INFORME No. 79/08[1]

PETICIÓN 95-01

ADMISIBILIDAD

MARCOS ALEJANDRO MARTÍN

ARGENTINA

17 de octubre de 2008

I.         RESUMEN

1.       El presente informe se refiere a la admisibilidad de la petición 95-01.  Las actuaciones fueron iniciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") tras recibir una petición, el 15 de febrero de 2001, presentada por Eleonora Devoto, en su carácter de coordinadora del Programa para la Aplicación de tratados de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación[2] (en lo sucesivo "la peticionaria"), contra la República Argentina (en lo sucesivo "Argentina" o "el Estado"), en relación con las presuntas violaciones de los derechos a la libertad personal y las garantías judiciales, establecidos en los artículos 7(2), 8(1), 8(2)(d) y 8(2)(f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo “Convención Americana” o “Convención”), en perjuicio del señor Marcos Alejandro Martín (en adelante, la presunta víctima).

2.       La peticionaria sostiene que, mediante un procedimiento supuestamente violatorio de los artículos 8(2)(d) y 8(2)(f) de la Convención Americana, se habría condenado al señor Marcos Alejandro Martín a cinco años de prisión por considerarlo coautor del delito de robo con armas, perjudicando así su derecho a la libertad personal garantizado por el artículo 7 de la Convención. La peticionaria considera que los derechos de la presunta víctima fueron afectados en razón de que, durante la audiencia de debate, se habría omitido asegurar la presencia del testigo principal del hecho imputado y, para suplir dicha omisión, se habría incorporado por lectura una declaración previa documentada por escrito durante la etapa de instrucción, la misma que no habría sido sometida al control previo de la defensa.

3.       El Estado, por su parte, sostiene que los hechos alegados por la peticionaria no caracterizan violación alguna respecto al debido proceso legal u otros derechos establecidos por la Convención, por lo que la petición debería declararse inadmisible. Según el Estado, la Comisión no puede revisar los supuestos errores de hecho o de derecho cometidos por un tribunal que ha actuado dentro de los límites de su competencia y conforme a las reglas del debido proceso legal, y en el presente caso se estaría pretendiendo que la Comisión actúe como una cuarta instancia. 

4.       Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, la Comisión concluye que es competente para conocer la petición relacionada con el enjuiciamiento y condena del señor Marcos Alejandro Martín, en lo referente a las supuestas violaciones a los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales conforme han sido establecidos por los artículos 7 y 8 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1(1) y 2 de dicho tratado. En aplicación del principio iura novit curia, la Comisión decide también declarar admisible la presente petición, respecto de las posibles violaciones al derecho a la protección judicial consagrado por el artículo 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento internacional. La Comisión decide además notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

II.       TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.       La petición fue recibida en la CIDH el 15 de febrero de 2001 y sus partes pertinentes fueron trasladadas al Estado el 30 de enero de 2006.  Luego de haber solicitado una prórroga con fecha 11 de abril de 2006, el Estado presentó sus observaciones a la petición el 10 de octubre de 2006, las mismas que fueron debidamente trasladadas a la peticionaria el 24 de octubre de 2006.

6.       La peticionaria presentó observaciones adicionales el 11 de diciembre de 2006 y el 30 de agosto de 2007. Dichas observaciones fueron debidamente transmitidas al Estado el 14 de diciembre de 2006 y el 27 de octubre de 2007, respectivamente.

7.       El Estado presentó observaciones adicionales el 19 de abril de 2007, luego de haber solicitado una prórroga con fecha 10 de enero de 2007. Dichas observaciones fueron debidamente transmitidas a la peticionaria el 24 de abril de 2007.

III.     POSICIÓN DE LAS PARTES

A.         La peticionaria

8.       Los hechos denunciados por la peticionaria se refieren al proceso mediante el cual, el 25 de febrero de 1999, el Tribunal Oral en lo Criminal de Buenos Aires condenó a cinco años de prisión al señor Marcos Alejandro Martín por considerarlo coautor del delito de robo con armas. Según la peticionaria, el 30 de agosto de 1998, el señor Alberto Martín Cugat habría denunciado en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires haber sido víctima de un robo a bordo de un colectivo del cual descendió. Posteriormente, junto con el Inspector de la Policía Federal Daniel Priolo, el señor Cugat habría comenzado a buscar a sus agresores en varios de los colectivos que circulaban en ese mismo recorrido hasta que, en uno de los transportes, el señor Cugat dijo reconocer al señor Marcos Alejandro Martín como a uno de los autores del hecho. En tal virtud, el señor Martín fue detenido y procesado por el delito de robo con armas.

