas como territorio ancestral, derechos políticos, discriminación, etc. Igualmente, se ha incrementado el conocimiento en la sociedad civil de la capacidad y profundización de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre derechos de los pueblos indígenas.  Actualmente más de setenta peticiones y/o casos se están tramitando ante la CIDH vinculados a estos derechos.

La Relatoría para la Libertad de Expresión elaboró el Informe sobre la Situación de la Libertad de Expresión en las Américas que forma parte del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Vale destacar que durante el año 2002, luego de evaluar postulantes en un concurso público, la CIDH decidió el primer cambio de Relator Especial para la Libertad de Expresión, designando a Eduardo Bertoni, quien asumió sus funciones en el mes de mayo de 2002. Este es el quinto Informe Anual preparado por la Relatoría Especial desde su creación en 1997, y continúa dividido en 6 capítulos.

El Capítulo I del Informe considera el mandato y competencia de la Relatoría, así como las actividades llevadas a cabo durante 2002.  El Capítulo II contiene una descripción sobre algunos aspectos vinculados a la situación de la libertad de expresión en los países del hemisferio.  Con el objetivo de contribuir a la promoción de la jurisprudencia comparada, el Capítulo III resume la jurisprudencia del sistema interamericano y la jurisprudencia doméstica de los Estados miembros.  El Capítulo IV desarrolla una primera aproximación a la problemática sobre “Libertad de Expresión y Pobreza” abordando temas relacionados con los mecanismos para que los pobres accedan a la información pública, con la utilización legal de medios de comunicación comunitarios y con el ejercicio del derecho de expresión legal y de reunión en espacios públicos.  En la sección correspondiente a “Leyes de Desacato y Difamación Criminal”, Capítulo V, se insiste en la necesidad de derogar el delito de desacato y se mencionan los pocos avances en este tema logrados por los países del hemisferio desde los últimos informes sobre el tema en los años 1998 y 2000.  En el Capítulo VI se recomienda a los Estados investigar los asesinatos, secuestros, amenazas e intimidaciones a comunicadores sociales y juzgar a sus responsables; promover la derogación de las leyes de desacato y las leyes sobre difamación y calumnia criminal y promulgar leyes que permitan el amplio acceso a la información.

Finalmente, el Informe remarca que en materia de libertad de expresión e información en las Américas, los asesinatos y agresiones a periodistas, defensores de derechos humanos y personas en general que hacen uso de este derecho continúan representando un problema grave.  Es preocupante que en muchos casos estos crímenes se mantienen en la impunidad.  Señala asimismo el Informe que siguen existiendo prácticas que intentan restringir la libertad de expresión también por medio de acusaciones en tribunales penales por delitos de desacato, o de difamación cuando las personas se manifiestan críticamente sobre asuntos de interés público.  Todas estas circunstancias no contribuyen a generar un ambiente donde la libertad de expresión se desarrolle plenamente.

          Síntesis del Informe Anual de 2002

El informe anual se divide en tres volúmenes, los dos  primeros relativos al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  El tercer volumen contiene, como se explicó, el Informe del Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.

Conforme a la práctica iniciada en 1999, el Capítulo I del Informe Anual de 2002 está dedicado a presentar una apreciación sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio y los principales desafíos a la vigencia de tales derechos.  El Capítulo II ofrece una breve introducción a los orígenes y fundamentos jurídicos de la Comisión y expone las principales actividades cumplidas por la CIDH durante el período bajo análisis.  En tal sentido, se destacan las actividades llevadas a cabo en el marco de los dos períodos ordinarios de sesiones y  uno extraordinario.  Asimismo, en dicho capítulo se exponen las actividades cumplidas con otros órganos del sistema interamericano, y con instituciones regionales y mundiales de naturaleza similar.  Entre ellos se destacan las visitas a la sede de la Comisión de los Relatores de Naciones Unidas para Discriminación Racial, Tortura y Pueblos Indígenas. En particular, quisiera destacar la práctica de las reuniones anuales de la CIDH y la Corte Interamericana con objeto de tratar temas de interés común, a fin de mejorar el funcionamiento del sistema regional de derechos humanos. La Comisión y la Corte mantienen una relación de cooperación que es mutuamente beneficiosa para el cumplimiento de sus respectivos mandatos.

