INFORME Nº 33/06*

PETICIÓN 12.261

ADMISIBILIDAD

PHILIP WORKMAN

Estados Unidos

14 de marzo de 2006

 

 

            I.          RESUMEN

 

            1.         El 3 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) recibió una petición y un pedido de medidas cautelares de la International Human Rights Law Clinic de American University y la Oficina del Defensor de Oficio Federal de Tennessee (“los peticionarios”) contra los Estados Unidos (en adelante “el Estado” o “Estados Unidos”). La petición fue presentada en nombre del señor Philip Ray Workman, ciudadano estadounidense que se encuentra detenido en el pabellón de la muerte en el estado de Tennessee, en espera de ejecución.  En la petición se afirma que el señor Workman fue condenado y sentenciado a muerte en marzo de 1982 y se alega que Estados Unidos es responsable de la violación de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“la Declaración Americana”) porque sus tribunales no otorgaron al señor Workman la oportunidad de presentar nuevas pruebas exculpatorias que, según los peticionarios, demuestran su inocencia, y porque en Tennessee no se ha ejecutado otras personas en los últimos 40 años.  La petición también se indica que se había programado la ejecución del señor Workman para el 6 de abril de 2000.

 

            2.         Tras la presentación inicial de la petición, el señor Workman promovió actuaciones adicionales ante los tribunales de los Estados Unidos, durante cuya tramitación se suspendió la ejecución. Según la información disponible en forma más reciente, las últimas actuaciones promovidas por el señor Workman fueron rechazadas por la Corte Suprema de Tennessee el 19 de mayo de 2003, y se volvió a fijar la fecha de su ejecución para el 22 de septiembre de 2004, pero la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Tennessee dispuso una nueva suspensión.

 

            3.         En el curso de una audiencia convocada ante la Comisión el 3 de marzo de 2005 y en escritos presentados ulteriormente, los peticionarios formularon varias alegaciones adicionales, algunas de los cuales se relacionaban con las actuaciones que habían tenido lugar luego de la presentación.  En especial adujeron violaciones adicionales de los derechos del señor Workman reconocidos por los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, basados en que las acciones error coram nobis que permitieron al Señor Workman presentar sus nuevas pruebas ante los tribunales de Tennessee no equivalían al debido proceso previsto en la Declaración Americana; en que las actuaciones referentes al indulto del señor Workman no salvaguardaron los derechos de dicha persona al debido proceso articulados en la Declaración Americana; en que el delito de homicidio no reúne los requisitos propios de un delito "más grave" al que puede aplicarse la pena capital conforme al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en que la duración del período de reclusión del señor Workman en el pabellón de la muerte, y las condiciones de reclusión y el tratamiento de que allí ha sido objeto representan un castigo cruel, infamante e inusual.

 

            4.         En su petición inicial y en subsiguientes comunicaciones, los peticionarios alegan que el señor Workman agotó los recursos internos en relación con las denuncias formuladas ante la Comisión. Sostienen también que la petición se presentó oportunamente y que las denuncias en ella planteadas revelaban hechos que podían considerarse violaciones de la Declaración Americana. 

 

5.         El Estado objetó la petición basándose en que las denuncias formuladas por los peticionarios llevarían a que la Comisión  cumpliera la función de tribunal de apelaciones, en infracción de la "fórmula de la cuarta instancia" enunciada por la Comisión, y en que la petición no invoca hechos que tiendan a establecer una violación de la Declaración Americana y es manifiestamente infundada.  Además, con respecto a las alegaciones planteadas por los peticionarios durante y después de la audiencia realizada ante la Comisión el 3 de marzo de 2005, el Estado alega que los peticionarios no formularon las respectivas denuncias en forma oportuna.

 

            6.         Tal como se expresa en el presente informe, habiendo examinado las alegaciones de las partes sobre la cuestión de la admisibilidad, la Comisión decidió declarar inadmisible la petición en relación con las denuncias de los peticionarios fundadas en los artículos I y XXVI de la Declaración Americana con respecto al desarrollo de las actuaciones relativas al pedido de indulto del señor Workman y a la supuesta abolición de facto de la pena de muerte en Tennessee; declarar admisible la petición en relación con las denuncias de los peticionarios fundadas en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana relativas a la consideración de nuevas pruebas en el caso del señor Workman, a la cuestión de la clasificación del homicidio como un delito "más grave" por el que puede imponerse la pena de muerte, y a la duración del período de reclusión del señor Workman en el pabellón de la muerte, y a las condiciones y al tratamiento de que allí ha sido objeto; seguir analizando los aspectos de fondo del caso, transmitir el informe a las partes y publicar el informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

 

II.         TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

 

7.         Tras recibir la petición y el pedido de medidas cautelares de fecha 3 de abril de 2000, la Comisión recibió información de la Oficina para la Defensa de Condenados de Tennessee, en el sentido de que la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos había dictaminado la suspensión de la ejecución del señor Workman hasta la resolución en torno a un pedido de habeas corpus planteado ante la Corte. Además, se informó a la Comisión que muy probablemente se prorrogara la ejecución, por lo menos, un mes.

 

8.         El 4 de abril de 2000 la Comisión informó a los peticionarios que había recibido información adicional sobre la suspensión de la ejecución del Señor Workman. La Comisión también informó a los peticionarios que, a la luz de esta información, mantendría en suspenso la petición hasta la determinación en torno al trámite iniciado por el Señor Workman ante los tribunales de la jurisdicción interna.

 

9.         Por carta del 17 de enero de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que el Señor Workman no había recibido un fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito y que la ejecución había sido fijada para el 31 de enero de 2001.  En consecuencia, los peticionarios solicitaban que la Comisión tomara medidas en relación con su pedido de medidas cautelares del 3 de abril de 2000.

 

10.       Por carta del 22 de enero de 2001, la Comisión remitió las partes pertinentes de la petición del Señor Workman al Estado, solicitándole una respuesta dentro de los 90 días. Además, según el artículo 29(2) de su antiguo Reglamento, la Comisión solicitó al Estado que adoptara las medidas cautelares necesarias para preservar la vida e integridad física del Señor Workman, a fin de no obstaculizar el trámite de su caso ante el sistema interamericano. En ulterior carta de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios de sus comunicaciones al Estado.

 

11.       Por carta del 25 de enero de 2001, el Estado respondió a la comunicación de la Comisión del 22 del mismo mes e informó que la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito estaba examinando el pedido de suspensión de la ejecución del Señor Workman. Además, el Estado informó a la Comisión que, después de decidir sobre la petición del Señor Workman, la Corte Suprema consideraría la petición de certiorari y el recurso original de habeas corpus del Señor Workman. Por notas del 29 de enero de 2001, la Comisión acusó recibo de la comunicación del Estado del 25 de enero de 2001, y remitió la comunicación del Estado de esa fecha a los peticionarios, solicitándoles una respuesta antes de las 15.00 horas del 30 de enero de 2001.

 

12.       Los peticionarios respondieron al pedido de la Comisión del 29 de enero de 2001 mediante carta de la misma fecha en la que indicaban que, al 29 de enero de 2001, seguía vigente la suspensión de la ejecución concedida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y que la Suprema Corte de ese país no se había pronunciado sobre si mantenía o no dicha suspensión. Sin embargo, los peticionarios afirmaron, además, que, si la Corte Suprema anulaba la suspensión antes del 31 de enero de 2001, el Estado de Tennessee podría proceder a la ejecución del Señor Workman conforme a lo programado. Además, los peticionarios informaron a la Comisión que el Señor Workman había sido retirado de la celda normal de los que esperan ser ejecutados y trasladado a una celda adyacente a la cámara de ejecuciones (deathwatch cell).

 

13.       Por comunicación del 30 de enero de 2001, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la comunicación de los peticionarios del 29 de enero de 2001.  Además, la Comisión reiteró su pedido de medidas cautelares del 22 de enero de 2001. 

 

14.       Por carta del 30 de enero de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que la Corte Suprema de Estados Unidos había mantenido la suspensión de la ejecución otorgada al señor Workman por la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito el 27 de enero de 2001.  Indicaron además que la Corte Suprema sólo sesionaría oficialmente a partir del 16 de febrero de 2001.

 

15.       Por nota del 5 de febrero de 2001, el Estado informó análogamente a la Comisión que el 26 de enero de 2001, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito había otorgado al señor Workman una suspensión de la ejecución y que el 30 de enero de 2001, la Corte Suprema desestimó un pedido de revocación de la suspensión de la ejecución. Además, el Estado informó a la Comisión que estaba fijada la consideración de la petición de certiorari y el pedido de habeas corpus del señor Workman para el 16 de febrero de 2001, y que se esperaba un dictamen al respecto para alrededor del 20 de febrero de 2001. El 6 de febrero de 2001, la Comisión remitió las partes pertinentes de la comunicación del Estado del 5 de febrero de 2001 a los peticionarios, solicitándoles sus comentarios dentro de los 10 días.

 

16.       Por carta del 15 de febrero de 2001, los peticionarios respondieron a la nota del Estado del 5 de febrero de 2001 e informaron a la Comisión que, si la Corte Suprema denegaba la petición de certiorari y el habeas corpus del señor Workman, efectivamente se levantaría la suspensión otorgada por la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito. Los peticionarios agregaban que, en ese caso, la reprogramación de la ejecución del señor Workman podría darse apenas una semana después de la decisión de la Corte Suprema. Los peticionarios, por tanto, pedían a la Comisión que mantuviera en suspenso el caso hasta el dictamen de la Corte Suprema. El 16 de febrero de 2001, la Comisión acusó recibo de la carta de los peticionarios del 15 de febrero de 2001 y les solicitó que la mantuvieran al tanto con urgencia sobre la situación de las actuaciones del señor Workman ante la justicia interna y sobre la fijación de la nueva fecha de ejecución.

 

17.       En carta del 20 de febrero de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que la Corte Suprema había vuelto a fijar su audiencia en el caso del Señor Workman para el 23 de febrero de 2001 y que, en consecuencia, no podría pronunciarse hasta el 26 de febrero de 2001. Por nota del 23 de febrero de 2001, la Comisión acusó recibo de la comunicación de los peticionarios.

 

18.       En carta del 26 de febrero de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que la Corte Suprema de Estados Unidos había desestimado el pedido de certiorari y el pedido original de habeas corpus del señor Workman. Además, los peticionarios afirmaban que efectivamente se había levantado la suspensión de la ejecución otorgada por la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito y que el Procurador General de Tennessee presentaría una moción ante la Corte Suprema de Tennessee pidiendo una nueva fecha de ejecución. Los peticionarios también explicaron que la Corte permitiría una réplica del señor Workman o simplemente fijaría una nueva fecha de ejecución.