9.       La peticionaria sostiene que el señor Alberto Martín Cugat, víctima en el proceso penal seguido contra el señor Marcos Alejandro Martín, declaró en una única oportunidad durante la etapa escrita del procedimiento, acto procesal que habría sido realizado ante las autoridades policiales, sin otorgarle a la defensa la posibilidad de controlarlo.

10.      De acuerdo a la información provista por la peticionaria, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 arribó a la conclusión de que el señor Marcos Alejandro Martín era coautor penalmente responsable del delito de robo con armas, teniendo en cuenta, entre otros, el contenido del acta en donde se asienta la denuncia formulada por el señor Alberto Martín Cugat. De dicha denuncia es posible advertir que el señor Cugat es el único testigo del supuesto robo y que él mismo fue quien procedió a identificar al supuesto agresor y a secuestrar el estilete supuestamente utilizado, que alegadamente fue encontrado debajo de un asiento vacío con posterioridad a que el señor Marcos Alejandro Martín fuera obligado a descender del colectivo. El Inspector de la Policía Federal Daniel Priolo, en su testimonio, únicamente da cuenta de lo que el señor Cugat le narró y afirma que no recuerda con exactitud quién fue el que secuestró el arma y cuánto era el monto de lo sustraído. Así, el arma no fue secuestrada en poder de la presunta víctima. Por su parte, otros testigos que rindieron declaraciones testimoniales dan cuenta únicamente del momento en que el señor Marcos Alejandro Martín fue identificado y detenido en un colectivo, pero no presenciaron el supuesto robo, puesto que alegadamente sucedió en un colectivo distinto. De tal forma, según la peticionaria, si se suprime el acta que contiene la denuncia no existe vía de prueba independiente que determine con certeza la participación del señor Marcos Alejandro Martín en el supuesto robo.

11.      Explica la peticionaria que la presunta víctima en su declaración negó de manera terminante el hecho que se le imputaba, pero no tuvo oportunidad de confrontar el testimonio del señor Alberto Martín Cugat, al cual sólo habría tenido acceso a través del acta, dado que fue prestado en una instancia en la cual la defensa no tenía intervención en la producción de la prueba. Por ello, la peticionaria señala que la finalidad de la presente petición sería advertir que la prueba de cargo contra el señor Martín no habría sido producida en forma correcta, lo que implicaría el dictado de una condena arbitraria con la ausencia de un juicio imparcial.

12.      Sobre la base del testimonio del señor Cugat, y en virtud de lo establecido en los artículos 388, 391 y 392 del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 habría condenado a la presunta víctima a la pena de cinco años de prisión.  Informa la peticionaria que en la audiencia de debate que culminó con la sentencia de condena, la defensa se opuso a la incorporación por lectura del documento incriminatorio, pero el Tribunal rechazó los planteamientos.

13.      Según la peticionaria, los órganos judiciales internos habrían violado el derecho a interrogar a los testigos, una garantía consustancial al derecho de defensa, en razón de que, frente a la incomparecencia del único testigo presencial del hecho a la audiencia de debate, se ordenó la incorporación por lectura de la declaración brindada durante la etapa de instrucción sin haberle otorgado a la defensa la posibilidad de controlar su producción. Afirma que los demás testigos que asistieron al juicio sólo pudieron declarar sobre lo presenciado en el procedimiento de la detención y por ello dicha prueba no habría sido ni distinta ni independiente del testimonio del señor Cugat.

14.      La peticionaria añade que, según la sentencia condenatoria, el resto de la prueba constituía “un contorno probatorio que complementa la denuncia efectuada por el damnificado”. De tal forma, la peticionaria advierte que el resto de la prueba no permitía arribar en forma independiente al grado de certidumbre necesario para dictar una sentencia de condena.

15.      Señala que, al incorporar por lectura la declaración testimonial del señor Alfredo Martín Cugat y, luego, utilizarla como prueba de cargo para arribar a una sentencia de condena, el Estado habría vulnerado el derecho de la defensa de interrogar a los testigos, y por ende la garantía establecida por el artículo 8(2)(f) de la Convención Americana en perjuicio del señor Marcos Alejandro Martín. La peticionaria afirma que dicha incorporación por lectura habría impedido a la defensa confrontar la veracidad y congruencia de los dichos del señor Cugat y así, controlar su validez como prueba de cargo, sobre todo cuando la defensa tenía interés en demostrar aspectos contradictorios de dicha declaración.

