Brasil 10.301 Fondo

45. El 5 de febrero de 1989 cerca de cincuenta detenidos fueron encerrados en una celda de aislamiento de un metro por tres, en la que los agentes del Estado arrojaron gases lacrimógenos. Dieciocho de los detenidos murieron por asfixia y doce fueron hospitalizados. En vista de que el Estado brasileño ratificó la Convención Americana con posterioridad a los hechos que motivaron la presente denuncia,[46] las partes peticionarias alegan que estos sucesos violan, "por lo menos", el derecho a la vida de las víctimas, establecido en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En algunos de sus escritos también alegan que ese Gobierno ha violado el artículo 4 (derecho a la vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

46. En virtud del principio de irretroactividad de los tratados, al que hizo referencia cuando trató de su competencia, la Comisión considera que le corresponde examinar los hechos sucedidos el 5 de febrero de 1989 en el Distrito Policial Nº 42, a la luz del artículo I de la Declaración Americana, en lo que hace relación con el derecho a la vida.

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

48. La disposición transcrita establece, como principio básico, la prohibición de que se prive arbitrariamente de la vida a cualquier persona.

49. Como se ha expresado antes, es un principio de derecho internacional que el Estado responda por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, así como también por las omisiones de los mismos, aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.[47] Esta responsabilidad del Estado se extiende, entre otras, a la violación del derecho a la vida resultante de la acción u omisión de los agentes del Estado.[48]

50. En el presente caso, el haber encerrado a tantas personas en una celda de un metro por tres, el haber obstruido la única ventilación de la misma y arrojado en su interior gases lacrimógenos, constituyen actos de los agentes del Estado que ignoraron en forma consciente y temeraria el derecho a la vida de los presos y actuaron sin tener en cuenta las probables consecuencias de sus actos. Estas acciones resultaron en la muerte de dieciocho detenidos, que murieron por asfixia entre sus propios excrementos y vómito. En consecuencia, la Comisión considera que el Estado brasileño, como consecuencia de la acción de sus agentes, ha violado el derecho a la vida (artículo I de la Declaración Americana) de las dieciocho personas fallecidas en esas circunstancias.

51. Con base en el principio de irretroactividad de los tratados al que hizo referencia anteriormente, la Comisión considera que le corresponde examinar los hechos sucedidos el 5 de febrero de 1989 en el Distrito Policial 42°, no a la luz del artículo 5 de la Convención Americana, sino a la luz del artículo I de la Declaración Americana, en lo que hace relación con el derecho a la seguridad e integridad de la persona.

52. A este respecto, la Comisión considera que los agentes del Estado brasileño afectaron la salud física, psíquica y moral de 50 detenidos en el Distrito Policial 42°, al golpearlos, hacinarlos en una celda de castigo de un metro por tres, y arrojar gases lacrimógenos dentro de dicha celda, a la cual se le había obstruido su única ventilación. Como consecuencia de estos actos, dieciocho de los presos murieron y doce fueron hospitalizados. Estas acciones ignoraron en forma temeraria y consciente los derechos humanos de las víctimas que murieron o salieron de la celda de castigo cubiertos de orina, heces y vómito debido a los efectos de los gases y a la falta de ventilación.

53. Estos actos, que son imputables al Estado brasileño por haber sido cometidos por agentes del Estado en ejercicio de sus funciones, constituyen una violación del artículo I de la Declaración Americana, que garantiza, entre otros, el derecho a la seguridad y a la integridad de la persona. Esta disposición dice, en lo pertinente: “Todo ser humano tiene derecho .... a la seguridad de su persona”.

54. En relación con el tema de las prisiones y las condiciones de detención, la Comisión estima procedente transcribir el comunicado de prensa Nº 12/95, emitido por ella al finalizar su visita in loco a Brasil, en lo que hace referencia a esta materia:

En la visita al establecimiento carcelario de Carandirú, y a la Tercera Delegación Policial de São Paulo, la Comisión pudo confirmar lo planteado por sus autoridades en el sentido de que hay una crisis generalizada en dichos establecimientos. La sobrepoblación asume características graves, con prisioneros hacinados en lugares insalubres, reducidos o en patios al aire libre, en que conviven procesados sin condena, presos condenados por primera vez y reincidentes. Los servicios de salud son prácticamente inexistentes en estos establecimientos. Por otra parte, hay prisioneros con derecho a traslado a regímenes carcelarios más abiertos que no pueden ser trasladados por falta de espacio en los establecimientos correspondientes. En este aspecto, la CIDH recomienda a las autoridades aplicar inmediatamente las normas internacionales de derechos humanos y la propia legislación de Brasil sobre prisiones, incluyendo la adopción de medidas urgentes para superar la dramática situación que pudo comprobar en esta visita.

55. Finalmente, la Comisión cree necesario señalar que en su visita in loco a Brasil tuvo la oportunidad de verificar que todavía existen celdas de aislamiento ("celas fortes") en los establecimientos carcelarios, lo cual desvirtúa la información presentada por el Gobierno Federal en su escrito de contestación del 12 de julio de 1989, en el sentido de que dichas celdas han sido desactivadas.