 

19.       Mediante comunicación del 27 de febrero de 2001, el Estado informó análogamente a la Comisión que el 26 de febrero de 2001 la Corte Suprema había negado al Señor Workman el pedido de certiorari y el pedido original de habeas corpus. El Estado también informó a la Comisión que el Estado de Tennessee tenía la opción de volver a fijar la fecha de ejecución del señor Workman.

 

20.       Por nota del 28 de febrero de 2001, la Comisión reiteró al Estado su pedido del 22 de enero de 2001 de adopción de medidas cautelares a favor del señor Workman y en una comunicación de la misma fecha informó a los peticionarios de esta reiteración.

 

21.       Mediante comunicación del 2 de marzo de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que la Corte Suprema de Tennessee había fijado la ejecución del Señor Workman para el 30 de marzo de 2001.  El 12 de marzo de 2001, la Comisión acusó recibo de la comunicación de los peticionarios del 2 del mismo mes.

 

22.       Mediante comunicación del 8 de marzo de 2001, el Estado informó a la Comisión que había remitido la comunicación de la Comisión del 28 de febrero de 2001 al Procurador General del Estado de Tennessee para su consideración. Además, con respecto al pedido de medidas cautelares presentado por la Comisión el 22 de enero de 2001, el Estado informó que había considerado que el pedido no era vinculante. En carta del 12 de marzo de 2001, la Comisión remitió a los peticionarios las partes pertinentes de la comunicación del Estado del 8 de marzo de 2001.

 

23.       Mediante comunicaciones del 20 y 21 de marzo de 2001, respectivamente, los peticionarios informaron a la Comisión que se había presentado ante la Corte de Apelaciones de Sexto Circuido un pedido de reapertura de la causa del Señor Workman. Los peticionarios afirmaron que también se había pedido a la Corte que designara un investigador especial para determinar si el Procurador General de Tennessee había cometido fraude respecto de los procedimientos de clemencia del Señor Workman. En la parte pertinente, los peticionarios afirmaban que el Procurador General había mantenido reuniones ex parte con personas vinculadas a la junta de libertad condicional de Tennessee y con el asesor del Gobernador, en tanto, al mismo tiempo, había argumentado ante la Corte que el procedimiento de clemencia ejecutiva ante la Junta de Libertad Condicional era el mejor recurso para el Señor Workman, pues era un foro imparcial ante el cual podría presentar nuevas pruebas exculpatorias.

 

24.       Por carta del 23 de marzo de 2001, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de las comunicaciones de los peticionarios del 20 y 21 de marzo de 2001, solicitándole que, en ausencia de una respuesta afirmativa del Estado al pedido de medidas cautelares de la Comisión, brindase a esta toda la información pertinente al caso dentro de los cinco días.

 

25.       El 26 de marzo de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito había desestimado el pedido de reapertura de la causa del Señor Workman y había designado un investigador especial para determinar si el Procurador General de Tennessee había cometido fraude respecto de la audiencia para tratar el pedido de clemencia del Señor Workman. Además, el 27 de marzo de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que el Gobernador de Tennessee había denegado el pedido de clemencia del Señor Workman y que la ejecución de este había sido fijada para el 30 de marzo de 2001.

 

26.       Por comunicación del 28 de marzo de 2001, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la información adicional suministrada por los peticionarios. Además, la Comisión reiteró su pedido del 22 de enero de 2001 de que el Estado adoptara medidas cautelares para evitar un daño irreparable al Señor Workman, hasta tanto la Comisión decidiera sobre su denuncia.

 

27.       Por comunicación del 29 de marzo de 2001, el Estado brindó a la Comisión una respuesta a la petición del Señor Workman.  La Comisión, en carta del 29 de marzo de 2001, acusó recibo de la respuesta del Estado y remitió sus partes pertinentes a los peticionarios, solicitándoles sus observaciones dentro de los 30 días.

 

28.       En carta del 29 de marzo de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que la ejecución del Señor Workman seguía fijada para las 1:00 horas del 30 de marzo de 2001.  Los peticionarios enviaron un escrito respaldando el argumento de que el Estado debía acatar el pedido de medidas cautelares de la Comisión y solicitaban que esta remitiera la carta al Estado cuanto antes. Por nota de la misma fecha, la Comisión remitió al Estado la carta de los peticionarios del 29 de marzo de 2001. 

 

29.       Por carta del 30 de marzo de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que la Corte Suprema de Tennessee había concedido al Señor Workman una suspensión de la ejecución en relación con un recurso de coram nobis interpuesto por el Señor Workman, y que había devuelto el caso al tribunal de primera instancia para que este celebrara una audiencia que diera vista a todas las pruebas exculpatorias que hubieran surgido tras la decisión original. La Comisión acusó recibo de esta comunicación por nota del 2 de abril de 2001.

 

30.       El 19 de mayo de 2003, los peticionarios informaron a la Comisión que la Corte Suprema de Tennessee había denegado al Señor Workman el pedido de un auto de coram nobis y que era inminente la fijación de una fecha de ejecución. Los peticionarios también afirmaban que, aunque el caso había sido devuelto al tribunal de primera instancia de Memphis para una audiencia, esta presentaba varias fallas. Además, los peticionarios afirmaron que las cortes de apelaciones de Tennessee no habían corregido los errores cometidos por el tribunal de primera instancia. La Comisión, por comunicación del 23 de mayo de 2003, acusó recibo de la carta de los peticionarios del 19 de mayo de 2003 y les solicitó que informaran a la Comisión de todo nuevo hecho en el caso del Señor Workman, a la luz de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión el 22 de enero de 2001.

 

31.       Por nota del 2 de junio de 2003, los peticionarios informaron a la Comisión que el Estado de Tennessee había fijado la ejecución del Señor Workman para el 24 de septiembre de 2003, y solicitaban que la Comisión acelerase la consideración del caso.

 

32.       Por carta del 11 de junio de 2003, la Comisión informó al Estado de las partes pertinentes de la comunicación de los peticionarios del 2 de junio de 2003 y reiteró su pedido del 22 de enero de 2001 de que el Estado aplicara medidas cautelares para preservar la vida del Señor Workman hasta que pudiera considerar su denuncia. 

 

33.       En una comunicación del 12 de junio de 2003, el Estado suministró a la Comisión copia de una carta del 13 de junio de 2003, enviada por el Departamento de Estado de Estados Unidos al Gobernador del Estado de Tennessee, informándole del caso del Señor Workman y remitiendo copia de su petición. Por comunicación del 18 de junio de 2003, la Comisión remitió a los peticionarios la comunicación del Estado del 10 de junio de 2003, solicitándole sus observaciones al respecto dentro del plazo de un mes.

 

34.       En carta del 13 de noviembre de 2003, los peticionarios informaron a la Comisión que, aunque la suspensión otorgada al Señor Workman el 15 de septiembre de 2003 caducaba el 24 de enero de 2004, el Tribunal de Distrito del Distrito Occidental de Tennessee había instruido la suspensión de la ejecución del Señor Workman hasta tanto estuviera pendiente de solución el caso de otro condenado, Abu-Ali Abdur’ Rahman, ante la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito de Estados Unidos. Además, los peticionarios informaron a la Comisión que la audiencia oral en el caso del Señor Abdur’ Rahman estaba fijada para el 10 de diciembre de 2003. Los peticionarios también suministraron a la Comisión información adicional a la petición del Señor Workman detallando su caso en las actuaciones de coram nobis y las posteriores apelaciones. 

 

35.       En carta del 24 de noviembre de 2003, la Comisión suministró al Estado la información adicional proporcionada por los peticionarios el 13 de noviembre de 2003, solicitándole sus observaciones dentro de un período de un mes. 

 

36.       Por comunicación del 23 de diciembre de 2003, el Estado remitió una respuesta al pedido de la Comisión del 24 de noviembre de 2003. Por nota del 5 de enero de 2004, la Comisión remitió a los peticionarios copia de la respuesta adicional del Estado del 23 de diciembre de 2003, solicitándole sus comentarios dentro de un mes.

 

37.       En comunicación del 30 de enero de 2004, los peticionarios enviaron sus comentarios a la respuesta adicional del Estado del 23 de diciembre de 2003.  Los peticionarios también informaron a la Comisión que la suspensión concedida al Señor Workman había sido ampliada por el Gobernador de Tennessee por otros tres meses. Por nota del 2 de febrero de 2004, la Comisión suministró al Estado copia de la información adicional proporcionada por los peticionarios, solicitándole que presentara toda observación pertinente dentro de un período de un mes. A la fecha del presente informe, la Comisión no ha recibido ninguna otra observación del Estado.

 

38.       Por nota fechada el 7 de mayo de 2004, los peticionarios informaron a la Comisión que se había dispuesto realizar la ejecución del Señor Workman el 22 de septiembre de 2004.  En consecuencia, por comunicación remitida al Estado con fecha 11 de mayo de 2004, la Comisión reiteró su solicitud del 22 de enero de 2001, de aplicación de medidas cautelares en el caso del Señor Workman.  En una carta fechada el 17 de septiembre de 2004 los peticionarios informaron a la Comisión que se mantenía la suspensión de la ejecución del Señor Workman dispuesta el 22 de septiembre de 2004, pero que el Estado había promovido su revocación, y volvió a solicitar la reiteración de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión.  En una nota fechada el 20 de septiembre de 2004 la Comisión recordó al Estado la nota de reiteración de las medidas que había dirigido el 11 de mayo de 2004.  El 22 de septiembre de 2004 los peticionarios informaron a la Comisión que se había confirmado la suspensión de la ejecución del Señor Workman.

 

39.       En una nota fechada el 29 de septiembre de 2004 se notificó a los peticionarios con respecto a su solicitud de reiteración de las medidas cautelares, que el 11 de mayo de 2004 la Comisión había reiterado al Estado la solicitud de que se implementaran dichas medidas.  La Comisión solicitó también a los peticionarios que la mantuvieran informada en forma urgente sobre el estatus de la condena a muerte impuesta al Señor Workman. Finalmente, con respecto a la solicitud de los peticionarios de celebración de una audiencia durante el período de sesiones de la Comisión que se iniciaría el 11 de octubre de 2004, se informó a los peticionarios que la Comisión no estaba en condiciones de acceder a su solicitud, porque el artículo 62(2) de su Reglamento impone a los peticionarios la carga de formular las peticiones de audiencias con no menos de 40 días de anticipación al comienzo del período de sesiones.