Durante el período que abarca este informe, la Comisión realizó dos visitas in loco a Haití y una Venezuela. También realizó una visita de trabajo a Argentina, que en las copias del informe que ustedes han recibido erróneamente aparece como una visita in loco. Tanto en la versión impresa final como en la versión que aparecerá en nuestra página de Internet figurará correctamente como una visita de trabajo.  Asimismo, la semana pasada la Comisión concluyó una visita a Guatemala.  Por otra parte, nuestros Relatores temáticos y por países han realizado visitas de promoción y de trabajo durante todo el año.  La CIDH está procesando la información recibida antes, durante y después de las visitas con miras a la elaboración del informe sobre la situación de los derechos humanos en dichos países. En nombre de la Comisión, agradezco especialmente a los Gobiernos por su colaboración en el logro de los objetivos trazados durante las visitas del año 2002.

El Capítulo III es indudablemente el eje del trabajo de la CIDH, ya que contiene el análisis y las decisiones sobre denuncias de violaciones de derechos fundamentales que afectan a seres humanos.  Este capítulo, el más extenso del informe, contiene las decisiones adoptadas respecto a peticiones y casos individuales presentados a la Comisión y tramitados de acuerdo con la normativa aplicable.  Cabe destacar igualmente la importancia creciente que la Comisión atribuye al sistema de peticiones y casos individuales y a la solución amistosa de los mismos; el informe de este año comprende cuatro decisiones de esta índole. Al mismo tiempo, la CIDH prosigue las negociaciones con miras a la solución amistosa de docenas de casos de varios países de la región.  La disposición de las partes a dialogar y a buscar soluciones creativas constituye un indicador indudablemente positivo de la creciente evolución del sistema.

          En el período bajo análisis, publicó un total de 58 informes que incluyen 38 casos declarados admisibles; 6 informes sobre peticiones declaradas inadmisibles; 3 informes de solución amistosa; y 11 informes de fondo.  En los informes que se incluyen este año, la Comisión ha continuado tratando temas estructurales en nuestro hemisferio como violaciones al debido proceso, ejecuciones extrajudiciales, uso abusivo de la jurisdicción militar e impunidad.  También la CIDH ha decidido sobre temas que cada vez con mayor frecuencia  llaman nuestra atención, como son los derechos de la mujer, la libertad de expresión y la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales.  Estos casos reflejan la creciente complejidad jurídica de los casos que está llamada a decidir, así como el empeño de esta Comisión por mejorar y profundizar sus argumentaciones y fundamentaciones.  Con ello, la Comisión no solamente pretende resolver de una manera jurídicamente sólida los casos y peticiones, sino también desempeñar una tarea de promoción mediante la determinación jurídica del alcance de las obligaciones asumidas voluntariamente por los Estados miembros de la Organización.  Por último, en sus informes la Comisión continuó clarificando diversas cuestiones procesales, particularmente en el tema de la admisibilidad de peticiones, tales como la legitimación procesal activa para presentar denuncias, la vigencia temporal de la Convención Americana y las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, entre otras.  Con ello se procura contribuir a la seguridad jurídica de nuestro sistema, fijando reglas y estándares que la Comisión sigue fielmente.  La CIDH recuerda que la aprobación y publicación de un informe sobre los méritos de un caso individual ofrece, en alguna medida, la reparación a la víctima de una violación de derechos humanos que no pudo obtener justicia en los órganos jurisdiccionales nacionales.