56. Los peticionarios alegan que la morosidad del proceso penal militar y el tiempo transcurrido (siete años) sin que se haya adoptado una decisión definitiva en contra de los funcionarios policiales involucrados en los hechos que motivaron la presente denuncia constituyen una violación de su derecho a "las garantías judiciales" y a "la protección judicial" (artículos 8 y 25 de la Convención, respectivamente). El Gobierno, por otra parte, no controvierte la alegación.

57. La Comisión considera que en este caso es aplicable, en primer lugar, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagra el Derecho a la Justicia. Esta disposición establece:

Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

58. Corresponde ahora determinar si son aplicables los artículos 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana.

59. Como se ha dicho antes, en el caso que se analiza, Brasil depositó su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 25 de septiembre de 1992, fecha en que, después de transcurridos más de tres años desde los hechos del caso, todavía se prolongaban los procedimientos legales encaminados a investigar y sancionar a los policías involucrados en los mismos.[49] La obligación de investigar se prolonga en el tiempo. La inacción del Estado brasileño, al no investigar en forma eficiente con posterioridad al 25 de septiembre de 1992, configura, por sí misma, una violación específica e independiente del derecho a la vida y a la integridad personal de las víctimas. La violación del derecho a la justicia y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, con referencia a los derechos consagrados en los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención constituyen, asimismo, ejemplos de denegación de justicia.

60. El Estado brasileño asumió, conforme a la Convención, la obligación de investigar y sancionar a los policías involucrados, deber que deriva del artículo 1(1) de la Convención y tiene carácter continuo hasta la resolución del caso. En opinión de la Comisión, de esta obligación se deriva, además, el deber concreto de ofrecer garantías judiciales necesarias para que los recursos jurisdiccionales internos sean efectivos. Una de esas garantías es, precisamente, el derecho que tiene toda persona a ser oída dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal independiente e imparcial (artículo 8 de la Convención).

61. En efecto, sólo un tribunal independiente e imparcial puede asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como contrapartida, un juez o un tribunal militar que actúe como juez y parte en el juzgamiento de los crímenes comunes cometidos por los miembros de la corporación policial militar,[50] no puede ofrecer las garantías necesarias para asegurar el ejercicio de esos derechos a las víctimas y a sus familiares. Prueba de ello es la morosidad de los procedimientos judiciales ante la Justicia Penal Militar de Brasil, los incidentes dilatorios que demoran injustificadamente las decisiones judiciales contra los policías militares involucrados, la condescendencia y la resultante impunidad que promueve la violencia policial.

62. El destino natural del Fuero Militar Especial es mantener la disciplina de los integrantes de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones militares. Por lo tanto, esta competencia no debe extenderse, bajo ninguna circunstancia, al juzgamiento de los crímenes comunes cometidos contra la población civil por parte de los policías militares en el ejercicio de sus funciones policiales.

63. En el caso sub judice, la Comisión considera que la falta de eficiencia para castigar a los policías involucrados, especialmente de la Justicia Penal Militar, ha comprometido la responsabilidad internacional del Estado brasileño. En efecto, el retardo injustificado en la decisión de los procesos judiciales relacionados con lo ocurrido en el Distrito Policial Nº 42, no solamente eximió a los peticionarios de la obligación de agotar los procedimientos jurisdiccionales internos --como se dijo en el capítulo relativo a la admisibilidad--, sino que violó los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al privar a las víctimas y a sus familiares del derecho a que su caso fuera resuelto "dentro de un plazo razonable", conforme a lo prescrito en dicha norma, y 25, que establece que toda persona tiene derecho a un "recurso sencillo y rápido".

64. Por otra parte, al someter el caso al juzgamiento de la Justicia Militar, cuya morosidad, ineficiencia y parcialidad han quedado demostrados en el presente caso,[51] ha violado también dicha disposición en relación con el derecho que tiene toda persona a ser juzgada por "un juez o tribunal ... independiente e imparcial", conforme lo establece el mismo artículo 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

65. A este respecto, la Comisión considera importante transcribir, en lo pertinente, el Comunicado de Prensa Nº 12/95, emitido al culminar su visita in loco a Brasil. En el mismo expresó, inter alia, lo siguiente:

La Comisión recibió información, además, sobre actos de violencia cometidos por la policía y sobre impunidad en el tratamiento de estos asuntos. A este respecto la Comisión considera que sería un paso fundamental para combatir la violencia policial la aprobación de una ley que garantice que todo crimen cometido por policías militares contra los civiles sea juzgado por la justicia ordinaria. La Comisión considera, asimismo, que se deben establecer procedimientos eficientes para recibir y considerar quejas contra agentes de la policía. (El subrayado no es del original).

66. Esta conclusión de la Comisión se encuadra dentro del artículo 1(1) de la Convención, en lo que hace referencia a la obligación de los Estados Partes de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. De esta obligación se deriva el deber de organizar el aparato y las estructuras gubernamentales a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público; el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, y el de procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho vulnerado y, en su caso, el pago de una indemnización por los daños producidos.[52]

67. Se encuadra, asimismo, dentro de las obligaciones derivadas del artículo 2 de la Convención, que establece la obligación de los Estados partes de adoptar disposiciones de Derecho Interno. La mencionada disposición expresa:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

68. Para finalizar, la Comisión considera pertinente señalar que, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, contemplada en el artículo 1(1) de la Convención:

...no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

69. Con base en lo anterior, la Comisión concluye que, en el caso sub judice, el Estado brasileño ha violado los artículos XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1(1) del mismo instrumento legal.