 

40.       En una comunicación fechada el 29 de noviembre de 2004 los peticionarios solicitaron la realización de una audiencia durante el período de sesiones de la Comisión de febrero de 2005, en relación con la admisibilidad y el fondo del caso del Señor Workman.  El 31 de enero de 2005 la Comisión informó a los peticionarios y al Estado que había accedido a la celebración de una audiencia, señalada para el 3 de marzo de 2005 y que tendría lugar en la sede de la Comisión, en Washington, D.C.  La audiencia se celebró según lo previsto, asistiendo representantes del Estado y de los peticionarios.  Durante la audiencia las partes formularon exposiciones orales y escritas y respondieron a preguntas planteadas por los comisionados.

 

41.       El 4 de abril de 2005 los peticionarios presentaron escritos adicionales como complemento de las exposiciones orales que habían formulado en la audiencia del 3 de marzo de 2005.  El 12 de abril de 2005 la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de las exposiciones adicionales de los peticionarios y lo intimó a presentar una respuesta dentro del término de un mes.

 

42.       Por nota fechada el 19 de mayo de 2005 el Estado solicitó una prórroga del plazo de un mes de que disponía para  responder a las manifestaciones adicionales de los peticionarios, a lo que la Comisión accedió el 23 de mayo de 2005.

 

43.       El 24 de julio de 2005 el Estado presentó a la Comisión su respuesta a las observaciones adicionales de los peticionarios, que la Comisión transmitió a estos últimos por nota fechada el 5 de julio de 2005.

 

         III.        POSICION DE LAS PARTES

 

A.         Posición de los peticionarios

 

44.       En la petición se alega que Phillip Ray Workman, de nacionalidad estadounidense, se encuentra detenido en el pabellón de la muerte en espera de la ejecución de su sentencia, en el Estado de Tennessee. En la petición se indica que en marzo de 1982 el Señor Workman fue condenado por el homicidio de un oficial de policía y sentenciado a muerte.

 

            45.       Con respecto a la admisibilidad de la petición, los peticionarios argumentan en su denuncia inicial y posteriores comunicaciones que el Señor Workman ha agotado los recursos internos disponibles en Estados Unidos. En respaldo de esta alegación, los peticionarios suministraron información y documentación sobre varias actuaciones legales iniciadas por el Señor Workman ante la justicia nacional.

 

            46.       En particular, los peticionarios indican que el Señor Workman inició las acciones siguientes a nivel interno:[1]

 

a.         el 30 de marzo de 1982, un jurado del Tribunal de lo Penal del Condado de Shelby condenó al Señor Workman por homicidio doloso, y el 31 de marzo de 1982, el mismo jurado sentenció a muerte al Señor Workman;

 

b.         el 30 de enero de 1984, la Corte Suprema de Tennessee afirmó la condena y sentencia del Señor Workman en instancia de apelación, y el 1 de octubre de 1984, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una petición de revisión de la causa del Señor Workman.

 

c.         el 13 de febrero de 1986, el Tribunal del Condado de Shelby denegó la primera petición del Señor Workman posterior a la condena a nivel del Estado, el 18 de febrero de 1987, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Tennessee afirmó la desestimación del recurso posterior a la condena y el 11 de mayo de 1987 y el 5 de octubre de 1987, respectivamente, la Corte Suprema de Tennessee y la Corte Suprema de Estados Unidos destimaron los pedidos de revisión del recurso posterior a la condena.

 

d.         el Señor Workman interpuso una segunda petición de reparación posterior a la condena el 22 de junio de 1989, la cual fue desestimada por el Tribunal de lo Penal del Condado de Shelby el 30 de marzo de 1992, mantenida por la Corte de Apelaciones en lo Penal el 7 de abril de 1993, y negada su revisión por la Corte Suprema de Tennessee y la Corte Suprema de Estados Unidos, respectivamente, el 29 de noviembre de 1993 y el 28 de febrero de 1994.

 

e.         el Señor Workman interpuso luego su primera petición de habeas corpus ante la corte federal, petición que fue desestimada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el 29 de octubre de 1996. La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos afirmó la decisión del Tribunal de Distrito el 30 de octubre de1998, y la Corte Suprema de Estados Unidos denegó un pedido de certiorari el 4 de octubre de 1999.

 

f.          el Señor Workman presentó ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos un pedido de venia para interponer un segundo pedido de habeas corpus, conjuntamente con un pedido de suspensión de la ejecución, y el 3 de abril de 2000, la Corte accedió al pedido de suspensión de la ejecución. La Corte posteriormente desestimó su petición y se volvió a fijar la ejecución para el 31 de enero de 2001.

 

g.         el Señor Workman inició acciones para pedir clemencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Tennessee, la cual celebró audiencia sobre la materia del Señor Workman el 25 de enero de 2001, tras lo cual recomendó por 6 contra 0 que el Gobernador de Tennessee no conmutara la sentencia de muerte del Señor Workman.

 

h.         el 26 de enero de 2001, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos otorgó una nueva suspensión de la ejecución, la cual fue mantenida por la Corte Suprema de Estados Unidos el 30 de enero de 2001 y, el 26 de febrero de 2001, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un pedido de certiorari del Señor Workman relacionado con lel rechazo de su pedido de habeas corpus. La ejecución del Señor Workman volvió a fijarse para el 30 de marzo de 2001.

 

i.          el 19 de marzo de 2001, el Señor Workman inició una acción ante el Tribunal de lo Penal de Tennessee para reabrir la causa y designar un investigador especial que examinara las nuevas pruebas surgidas después de su condena, acción conocida como auto de coram nobis. El Tribunal de lo Penal de Tennessee posteriormente desestimó la acción del Señor Workman y la Corte de Apelaciones en lo Penal de Tennessee afirmó la decisión. El 30 de marzo de 2001, la Corte Suprema de Tennessee accedió al pedido de suspensión de la ejecución y devolvió la causa al tribunal de primera instancia para juzgar las nuevas pruebas surgidas tras la decisión en primera instancia. Esa audiencia se celebró y tras ello el tribunal de primera instancia desestimó el recurso, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas afirmó la decisión, y el 19 de mayo de 2003, la Corte Suprema de Tennessee denegó el pedido de apelación discrecional del Señor Workman. El Gobernador de Tennessee concedió y prorrogó una suspensión temporaria de la pena, y la ejecución del Mr. Workman volvió a fijarse para el 22 de septiembre de 2004.

 

            47.       Los peticionarios argumentan que, en base a estas actuaciones, el Señor Workman agotó todos los recursos internos y, por tanto, la Comisión debe declarar admisible su petición.

 

            48.       Con respecto a los méritos de la denuncia, la información suministrada por los peticionarios indica que la condena y sentencia de muerte de marzo de 1982 contra el Señor Workman se vincula al homicidio de un oficial de policía, el teniente Ronald Oliver. Los peticionarios describen las circunstancias del incidente en los siguientes términos:

 

El 5 de agosto de 1981, en el curso del robo del restaurante Wendy’s por parte del Señor Workman, un empleado activó una alarma silenciosa, a la que respondieron los oficiales Ronald Oliver, Aubrey Stoddard y Stephen Parker. Cuando el Señor Workman salía del restaurante Wendy’s, el oficial Oliver se le acercó. El señor Workman trató de huir, tras lo cual se entabló un forcejeo entre él y los tres oficiales. Workman recibió un golpe con un arma en la cabeza y él y los oficiales dispararon sus armas. El oficial Oliver murió de un disparo en el tórax. El Señor Workman fue acusado y condenado por homicidio doloso. Pero los hechos acaecidos durante el forcejeo no están claros.[2]

 

49.       Los peticionarios formulan cinco principales denuncias con respecto al fondo de la petición del señor Workman:  (1) que los tribunales de los Estados Unidos no dieron al Señor Workman la oportunidad de presentar nuevas pruebas exculpatorias que según los peticionarios prueban la inocencia de su representado, incluida la alegación de que la acción error coram nobis no satisface el estándar de debido proceso previsto en la Declaración Americana; (2) que el proceso de clemencia invocado por el señor Workman no salvaguardó su derecho al debido proceso conforme a la Declaración Americana; (3) que el delito de homicidio no cumple los requisitos que hacen de él un delito "más grave" por el que es lícito imponer la pena capital a la luz del objeto y la finalidad de la Convención Americana, incluido su artículo 4; (4) que la duración del período en que el Señor Workman ha estado recluido en el pabellón de la muerte y las condiciones y el tratamiento de que allí ha sido objeto representan un castigo cruel, inhumano e inusual, y (5) que la pena de muerte ha sido abolida de facto en Tennessee, ya que en ese estado no se ha ejecutado a ninguna persona en 40 años.

 

50.       Con respecto a la primera denuncia, los peticionarios sostienen que con posterioridad a la sentencia de condena del Señor Workman han surgido pruebas que demuestran su inocencia y privan de sentido a esa sentencia y a la pena de muerte que se le impuso.  Afirman, en especial, que las pruebas balísticas obtenidas después del juicio indican que la bala que mató al Oficial Oliver no fue disparada por el arma del Señor Workman.  Los peticionarios sostienen además que la Fiscalía de Distrito ocultó la prueba de rayos X que respalda las conclusiones de la pericia balística, pese a que en junio de 1995 se la había intimado a presentar, entre otras cosas, el examen radiográfico del cadáver del Oficial Oliver.  Los peticionarios alegan también que el único testigo que declaró haber presenciado la lucha entre el Señor Workman y los oficiales de policía no estuvo presente en la fila de identificación realizada después de la captura del Señor Workman, en la que participaron todos los demás testigos disponibles; que en el diagrama de la escena del crimen no se incluyó la presencia de un vehículo en la zona en que el testigo dijo haber estacionado su automóvil, y que ese testigo posteriormente se retractó de su declaración, afirmando que no había presenciado el incidente y que la Policía le había pedido que mintiera.