          No puedo dejar de llamar la atención de los señores representantes sobre algunos números importantes en el sistema de peticiones individuales.  Particularmente en el año 2002, la CIDH recibió 4656 denuncias individuales. De este número, 3635 se refieren a la situación de los derechos de las personas afectadas por medidas bancarias ("Corralito") en Argentina. Vale la pena aclarar que el promedio anual entre 1997 y 2001 fue de 609 peticiones, con lo cual en el año 2002 se produjo un aumento de más del 700% en el número de denuncias recibidas.  Aún si no se computan las denuncias relativas al llamado "corralito", la CIDH en el año 2002 recibió 1021 denuncias, un 40% más que en los cinco años anteriores.  Esta circunstancia ha puesto una enorme presión en nuestra Secretaría Ejecutiva, que ha logrado responder a esta situación de una manera eficiente y de hecho ha mantenido el número de peticiones en trámite dentro de sus promedios históricos.

Esta sección comprende además 91 medidas cautelares otorgadas o extendidas por la CIDH y con respecto a las cuales ha habido actividad durante este período.  En este sentido, la Comisión ha continuado con su práctica de informar sobre las medidas cautelares solicitadas a los Estados miembros de la Organización, por iniciativa propia o a petición de parte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento, en los casos en que es necesario evitar daños irreparables a las personas.  Se ha impulsado también mayor comunicación directa con los peticionarios y las autoridades.

          El Capítulo III vuelve a incluir una sección sobre el estado de cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH en casos individuales.  La Asamblea General de la OEA, mediante su resolución AG/RES. 1890  (XXXII-O/02) sobre Evaluación del Funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos para su Perfeccionamiento y Fortalecimiento, instó a los Estados miembros a que realicen sus mejores esfuerzos para dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (punto resolutivo 3.c) y que sigan dando el tratamiento que corresponde al informe anual de la Comisión, en el marco del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización, estudiando posibles formas de considerar el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión por parte de los Estados miembros de la Organización (punto resolutivo 3.d).  Tanto la Convención (artículo 41) como el Estatuto de la Comisión (artículo 18) otorgan explícitamente a la CIDH la facultad de solicitar información a los Estados miembros y producir los informes y recomendaciones que estime conveniente.  Específicamente, el Reglamento de la CIDH que entró en vigencia el 1º de mayo de 2001 dispone en su artículo 46 que  la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere oportunas, tales como solicitar información a las partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos de solución amistosa y recomendaciones.  Asimismo, la Asamblea General aprobó la Resolución AG/RES. 1894 (XXXII-O/02), Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e invitó a la CIDH a que considerase la posibilidad de continuar incluyendo en sus informes anuales información referente al seguimiento por parte de los Estados de sus recomendaciones y a revisar los criterios e indicadores en la materia utilizados en el informe de este año, a fin de lograr su perfeccionamiento.

En cumplimiento de sus atribuciones convencionales y estatutarias y en atención a las resoluciones citadas y de conformidad con el artículo 46 de su Reglamento, la CIDH solicitó información a los Estados acerca del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes publicados sobre casos individuales incluidos en sus Informes Anuales correspondientes a los años 2000 y 2001. El cuadro que la Comisión presenta incluye el estado en que se encuentra el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH formuladas en el marco de casos resueltos y publicados en los últimos dos años. La CIDH resalta que diferentes recomendaciones formuladas son de cumplimiento de tracto sucesivo y no inmediato y que algunas de ellas requieren de un tiempo prudencial para poder ser cabalmente implementadas. Por lo tanto, el cuadro presenta el estado actual de cumplimiento que la Comisión reconoce es un proceso dinámico que puede evolucionar continuamente. Desde esta perspectiva, la Comisión evalúa si las recomendaciones se encuentran o no cumplidas y no si ha habido un comienzo de cumplimiento de tales recomendaciones. La CIDH ha procurado recoger en lo pertinente las observaciones formuladas por los representantes de diferentes Estados miembros durante la presentación del Informe Anual correspondiente al año 2001.