70. Por todo lo expuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acuerda:

1. Declarar que el Estado brasileño es responsable de haber violado los artículos I (derecho a la vida, a la seguridad e integridad personal) y XVIII de la Declaración Americana y los artículos 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 de la Convención Americana (derecho a la protección judicial), en relación con el artículo 1, párrafo 1 de este último instrumento legal.

2. Recomendar al Estado brasileño, que adopte las medidas legislativas necesarias para transferir a la justicia penal común el juzgamiento de los crímenes comunes cometidos por policías militares en ejercicio de sus funciones de orden público.

3. Recomendar al Estado brasileño que se desactiven las celdas de aislamiento ("celas fortes").

4. Solicitar al Estado brasileño que sancione, de acuerdo con la gravedad de los delitos cometidos, a los policías civiles y militares involucrados en los hechos motivo del caso sub judice.

5. Recomendar al Estado brasileño que, en los casos en que todavía no lo haya hecho, pague una indemnización compensatoria justa y adecuada a los familiares de las víctimas, por el daño causado como consecuencia del incumplimiento de las referidas disposiciones.

6. Solicitar al Estado brasileño que informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del plazo de tres meses, sobre las medidas que se hubieren adoptado a fin de cumplir con los puntos resolutivos del presente informe.

7. Trasmitir el presente informe al Estado brasileño, a través del Gobierno Federal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, inciso 2 de la Convención Americana e informarle, conforme a la misma disposición, que no está autorizado a publicar el mismo.

71. La Comisión aprobó el Informe de fondo N⁰ 16/96 sobre el presente caso el 6 de marzo de 1996, durante su 91^o período de sesiones. Dicho Informe, con las recomendaciones de la Comisión, se transmitió al Estado brasileño el 15 de julio de 1996. En dicho informe, la Comisión solicitó al Estado brasileño que informase, en el plazo de tres meses, respecto a las medidas que hubiesen sido adoptadas a fin de cumplir las recomendaciones efectuadas por la Comisión. Al respecto, la respuesta del Gobierno fue recibida el 21 de octubre de 1996, la cual se comenta en el presente informe.

72. Al respecto, la respuesta del Gobierno, fechada el 17 de octubre de 1996, dice textualmente:

Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia, como anexo de la nota 228, del 30 de agosto de 1996, informaciones del Gobierno brasileño relativas a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al Caso 10.301 (Parque San Lucas), contenidas en el Informe No. 16/96, aprobado por la Comisión en su 91º período ordinario de sesiones:

1) Recomendación: Transferencia a la Justicia Ordinaria del juzgamiento de delitos comunes cometidos por policías militares

El 7 de agosto de 1996 fue sancionada la Ley No. 9.299, que altera disposiciones del Código Penal Militar y del Código del Proceso Penal Militar, previendo la transferencia a la Justicia Ordinaria de la competencia referente al proceso de juzgamiento de delitos dolosos contra la vida practicados por policías militares contra civiles.

Pese a algunas restricciones con respecto a su contenido y alcance, no queda duda de que el advenimiento de la nueva ley significa un hito en relación con la defensa de los derechos humanos en el país.

Tratándose de una norma de carácter procesal, la aplicación de la Ley No. 9.299/96 fue inmediata, suscitando en todo el país la transferencia de competencia a la Justicia Ordinaria de procesos cuya tramitación ya se había iniciado; por ejemplo los relativos a los episodios de Corumbiara y Eldorado do Carajás, como también de procesos penales cuya instrucción se había iniciado en el ámbito de la Justicia Militar. En esta última situación figura el proceso penal destinado a investigar responsabilidades en el contexto del caso Parque San Lucas.

En efecto, el proceso No. 35.887/89, que se tramitaba ante la Tercera Auditoría Militar del Estado de San Pablo, fue remitido el 14 de agosto de 1996 a la Justicia Penal del Estado, como consecuencia de la decisión escrita y fundamentada por el Juez Auditor. El proceso fue recibido por el juez de lo penal del Primer Tribunal de Jurado Popular de la Comarca de la Capital del Estado de San Pablo, y fue registrado con el número 2576/96-unidad I.

Las investigaciones sobre el incidente indicaron la participación de policías civiles y militares. En consecuencia se iniciaron los trámites legales para la determinación de la responsabilidad de los inculpados, y la acusación consideró que se habían configurado situaciones de pluriparticipación criminal en relación con la comisión de dieciocho homicidios calificados y treinta y dos tentativas de homicidio.