 

51.       Los peticionarios sostienen que el Señor Workman ha sido privado de una adecuada oportunidad de que todas las pruebas de su caso, incluidas las nuevas pruebas, fueran consideradas por un adecuado investigador de los hechos. En especial reconocen que a través de la acción coram nobis en definitiva se le permitió aportar y presentar escritos ante los tribunales internos con respecto a las pruebas recientemente descubiertas, así como pruebas científicas adicionales que según los peticionarios respaldan la conclusión de que el Señor Workman no disparó contra el oficial, pero sostienen que es "insostenible" la conclusión a la que llegó el tribunal de primera instancia, de que las nuevas pruebas eran insuficientes para concluir que el resultado del juicio habría sido diferente si se hubieran presentado las pruebas en cuestión.[3]

 

            52.       Los peticionarios sostiene  también que conforme a la Declaración Americana las actuaciones coram nobis en general no equivalen a un adecuado debido proceso, ya que el escrito se presenta ante el mismo tribunal que dictó sentencia en el caso del acusado.  Los peticionarios alegan que un elemento inherente a ese procedimiento es cierto prejuicio con el que el tribunal ingresa a la audiencia.  El acusado no tiene la oportunidad de presentar nuevas pruebas a un investigador objetivo, sino que debe presentar el nuevo material a una persona que puede basar su determinación en averiguaciones anteriores sin siquiera escuchar la relación de las nuevas pruebas.[4]  Los peticionarios sostienen que las audiencias del procedimiento error coram nobis no brindan esa posibilidad al acusado, ya que éste no puede, en ningún momento, presentar la totalidad de la prueba a un investigador judicial de los hechos, problema que según los peticionarios se exacerba en casos de posible imposición de la pena de muerte.[5]  Según los peticionarios, la acción error coram nobis no genera la confiabilidad que se requiere en casos en que cabe aplicar la pena de muerte.  Los peticionarios sostienen que debe concederse al Señor Workman el beneficio de un nuevo juicio.

 

53.       Los peticionarios sostienen además que en más de dos décadas la Corte de Tennessee no ha concedido un amparo posterior a la sentencia condenatoria en un caso de posible imposición de la pena capital, en virtud de una acción coram nobis ni de ningún otro mecanismo de amparo.  Los peticionarios sostienen que esa omisión de los tribunales indica que en Tennessee los procedimientos están estructurados de tal modo que es improbable que una reclamación legítima planteada después de una sentencia condenatoria dé lugar a una audiencia objetiva y justa.

 

            54.       En relación con los procedimientos de indulto promovidos por el Señor Workman, los peticionarios alegan que el Procurador General de Tennessee incurrió en fraude al alegar en juicio que los procedimiento de indulto seguidos ante la Junta de Libertad Condicional era el mejor recurso para el Señor Workman, y al mismo tiempo realizar reuniones ex parte con personas vinculadas con dicha junta, así como con la asesoría del Gobernador. También sostienen que los procedimientos de indulto en los Estados Unidos, son inadecuados para volver a evaluar y reconsiderar el caso del Señor Workman, en parte porque, como lo ha admitido el Estado, han sido estructurados de tal modo que resultan arbitrarios, pues conceden a los oficiales encargados del indulto total discrecionalidad para decidir qué elementos de convicción son pertinentes.[6]

 

            55.       Tercero, los peticionarios alegan que la clasificación del delito de homicidio como uno de los delitos "más graves" que pueden dar lugar a la pena de muerte viola el objeto y la finalidad el artículo 4 de la Convención Americana. Según los peticionarios, el delito de homicidio se define como "homicidio cometido durante la perpetración de un delito grave, o al huir después de cometer un delito grave".[7]  Los peticionarios manifiestan que la regla del delito grave no impone a la Fiscalía la carga de probar el componente mental de la intención homicida o, en algunos estados, la participación del criminal en la perpetración real del homicidio.  Por lo tanto sostienen que considerar que un delito de homicidio constituye un delito "más grave" implicaría tratar impropiamente a las sentencias de condena por el delito de homicidio en pie de igualdad con las dictadas por homicidio intencional y agravado, en contravención del objeto y la finalidad de la Convención Americana.

 

            56.       Cuarto, los peticionarios sostienen que la condena a muerte del Señor Workman representa un castigo cruel, inhumano e infamante, violatorio del artículo XXVI de la Declaración Americana.  Afirman que el Señor Workman permanece recluido en el pabellón de la muerte desde que fue declarado culpable, en 1982.  Los peticionarios señalan que a la duración misma de la reclusión del Señor Workman en el pabellón de la muerte –23 años- se agrega el hecho de que se fijaron cinco fechas diferentes para la ejecución de dicha persona.  Aducen que el efecto deshumanizador de la larga duración de la permanencia en el pabellón de la muerte, el hecho de que cada una de las fechas señaladas para la ejecución se dejó sin efecto poco antes de la fecha fijada para la ejecución, y el aislamiento en el pabellón de la muerte y la falta de medios de contacto son todos factores que constituyen un castigo cruel, inhumano e infamante, en violación del artículo XXVI de la Declaración Americana.

 

            57.       Finalmente, los peticionarios alegan que el Estado de Tennessee no ha ejecutado a ninguna persona en 40 años, lo que implica la abolición de facto de la pena de muerte en ese estado.  Por lo tanto afirman que la ejecución del Señor Workman violaría, en cuanto a objeto y finalidad, la Convención Americana, cuyo artículo 4(3) prohíbe el restablecimiento de la pena de muerte en los estados que la han abolido.

 

            58.       Basándose en las alegaciones que anteceden, los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Señor Workman a la vida, la libertad y la seguridad personal previstos en el artículo 1 de la Declaración Americana, de su derecho a un juicio justo conforme al artículo XVIII de la Declaración Americana, y de su derecho al debido proceso, previsto en el artículo XXVI de la Declaración Americana.

 

B.         Posición del Estado

 

         59.       En su respuesta del 23 de septiembre de 2002 a la petición, Estados Unidos pidió que la Comisión declarara inadmisible la petición, en virtud de los artículos 35 y 41(b)-(c) de su Reglamento, en base a que la misma no afirma hechos que tiendan a establecer una violación de la Declaración Americana y es manifiestamente infundada.

 

60.       De acuerdo con el Estado, la tarde del 5 de agosto de 1981, Philip Workman dio muerte a un oficial de policía, el teniente Ronald Oliver, en el curso de un robo a mano armada en un restaurante Wendy’s de Memphis, Tennessee. El Estado describió las circunstancias del homicidio en los términos siguientes:

 

Tres oficiales de policía de Memphis respondieron inicialmente al robo – el teniente Ronald Oliver y los oficiales Stoddard y Parker. Al caer Workman, Stoddard y Oliver lo alcanzaron y se entablaron con él en lucha en el estacionamiento de Wendy’s y en un estacionamiento adyacente. Workman disparó contra Stoddard alcanzándolo en el brazo derecho y derribándolo. Al caer, Stoddard escuchó varios disparos más. Cuando Stoddard levantó la mirada, vió que Oliver yacía en el suelo y que Workman huía.

 

El testigo ocular Harold Davis oyó que Oliver decía a Workman “detente”, y luego vió a los dos hombres trabarse en lucha, mientras estaba en el estacionamiento del restaurante. Vio a Stoddard ir en ayuda de Oliver y a Workman trabarse en lucha con los dos oficiales. Davis observó a Workman diparar contra Stoddard y, luego, apuntando el arma a la altura del tórax o del estómago, disparar contra Oliver. Al caer, Oliver disparó contra Workman y este devolvió los disparos y huyó.

 

Parker, que se encontraba del otro lado del edificio del restaurante, corrió hacia el lado norte, tras oir los disparos. Vio a Oliver caer y luego fue a ver a Stoddard. Parker vio que Workman corría, atravesando el estacionamiento. Cuando Workman vió a Parker, le disparó un tiro. Parker trató de devolver el disparo, pero Workman se perdió de vista antes de que pudiera hacerlo. Workman huyó, perseguido por Parker. Ni Stoddard ni Parker dispararon un solo tiro.

 

Workman fue detenido en una zona boscosa hacia la cual había huído. Dijo a los oficiales que había arrojado su arma en el bosque. Su arma calibre .45 fue pronto encontrada y en condiciones que indicaban que se habían disparado todos sus proyectiles. El arma de reglamento de Oliver fue encontrada a sus pies, con seis casquillos disparados en el tambor. Una autopsia de Oliver reveló que había fallecido a raíz de un solo disparo de bala que le causó lesiones internas del diafragma, estómago, pulmones y corazón. El médico forense, Dr. James Bell, declaró que las heridas de Oliver podían haber sido causadas por un disparo de un proyectil de gran calibre.

 

En su declaración, Workman admitió el robo y el homicidio, señalando que era tóxicodependiente y que a la sazón estaba bajo la influencia de drogas.[8]  

 

            61.       En marzo de 1982, tras un juicio con jurado, Philip Workman fue condenado por homicidio doloso del teniente Oliver, y en audiencia separada, el mismo jurado lo sentenció a muerte tras hallar cinco circunstancias agravantes conforme a la legislación aplicable, el Tenn. Code Ann. § 39-2-203(g) (1982).[9]

 

 

            62.       Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el Estado no alega que el Señor Workman no haya cumplido ese extremo, sino que reconoce que inició una serie de acciones ante la justicia de Estados Unidos, en el curso de las cuales planteó las cuestiones que presentó a la Comisión en relación con las pruebas descubiertas después de su condena en 1982. El relato del Estado de las acciones internas emprendidas por el Señor Workman, que en esencia es paralelo al de los peticionarios, incluye lo siguiente:

 

a.         tras la conclusión de las dos acciones posteriores a la condena a nivel del Estado en 1986 y 1992, el Señor Workman inició una acción de habeas corpus, que no tuvo éxito, tras recorrer las instancias de la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito de Estados Unidos[10] y la Corte Suprema de Estados Unidos,[11] habiéndose fijado la ejecución del Señor Workman para el 6 de abril de 2000. 

 

b.         El 27 de enero de 2000, el Señor Workman presentó un pedido de conmutación de la pena ante el Gobernador del Estado de Tennessee. Se fijó una audiencia al efecto para el 9 de marzo de 2000, ocasión en que el Señor Workman pidió reabrir su causa de habeas corpus ante la Corte de Apelaciones y retiró su pedido de conmutación de la pena, en marzo de 2000. El 24 de marzo de 2000, el Señor Workman pidió venia para presentar un segundo pedido de habeas corpus, un “pedido de la declaración de que la disposición 28 U.S.C. § 2244 no se aplica a las reivindicaciones especificadas”, y un pedido de suspensión de la ejecución, y el 31 de marzo de 2000, un panel de la Corte de Apelaciones desestimó las acciones del Señor Workman pendientes pero accedió posteriormente a revisar la causa, el 4 de abril de 2000, y suspendió la ejecución hasta nueva orden de la Corte. 

