OEA/Ser.L/V/II.83
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
INFORME Nº 19/92 DECISIÓN DE LA COMISIÓN
SOBRE EL CASO DE ADMISIBILIDAD CASO 10.865 ESTADOS UNIDOS 1 de octubre de 1992
I.
ANTECEDENTES:
1. El
15 de abril de 1991 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
recibió una denuncia.
2. En
la denuncia se sostiene que entre 1970 y 1978 el Juez Fred G. DiBona
emitió órdenes de arresto fraudulentas contra miembros de la Move
Organization. (Se alega
que "MOVE" es una Organización Revolucionaria motivada por
las enseñanzas de su fundador John Africa, cuyo propósito es enfrentar
y demostrar la injusticia existente).
Ello permitió que se cometieran diversos actos de brutalidad por
parte de la policía y del Gobierno contra miembros de la Move
Organization, incluyendo mujeres, mujeres embarazadas y niños, con
el propósito de eliminarlos. Estos
actos de brutalidad culminaron con la muerte de varios niños de Move.
II.
HECHOS DENUNCIADOS:
1.
Con anterioridad al 13 de mayo de 1985, el Alcalde de Filadelfia
afirmó en la radio pública que quería "eliminar en forma
permanente" a "Move".
Luego de varios meses de planificación por parte de funcionarios
públicos de Filadelfia, del Estado de Pennsylvania, del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, de Agentes del FBI y de ATF, del Fiscal
General de los Estados Unidos para el Distrito Oriental y de miembros
del Departamento de la Policía, el 11 de mayo de 1985 se emitieron órdenes
de arresto contra varios miembros de Move Organization a raíz de
incidentes no violentos ocurridos el 29 de abril de 1985.
2. El
12 de mayo de 1985, miembros de la fuerza policial comenzaron a evacuar
las viviendas de la Avenida Osage al 6200, residencia y sede de la Move
Organization, con el pretexto de ejecutar esas órdenes de arresto,
y en las primeras horas del 13 de mayo de 1985, más de 100 policías
rodearon la residencia de los miembros de Move.
En ese momento se encontraban en la casa 13 miembros de la
organización, incluidos seis niños.
En los primeros 90 minutos, la policía empezó a atacar la casa
con gases lacrimógenos, mangueras de alto poder, granadas especiales,
10.000 balazos y explosivos. La
policía luego arrojó en el techo de la casa una bomba C-4,
suministrada por el Gobierno Federal. La bomba inició un incendio, no
obstante lo cual, ni la policía ni los bomberos tomaron medida alguna
para sofocarlo.
3. Los
miembros de la organización gritaron reiteradamente que querían retirar
a los niños y la señorita Africa trató de sacar a los niños de la
casa, pero enfrentaron una lluvia de balazos de la policía, lo que los
obligó a volver al incendio. Por
último, la señorita Africa y Birdie Africa lograron atravesar el fuego y
los balazos de la policía. La
señorita Africa fue inmediatamente arrestada por la policía y Birdie
Africa quedó también bajo custodia.
Ellas sufrieron quemaduras graves y debieron ser hospitalizadas.
La señorita Africa se enteró luego de que seis adultos, cinco niños,
sus perros y sus gatos, habían muerto.
4. La
señorita Africa fue acusada y procesada por conspiración y provocar
disturbios, recibiendo una sentencia de 16 meses a siete años de cárcel.
Sin embargo, ninguno de los funcionarios públicos fue procesado o
responsabilizado por la muerte de los miembros de "Move".
Dos grandes Tribunales, a nivel del Estado y a nivel Federal, se
negaron a encausarlos, y el Fiscal de Distrito de Filadelfia se negó a
procesarlos.
III. EN LA
DENUNCIA EL PETICIONARIO SOLICITA QUE:
1. Se
responsabilice a los funcionarios públicos por el asesinato premeditado
de 11 miembros de "Move", incluyendo a cinco niños,
muertos el 13 de mayo de 1985, y que la Comisión haga lo que es justo y
correcto. Los funcionarios públicos
que en la denuncia son acusados de cometer las violaciones son Wilson
Goode, Alcalde de Filadelfia; Gregore Sambor, Comisionado de la Policía;
William Richmond, Comisionado del Cuerpo de Bomberos; el ex Director de
Administración, General Leo Brooks; el Teniente Frank Powell, del
Departamento de Policía de Filadelfia, y Harvey Clark, Maida Odom y Bill
Steinmetz.