De los tres policías civiles involucrados, el carcelero José Ribeiro fue procesado penalmente y declarado culpable por el Tribunal de Jurado Popular, habiendo sido condenado a la pena de 45 años de reclusión y seis meses de detención. Se realizó un nuevo juicio, solicitado por la defensa, que dio lugar a la confirmación de la pena, tras lo cual se interpusieron dos recursos de apelación: uno por parte del Ministerio Público, tendiente al aumento de la pena, y otro de la defensa, en que se promovía la realización de un nuevo juicio. Los recursos (Proceso TJ No. 188.066.3/4) fueron asignados a la Quinta Cámara de lo Penal del Tribunal de Justicia del Estado de San Pablo, que entendió que la prisión sólo puede hacerse efectiva después que recaiga pronunciamiento sobre las apelaciones, con lo cual el acusado fue liberado de su encarcelamiento después de haber cumplido más de dos años de la pena.

Otro policía civil, Carlos Eduardo de Vasconcelos, fue procesado penalmente y absuelto por el Tribunal de Jurado Popular del Estado de San Pablo. La sentencia absolutoria fue objeto de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público del Estado, estando a consideración de la Quinta Cámara del Tribunal de Justicia de San Pablo.

El tercer policía civil, Celso José da Cruz, fue procesado penalmente y declarado culpable por el Tribunal de Jurado Popular de la Capital del Estado de San Pablo, habiendo sido condenado a la pena de quinientos dieciséis años de reclusión. La defensa interpuso un recurso de apelación, sobre el que recayó una nueva decisión condenatoria que, empero, redujo la pena a cincuenta y cuatro años de reclusión. La misma Quinta Cámara de lo Penal asumió competencia al recibir un recurso de protesta por nuevo jurado, lo que motivó la interposición de un recurso especial por parte del Ministerio Público del Estado de San Pablo, recurso que fue sometido recientemente a la consideración y juzgamiento del Superior Tribunal de Justicia. Después de denegar sucesivos pedidos de habeas corpus a favor del acusado, la Quinta Cámara decidió, difiriendo la consideración de dilatorias suscitadas por la defensa, la liberación del acusado, que se encontraba preso en el Presidio Especial de la Policía Civil desde hacía más de dos años. Por esa razón el acusado debe esperar en libertad la decisión que recaiga en el recurso especial y, en la hipótesis de que el Tribunal Superior de Justicia no acoja las razones del Ministerio Público, la realización de un nuevo juicio por jurado.

Finalmente, en relación con los veintinueve policías militares involucrados --un oficial, cinco sargentos, un cabo y veintiún soldados--, los mismos deberán ser juzgados por el Primer Tribunal de Jurado de la Capital, en virtud de la transferencia de competencia determinada por la Ley 2.299 (sic), arriba comentada.

3) Recomendación: Pago de indemnizaciones compensatorias adecuadas a los familiares de las víctimas

Concluida la indagatoria policial y la indagatoria de la Policía Militar sobre el incidente, el Ministerio Público del Estado de San Pablo se puso a disposición de los familiares de las víctimas para la presentación de acciones judiciales de indemnización reparatoria tendientes a hacer efectiva la responsabilidad civil del Gobierno del Estado de San Pablo por la acción ilícita de sus agentes públicos. En consecuencia se tramitaron las siguientes acciones:

Las referidas acciones indemnizatorias están en su mayoría en grado de recurso, encontrándose una de ellas en la fase de liquidación de sentencia. Cabe aclarar que la sistemática administrativa brasileña impone a los órganos contenciosos que representan al poder público la obligación de interponer recursos, siempre que sean admisibles. Otra observación pertinente es que ninguna de las sentencias dictadas como consecuencia de esas acciones declaró nada en contrario del derecho a la indemnización.

4) Recomendación: Desactivación del régimen de confinamiento solitario (celdas de aislamiento)

La legislación penitenciaria brasileña es congruente con las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el tratamiento penitenciario y los derechos de los detenidos. Por lo tanto, la situación que provocó la muerte de los presos --el encarcelamiento de varios de ellos en un cubículo-- es una práctica prohibida.

Lo que aún se acepta es el aislamiento individual, en casos de probada necesidad, a condición de que se realice en local adecuado y con la ventilación necesaria. Los abusos y las prácticas ilegales están siendo combatidos por el Gobierno. En el caso específico del Estado de San Pablo recientemente se suscribió un convenio entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para la modernización del sistema, cuyo objetivo inicial --la desactivación de Casa de Detenção de Carandiru-- constituye el símbolo de una nueva política penitenciaria para el país.

En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde concluir que las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso Parque San Lucas son totalmente coincidentes con las actuales preocupaciones del Gobierno Federal en materia de defensa de los derechos humanos y búsqueda de mecanismos de perfeccionamiento de la prestación de justicia, con la consiguiente reducción de la impunidad.

La recomendación relativa a la transferencia a la Justicia Ordinaria del proceso y juzgamiento de delitos comunes perpetrados por policías militares está siendo contemplada en los términos de la Ley No. 9.299/96. En el contexto específico del caso Parque San Lucas, fue atendida a través de la transferencia a la Justicia Ordinaria del Estado de San Pablo del proceso penal promovido contra los policías militares que participaron en el incidente.