 

c.         La Corte de apelaciones, en banc rechazó el pedido del Señor Workman de reapertura de la causa, derogó la anterior decisión de suspensión de la ejecución y desestimó la nueva audiencia sobre el rechazo por el panel de la petición de venia para presentar un segundo pedido de habeas corpus, y el 5 de octubre de 2000, la Corte Suprema de Tennessee fijó una nueva fecha de ejecución para el 31 de enero de 2001. El 26 de enero de 2001, la Corte de Apelaciones accedió a una nueva suspensión de la ejecución y afirmó la negativa del Tribunal de Distrito de la petición que había recibido, y el 30 de enero de 2001, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de anulación de la nueva suspensión. El Señor Workman había presentado un pedido de certiorari y un pedido original de habeas corpus ante la Corte Suprema, centrado en la cuestión de la reapertura de la causa o de permitir una audiencia para presentar nuevas pruebas, y la Corte desestimó la acción de certiorari el 26 de febrero de 2001.

 

d.         El Señor Workman presentó luego pedidos de suspensión de la ejecución y de reapertura de su apelación ante la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito de Estados Unidos, y pidió que la Corte designara un investigador especial de las alegaciones de fraude durante el proceso de clemencia. El Sexto Circuito desestimó esas peticiones, así como una encaminada a obtener una nueva audiencia, el 23 y 28 de marzo de 2001,[12] y la Corte Suprema denegó el pedido de certiorari el 29 de marzo de 2001.[13]

 

e.         El Señor Workman también inició una acción para obtener una orden de restricción temporaria ante el Tribunal de distrito intermedio de Tennessee, por la que procuraba la suspensión de su ejecución hasta tanto estuviera pendiente de resolución una acción de derecho civil impugnando el trámite de clemencia. El Tribunal de Distrito desestimó la acción el 28 de marzo de 2001[14]  y la Corte de Apelaciones de Sexto Circuito afirmó la decisión el 29 de marzo de 2001.[15]

 

f.          El Señor Workman presentó entonces un pedido de auto de coram nobis ante el Tribunal de lo Penal del Décimotercer Distrito Judicial de Tennessee. Aunque el tribunal revocó la petición porque no satisfacía la norma de prescripción, la decisión fue afirmada por la Corte de Apelaciones en lo Penal de Tennessee, y la Corte Suprema de ese Estado devolvió la causa al tribunal de primera instancia para que juzgara los méritos.[16] El tribunal de distrito del Estado revocó la petición por razones de fondo el 1 de enero de 2002[17] y la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas afirmó la sentencia el 30 de diciembre de 2002.[18] 

 

            63.       El Estado afirma que, a la luz de estos antecedentes procesales, la petición del Señor Workman debe ser rechazada como inadmisible por no afirmar una violación de la Declaración Americana y por ser manifiestamente infundada, y porque colocaría a la Comisión en el papel de una corte de apelaciones de cuarta instancia. 

 

64.       En particular, el Estado señala que, de acuerdo con los peticionarios, las nuevas pruebas admitidas para el examen lo exculparían del delito por el que fue condenado y sentenciado a muerte. El Estado argumenta que, sin embargo, esas afirmaciones son totalmente insustanciadas, que en la petición no existe ninguna alegación de hecho que baste para establecer una violación del derecho internacional y que el Señor Workman ha dispuesto ampliamente del debido proceso, con más de 20 pronunciamientos respecto de su causa a nivel del Estado y a nivel federal.

 

65.       El Estado sostiene a este respecto que los peticionarios no reconocieron que la condena del Señor Workman se debió a un homicidio doloso y, por tanto, las pruebas que plantea no son exculpatorias ni atenuantes. En particular, el Estado afirma que la condena del Señor Workman por homicidio doloso se basó en la conclusión de que el oficial de policía murió a consecuencia directa de las acciones del Señor Workman y del disparo letal de este, por lo cual las pruebas adicionales que procura presentar en relación con la prueba de Rayos X de 1981 y la retractación de 1999 de Harold Davis respecto de su testimonio en juicio de 1982 no lo exonerarían de este delito ni serían consideradas circunstancias atenuantes a los efectos de la sentencia. El Estado también argumenta que los peticionarios no han satisfecho las normas legales internas para la admisión de estas nuevas pruebas, pues no han demostrado que las mismas no se hubieran podido obtener con la debida diligencia y que ningún investigador razonable lo hubiera hallado culpable con estas pruebas, aunque se hubieran admitido.[19]

 

66.       Además, el Estado sostiene que no puede afirmarse que Tennessee haya violado el derecho del Señor Workman al debido proceso en relación con el procedimiento de indulto que promovió, porque el referido es un procedimiento totalmente colateral, con un mínimo de actividad procesal, en que los aspectos sustanciales de la sentencia no son objeto de revisión judicial, con respecto al cual los tribunales de los Estados Unidos se han pronunciado sistemáticamente contra la noción del debido proceso en relación con tales actuaciones, y porque los tribunales que actuaron en el caso del Señor Workman analizaron, sin embargo, aspectos jurídicos pertinentes y concluyeron que no existían fundamentos para indagar la cuestión del fraude u otros asuntos.[20] Por lo tanto el Estado sostiene que lo denunciado por los peticionarios es manifiestamente infundado.

 

67.       Además el Estado alega que la Comisión no es competente para asumir la función de un tribunal de tribunal de cuarta instancia para examinar supuestos errores de hecho y de derecho cometidos en la esfera interna,[21] El Estado aduce que en el caso de autos los hechos denunciados por los peticionarios han sido examinados repetidamente por los más altos niveles del sistema judicial de los Estados, y que ninguno de los tribunales, incluida la más alta corte del país, los han considerado fundados.  El Estado sostiene que si se ocupara de esas denuncias la Comisión estaría examinando supuestos errores de derecho o de hecho internos que puedan haber cometido tribunales internos dentro del ámbito de su competencia, y que no pueden reputarse violaciones del derecho internacional.

 

68.       Con respecto a las supuestas violaciones del derecho a la vida, el Estado sostiene que Estados Unidos no puede considerarse en violación del derecho a la vida cuando un jurado impone la pena de muerte a una persona declarada culpable de un delito capital, porque el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte.  El Estado alega, además, que no es exacto que Tennessee se haya abstenido de llevar a cabo ejecuciones en los últimos 40 años, ya que Robert Glen Coe fue ejecutado por una inyección letal en ese estado el 19 de abril de 2000[22] y en todo caso la no realización de ejecuciones no implica que la pena de muerte "haya caído en desuso" o haya sido abolida de facto.

 

69.       Finalmente, en sus observaciones del 24 de junio de 2005, el Estado se remitió a los escritos que había presentado anteriormente a la Comisión y señaló que no respondería a los nuevos argumentos presentados por los peticionarios, por "no haber sido presentados oportunamente".

 

IV.        ANALISIS SOBRE ADMISIBILIDAD

 

A.        Competencia de la Comisión ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae

 

            70.       Al considerar el expediente que tiene ante sí, la Comisión entiende que tiene competencia ratione personae para examinar las denuncias de la presente petición.  De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Comisión, los peticionarios están autorizados a presentar denuncias en que se aleguen presuntas violaciones de los derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La alegada víctima, el Señor Philip Ray Workman, es una persona cuyos derechos están protegidos por la Declaración Americana. El Estado está obligado a respetar las disposiciones de la Declaración Americana y la Comisión es competente para recibir peticiones en que se aleguen violaciones de ese instrumento por el Estado, en virtud de la ratificación de la Carta de la OEA por Estados Unidos, el 19 de junio de 1951, y de conformidad con el artículo 20 del Estatuto de la Comisión y el artículo 49 del Reglamento de la Comisión.[23]

 

            71.       Dado que en la petición se alega la violación de derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que han tenido lugar en el territorio de Estados Unidos, la Comisión concluye que tiene competencia ratione loci para entender de la misma. 

 

            72.       A su vez, la Comisión tiene competencia ratione temporis para examinar esta materia. La petición se basa en hechos que se alega ocurrieron a partir de 1982, fecha en que estaban vigentes las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Carta de la OEA y la Declaración Americana. 

 

            73.       Finalmente, en la medida en que los peticionarios han presentado denuncias en que alegan la violación de los artículos I, XI, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana, tiene competencia ratione materiae para examinarlas. 

 

            74.       El Estado argumenta específicamente que la Comisión está impedida de dar vista a la petición del Señor Workman en base a la fórmula de la cuarta instancia, afirmando que no corresponde a la jurisdicción de la Comisión asumir el papel de una corte de apelaciones de cuarta instancia para examinar presuntos errores de hecho o de derecho internos.

 

            75.       Al abordar esta objeción, la Comisión observa que, de acuerdo con la fórmula de la cuarta instancia, la Comisión, en principio, no examinará las sentencias pronunciadas por la justicia interna actuando dentro de sus competencias y con las garantías del debido proceso.[24] En consecuencia, la petición será desestimada, de acuerdo con la fórmula de la cuarta instancia, toda vez que no contenga más que la alegación de que una decisión de la justicia interna fue de por sí errónea o injusta. Pero, la doctrina no se aplica cuando las alegaciones de los peticionarios comporten una posible violación de alguno de los derechos consagrados en los instrumentos interamericanos de derechos humanos aplicables. Además, la Comisión ha sostenido sistemáticamente que, en los casos de pena capital, someterá las alegaciones de las partes a un escrutinio más riguroso para asegurar que toda privación de la vida por parte de un Estado en aplicación de una sentencia de muerte cumpla estrictamente con las protecciones internacionales de derechos humanos aplicables. La Comisión ha dictaminado también, en forma específica, que la prueba de un escrutinio más riguroso no está impedida por la fórmula de la cuarta instancia.[25]

 

            76.       En la petición presente, los peticionarios alegan que Estados Unidos es responsable de la violación del derecho a la vida, el derecho al debido proceso y el derecho a un juicio imparcial, dispuestos en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, en base a que la justicia interna no habría considerado debidamente pruebas surgidas después de la condena del Señor Workman que ponen en duda su responsabilidad por el delito en cuestión. En consecuencia, la denuncia de los peticionarios no alega simplemente que las decisiones de la justicia interna fueron de por sí equivocadas, sino que apunta a impugnar las circunstancias del proceso penal del Señor Workman de acuerdo con las normas de la Declaración Americana.