A fin de contribuir a la transparencia del sistema, la Comisión ha decidido incluir en su página electrónica todas las respuestas de los Estados que  hayan solicitado expresamente la publicación de sus respectivas respuestas a nuestros informes. Confiamos que este mecanismo contribuirá al diálogo entre los Estados y la CIDH, así como a un mejor control público sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Con satisfacción debo mencionar que a diferencia del año pasado, en varios casos en el presente informe anual podemos informar acerca de un caso de cumplimiento total de las recomendaciones formuladas.  Pero todavía quedan muchos casos pendientes de cumplimiento total o parcial.  En este sentido, los Estados miembros deben realizar los mejores esfuerzos para cumplir de buena fe con las recomendaciones de la Comisión. Asimismo, depositamos nuestra confianza en el Consejo Permanente y en esta Comisión de Asuntos Jurídicos para que establezcan un mecanismo periódico de supervisión  del cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte, a fin de dar vigencia efectiva al principio de garantía colectiva subyacente en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

El Capítulo III también expone información sobre las actuaciones de la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La sección respectiva presenta las medidas provisionales dictadas por la Corte a solicitud de la Comisión en situaciones de extrema gravedad y urgencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la síntesis de diferentes decisiones de la Corte y de las actuaciones de la Comisión en varios casos contenciosos.

Por otro lado, la Comisión ha seguido los criterios expuestos en su Informe Anual de 1998 para identificar a los Estados miembros cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecieran atención especial y la inclusión en un capítulo especial del informe anual.  En este sentido, en el Capítulo IV del informe de este año se analiza la situación de los derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.  El Capítulo V del Informe Anual sigue la práctica de analizar el avance en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas previamente por la Comisión, en uso de sus facultades como órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos.  En esta oportunidad, dicho capítulo contienen informe en seguimiento de Guatemala y con las recomendaciones expuestas en los informes de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en dichos países. Agradezco en esta oportunidad a los Estados por su respuesta a la solicitud de información formulada por la CIDH.

          El volumen II del informe concluye con los anexos habituales en los que se informa sobre el estado de las convenciones y protocolos del sistema regional de derechos humanos, además de los comunicados de prensa y discursos seleccionados que difundió la CIDH durante el año pasado.

          Conclusión

Señor Presidente, señores y señoras representantes, estimados colegas, compañeros  y compañeras de trabajo, señoras y señores:

Antes de concluir, debo expresar la gratitud de la Comisión por el incremento de fondos aprobado por la Organización recientemente.  Anualmente señalamos ante ustedes las necesidades financieras por las que atraviesa la CIDH.  Los fondos adicionales que hemos recibido nos permitirán continuar y profundizar el cumplimiento de nuestros mandatos convencionales, estatutarios y aquellos surgidos de las Cumbres de las Américas.  Esperamos que los fondos adicionales aprobados por los Estados miembros se mantengan en el futuro y que sean otorgados a la CIDH en su totalidad. También debo agradecer especialmente las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y de los Observadores Permanentes.

La búsqueda constante de mecanismos para consolidar las democracias participativas crea nuevas oportunidades para el compromiso de los Estados miembros con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión y la Corte son, conforme al propósito de los Estados miembros, medios para ayudar al desarrollo de "un régimen de libertad personal y de justicia social", que es el objetivo final consignado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con ello, la Comisión renueva su compromiso de trabajar con los Estados miembros en el cumplimiento de su mandato para defender la dignidad humana mediante la protección y la promoción de los derechos humanos. En nombre de la Comisión, quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo que los Estados miembros han brindado a la Comisión para que ésta continúe honrando ese compromiso común de velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de nuestro hemisferio.

Muchas gracias.

PALABRAS DE  MARTA ALTOLAGUIRRE LARRAONDO,

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

Señora Presidenta de la Asamblea General, Señor Secretario General de la OEA, señor Secretario General Adjunto, distinguidos y distinguidas Representantes de los Estados miembros de la Organización y Observadores, señores Jueces de la Corte Interamericana, señoras y señores:

Your Excellencies, representatives of member states, ladies and gentlemen: It is an honor to address this body on behalf of the Inter-American Commission.  Let me start by expressing the awareness of the IACHR to the different situations and issues concerning English speaking member states and specifically Caribbean countries. The IACHR is currently working on a new strategy towards acquiring a deeper vision of the particular situation of the Caribbean Region and towards strengthening its cooperation to achieve the common goal of protecting human rights.  I will continue speaking in Spanish, my native language.