La recomendación referente a la desactivación de las celdas de aislamiento encuentra respaldo en la legislación penitenciaria vigente, siendo objetivo del Gobierno brasileño intensificar los esfuerzos tendientes a prohibir y castigar efectivamente prácticas ilegales de confinamiento solitario de presos en cubículos.

En relación con las recomendaciones de pago de indemnizaciones y castigo de los responsables, debe proseguir la labor desarrollada por el Ministerio de Justicia por intermedio del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, para que las autoridades del Estado de San Pablo logren concluir en el plazo más breve posible las acciones civiles y penales destinadas al castigo de los culpables y a la indemnización de los familiares de las víctimas.

A esos efectos será necesario que empeñen sus esfuerzos el Ministerio Público del Estado de San Pablo y el Poder Judicial del Estado. A ese respecto conviene destacar la identificación con esos objetivos puesta de manifiesto por la Secretaría de Justicia y de Ciudadanía del Estado, así como de la Procuraduría General de Justicia de San Pablo, en el sentido de acelerar la adopción de los actos necesarios. El Procurador General de Justicia de San Pablo designó a esos efectos a un Promotor de Justicia encargado de realizar el seguimiento de cada una de las acciones relacionadas con el caso, velando por su rápida tramitación. A su vez el Ministerio de Justicia y el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana seguirán realizando las tareas de seguimiento y orientación de las autoridades estaduales a los efectos de la rápida tramitación de los procesos encaminados a indemnizar a los familiares de las víctimas y a castigar a los culpables.

La Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos seguirá transmitiendo a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todo tipo de información superveniente, de carácter administrativo o judicial, relativa al episodio del Parque San Lucas.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Su Excelencia las expresiones de mi distinguida consideración.

Análisis de la respuesta del Gobierno a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

1. Transferencia a la Justicia Ordinaria del juzgamiento de delitos comunes cometidos por policías militares

73. El Gobierno informó que la Ley Nº 9.299/96 alteró disposiciones del Código Penal Militar y del Código del Proceso Penal Militar, transfiriendo al ámbito de la Justicia Ordinaria la competencia para procesar y juzgar los delitos dolosos contra la vida perpetrados por policías militares contra civiles. En consecuencia, el proceso penal relativo a la masacre ocurrida en el Parque São Lucas fue remitido a la Justicia Penal del Estado el 14 de agosto de 1996.

74. Esos hechos demuestran la intención positiva del Gobierno de cumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión. No obstante, las graves restricciones referentes al contenido y al alcance de la Ley Nº 9.299/96, reconocidas en su respuesta por el propio Gobierno brasileño, siguen impidiendo que el Estado brasileño cumpla las obligaciones asumidas en relación con la Convención Americana, ante todo porque conforme a esa ley solamente los delitos de carácter doloso y, además, únicamente los cometidos contra la vida, serán transferidos a la competencia de la Justicia Ordinaria, y seguirán siendo de competencia de la Justicia Militar los no dolosos contra la vida y los dolosos que no se cometan contra la vida. En consecuencia, esta ley no cumple los fines que estaría destinada a alcanzar, es decir proteger no sólo el derecho a la vida, sino también todos los demás derechos garantizados por la Convención, en toda su extensión, independientemente del dolo del agente.

75. Además, conforme a la Ley 9.299/96, la investigación de los delitos cometidos por la Policía Militar seguirá estando a cargo de esa misma Policía. Esto significa que sigue estando comprometida la imparcialidad necesaria para la administración de justicia establecida en los artículos 1, 2 y 8 de la Convención Americana.

76. La Comisión considera inaceptables esas restricciones, y observa que no existe razón alguna que justifique la permanencia de la competencia de la Justicia Militar para juzgar los delitos cometidos por la Policía Militar contra civiles. Considera asimismo que el Estado brasileño debe adoptar normas legales que transfieran a la competencia de la Justicia Ordinaria todos los delitos cometidos por miembros de la Policía Militar contra civiles, y no solamente los delitos dolosos contra la vida.

77. La respuesta ofrecida por el Gobierno demuestra que se realizaron esfuerzos judiciales para castigar a los culpables de la masacre. En relación con los veintinueve policías militares involucrados, la Comisión destaca la importancia de la decisión que dispuso la remisión del proceso a la Justicia Ordinaria. No puede dejar de observarse, al mismo tiempo, que el delito fue cometido el 5 de febrero de 1989, o sea ocho años antes, pese a lo cual los policías militares siguen impunes y en libertad, a la espera de un juicio que deberá tramitarse aún en primera instancia.

78. En relación con los policías civiles, el Gobierno, en su respuesta, informó que también ellos siguen impunes y en libertad y están a la espera de una sentencia definitiva.

79. El Gobierno no informó si existieron sanciones administrativas significativas, tanto en relación con los policías civiles como en relación con los militares. En consecuencia la Comisión concluye, en virtud de la respuesta presentada por el Gobierno el 29 de septiembre de 1989, que los policías siguen cumpliendo funciones en las instituciones policiales. La Comisión observa que la permanencia de esas personas en la Policía pone en peligro la vida y la seguridad de terceros y agrava la impunidad.

