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INTRODUCCIÓN
1. Desde su último informe Anual, la CIDH ha constatado importantes avances en materia de derechos humanos: la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que anula las leyes de obediencia debida y punto final, recomendado por la Comisión Interamericana; una amplia reforma constitucional en Chile, que elimina obstáculos para una participación política igualitaria, también recomendado por la CIDH; firma de acuerdos e importantes avances en procesos de solución amistosa en casos sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Se destacan también avances normativos en materia de derechos de las mujeres, tales como la adopción de la Ley de Violencia Familiar en Chile y la ratificación por parte de Jamaica de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la “Convención de Belém do Pará”. Al finalizar el año 2004 se presentó un amplio programa nacional de derechos humanos en México y se aprobaron reformas constitucionales en Brasil tendientes a modernizar el sistema judicial y a ampliar los mecanismos judiciales disponibles para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos. Asimismo, la CIDH tomó nota de los profundos cambios que el Gobierno brasilero está realizando en materia de promoción de la igualdad racial en Brasil. Cabe hacer referencia al reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino, durante el presente año, por las falencias en la investigación judicial en el caso del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Otros Estados, han reconocido su responsabilidades tanto ante la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
2. La CIDH destaca asimismo el continuo crecimiento de la legitimidad y efectividad del sistema interamericano de derechos humanos, expresado a través del constante incremento en el número de personas que acuden a plantear sus peticiones, la diversidad de temas que se presentan y organizaciones que asisten a las sesiones y audiencias, el alto nivel de representación estatal y de la sociedad civil en las mismas, el aumento de utilización de la jurisprudencia del sistema por múltiples tribunales de nuestra región, y los importantes resultados logrados en la defensa de los derechos humanos gracias a la utilización del sistema. Asimismo, la Comisión Interamericana desea reconocer el importante trabajo que realizan los defensores de derechos humanos en el hemisferio y reiterar a los Estados miembros la obligación de otorgar a las personas que acuden a las audiencias todas las garantías necesarias.
3. Lamentablemente, persisten aún problemas. La debilidad del Estado de derecho en varios países de la región afecta la plena vigencia de los derechos humanos. La situación socioeconómica de la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA impide el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Asimismo, persisten problemas estructurales de décadas anteriores referentes a la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos, como por ejemplo, en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales; la detención arbitraria; la fragilidad del Poder Judicial en la mayoría de los países de la región; y, en algunos países, los ataques contra la independencia e imparcialidad de dicho poder del Estado; hacinamiento y otras condiciones inhumanas que sufren las personas privadas de libertad y gravísimos incidentes de violencia carcelaria que han causado la muerte de decenas de detenidos. Tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a grupos tradicionalmente discriminados, tales como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y homosexuales. En el año 2005 se volvió a presenciar la creciente inseguridad pública por el aumento de la criminalidad, así como la insuficiente respuesta institucional compatible con los principios de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos y libertades fundamentales que suele poner en práctica políticas de “mano dura” sin atender debidamente las causas del problema, y sin considerar la aplicación de políticas de prevención y readaptación.
4. A pesar de importantes mejoras económicas en varios países de la región, la situación social aún presenta graves problemas. Por ejemplo, con relación al derecho al trabajo, el tema elegido para la Cumbre de las Américas celebrada en noviembre de 2005, actualmente en América Latina y el Caribe hay más de veinte millones de desempleados, 7 de cada 10 nuevos empleos son informales y muchos trabajadores no ganan lo suficiente para mantener a sus familias por encima de la línea de la pobreza. El Banco Mundial en su Informe Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos, recientemente lanzado, ha vuelto a señalar que América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales.
5. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los Estados Miembros de la OEA es aumentar la gobernabilidad en la región y la calidad de la gestión pública como requisito indispensable para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos. Las debilidades estructurales de muchas instituciones básicas de sociedades democráticas, sumados a importantes crisis coyunturales que generan inestabilidad política, impiden la formación de consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio igualitario del derecho a la participación política, acceso a la justicia independiente, imparcial y gozar de un recurso efectivo, libertad de expresión, asociación y reunión, igual protección ante la ley y de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el Protocolo de San Salvador.
6. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática implica ampliar y fortalecer la libertad en las Américas. Supone la construcción de sociedades más libres, con plena expresión y participación de todos sus ciudadanos y ciudadanas, con más justicia independiente, imparcial y rápida, con mayor transparencia en la gestión pública, con más libertad de expresión y de asociación, con pleno respeto por la igualdad de género, respetando los derechos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, grupos más vulnerables, incluyendo los millones de migrantes, desplazados y de personas viviendo con VIH-Sida.
7. En este marco, las sociedades de los países americanos y sus Gobiernos deben hacer uso de los mecanismos interamericanos con los que se dispone. En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana, implican avances irreversibles de la región. Son obligaciones jurídicas internacionales y contienen los compromisos para fortalecer una comunidad de naciones libres, cuyos gobiernos no sólo se generan democráticamente, sino también gobiernan con pleno apego al estado de derecho, garantizando cabalmente los derechos humanos de todos sus habitantes. La Comisión Interamericana, como el órgano principal del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos está a disposición de los ciudadanos americanos y de sus Gobiernos para avanzar en esta agenda continental.
8. La contribución a paliar esas carencias a través de la protección y la promoción de los derechos humanos debe considerarse la misión esencial de la Comisión Interamericana en los próximos años. Ello bajo el entendimiento que es principalmente mediante acciones en el plano nacional como se pueden traducir en hechos reales las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos asumidas por los Estados miembros de la OEA. Las responsabilidades que competen a la CIDH ocupan un segundo plano frente a la función primordial del Estado. Por lo tanto, el cumplimiento de su mandato exige a la Comisión ante todo trabajar con los gobiernos. Por ello, valora de manera esencial el diálogo y contacto con los Gobiernos que permite analizar los obstáculos que impiden el cumplimiento de las obligaciones internacionales y tratar de superarlos. Asimismo, la Comisión debe fortalecer su capacidad permanente para poder reaccionar rápidamente ante crisis coyunturales, prestar apoyo sobre el terreno, fomentar la capacidad en materia de derechos humanos de los Estados, asesorar y asistir técnicamente. Todo esto sin olvidar el rol crucial que la sociedad civil cumple y que la Comisión valora de manera primordial y considera, junto a los Estados, natural en la empresa de promover y defender libertades fundamentales.
9. Finalmente la Comisión no puede dejar de reiterar la importancia de que los Estados ratifiquen todos los instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos si aún no lo han hecho y de dar cumplimiento cabal en las decisiones de los órganos del sistema.
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