En mi condición de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el agrado de presentar el informe anual de la Comisión correspondiente a 2002.  Me acompañan en esta oportunidad José Zalaquett, Primer Vicepresidente de la Comisión, Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, Eduardo Bertoni, Relator para la Libertad de Expresión, y personal profesional de la Secretaría.

El informe que  ponemos en la fecha a disposición de la Asamblea General fue aprobado por la CIDH durante su 117º período ordinario de sesiones, celebrado durante febrero y marzo de este año. Este informe refleja las actividades generales de la Comisión cumplidas durante la Presidencia del Dr. Juan Méndez.

En diciembre de 2002 la Comisión hizo público su “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos” en el cual presentó un estudio sobre la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales frente a las iniciativas antiterroristas legítimamente adoptadas por los Estados miembros, basada en su experiencia de más de cuatro décadas y los estándares del derecho internacional.  En su informe, la Comisión articula varios principios fundamentales concernientes a la relación necesaria entre el combate al terrorismo y la protección de los derechos humanos en situaciones de excepción. 

La ansiedad generada tanto por la amenaza de la violencia terrorista como por las expectativas de contrarrestarla no puede soslayar la atención prioritaria a temas endémicos que aquejan a las sociedades de nuestro hemisferio y en especial a sus sectores más vulnerables.  En este sentido, la Comisión observa con extrema preocupación la debilidad de la institucionalidad democrática en varios países del hemisferio.  Las elecciones periódicas no obstan para que muchas democracias de la región exhiban debilidades institucionales.  También observa con preocupación que los límites al poder público determinados por la propia normativa interna son en algunos casos burlados o ignorados, provocándose así el resquebrajamiento del estado de derecho, y la pérdida de credibilidad en el sistema político.  Afortunadamente, los Estados miembros de la OEA son hoy en día consistentes en su rechazo colectivo a todo intento de ruptura constitucional, en invocación de instrumentos tales como la Resolución 1080 y la Carta Democrática Interamericana. 

La corrupción, la pobreza, la exclusión y las brechas sociales, económicas, étnicas y de género  contribuyen asimismo a la inestabilidad política.  Esta situación, que se ve agravada por la falta de acceso efectivo a la justicia en gran parte del hemisferio, no sólo contribuye a perpetuar la falta de eficacia y la impunidad que aqueja el funcionamiento de los sistemas judiciales del hemisferio, sino que provoca la exclusión de los ciudadanos de la administración de justicia tanto en su participación como operadores, como en su actividad de sujetos activos. Esos factores coinciden con la creciente sensación de inseguridad de la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad crecientes y la tendencia a tomar  medidas de hecho.

En este contexto hemisférico, que refleja también realidades de orden global, los mecanismos de protección de los derechos humanos continúan cumpliendo una función fundamental.  La integridad y eficacia de la protección brindada a los habitantes del hemisferio depende, primordialmente, de los esfuerzos de los Estados miembros para  alcanzar la universalidad del  sistema mediante la ratificación de la Convención Americana y de los demás instrumentos sobre derechos humanos, así como la aceptación de la jurisdicción de la Corte; del cumplimiento con la obligación de adaptar su legislación interna a sus obligaciones internacionales y su debida interpretación y aplicación por los órganos del Estado, en particular el poder judicial; y por último, del cumplimiento de los compromisos internacionales y las recomendaciones y decisiones de la Comisión y de la Corte.

          La Comisión prosiguió su labor con relación a la situación de grupos especialmente vulnerables, a través del trabajo de sus relatorías especiales para los derechos de los niños, los pueblos indígenas, y los trabajadores migratorios, los cuales aparecen reflejados en el capítulo VI del presente informe anual.  La CIDH ha  prestado también especial atención a la situación de los afrodescendientes, tanto a través de sus labores de promoción como de sus estudios de la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros, casos individuales y medidas cautelares.  Se ha ampliado el ámbito de verificación de la situación de los derechos de la mujer, particularmente aquellos aspectos relativos a la violencia que afecta a millones de mujeres en el hemisferio.  Asimismo, la Relatoría Especial ha dedicado  esfuerzos para promover de manera activa la Convención de Belém do Pará en el marco de los procedimientos ante el Sistema.