80. La Comisión considera que la tardanza en el juzgamiento y el castigo de los inculpados perpetúa la injusticia y no condice con las obligaciones asumidas por el Estado brasileño en relación con la Convención Americana, que preceptúa, en su artículo 25, el derecho a un recurso sencillo y rápido encaminado a la protección contra actos que violen los derechos fundamentales de la persona humana.

81. En su respuesta, el Gobierno informó que el Ministerio Público se puso a disposición de las familias de las víctimas para la presentación de acciones judiciales de indemnización reparatoria. No obstante, las referidas acciones se encuentran aún, casi ocho años después de su planteamiento, en grado de recurso. La Comisión, si bien reconoce los esfuerzos actuales del Gobierno para indemnizar económicamente a algunas de las familias de las víctimas, reitera la necesidad de una tramitación más acelerada, dado que la demora en el dictado de una providencia definitiva viola la obligación del Estado de asegurar las garantías judiciales establecidas por la Convención Americana, y agrava el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

4. Desactivación del régimen de confinamiento solitario (celdas de aislamiento)

82. El Gobierno afirmó que la legislación penitenciaria brasileña es congruente con las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el tratamiento penitenciario y los derechos de los detenidos, en cuyo contexto el aislamiento individual constituye una práctica aceptable. No obstante, la utilización de esas celdas debe regirse por patrones mínimos requeridos por las normas internacionales; en otras palabras, debe constatarse no sólo su necesidad, sino también que la celda esté instalada en un local adecuado y con la ventilación necesaria, quedando categóricamente prohibido cualquier tratamiento inhumano o degradante. La respuesta del Gobierno a esa recomendación de la Comisión contradice información presentada anteriormente, el 12 de julio de 1989, oportunidad en que el Gobierno informó que para prevenir episodios semejantes había decidido la desactivación de las llamadas celdas de aislamiento existentes en los distritos policiales. Dado el incumplimiento de esa recomendación formulada al Gobierno brasileño, la Comisión continuará realizando el seguimiento del cumplimiento de las mencionadas normas internacionales.

a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que en el caso de autos el Estado brasileño violó los derechos humanos de Arnaldo Alves de Souza, Antonio Permoniam Filho, Amaury Raymundo Bernardo, Tomaz Badovinac, Izac Dias da Silva, Francisco Roberto de Lima, Romualdo de Souza, Wagner Saraiva, Paulo Roberto Jesuíno, Jorge Domingues de Paula, Robervaldo Moreira dos Santos, Ednaldo José da Fonseca, Manoel Silvestre da Silva, Roberto Paes da Silva, Antonio Carlos de Souza, Francisco Marlon da Silva Barbosa, Luiz de Matos y Reginaldo Avelino de Araújo, consagrados por los artículos I y XVIII de la Declaración Americana y por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y que no cumplió las obligaciones establecidas en el artículo 1 de la misma Convención.

b. La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno para castigar a los autores de las violaciones de derechos y pagar indemnizaciones por las violaciones de derechos cometidas por sus agentes. En este aspecto, algunos de los funcionarios policiales responsables por los hechos en cuestión fueron procesados y condenados. Varios de los procesos judiciales destinados a pagar una indemnización financiera a los familiares de las víctimas están a punto de culminar.

c. El Estado promulgó una nueva ley, Nº 9.299/96, que establece la competencia de la Justicia Ordinaria con respecto a los delitos dolosos contra la vida cometidos por miembros de la Policía Militar. Como consecuencia de esa ley los procesos judiciales referentes a los agentes de la Policía Militar que participaron en el incidente al que se refiere este caso ya fueron transferidos a la Justicia Ordinaria, puesto que se refieren a este tipo de delitos.

d. No obstante, dicha ley no atribuyó competencia a la Justicia Penal Ordinaria para juzgar otros delitos comunes cometidos por miembros de la Policía Militar ni para investigar los delitos, independientemente de su naturaleza. Todos esos delitos siguen siendo investigados por órganos militares. En consecuencia, algunos casos de violaciones de derechos perpetradas por miembros de la Policía Militar aquí consideradas, tales como torturas y malos tratos, no pueden, conforme a la presente ley, ser transferidas a la Justicia Ordinaria para que los investigue o asuma competencia.

e. En relación con el castigo de los responsables, la Comisión considera inexcusable la lentitud en la tramitación de los procesos, dada la gravedad y claridad de las violaciones de derechos ocurridas. El hecho de que los inculpados permanezcan en libertad y cumpliendo funciones dentro de las instituciones policiales pone de manifiesto el incumplimiento, por parte del Estado brasileño, de las obligaciones asumidas en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

f. La Comisión reconoce la intención del Gobierno brasileño de adecuar las celdas especiales de aislamiento y máxima seguridad a las normas internacionales. La Comisión seguirá realizando el seguimiento de su utilización.

83. En consecuencia, dado que el Estado brasileño no ha adoptado, en el plazo concedido por el Informe Nº 16/96, las medidas estipuladas para corregir la situación emergente de las violaciones de derechos denunciadas, e inclusive permite la impunidad de los responsables de dichas violaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide adoptar el presente informe, enviarlo al Gobierno brasileño y decidir, en el momento oportuno, la modalidad de publicación del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Convención Americana y en el artículo 48 de su Reglamento.