IV. A ESTE
RESPECTO, LA SOLICITANTE DENUNCIA LA VIOLACIÓN DE:
1. Los
artículos I a V, VII, VIII, IX, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXV y XXVI de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
2. Los
artículos 4, 7, 8, 12, 13, 16, 19 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
V.
PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN:
1. Al
recibo de la denuncia el 15 de abril de 1991 y hasta el 4 de agosto de
1992, la Comisión, por conducto de su Secretaría, cumplió todos los
requisitos de procedimiento que estipulan los artículos 30 a 35 de su
Reglamento. A este respecto,
la Comisión se comunicó con la peticionante y con el Gobierno de los
Estados Unidos y estudió, consideró y examinó toda la información
presentada por las partes.
2. La
Comisión envió siete notas y recibió otras cinco del Gobierno de los
Estados Unidos. Dos de las
notas del Gobierno abordaban los temas presentados en la denuncia. Las mismas contenían argumentos afirmando que la petición
es inadmisible debido a que la peticionante no ha demostrado la invocación
y el agotamiento de las vías jurídicas nacionales y que éstas no se habían
agotado.
3. La
Comisión transmitió cinco notas y recibió otras cinco de la
peticionante y varios adjuntos abordando la cuestión planteada en la
denuncia. En una de las notas,
la peticionante enmendó la queja para sostener que todos los recursos
penales nacionales habían sido invocados y ahora estaban agotados.
VI.
PRESENTACIÓN DE LAS PARTES
A.
Primera presentación del Gobierno demandado (contenida en
nota recibida el 3 de diciembre de 1991) afirmando que:
Los Estados Unidos sostienen que la petición debe considerarse
inadmisible por la Comisión en razón de lo siguiente:
La petición es inadmisible porque la peticionante no ha
invocado el agotamiento de los recursos jurídicos de la legislación
nacional
1. La
peticionante no ha invocado el agotamiento de los recursos de la legislación
nacional y en su petición no ha proporcionado información respecto de si
los recursos previstos en la legislación nacional se han agotado.
De manera que la petición es inadmisible de acuerdo con los artículos
32 y 37 del Reglamento de la Comisión.
La petición es inadmisible porque la peticionante no ha agotado
los recursos jurídicos que pone a su disposición la legislación
nacional
2. La
peticionante, en efecto, no ha agotado los recursos jurídicos de la
legislación nacional. La
peticionante se encuentra en la actualidad (y se encontraba en momentos en
que presentó su comunicación a la Comisión) en el curso de una acción
civil, Acción Civil Nº 87-2768, entablada en 1987, en la Corte de
Distrito de los Estados Unidos correspondiente al Distrito Oriental de
Pennsylvania.
3.
Este litigio fue entablado contra el Municipio de Filadelfia y
contra los siguientes ex funcionarios y empleados municipales:
W. Wilson Goode, Alcalde; Leo Brooks, ex Director de Administración;
Gregorio Sambor, ex Comisionado de Policía; Williams Richmond, ex
Comisionado de Bomberos; Edward Powell, Departamento de Policía de
Filadelfia, y Albert Revel, Michael Tursi, William Klein y el Procurador
Adjunto de la Municipalidad de Filadelfia.
Todas estas personas están incluidas en la petición como autores
de las presuntas violaciones.
4. Las
denuncias de la reclamante surgen de la misma cuestión, el enfrentamiento
entre la organización "Move" y el Municipio de
Filadelfia, el 13 de mayo de 1985, y conforman la sustancia de la denuncia
presentada ante la Comisión. Las
causas de la acción planteada en la petición son violaciones de la Ley
de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. SS 1983 y 1985, así como diversas
reclamaciones pendientes por negligencia contra individuos que la
peticionaria identifica en su comunicación.
5. La
peticionante no puede afirmar que se le esté negando o se le haya negado
el debido proceso o el acceso a recursos de la legislación nacional para
invocar la jurisdicción de la Comisión.
Los literales a) y b) del párrafo 2 del artículo 37 del
Reglamento de la Comisión. Aún
está abierta la etapa de deposiciones del litigio, aunque ha vencido el
plazo para nuevas solicitudes de deposiciones.
6.
Además, esta acción se lleva adelante en los tribunales
estadounidenses sin demoras indebidas.
El tribunal ha establecido un calendario para la presentación de
escritos antes del juicio que exige que los acusados presenten todas las
peticiones antes del 31 de diciembre de 1992 y que la demandante responda,
a más tardar, en enero de 1992.