La Relatoría para la Libertad de Expresión ha continuado también con su labor en materia de promoción y asesoramiento.  Dado que el tema central de esta Asamblea es la gobernabilidad democrática y, en particular, la libertad de expresión, quisiera resaltar la importancia de los debates sobre esta materia, teniendo en cuenta los claros parámetros establecidos en los  artículos 13 y 14 de la Convención Americana, así como en los principios de derecho internacional en la materia.

          No puedo dejar de llamar la atención sobre algunos números importantes en el sistema de peticiones individuales que indican tanto la gran credibilidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el deterioro de la administración de justicia en varios países de la región.  Particularmente en el año 2002, la CIDH recibió 1021 denuncias, cifra que representa un 40% más en relación con el año anterior.  Debo aclarar que esta cifra no tiene en cuenta las 3635 denuncias relacionada con las medidas bancarias adoptadas por el Gobierno argentino.  Esta circunstancia ha puesto una enorme presión en nuestra Secretaría Ejecutiva, que ha logrado responder a esta situación de manera eficiente y, de hecho, ha mantenido el número de peticiones en trámite dentro de sus promedios históricos.

 Durante el período que abarca este informe, la Comisión realizó dos visitas in loco a Haití y una a Venezuela. Asimismo,  hace dos meses, la Comisión concluyó una visita in loco a Guatemala. Por otro lado, la Comisión ha seguido los criterios expuestos en su Informe Anual de 1998 para identificar a los Estados miembros cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecieran atención especial.  En este sentido, en el Capítulo IV del informe del año 2002 se analiza la situación de los derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela. 

Con relación a Colombia, la Comisión se encuentra seriamente preocupada por el impacto que la violencia generada por los actores del conflicto armado interno continúa causando en el respeto de los derechos humanos fundamentales de la población civil y, en particular, de los sectores más vulnerables: las comunidades indígenas y afro-colombianas, los desplazados y los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, las mujeres y los niños. En este contexto la Comisión desea reiterar su llamado a las partes en el conflicto armado para que a través de su estructura de mando y control, respeten, ejecuten y hagan cumplir las normas que rigen las hostilidades, consagradas en el derecho internacional humanitario, con especial énfasis en las normas que brindan protección a los civiles.

Con relación a Cuba, la Comisión encuentra que el  Estado cubano persiste en su patrón represivo con relación a la situación de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos. Toda persona que desea ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en Cuba es reprimida sistemáticamente por dicho Estado. La Comisión encuentra también que el Estado cubano no ha implementado las reformas requeridas para hacer efectiva la vigencia de las garantías judiciales y del derecho de los procesados a un tribunal competente, independiente e imparcial. En este sentido, la Comisión no puede dejar de señalar su preocupación por la persecución sistemática a los disidentes políticos en los últimos meses, las graves condenas impuestas a muchos de ellos y la ejecución de tres personas, luego de procedimientos que no contaron con las garantías de un debido proceso y que por tanto tuvieron el carácter de arbitrarios. La Comisión ha expresando su preocupación, de manera consistente, por las violaciones de derechos humanos en Cuba y formula sus mejores votos para que las decisiones de este Foro incidan en la elaboración de una estrategia hemisférica dirigida a garantizar el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales a sus habitantes. 

Con relación a Haití, la Comisión expresa su preocupación por la profunda debilidad estructural de la administración de justicia. Si bien el Estado ha tomado algunas iniciativas para investigar y llevar a los tribunales a aquellos que violaron los derechos humanos, la mayoría de los casos continúan sin resolverse, en particular aquellos concernientes a los graves eventos de diciembre de 2001. Con respecto a la seguridad ciudadana, la Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno para capacitar a los futuros miembros de las fuerzas de seguridad, pero continúa recibiendo informes de abusos policiales en el país.  De forma similar, la Comisión expresa su preocupación por el éxito limitado de los esfuerzos para desarmar a la población.  La posesión y el uso ilícito generalizado de armas de fuego y las repetidas acciones violentas de ciertos grupos armados y organizaciones populares es una amenaza constante a la seguridad de todos los haitianos. Con respecto a la libertad de expresión, la Comisión lamenta  que se continúen registrando amenazas a los periodistas y que los crímenes contra los mismos permanezcan impunes.