VII. PUBLICACIÓN

84. El 24 de marzo de 1997, la Comisión transmitió el informe 10/97 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado brasileño, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y le otorgó un plazo adicional de treinta días para el cumplimiento de las recomendaciones transcritas supra (párrafo 70). En la misma fecha la CIDH transmitió dicho informe a la peticionaria. En fecha 22 de septiembre de 1997 el Estado brasileño manifestó que aceptaba la oferta de solución amistosa efectuada por la CIDH con anterioridad a la aprobación del informe de fondo, y proporcionó información sobre acciones realizadas en relación con el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe Nº 10/97. A partir de tal fecha, con la participación activa de ambas partes y el patrocinio de la CIDH, se inició un proceso de solución amistosa en el presente caso. El 29 de septiembre de 1997 la Comisión invitó a ambas partes a una audiencia, que se celebró el 8 de octubre de 1997, a los fines de tratar sobre una posible solución amistosa respecto al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el aludido informe.

85. El 22 de diciembre de 1997 el Estado proporcionó información adicional relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº 10/97. El 15 de enero de 1998 las partes celebraron una reunión en São Paulo. El 18 de mayo de 1998 se efectuó una reunión de trabajo en la CIDH, oportunidad en la cual ambas partes y la CIDH suscribieron un documento preliminar de solución amistosa. A su vez, la Secretaría de la CIDH se comprometió a elaborar y a enviar a las partes para su firma un proyecto de acta final de solución amistosa.

86. La CIDH realizó a continuación diversos esfuerzos para concretar la firma del acta final de solución amistosa, que incluyeron una visita a Brasil del Presidente de la Comisión, sin resultados positivos. El 27 de junio de 2002 la Comisión envió una comunicación a ambas partes solicitando información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe Nº 10/97. El 15 de agosto de 2002 la co-peticionaria Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó la información solicitada, mientras que el Estado brasileño no respondió. El 22 de octubre de 2002 se dio traslado al Estado de la respuesta de la parte peticionaria, y se le solicitó presentar observaciones en un plazo de treinta días, siendo que Brasil tampoco presentó respuesta a tal solicitud de observaciones.

87. El 27 de febrero de 2003, en el marco del 117° período ordinario de sesiones de la CIDH, se realizó una reunión de trabajo en la CIDH, convocada por la Comisión a los fines de hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la CIDH en su informe Nº 10/97. En dicha reunión se acordó que el Estado proporcionaría información a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones, y que ambas partes estudiarían la posibilidad de reunirse para actualizar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

88. El 10 de marzo de 2003 el Estado envió a la CIDH información actualizada sobre los procesos de los policías involucrados en los hechos denunciados en el presente caso. El 14 de mayo de 2003 se dio traslado de dicha información a la peticionaria y se le solicitó que presentara las observaciones que considerara oportunas respecto a tal información dentro de un plazo de treinta días, siendo que la peticionaria no presentó observaciones.

89. Tomando en cuenta los mencionados antecedentes, la Comisión, previo a pronunciarse sobre la publicación del informe de fondo en el presente caso, estima pertinente, en base a la información actualizada que ambas partes han suministrado, dejar constancia del grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de fondo Nº 10/97 (párrafo 70, supra).

90. Al respecto, la Comisión estima que la recomendación relativa a que Brasil “adopte las medidas legislativas necesarias para transferir a la justicia penal común el juzgamiento de los crímenes comunes cometidos por policías militares en ejercicio de sus funciones de orden público” ha sido parcialmente cumplida. En efecto, la CIDH reitera que aunque la Ley Nº 9.299/96 es un avance importante en la materia, resulta insuficiente, pues sólo transfiere a los tribunales de la justicia ordinaria el conocimiento de crímenes dolosos contra la vida cometidos por policías militares en ejercicio de sus funciones, y mantiene la competencia de la policía militar para investigar todos los crímenes cometidos por policías militares.

91. En relación a la recomendación concerniente a que se “desactiven las celdas de aislamiento (“celas fortes”)” la Comisión reitera que dicha recomendación sigue pendiente de cumplimiento.

92. En lo relativo a la recomendación concerniente a que el Estado “sancione, de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos, a los policías civiles y militares involucrados en los hechos motivo del caso sub judice”, la Comisión observa que conforme a la información suministrada por Brasil el 10 de marzo de 2003, se inició proceso criminal en 1989 contra 32 personas en relación con los hechos del presente caso: José Ribeiro (carcelero); Celso José da Cruz (investigador policial), Carlos Eduardo de Vasconcelos (delegado policial) y 29 policías militares.

93. De dicha información surge igualmente que José Ribero fue condenado, mediante sentencia definitiva y firme, a 45 años y 6 meses de reclusión, y que éste se encuentra cumpliendo la pena en una cárcel de São Paulo. Por su parte, Celso José da Cruz y Carlos Eduardo de Vasconcelos fueron absueltos, y las decisiones respectivas fueron recurridas, encontrándose actualmente para decisión del Tribunal de Justicia de São Paulo. Ambos se encuentran en libertad. Finalmente, y con respecto a 29 policías militares que fueron también denunciados como partícipes de los hechos, se decidió no llevarlos a juicio, en decisión que fue recurrida por el Ministerio Público, sin que hasta la presente fecha se haya decidido sobre dicho recurso. Por tanto, esta recomendación no ha sido totalmente cumplida.