7. La
exigencia del agotamiento de los recursos jurídicos de la legislación
nacional ha sido reconocida y bien establecida en la práctica de la
Comisión. (Véase, por
ejemplo, Wilfong contra los Estados Unidos (Caso 7967) (30 de junio
de 1983); Soto contra Estados Unidos (Caso 1773) (Octubre de 1974).
De manera que la petición es inadmisible en virtud de los
requisitos estipulados por el artículo 37 del Reglamento de la Comisión
y según las disposiciones del artículo 20 del Estatuto de la Comisión.
8. La
petición es incompleta y, por tanto, inadmisible, porque la peticionante
no ha proporcionado información respecto de si ha agotado los recursos
jurídicos de la legislación nacional.
El literal d) del artículo 32 del Reglamento de la Comisión exige
que las peticiones incluyan "información sobre la circunstancia de
haber hecho uso o no de los recursos de jurisdicción interna o sobre la
imposibilidad de hacerlo".
9.
Conforme al literal a) del artículo 41 del Reglamento de la Comisión,
ésta debe declarar que una petición es inadmisible en los casos en que
"falte alguno de los requisitos establecidos en el artículo 32 de
este Reglamento" (énfasis del autor).
Dado que la peticionante no ha agotado totalmente los recursos jurídicos
de que dispone en la legislación de los Estados Unidos, la petición
evidentemente no satisface el requisito de agotamiento, por lo cual en
esta comunicación no se abordan en detalle las interpretaciones de la ley
y las afirmaciones fácticas presentadas en la petición.
B.
PRIMERA PRESENTACIÓN DE LA PETICIONANTE (Recibida el 10 de
febrero de 1992), en la que afirma:
Debe permitirse que la peticionante enmiende su petición para
argumentar sobre los aspectos vinculados al agotamiento de los recursos
jurídicos de la legislación nacional
1. La
peticionante sostiene que entabló el presente juicio pro se, y que
recurrió a la defensa letrada varios meses después de presentada la
demanda. La legislación
nacional establece claramente que las peticiones pro se habrán de
juzgarse con normas menos rigurosas que las que se aplican a las
preparadas por letrados. Heines
contra Kerner, 404 U.S. 519. La
política y la práctica de la Comisión ha sido también la de permitir
cierta benevolencia a este respecto para con los peticionantes pro se.
2.
Además, la peticionante no ha tenido ninguna formación jurídica
formal, particularmente en la especializada esfera del derecho
internacional sobre derechos humanos.
Tampoco ha contado la peticionante con un inmediato acceso a
material jurídico internacional, debido a su encarcelamiento, lo cual le
hubiera dado mayor orientación sobre las exigencias específicas en la
preparación de la petición. De
manera que no debiera aplicarse a la peticionante la rigurosa norma que el
Gobierno afirma se debe aplicar.
3. Por
último, los demandados no se verán perjudicados por la inclusión en
esta etapa de las argumentaciones de la peticionante respecto al
agotamiento de los recursos jurídicos internos.
En efecto, los demandados ya han anticipado los argumentos de la
peticionante y han proporcionado su respuesta a los mismos.
Debiera permitirse ahora que la peticionante presente su alegato y
su argumentación respecto de la cuestión del agotamiento de los recursos
jurídicos nacionales.
La peticionante ha agotado todos los recursos de la vía penal
1. Es
incuestionable por los demandados que la peticionante fue declarada
culpable de disturbios y conspiración el 9 de febrero de 1986. También es incontrovertible que el 18 de febrero de 1986 la
peticionante presentó peticiones posteriores al veredicto que le fueron
denegadas el 14 de abril de 1986. Las
partes también concuerdan en lo siguiente:
2. La
peticionante se presentó a la Corte el 22 de abril de 1986 solicitando la
reconsideración de su sentencia. La
peticionante apeló la sentencia ante la Corte de Apelaciones el 25 de
abril de 1986. La Corte de
Apelaciones denegó la solicitud de la peticionante el 11 de mayo de 1987. La peticionante presentó entonces su petición de autorización
de la apelación ante la Corte Suprema el 9 de octubre de 1987, lo cual
también le fue denegado el 19 de febrero de 1988.
3. De
manera que la peticionante ha agotado todas las vías del derecho penal
nacional. La legislación
nacional dispone que sólo por la vía antes mencionada una persona
convicta de un delito en los Estados Unidos de América puede obtener un
alivio de la pena y así ser liberada de la cárcel.