16.      Particularmente, la peticionaria advierte contradicciones en la declaración del señor Cugat, quien afirma que al momento del hecho se encontraba sentado en el último asiento individual del ómnibus, cuando sintió “que le apoyan en el cuello, del lado izquierdo un elemento cortante, evidentemente portado por otro sujeto que se encontraba sentado en el último asiento individual”.

17.      Según la peticionaria, la incorporación por lectura vulnera los principios de oralidad, publicidad y contradicción que deben regir el procedimiento penal, y le resulta preocupante que su incorporación constituya una práctica sostenida por los tribunales argentinos en virtud de lo establecido por el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación.

18.      Alega la peticionaria que la principal razón de ser del debate oral y público es el control de la prueba que un Tribunal debe valorar en la sentencia, por lo que la investigación anterior, y los medios de prueba que allí se realicen, sólo deberían servir para decidir en relación a si se enjuicia al imputado pero nunca para fundamentar una sentencia. Añade que la ausencia del denunciante en la audiencia de debate y la incorporación de su denuncia sin control de la defensa serían una violación de las garantías del debido proceso penal, más aún cuando dicha denuncia es contradictoria.

19.      Por este motivo, frente a la sentencia mediante la cual se condenó a la presunta víctima, la Defensa Pública Oficial planteó un recurso de casación. El 23 de abril de 1999, la Cámara Nacional de Casación declaró inadmisible el recurso en virtud de que no se habría evidenciado que la sentencia impugnada resulte ser arbitraria o violatoria de los derechos invocados por la recurrente. Se interpuso entonces un recurso extraordinario federal, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el 2 de agosto de 2000, por no advertir un supuesto de arbitrariedad ni de garantías constitucionales vulneradas, así como también por no haberse planteado concretamente la cuestión federal a debatir.

20.      A juicio de la peticionaria, las sentencias del Tribunal Oral y de la Cámara Nacional de Casación son arbitrarias, en tanto habrían transgredido el principio de contradicción y las garantías consagradas por el artículo 8(2) de la Convención. La peticionaria añade que, al haber resuelto el Tribunal en contra del derecho a interrogar testigos de cargo, a la contradicción y al contralor de la prueba de cargo, se habría configurado una transgresión a la norma del artículo 7(2) de la Convención según la cual toda detención debe ser conforme al derecho interno y toda resolución judicial debe ser motivada.

21.      La peticionaria informa que en el año 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un juicio no relacionado con el caso de autos[3], habría resuelto la existencia de una palmaria lesión al derecho de defensa por la incorporación por lectura de testimonios de cargo. Según la peticionaria, “el hecho de que este planteamiento haya llegado a la Corte Suprema de Justicia pone en evidencia que los tribunales de juicio interpretan las normas de modo perjudicial para los derechos de los sometidos a proceso”.

B.         El Estado

22.      El Estado alega la inadmisibilidad de la presente petición en virtud de que en ella no estarían expuestos hechos que caractericen una violación de derechos humanos. Según el Estado, la peticionaria pretendería que la Comisión Interamericana actúe como una cuarta instancia judicial y revise las valoraciones de hecho y de derecho emitidas por los jueces y tribunales que intervinieron en el trámite de la causa. El Estado enfatiza que el sistema interamericano de protección internacional es un sistema subsidiario respecto de los remedios proporcionados por el derecho interno.

23.      Informa el Estado que el proceso judicial contra el señor Alejandro Marcos Martín se habría llevado a cabo a la luz de lo dispuesto por las normas procesales argentinas, conforme a las cuales la incorporación por lectura de las declaraciones recibidas durante la instrucción está prohibida, excepto cuando se ignorase la residencia de un testigo que prestó una declaración. Así, el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación en su inciso 3° establece que las declaraciones testimoniales “… no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la instrucción, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucción: (…) 3°) Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorase su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa penal”.

24.      Según el Estado, la Cámara Nacional de Casación Penal al estudiar los hechos materia de la presente petición concluyó que “no se ha demostrado que, excluida la declaración de la víctima, la restante prueba colectada (secuestro de un estilete perteneciente al condenado, de la campera que le fue arrebatada al damnificado, la declaración pormenorizada del inspector Daniel Priolo y del testigo Bernal), impida alcanzar la certidumbre acerca de la forma en la que sucedió el hecho y de la autoría penalmente responsable del imputado que permitió a los magistrados formar su convicción para condenar”[4].