 

            77.       Por tanto, la Comisión concluye que la fórmula de la cuarta instancia no se aplica en el caso presente y que es competente para considerar las denuncias planteadas por los peticionarios en la petición.

 

B.         Duplicación de procedimientos

 

78.       No surge del expediente que la materia de esta petición esté pendiente de solución ante otra instancia gubernamental internacional de la que el Estado sea miembro, ni que el caso en esencia duplica una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión u otra organización internacional gubernamental de la que el Estado sea miembro. El Estado no impugnó la petición en base a la duplicación. Por tanto, la Comisión concluye que no hay impedimento alguno a la admisibilidad de las denuncias de los peticionarios, a estar a lo dispuesto en el artículo 33 de su Reglamento.

 

C.         Agotamiento de los recursos internos

 

79.       El artículo 31-1 del Reglamento de la Comisión especifica que, para que un caso sea admitido, la Comisión verificará que se hayan “interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.” No obstante, cuando no estén disponibles esos recursos internos, como cuestión de hecho o de derecho, se podrá exceptuar el requisito de su agotamiento. El artículo 31.2 del Reglamento de la Comisión especifica que esta excepción se aplica si la legislación interna del Estado afectado no otorga el debido proceso de la ley para la protección del derecho alegadamente violado, si la parte que alega la violación ha visto negado su acceso a los recursos internos o se ha visto impedida de agotarlos, o si ha existido una demora injustificada en el pronunciamiento de la sentencia final en la vía interna.

 

80.       Además, para los casos en que el peticionario alega que no puede probar el agotamiento, el artículo 31.3 del Reglamento de la Comisión dispone que corresponde al Estado demostrar que no se han agotado los recursos internos.

 

81.       En la presente denuncia, las observaciones del Estado y de los peticionarios, descritas en la Parte III del presente informe, indican que el Señor Workman recorrió numerosas vías internas de reparación desde su condena y sentencia de muerte, en marzo de 1982. En particular, la información presentada indica que el Señor Workman presentó una apelación directa a partir de su condena y sentencia inclusive ante la Corte Suprema de Estados Unidos.[26] La información también indica que el Señor Workman inició varias acciones posteriores a la condena ante la justicia del Estado de Tennessee[27] y ante los tribunales federales de Estados Unidos[28] y que participó en el procedimiento de clemencia ante la Junta de Libertad Condicional y ante el Gobernador de Tennessee.[29]  En el curso de esas actuaciones, el Señor Workman planteó numerosos alegatos procesales y sustantivos relacionados con el proceso penal que se le instruyó, inclusive denuncias de que el único testigo que declaró contra él en juicio se había retractado, que la prueba de rayos X en posesión de la oficina del Procurador General indicaba que el proyectil que dio muerte al oficial de policía no había sido disparado por el arma de Workman y que el Procurador General de Tennessee había tenido una conducta improcedente en relación con el proceso de clemencia del Señor Workman.

 

            82.       De acuerdo con la información más reciente presentada por los peticionarios el 19 de mayo de 2003, la Corte Suprema de Tennessee negó al Señor Workman permiso para apelar las determinaciones de su acción de coram nobis, y su ejecución está fijada para el 22 de septiembre de 2004, y su ejecución fue fijada para el 22 de septiembre de 2004, pero ulteriormente fue objeto de una nueva postergación.[30]

 

83.       La Comisión también toma nota de que el Estado no ha planteado cuestión alguna respecto de la inadmisibilidad de la petición en relación con el agotamiento de los recursos internos.

 

84.       Por tanto, sobre la base de la información que tiene ante sí, la Comisión concluye que el Señor Workman agotó los recursos internos disponibles y, por tanto, que la Comisión no está impedida de examinarla, a estar a lo dispuesto por el artículo 37 de su Reglamento.

 

D.         Plazo de presentación de la petición

 

            85.       De acuerdo con el artículo 32.1 del Reglamento de la Comisión, ésta debe abstenerse de aceptar peticiones que sean presentadas después de transcurridos seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada del dictamen final, en los casos en que se han agotado los recursos disponibles en la legislación interna. En el caso presente, la petición fue interpuesta el 3 de abril de 2000 y, por tanto, antes de transcurridos seis meses de la fecha de la denegación del permiso para apelar por parte de la Corte Suprema de Tennessee, el 19 de mayo de 2003. El Estado no ha contestado específicamente la presentación de la petición en plazo. En consecuencia, la Comisión concluye que no está impedida de examinar la petición, teniendo en cuenta el artículo 32 de su Reglamento.

 

            86.       Con respecto a las denuncias formuladas por los peticionarios durante la audiencia celebrada ante la Comisión el 3 de marzo de 2005 y a sus subsiguientes observaciones escritas, fechadas el 4 de abril de 2005, referentes a su acción coram nobis, la caracterización del homicidio intencional como delito "más grave", así como la duración del período de reclusión del Señor Workman y las condiciones y el tratamiento de que ha sido objeto en el pabellón de la muerte, el Estado objeta esas denuncias por no haber sido planteadas oportunamente.

 

            87.       A ese respecto, al Comisión toma nota de que sus normas de procedimiento no contienen ninguna disposición específica que obligue a los peticionarios a exponer todos sus argumentos jurídicos en su petición inicial,[31] sino que el Reglamento de la Comisión establece que la petición debe contener una reseña del acto o la situación denunciada, sin imponer condiciones expresas sobre el contenido o la oportunidad de las denuncias jurídicas específicas.  Esta flexibilidad en cuanto a la forma de las peticiones es compatible con un enfoque interpretativo a través del cual se procura hacer efectivas las salvaguardias de la Convención cuando, por ejemplo, surgen hechos pertinentes para la situación denunciada en la petición original después que ésta ha sido presentada por primera  vez a la Comisión.  También es compatible con la potestad de la Comisión de concluir que se han violado artículos de la Convención en virtud de actos o situaciones denunciados por peticionarios en sus peticiones originales, en circunstancias en que el peticionario no haya alegado específicamente violaciones de esos derechos o denunciado esas violaciones después de la expiración del período de seis meses previsto en la Convención.[32] Al mismo tiempo la Comisión mantiene la potestad de limitar el derecho de las partes de presentar nuevas denuncias o argumentos cuando esas medidas sean necesarias como garantía de la eficacia de los procedimientos de la Comisión o para mantener la igualdad procesal entre las partes; por ejemplo cuando la presentación de argumentos adicionales prolongue innecesariamente la resolución del caso o, en la práctica, altere el contenido de la denuncia.

 

            88.       En el caso de autos, la Comisión toma nota de que los argumentos adicionales planteados por los peticionarios en la audiencia del 3 de marzo de 2005 y ulteriormente guardan relación con hechos ocurridos en relación con la situación presentada inicialmente en la petición del Señor Workman, ya que se planteó inicialmente a la Comisión en 2000. Además la Comisión ha tenido en cuenta el hecho de que se han concedido al Estado oportunidades para responder a los argumentos adicionales de los peticionarios en la etapa de admisibilidad del proceso, en la audiencia del 3 de marzo de 2005 y al responder a las observaciones escritas de los peticionarios del 4 de abril de 2005. Además, si debieran admitirse esas denuncias, el Estado tendría una oportunidad adicional para responden a los aspectos sustanciales, conforme al artículo 38(1) del Reglamento de la Comisión.

 

            89.       En tales circunstancias la Comisión no considera que las denuncias planteadas por los peticionarios en su petición inicial y en sus observaciones ulteriores no puedan ser consideradas en virtud de lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento de la Comisión.

 

E.         Caracterización

 

            90.       El artículo 27 del Reglamento de la Comisión dispone que esta “tomará en consideración las peticiones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.” Además, el artículo 34.a del mismo Reglamento requiere que la Comisión declare inadmisible la petición que no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos que se refiere el artículo 27 del Reglamento, y el artículo 34.b del mismo dispone que la Comisión declarará inadmisible la petición en que las afirmaciones del peticionario o del Estado indiquen que la misma es manifiestamente infundada o improcedente.

 

91.       Los peticionarios alegan que el Estado es responsable de violaciones de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación con las actuaciones penales seguidas contra el Señor Workman.   Formulan, en especial, cinco denuncias principales en el marco de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana:  1) que los tribunales de los Estados Unidos no dieron al señor Workman la oportunidad de presentar nuevas pruebas exculpatorias que según sostienen los peticionarios prueban la inocencia de dicha persona, en cuyo contexto afirman que la acción error coram nobis no salvaguarda el derecho de esa persona al debido proceso previsto en la Declaración Americana a esos efectos; (2) que los procedimientos de indulto promovidos por el Señor Workman no salvaguardaron el derecho de este último al debido proceso previsto en la Declaración Americana; (3) que el homicidio intencional no tiene las características que permitan calificarlo como delito "más grave", al que pueda aplicarse la pena capital con el objeto y la finalidad previstos en la Convención Americana, incluido el artículo 4 de la misma; (4) que la duración del período de reclusión del Señor Workman y las condiciones y el tratamiento de que fue objeto durante la misma representan un castigo cruel, infamante e inusual, y (5) que en Tennessee se ha abolido de facto la pena de muerte, ya que nadie ha sido ejecutado por ese estado en 40 años.

 

92.       El Estado cuestiona la primera denuncia de los peticionarios sosteniendo que los tribunales federales y estaduales de los Estados Unidos han brindado al Señor Workman numerosas oportunidades para probar sus denuncias o presentar las pruebas que fueran surgiendo, y que los tribunales internos han cumplido los requisitos del debido proceso.  El Estado sostiene asimismo, a este respecto, que los tribunales internos, aplicando normas establecidas de derecho internacional, concluyeron que no cabía sostener que las pruebas adicionales propuestas por los peticionarios de las que el Señor Workman no pudo disponer en el juicio, incluidas la supuesta retractación, por parte de Harold Davis, de su declaración testimonial, y las placas de rayos X de la víctima del homicidio, cumplieran el criterio aplicable a un peticionario sucesivo que se declare inocente ante un tribunal federal sobre la base de pruebas tardías; a saber, que ningún investigador razonable lo habría hallado culpable si esas pruebas se hubieran admitido. Por el tanto el Estado sostiene que los hechos alegados por los peticionarios no describen una violación de la Declaración Americana.  Con respecto a la tercera denuncia de los peticionarios, el Estado niega que pueda afirmarse que Tennessee haya violado el derecho del Señor Workman al debido proceso en relación con el procedimiento de indulto que promovió, ya que el indulto es un procedimiento totalmente colateral, con un mínimo de actividad procesal, en que los aspectos sustanciales de la sentencia no son objeto de revisión judicial, pese a lo cual los tribunales que actuaron en el caso del Señor Workman analizaron aspectos jurídicos pertinentes y concluyeron que no existían fundamentos para indagar la cuestión del fraude u otras cuestiones.  En cuanto a la quinta denuncia de los peticionarios, el Estado sostuvo, sin que los peticionarios cuestionaran esa aseveración, que el 19 de abril de 2000 se llevó a cabo en Tennessee la ejecución de un recluso penado, Robert Glen Coe, por lo cual no es cierto que Tennessee se haya abstenido de realizar ejecuciones en los últimos 40 años.  El Estado no formuló argumentos con respecto a la tercera ni a la cuarta de las denuncias de los peticionarios.