4. La
peticionante solicita que se le libere a ella y a los demás miembros de
la organización "Move" que se encuentran injustamente
encarcelados. (La
peticionante fue liberada de la cárcel el 13 de mayo de 1992, por lo cual
ese argumento no se aplica a su caso. La peticionante alegó asimismo que
otros miembros de "Move" que estaban encarcelados habían
también agotado los recursos jurídicos de la legislación nacional y citó
sus nombres, que se omiten porque todos tienen fechas de arresto previas
al 13 de mayo de 1985).
La peticionante ha agotado todas las vías jurídicas que
permitirían el encausamiento de los demandados
1. La
peticionante ha agotado todas las vías que permitirían el encausamiento
penal de los demandados y, como parte de su petitorio, solicita que se
determine la responsabilidad penal de los demandados por sus actos.
Con respecto a los hechos del 13 de mayo de 1985, el Gran Jurado de
Investigación del Condado y el Gran Jurado Federal no instruyeron ninguna
acción penal contra ninguno de los demandados.
2. La
División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI) también llegaron a la errónea conclusión
de que no correspondía instruir una acción penal contra los demandados.
Además, la Comisión investigadora especial de Filadelfia no tenía
autoridad para instruir cargos contra nadie.
3.
Con respecto a los reiterados incidentes de brutalidad policial
contra mujeres embarazadas de la organización Move", en ningún
caso se consideró acusación alguna contra la policía.
Tampoco se instruyeron cargos por el asesinato del bebé Life
Africa.
Las vías de acción civil de la peticionante son insuficientes
para proporcionar reparación
1. La
citada acción civil Nº 87-2678 se refiere únicamente a las violaciones
de los derechos civiles de la peticionante protegidos a nivel nacional que
fueron perpetradas por los mencionados acusados en relación con los
hechos en torno del ataque a la casa "Move" el 13 de mayo
de 1985.
2. Ello
no se relaciona con otros hechos presentados como violaciones a las normas
de los derechos humanos internacionales citados en la petición a
consideración de la Comisión. Tampoco
se relaciona su reclamación civil con las violaciones de los derechos
civiles de otros miembros de "Move".
De manera que los demás miembros de "Move" y la
peticionante están fuera del plazo estatutario para iniciar una acción
civil en su propio nombre.
3.
Además, si la peticionante insiste en la acción civil, la única
forma de reparación será una compensación monetaria por la herida que
se le infligiera. No se
impondrá ninguna condena criminal contra los acusados mencionados en esa
acción por su violación de la ley.
La peticionante no puede obtener un proceso debido adecuado en
ninguna acción nacional
1. La
Comisión ha sostenido en el pasado que en los casos en que autoridades de
alto nivel del Gobierno hayan formulado declaraciones que exoneran a los
involucrados, existen serios indicios de una actitud negativa respecto a
imponer el castigo que los responsables de un delito merecen.
Esa actitud negativa constituye un indicio firme de que se ha
negado a la víctima el debido proceso en lo que se refiere al agotamiento
de los recursos de que dispone por la vía jurídica nacional.
Literal b, párrafo 2), artículo 37 y Resolución Nº 01a/88, caso
9755, Chile, 12 de septiembre de 1988.
2.
Tales indicios existen en el caso en consideración.
Los jueces, los procuradores de distrito, el Alcalde y el
Gobernador han demostrado todos en sus acciones y en sus declaraciones que
en lo que respecta a "Move" no fueron capaces de adoptar
decisiones imparciales. Además,
los responsables y potencialmente posibles de sanción son altos
funcionarios de Gobierno que en última instancia controlaban los órganos
investigadores con autoridad para instruir acciones penales.
C. Segunda
presentación del Gobierno demandado (Recibida el 30 de julio de 1992)
en la que se afirma:
La peticionante no ha agotado los recursos jurídicos de la
legislación nacional, conforme lo exige el artículo 37
1. El
Gobierno demandado reiteró su primera respuesta y sostuvo que la
reclamación de la peticionante no debe considerarse en virtud del artículo
37 del Reglamento de la Comisión puesto que no ha agotado la vía jurídica
en la legislación nacional. Los
incidentes que forman la base de la denuncian de la peticionante son
objeto de un litigio en curso, la Acción Civil Nº 87-2678, en los
tribunales nacionales de los Estados Unidos.
2. La
peticionante procura una reparación monetaria, entre otras cosas, por
presuntas violaciones de sus derechos civiles al amparo de la Ley de
derechos civiles de 1964, 42 U.S.C. SS 1983 y 1985, en las cortes
federales, y por negligencia de parte del Municipio de Filadelfia y de
varios actuales y ex funcionarios municipales.