25.      El Estado añade que incluso la Cámara de Casación consideró que “no se ha evidenciado que la sentencia impugnada resulte ser arbitraria o violatoria de los derechos invocados por el recurrente, toda vez que se asienta en prueba cuya incorporación al proceso no ha sido cuestionada, distinta e independiente del testimonio de la víctima, cuya eliminación (…) no se advierte (…) que afecte el mérito incriminador que condujo al estado de certeza de los jueces respecto a los aspectos fácticos y subjetivos de la imputación”

26.      Por lo tanto, el Estado concluye que, al no verificarse en la causa violación alguna respecto al debido proceso legal, los planteos formulados por la peticionaria no podrían constituir materia de revisión ante la CIDH. El Estado enfatiza que la Comisión no puede revisar los supuestos errores de hecho o de derecho cometidos por un tribunal que ha actuado dentro de los límites de su competencia y conforme a las reglas del debido proceso legal.

27.      En relación con la tramitación de la petición, el Estado observa que la demora de la Comisión en trasladar la denuncia desde que ésta fue presentada por la peticionaria atentaría contra la certeza y estabilidad jurídica, privando al Estado de ejercer una adecuada defensa, por lo que estima que la Comisión debiera abstenerse de continuar con el análisis de la petición y disponer su archivo. Añade que no podría admitirse como jurídicamente válido el traslado de una petición más de dos años después de haber sido iniciado el trámite internacional, toda vez que dicho lapso temporal resultaría palmariamente irrazonable.

IV.      ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

A.         Competencia de la Comisión

28.      Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención Americana, la peticionaria está legitimada para formular una petición ante la Comisión.  La petición objeto de estudio indica que la supuesta víctima estaba sometidas a la jurisdicción del Estado argentino en la época de los hechos aducidos.  Con respecto al Estado, la Comisión nota que Argentina es un Estado parte de la Convención Americana, habiendo depositado en debida forma su instrumento de ratificación el 5 de septiembre de 1984.  En consecuencia, la Comisión posee competencia ratione personae para examinar las denuncias presentadas. 

29.      La petición se basa en alegaciones sobre hechos ocurridos a partir del 25 de febrero de 1999, fecha en que se condenó al señor Marcos Alejandro Martín en virtud de una declaración testimonial que no tuvo oportunidad de controvertir. Los hechos aducidos se produjeron por lo tanto con posterioridad de la entrada en vigor de las obligaciones del Estado como Parte de la Convención Americana.  En tal virtud, la Comisión posee competencia ratione temporis para examinar las denuncias. 

30.      En la petición se alegan violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana que tuvieron lugar en el territorio de un Estado parte, por lo que la Comisión posee competencia ratione loci para tomar conocimiento de la misma.

31.      Finalmente, la Comisión posee competencia ratione materiae porque en la petición se señalan posibles violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana.

32.      La Comisión desea aclarar que el tiempo transcurrido desde que la Comisión recibe una denuncia hasta que la traslada al Estado, de acuerdo con las normas del sistema interamericano de derechos humanos, no es, por sí solo, motivo para que se decida archivar la petición. Como ha señalado esta Comisión, “en la tramitación de casos individuales ante la Comisión, no existe el concepto de caducidad de instancia como una medida ipso jure, por el mero transcurso del tiempo”[5].

B.         Otros requisitos de admisibilidad de la petición

1.         Agotamiento de los recursos internos

33.      El artículo 46 de la Convención Americana establece como requisito para que un caso pueda ser admitido "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". 

34.      En relación con la presente petición, la peticionaria afirma haber agotado los recursos de la jurisdicción interna. Informa que, contra la sentencia de 25 de febrero de 1999, mediante la cual el Tribunal Oral en lo Criminal de Buenos Aires condenó a la presunta víctima, se interpuso un recurso de casación. El 23 de abril la Cámara Nacional de Casación declaró inadmisible dicho recurso. Contra dicha decisión se interpuso un recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 2 de agosto de 2000.

35.      Por su parte, el Estado no ha alegado la falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que se puede presumir la renuncia tácita a valerse de la excepción de no agotamiento de los recursos internos. En este sentido, la Corte Interamericana ha declarado que, “la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado"[6].  A su vez, la Comisión observa que los recursos ordinarios y extraordinarios interpuestos en este caso serían, en principio, los recursos idóneos para resolver cuestiones relacionadas al debido proceso.