Con relación a Venezuela, la Comisión expresa su preocupación por el deterioro de los derechos humanos que compromete seriamente la estabilidad del Estado de Derecho. Durante la visita in loco realizada en mayo de 2002 la CIDH observó que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, y la existencia de una impunidad estructural en el sistema de justicia venezolano, representaban una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho. Dada la gravedad de la situación, la Comisión tenía previsto llevar a cabo una serie de visitas de seguimiento, que hasta la fecha no se han podido realizar debido a la falta de determinación de las fechas correspondientes por parte del Estado venezolano, a pesar de la reiterada solicitud de la Comisión y de la invitación que formulara el Presidente Chávez y el Vicepresidente Rangel durante la visita in loco.  La Comisión considera que su presencia en Venezuela contribuiría a fortalecer la protección de los derechos humanos de todos sus habitantes. 

Por otra parte, el Capítulo V sigue la práctica de analizar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión, en uso de sus facultades como órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos.  En esta oportunidad, dicho capítulo contiene un informe de seguimiento de las recomendaciones expuestas en el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.

Señora Presidenta, señores y señoras representantes, estimados colegas, compañeros  y compañeras de trabajo, señoras y señores:

Antes de concluir, debo expresar la profunda preocupación de la Comisión por su situación presupuestaria. Sin perjuicio de reconocer  el incremento de fondos aprobado por la Organización durante el año 2002 que nos permitió continuar con el cumplimiento de nuestros mandatos convencionales, estatutarios y aquellos surgidos de las Cumbres de las Américas, debo indicar que estos fondos adicionales no han sido entregados en su totalidad a la Comisión. Estamos conscientes de los ajustes presupuestarios de la Organización, que según entendemos continuarán al menos durante el próximo año. Estos recortes presupuestarios afectan y afectarán aún más las tareas esenciales que la Comisión realiza para la protección y la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. Legítimamente varios Estados han indicado la lentitud de la tramitación de nuestros casos. Es verdad y procuramos mejorar con nuestra reforma reglamentaria y esfuerzos adicionales de la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, sin mayores recursos humanos y financieros es absolutamente imposible que la Comisión pueda responder a las crecientes demandas de manera eficiente.  Las constantes expresiones de apoyo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la voluntad política de aportar fondos para los órganos del sistema, expresada por las instancias mas altas del sistema interamericano, tanto en el proceso de Cumbres, en este órgano, como por el Consejo Permanente,  no se ha traducido en los hechos en un aumento que permita que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos cumpla con los mandatos convencionales y con los nuevos mandatos que periódicamente son encomendados a la Comisión.  Asimismo, tanto la Comisión como la Corte hemos cumplido, como fue acordado, realizando las reformas reglamentarias que permiten una mayor eficiencia en el trabajo de los órganos del sistema.  Esperamos que los Estados efectivamente aporten los recursos que puedan garantizar que los derechos humanos de los habitantes del hemisferio cuenten con una protección internacional eficiente.

La búsqueda constante de mecanismos para consolidar las democracias crea nuevas oportunidades para el compromiso de los Estados miembros con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión y la Corte son, conforme al propósito de los Estados miembros, medios para ayudar al desarrollo de "un régimen de libertad personal y de justicia social", que es el objetivo final consignado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con ello, la Comisión renueva su  compromiso de trabajar con los Estados miembros en el cumplimiento de su mandato para defender la dignidad humana mediante el ejercicio de su mandato en la protección y la promoción de los derechos humanos. En nombre de la Comisión, quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo que los Estados miembros han brindado a la Comisión para que ésta continúe honrando ese compromiso común de velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de nuestro hemisferio.

Muchas gracias.