94. En lo concerniente a la recomendación relativa a que el “Estado brasileño (...) en los casos en que todavía no lo haya hecho, pague una indemnización compensatoria justa y adecuada a los familiares de las víctimas”, la Comisión observa que el Gobierno del Estado de São Paulo publicó el Decreto 42.788, el 8 de enero de 1998, autorizando el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas que murieron, por concepto de daño moral y por un valor de 300 salarios mínimos por dependiente. Al respecto, se creó un grupo de trabajo en la Procuraduría General del Estado para identificar a los beneficiarios y el monto de la indemnización. Se informó a la CIDH que al finalizar los trabajos de dicho grupo de trabajo el resultado fue que se pagó indemnización a los familiares de siete de las víctimas, no se encontraron familiares de otras siete víctimas, se determinó que no habrían beneficiarios respecto a dos de las víctimas, y que, finalmente, los familiares de dos de las víctimas intentaron acciones judiciales en contra del Estado por daño material y moral, y el Estado se encontraba esperando el resultado de tales procesos antes de pagar la indemnización. La Comisión reconoce la importancia del pago de indemnizaciones mediante la adopción de medidas administrativas, pero debe señalar que todavía existen víctimas y familiares que no han recibido indemnizaciones, cuyos derechos deben ser preservados.

95. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 45 de su Reglamento, la Comisión decide reiterar las conclusiones y las recomendaciones contenidas en los capítulos IV y VII supra; hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado brasileño respecto a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 8 días del mes de octubre de 2003. (Firmado): José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Comisionados: Robert K. Goldman y Julio Prado Vallejo.

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[46] Los hechos que culminaron con la muerte de 18 presos en el 42o. Distrito Policial de São Paulo ocurrieron el 5 de febrero de 1989 y el Ilustrado Gobierno de Brasil ratificó la Convención el 25 de septiembre de 1992.

[47] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 164.

[48] Véase, por ejemplo, la decisión del Comité de Derechos Humanos relacionada con la muerte repentina de un preso político. En la misma se dice: “Si bien el Comité no puede llegar a una conclusión definitiva sobre si Hugo Dermit cometió suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue (asesinado) muerto de otro modo mientras estaba encarcelado, la conclusión ineludible es que, en cualquier circunstancia, las autoridades uruguayas fueron responsables, por acción u omisión, de no haber adoptado medidas adecuadas para proteger su vida conforme (lo) exige el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto”. Comité de Derechos Humanos, Dermit vs. Uruguay, (N° 84/1981), párr. 9.2, Informe 1983, pág. 135.

[49] Véase, por ejemplo, Dec Adm Com Ap 232/57, I YB 246; Dec Adm Com Ap 7211/75 (6 de octubre de 1976), 7 D&R 104, 106-107.

[50] Las policías militares en Brasil no forman parte ni están coordinadas por la armada, ya que dependen, junto con las fuerzas policiales civiles, de los gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios (artículo 144, inciso III, numeral 6 de la Constitución Federal vigente). Sin embargo, son unidades auxiliares y de reserva del Ejército. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores, "Relatório Inicial Brasileiro Relativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, Ministério das Relações Exteriores, Fundação Alexandre de Gusmão e Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo", pág. 34 (1994). El artículo 42 de la Constitución, por otra parte, establece que los integrantes de las policías militares son servidores militares. AI respecto dice: “Son servidores militares federales los integrantes de las Fuerzas Armadas y servidores militares de los Estados, Territorios y Distrito Federal los integrantes de sus policías militares y de sus cuerpos de bomberos militares”.

[51] Véase, entre otros, el comunicado de prensa emitido por la CIDH al finalizar su visita in loco a Brasil, en el que la Comisión menciona los problemas que han surgido de los testimonios proporcionados por los organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Entre dichos problemas se destacan, en relación con el tema al que se refiere el caso sub judice: la Administración de justicia, incluidas las facultades del Ministerio Público; la violencia policial e impunidad; el sistema penitenciario y la competencia de los tribunales militares para juzgar delitos comunes cometidos por la Policía Militar. La Comisión expresó, además: “Sin perjuicio que la CIDH analizará detalladamente dichos temas en su reunión de febrero del próximo año, desea señalar en esta ocasión que un poder judicial eficaz es requisito esencial de un sistema moderno de democracia. Como lo señala el Pacto de San José, los habitantes de los Estados Partes en la Convención tienen derecho a acceder a la justicia en un plazo razonable. El artículo 25 del mencionado instrumento establece el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Los Estados miembros, por su parte, se comprometen a garantizar el ejercicio de ese recurso. A este respecto, la Comisión nota con preocupación las dificultades que se plantean para el ejercicio del referido derecho en Brasil, en especial, con respecto a la sustanciación de una causa dentro de un plazo razonable”.

[52] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 169.