36.      A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que en relación con los hechos materia de esta petición se invocaron los recursos previstos en el sistema jurídico del Estado argentino y, por lo tanto, el Estado conocía plenamente las reclamaciones que dieron lugar a la petición de autos, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Convención.

2.         Plazo para la presentación de la petición

37.      Conforme a lo dispuesto por el artículo 46(1)(b) de la Convención, la petición debe ser presentada en plazo para ser admitida, concretamente, dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que el denunciante haya sido notificado de la decisión definitiva a nivel nacional. 

38.      En el presente caso, se alega que la decisión definitiva a nivel interno, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario, no fue debidamente notificada. Dicha decisión data de 2 de agosto de 2000, mientras que la petición data de 1 de febrero de 2001 y fue recibida en la Comisión el 15 de febrero de 2001.

39.      Presumiendo los días que transcurrieron mientras la petición estuvo en el correo postal, la Comisión considera que la petición fue presentada de forma oportuna.

3.         Duplicación de procedimientos

40.      El artículo 46(1)(c) establece que la admisibilidad de una petición está sujeta al requisito de que el asunto “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional" y el artículo 47(d) de la Convención estipula que la Comisión no puede admitir una petición que "sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional".  En el caso de autos las partes no han sostenido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias de inadmisibilidad, ni ello surge de las actuaciones cumplidas.

4.         Caracterización de los hechos aducidos

41.      A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47(b) de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo.  El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la petición establece el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos.  Esta determinación constituye un análisis primario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto. 

42.      En el marco de su competencia, la Comisión Interamericana está facultada para examinar los procesos internos con el fin de determinar si las decisiones fueron dictadas al margen del debido proceso o en violación de cualquier otro derecho garantizado por las normas de la Convención Americana. En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha considerado que “[e]l esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”[7]. 

43.      En el caso de autos, la peticionaria alega violaciones al debido proceso en virtud de que el enjuiciamiento y condena de la presunta víctima se habría realizado sobre la base de una declaración testimonial que la defensa no tuvo oportunidad alguna de confrontar, resultando en la privación arbitraria de la libertad del señor Marcos Alejandro Martín. Por su parte, el Estado señala que la legislación interna (artículo 391 inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación) establece que, cuando se ignorase la residencia del testigo, las declaraciones testimoniales podrán ser suplidas por la lectura de las recibidas durante la instrucción. De ahí que el Estado no advierte violaciones al debido proceso o arbitrariedad alguna en las decisiones judiciales internas.

44.      Al respecto, la Comisión y la Corte Interamericanas han destacado la importancia de garantizar el derecho a interrogar a los testigos que fundamenten la acusación contra las supuestas víctimas así como a confrontar las pruebas, considerado incompatibles con la Convención Americana las normas internas en virtud de cuya aplicación se imposibilitó el interrogatorio de los testigos que fundamentaron una acusación penal[8]. Asimismo, la Corte Interamericana ha destacado la oralidad de los procedimientos como elemento esencial de los sistemas procesales de los Estados democráticos. La Corte Europea, por su parte, ha señalado que dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa[9].

45.      A la luz de estas observaciones, la Comisión observa que la falta de fundamento o la improcedencia de los reclamos materia de esta petición no resultan evidentes, sino que podrían llegar a caracterizar violaciones a los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales protegidos, respectivamente, en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento internacional. Asimismo, en la etapa de fondo la Comisión analizará, en lo pertinente, las posibles violaciones al derecho a la protección judicial conforme ha sido establecido en el artículo 25 de la Convención, en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento internacional.

V.        CONCLUSIONES

46.      La Comisión concluye que es competente para tomar conocimiento del caso de autos y que la petición es admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

47.      En virtud de los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1.          Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1(1) y 2 de dicho tratado.

2.          Declarar admisible la presente petición, en aplicación del principio iura novit curia,  respecto de las posibles violaciones al derecho a la protección judicial consagrado por el artículo 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento internacional.

3.          Notificar esta decisión a las partes.

4.          Continuar con el análisis del fondo del asunto.

5.          Dar a conocer públicamente el presente informe y publicarlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2008.  (Firmado): Paolo G. Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía Guerrero, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y Miembros de la Comisión.