 

93.       Con respecto a la primera denuncia de los peticionarios, la Comisión toma nota de que según surge de autos, los peticionarios lograron que el tribunal de primera instancia, en Tennessee, convocara a una audiencia de prueba para considerar las pruebas ulteriores y recién descubiertas en el caso de autos, cuando la Corte Suprema de Tennessee revocó la decisión del tribunal de primera instancia de rechazar la petición del Señor Workman de una acción coram nobis por razones de prescripción y devolvió el asunto al tribunal de primera instancia para que convocara a una audiencia sobre el fondo del asunto.[33] Esa audiencia se celebró y se permitió al Señor Workman presentar pruebas testimoniales y documentales, incluida la declaración objeto de retractación y la prueba de rayos X recientemente descubierta.  Tras considerar la prueba presentada, el tribunal de primera instancia, a través de una orden judicial de veintitrés páginas de extensión, concluyó que no podía razonablemente inferirse que la incorporación de la prueba adicional pudiera haber dado lugar a una sentencia diferente de la dictada en el caso del Señor Workman.[34] Esa sentencia fue luego examinada por la Corte de Apelaciones en lo Penal de Tennessee y la Corte Suprema de Tennessee, que confirmaron la sentencia del tribunal de primera instancia,[35] y la Corte Suprema de Tennessee denegó una apelación ulterior contra esa sentencia.[36]

 

94.       La Comisión observa también, sin embargo, que los peticionarios impugnaron los procedimientos a través de los cuales se consideraron las nuevas pruebas, considerándolos inadecuados a la luz de las normas del debido proceso aplicables en casos en que cabe imponer la pena de muerte.  La Comisión ha sostenido anteriormente que pueden existir circunstancias en que tras un juicio en que pueda imponerse la pena capital se descubran nuevas pruebas que lleven a dudar del fundamento de la sentencia condenatoria impuesta a un imputado, lo que debe dar lugar a una revisión a través de una investigación sobre los hechos mediante un procedimiento en que se observen los mecanismos fundamentales de protección del debido proceso previstos en la Declaración Americana, incluido el derecho de presentar e interrogar testigos.[37] Sin establecer a esta altura si los procedimientos seguidos en el caso del Señor Workman cumplieron las normas vigentes del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios con respecto a esta denuncia podrían tender a configurar violaciones de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana y justifican un análisis del fondo de la denuncia.

 

95.       Con respecto a su segunda denuncia, los peticionarios han sostenido que el Procurador General de Tennessee incurrió en fraude al sostener en juicio que el procedimiento de indulto por el Poder Ejecutivo planteado ante la Junta de Libertad Condicional era el mejor recurso para el Señor Workman y al mismo tiempo mantener reuniones ex parte con personas vinculadas a la Junta de Libertad Condicional de Tennessee y con asesoría del Gobernador, para asegurarse de que no prosperara el proceso de indulto del Señor Workman.  A ese respecto la Comisión ha sostenido anteriormente que el derecho de solicitar amnistía, indulto o conmutación de sentencia en el contexto de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, si bien no está necesariamente sujeto a los mecanismos de plena protección del debido proceso, sí lo está a determinadas garantías de justicia mínimas para los reclusos condenados, en procura del efectivo respeto y goce de su derecho. Se ha sostenido que esos mecanismos procesales de protección  incluyen el derecho de los reclusos condenados de presentar solicitudes de amnistía, indulto o conmutación de pena, de ser informados del momento en que la autoridad competente ha de considerar sus casos, para poder formular exposiciones, personalmente o a través de abogado, ante la autoridad competente, y de que esa autoridad se pronuncie dentro de un plazo razonable, antes de su ejecución[38].   En el caso de autos, la Comisión no ha llegado a la conclusión de que los hechos alegados por los peticionarios con respecto a la manera en que se condujeron los procedimientos en su pedido de indulto, si son ciertos, hayan violado requisitos pertinentes de justicia procesal, y en consecuencia no concluye que en la petición se describan violaciones de los artículos XVIII o XXVI de la Declaración a ese respecto.

 

96.       Con respecto a la tercera denuncia de los peticionarios, referente a la clasificación del homicidio doloso como uno de los delitos "más graves", que pueden dar lugar a la pena de muerte a la luz de normas internacionales aplicables, la Comisión toma nota de que un examen de la jurisprudencia internacional pertinente sobre derechos humanos, incluida su propia jurisprudencia en el marco de la Convención Americana, y de la Declaración Americana, indica que a fin de cumplir la condición que limita la pena capital exclusivamente a los delitos más graves, deben tenerse en cuenta las circunstancias del trasgresor y del delito que ha cometido, para establecer si la pena de muerte es un castigo permisible en el caso de que se trata.[39]   La Comisión ha sostenido anteriormente que entre los factores pertinentes para establecer si un delito reviste excepcional gravedad figura el de los móviles del acto y las circunstancias en que se haya cometido, lo que a juicio de la Comisión comprende la consideración del estado mental del infractor, así como su proximidad al delito principal.[40]  

 

97.       En el caso de autos, los peticionarios alegan que la regla del homicidio doloso no impone a la Fiscalía la carga de probar el componente mental de la intención homicida o, en algunos estados, la participación del criminal en la perpetración real del homicidio, lo que implica tratar, en forma inapropiada, circunstancias que implican un estado de menor vigilia mental, como "el descuido imprudente", en pie de igualdad con los casos de condena por homicidio intencional o agravado.  El Estado no ha formulado observaciones sobre esa afirmación.  Basándose en las manifestaciones de los peticionarios a la luz de los principios internacionales aplicables, la Comisión considera que es sólo a través de la consideración del fundamento de la petición de los peticionarios que puede llegarse a una conclusión acerca de si la imposición de la pena de muerte al Señor Workman en virtud de una sentencia de condena por homicidio doloso es compatible con las normas internacionales aplicables conforme a los artículos I y XXVI de la Declaración Americana a la luz de las circunstancias del Señor Workman y del delito que se le imputa.

 

98.       Con respecto a las denuncias de los peticionarios con respecto a la duración de la reclusión del Señor Workman en el pabellón de la muerte y a las condiciones y el tratamiento a los que en él ha sido sometido, la Comisión considera que los hechos alegados, si son ciertos, tienden a describir violaciones de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, a la luz de la jurisprudencia existente del sistema interamericano de derechos humanos.[41]

 

99.       Finalmente, con respecto a las manifestaciones de los peticionarios sobre la abolición de facto de la pena de muerte en el Estado de Tennessee, el Estado ha sostenido, sin que los peticionarios lo cuestionaran, que el 19 de abril de 2000 se llevó a cabo en Tennessee la ejecución de un recluso condenado, Robert Glen Coe, por lo cual no es cierto que Tennessee se haya abstenido de realizar ejecución alguna en los últimos 40 años.  En consecuencia, sin pronunciarse sobe el fundamento jurídico de los argumentos de los peticionarios a este respecto, al Comisión concluye que las pruebas presentadas no respaldan la admisibilidad de la denuncia de los peticionarios.

 

V.         CONCLUSIONES

 

100.     La Comisión concluye que es competente para examinar la petición de los peticionarios.

 

101.     La Comisión concluye que las denuncias de los peticionarios basadas en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana con respecto al desarrollo de los procedimientos de indulto promovidos por el Señor Workman y a la supuesta abolición de facto de la pena de muerte en Tennessee son inadmisibles, por no caracterizar violaciones a la Declaración Americana.

 

102.     La Comisión concluye que las denuncias de los peticionarios basadas en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana con respecto a la consideración de nuevas pruebas en el caso del Señor Workman, la clasificación del delito por el que fue condenado el Señor Workman como "más grave" y por lo tanto susceptible de la imposición de la pena de muerte, así como la duración de la reclusión del Señor Workman en el pabellón de la muerte y las condiciones y el tratamiento a los que en él ha sido sometido, son admisibles conforme a los artículos 31 a 34 del Reglamento de la Comisión.

 

103.     En virtud de los argumentos de hecho y de derecho que arriba se exponen, y sin prejuzgar sobre el fondo del caso,

 

 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

DECIDE:

 

            1.         Declarar el presente caso inadmisible en relación con las supuestas violaciones de los artículos I y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en cuanto al desarrollo de los procedimientos de indulto promovidos por el Señor Workman y a la supuesta abolición de facto de la pena de muerte en Tennessee.

 

          2.         Declarar el presente caso admisible en relación con las supuestas violaciones de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana en cuanto a la consideración de nuevas pruebas en el caso del Señor Workman, la clasificación del delito por el que éste fue condenado como "más grave" y por lo tanto susceptible de la imposición de la pena de muerte, así como la duración de la reclusión del Señor Workman en el pabellón de la muerte y las condiciones y el tratamiento a los que en él ha sido sometido. 

 

          3.         Notificar a las partes la presente decisión.

 

          4.         Proseguir el análisis de los aspectos de fondo del caso. 

 

          5.         Dar a publicidad el presente informe y publicarlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Derechos Humanos. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 14 días del mes de marzo de 2006. (Firmado): Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; Clare K. Roberts, Freddy Gutiérrez y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.

 


 

* El miembro de la Comisión Profesor Paolo Carozza no tomó parte en el debate y la votación en este caso en virtud de lo dispuesto por el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión.

[1] Véase petición del 3 de abril de 2000, Apéndice, Declaracion Jurada de Christopher M. Minton.

[2] Véase la petición de los peticionarios del 3 de abril de 2000, págs. 2-3.

[3] Observaciones de los peticionarios del 30 de enero de 2004 referentes a la Respuesta del Gobierno de los Estados Unidos del 5 de enero de 2004, pág. 3.

[4] Observaciones de los peticionarios fechadas el 4 de abril de 2005, pág. 4, en que se cita el Caso Gary T. Graham (Shaka Sankofa) c. Estados Unidos, No. 11.193, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 97/03, OEA/ser. L/VII.118, doc. 5 rec. 2, pág. 26 (29 de diciembre de 2003, párrafo 47 (en que se declara que frente a pruebas posteriores a la sentencia condenatoria, el estricto criterio del debido proceso aplicable en casos en que puede imponerse la pena capital puede exigir una investigación de los hechos para volver  a evaluar la responsabilidad del acusado por el delito de que se trate, basada en la totalidad de la prueba pertinente, a través de un procedimiento en que se incorporen los mecanismos fundamentales de un juicio justo previstos en la Declaración, incluido el derecho de presentar e interrogar testigos).

[5] Observaciones de los peticionarios fechadas el 4 de abril de 2005, pág. 4, en que se cita el Caso Román Martínez Villareal c. Estados Unidos, Nº 11.753, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 52/02, OEA/ser./V/II.117, doc.1 rec.1, pág. 51 (10 de octubre de 2002).

[6] Observaciones de los peticionarios fechadas el 4 de abril de 2005, pág. 4, en que se cita el Caso Avena y otros nacionales mexicanos (México c. Estados Unidos), 2004 C.I.J. 128 (31 de marzo) (en que se señala que los procedimientos de indulto eran inadecuados a los efectos de reconsiderar sentencias condenatorias en casos de posible imposición de la pena capital, dada la omisión de notificar el derecho de asistencia consular previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares).

[7] Observaciones de los peticionarios fechadas el 4 de abril de 2005, pág. 5, en que se cita Tenn. Code Ann § 390-13-202 (1989).

[8] Observaciones del Estado del 29 de marzo de 2001, págs. 1-2.

[9] Observaciones del Estado del 29 de marzo de 2001, págs. 1-2.

[10] Workman c. Bell, 160 F.3d 276 (6th Cir. 1998), republicado en 178 F.3d 759 (6th Cir. 1998).

[11] Workman c. Bell, 528 U.S. 913 (1999), petición de nuevo juicio denegada 528 U.S. 1040 (1999).

[12] Workman c. Bell, 245 F.3d 849 (6th Cir. 2001); Workman c. Bell, 2001 U.S. App. LEXIS 6224 (6th Cir. 2001).

[13] Workman v. Bell, 160 532 U.S. 955 (2001).

[14] Workman c. Summers, 136 F. Supp. 2d 896 (M.D. Tenn. 2001).

[15] Workman c. Summers, 8 Fed. Appx 371 (6th Cir. 2001).

[16] Workman c. el Estado, 41 S.W. 3d 100 (Tenn. 2001).

[17] Workman c. el Estado, No. B-S1209 (Tenn. Dist. Ct. 2002).

[18] Workman c. el Estado, 2002 Tenn. Crim. App. LEXIS 1124 (Tenn. Crim. App. 2002).

[19] Observaciones del Estado del 29 de marzo de 2001, págs. 7-8, citing 28 U.S.C. § 2244(b)(2)(B)(i)-(ii).

[20] Observaciones del Estado fechadas el 29 de marzo de 2001, págs. 9-10, en que se cita Duvall c. Keating, 162 F. 3d 1058 (1th Cir. 1998); observaciones del Estado fechadas el 23 de diciembre de 2003, págs. 2-4.

[21] Observaciones del Estado fechadas el 29 de marzo de 2001, pág. 5.

[22] Observaciones del Estado fechadas el 29 de marzo de 2001, pág. 5.

[23] El artículo 20 del Estatuto de la CIDH dispone que, con respecto a los Estados miembros que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión puede examinar comunicaciones que reciba y toda otra información disponible, dirigirse a los gobiernos de dichos Estados para solicitar la información que estime pertinente y a formular recomendacionesw a dichos estados, cuando lo considere apropiado, para fomentar una observancia más efectiva de los derechos humanos fundamentales.  Véase también Carta de la Organización de los Estados Americanos, Arts. 3, 16, 51, 112, 150; Reglamento de la CIDH, Arts. 49, 50; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/8 "Interpretación de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,” 14 de julio de 1989, Ser. A Nº 10 (1989), párrs. 35-45; CIDH, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de septiembre de 1987, Informe Anual 1986-87, párrs. 46-49.

[24] Véase Caso 11.673, Informe 39/96, Santiago Marzioni c. Argentina, Informe Anual de la CIDH 1996, pág. 76, párrs. 48-52, citiando, inter alia, Comisión Europea de Derechos Humanos, Alvaro Baragiola c. Suiza, Petición 17625/90, Anuario de la Convención Europea de Derechos Humanos 1992; Comisión Europea de Derechos Humanos, Gudmundsson c, Islandia, Petición No. 511/59, Anuario de la Convención Europea de Derechos Humanos 1960. Véase también Caso 9260, Res. 29/88, Clifton Wright c. Jamaica, Informe Anual de la CIDH 1987-88, pág. 154.

[25] Véase, por ej., Caso 12.183, Informe 127/01, Joseph Thomas c. Jamaica, Informe Anual de la CIDH 2002, párr. 90;  Caso 12.067, Informe 48/01, Michael Edwards et al. c. Bahamas, Informe Anual de la CIDH 2000, párrs. 109-112; Caso 11.193, Informe 97/03, Informe Anual de la CIDH 2003, párrs. 26-29.

[26] El Estado c. Workman, 667 S.W. 2d 44 (Tenn.), certiorari denegado, Workman c. Tennessee, 469 U.S. 873.

[27] Workman c. el Estado, CCA No. 111, 1987 WL 6724 (Tenn. Crim. App. 18 de feb. de 1987), Workman c. Tennessee, 484 U.S. 873; Workman c. el Estado, 868 S.W. 2d 705, certiorari denegado, Workman c. Tennessee, 510 U.S. 1171.

[28] Workman c. Bell, 160 F.3d 276 (6th Cir. 1998), republicado en 178 F.3d 759 (6th Cir. 1998), certiorari denegado Workman c. Bell, 528 U.S. 913 (1999); Workman c. Bell, 227 F.3d 331 (6th Cir. 2000); certiorari denegado Bell c. Workman, 2001 U.S. LEXIS 1752 (26 de febrero de 2001).

[29] Véase Workman c. Bell, 245 F.3d 849 (6th Cir. 2001).

[30] Observaciones de los peticionarios fechadas el 30 de enero de 2004, Anexo 1 (Estado de Tennessee c. Phillip Workman, No. W2002-00300-SC-R11-CD (19 de mayo de 2003) (Corte Suprema de Tennessee), Opinión del Juez Birch con respecto al rechazo de la solicitud de venia para apelar.

[31] Véase, análogamente, Comisión Europea de Derechos Humanos, Isabel Hilton c. Reino Unido, Petición No. 12015/86, 57 D.R. 108 (octubre de 1988), págs. 114-115.

[32] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Ser. S Nº 4 (1988), párrafo 163 (en que se cita el principio general de derecho iura novit curia, conforme al cual el tribunal tiene la facultad y el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes para un procedimiento aunque las partes no las hayan invocado expresamente).

[33] Workman c. el Estado, 41 S.W. 3d 100 (Tenn. 2001).

[34] Observaciones de los peticionarios fechadas el 30 de enero de 2004, Anexo 1 (Estado de Tennessee c. Phillip Workman, No. W2002-00300-SC-R11-CD (19 de mayo de 2003) (Corte Suprema de Tennessee), Opinión del Juez Birch con respecto al rechazo de la solicitud de venia para apelar.

[35] Estado de Tennessee c. Philip R. Workman,  Opinión fechada el 30 de diciembre de 2002, Caso No. W2002-00300-R3-PD (Corte de Apelaciones en lo Penal de Tennessee); Observaciones de los peticionarios fechadas el 30 de enero de 2004, Anexo 1 (Estado de Tennessee c. Phillip Workman, No. W2002-00300-SC-R11-CD (19 de mayo de 2003) (Corte Suprema de Tennessee), Opinión del Juez Birch con respecto al rechazo de la solicitud de venia para apelar.

[36] (Estado de Tennessee c. Phillip Workman, No. W2002-00300-SC-R11-CD (19 de mayo de 2003) (Corte Suprema de Tennessee).

[37] Véase, por ejemplo, Caso 11.193, Informe 97/03, Gary Graham, ahora conocido como Shaka Sankofa c. Estados Unidos,  Informe Anual de la CIDH2003, párrafos 44-47.

[38] Véase, por ejemplo, Desmond McKenzie y otros c. Jamaica, Caso Nº 12.023, Informe Anual de la CIDH, 1999, párrafo 228; Michael Edwards y otros c. las Bahamas, Caso Nº 12.067, Informe Anual de la CIDH, 2000, párrafo 170.

[39] Véase, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia del 21 de junio de 2002, Serie C No. 94, párrafo 102; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Raxcacó Reyes, Sentencia del 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 133, párrafos 79-82; Caso 12.067, Informe 48/01, Michael Edwards y otros. c. las Bahamas, Informe Anual de la CIDH, 2000; ACNUR, Comunicación No. 390/1990, Lubuto (Zambia), UN Doc. CCRP/C/55/D/390/1990 (17 de noviembre de 1995).

[40] Véase, por ejemplo, Petición P396/2004, Informe 79/05, Marlin Gray c. Estado Unidos, Informe Anual de la CIDH, 2005, párrafos 36-39; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Sentencia del 21 de junio de 2002, Serie C No. 94, párrafos 102-108; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Raxcacó Reyes, Sentencia del 15 de septiembre de  2005, Serie C No. 133, párrafo 81; ACNUR, Comunicación No. 390/1990, Lubuto (Zambia), UN Doc. CCRP/C/55/D/390/1990 (17 de noviembre de 1995), párrafo 7.2.

[41] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hilaire, Constantine y Benjamin y otros (Trinidad y Tobago), Sentencia del 21 de junio de 2002, Ser. C Nº 94, párrafos. 84, 168-170. Véase, análogamente, Caso 12.023, Informe 41/00, Desmond McKenzie y otros c. Jamaica, Informe Annual de la CIDH 1999, párrafos 270-291; Caso 11.139, Informe 57/96, William Andrews c. Estados Unidos, Informe Annual de la CIDH, 1997, párrafos 178-183.