3. Se
encuentran actualmente pendientes varias peticiones de procedimiento ante
el Magistrado Federal, que se espera fije fecha para el juicio a mediados
de septiembre de este año. Una
vez concluido el actual litigio, la peticionante dispone todavía de
recursos en la legislación nacional, pues podría apelar una decisión
desfavorable de la Corte de distrito ante la Corte de Apelaciones de los
Estados Unidos para el tercer circuito.
4. El
artículo 37 del Reglamento de la Comisión no distingue en modo alguno
entre las vías legales que ofrecen el derecho penal y el derecho civil de
la nación. El Reglamento
simplemente exige el agotamiento de todos los recursos jurídicos de la
legislación nacional, y no meramente de aquellos recursos que la
peticionante afirma preferir y que unilateralmente ha considerado "adecuados".
5. Los
Estados Unidos señalan que ninguno de los instrumentos jurídicos a que
ha recurrido la peticionante - ni la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ni la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ni
la Constitución de los Estados Unidos - confieren a la peticionante el
"derecho" a hacer que el Gobierno de los Estados Unidos inicie
acción penal contra las personas a quienes ella acusa. El hecho de que la peticionante evidentemente prefiera este
"recurso" particular no es pertinente al requisito de
agotamiento de las vías jurídicas de la legislación nacional.
6. Los
Estados Unidos rechazan enérgicamente la afirmación de que los diversos
recursos civiles a que tiene derecho la peticionante en virtud del derecho
estadounidense sean insuficientes para proporcionar reparación a alguna
de sus reclamaciones en caso de que en última instancia se pruebe tiene mérito.
Las excepciones a la exigencia de agotamiento de los recursos
jurídicos nacionales contenida en el párrafo 2) del artículo 37 no son
aplicables a la reclamación de la peticionante
1. El
literal a), párrafo 2) del artículo 37 dispone que el requisito de
agotamiento de los recursos jurídicos nacionales no se aplicará en los
casos en que "no exista en la legislación interna del Estado de que
se trata el debido proceso legal, para la protección del derecho o
derechos que se alegan han sido violados". (Se omite este argumento
del Gobierno dado que es incuestionable por ambas partes que efectuaron
investigaciones la División de Derechos Civiles del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI), el Gran Jurado del Condado y el Gran Jurado Federal y que no se
instruyó acción alguna contra ninguno de los funcionarios públicos
involucrados.)
2.
Que la peticionante no esté de acuerdo con los resultados de
cuatro de estas investigaciones no significa que la legislación nacional
no baste para ofrecerle un debido proceso legal que proteja un "derecho"
que no existe.
3. La
exigencia de agotamiento de los recursos jurídicos nacionales es
evidentemente aplicable puesto que no se ha producido ningún retraso
indebido en la emisión del fallo definitivo en la acción civil pendiente
que entabló la peticionante contra el Municipio de Filadelfia.
4. Por
tanto, no son aplicables las disposiciones del literal c, párrafo 2) del
artículo 37, en razón de lo cual esta comunicación no aborda en detalle
las interpretaciones de la ley ni las afirmaciones fácticas presentadas
en la petición. ASPECTOS
JURÍDICOS:
La peticionante y el Gobierno demandado plantean tres cuestiones
cruciales:
1. a)
¿Debe darse una interpretación literal a la disposición del párrafo 1)
del artículo 37 del Reglamento de la Comisión, que dispone que "se
requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la
jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional
generalmente reconocidos", en el sentido de que ello incluye los
recursos penales y civiles?
b) ¿O debe interpretarse que en este caso el requisito de "agotamiento
de los recursos previstos en la jurisdicción nacional" sólo exige
el agotamiento de los recursos penales previstos en la jurisdicción
nacional?
c) ¿Se han agotado en este caso los recursos de la jurisdicción
nacional, o alguna de las excepciones establecidas en el artículo 37 del
Reglamento eximen a los solicitantes de agotar los recursos de la
jurisdicción nacional?
2.
¿Los presuntos hechos, presentados por las partes, constituyen
violaciones prima facie por un Estado miembro de la OEA de los
derechos humanos conforme están reconocidos en la Declaración Americana?
3. En
caso afirmativo, ¿puede la Comisión:
a) Considerar intra vires que el Gobierno demandado y los
demás demandados tienen responsabilidad penal por las presuntas
violaciones? o
b) ¿Ello está ultra vires las potestades de la Comisión? ANÁLISIS:
a) SE DEBE
INTERPRETAR EL PÁRRAFO 1) DEL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA
COMISIÓN EN FORMA LITERAL EN EL SENTIDO DE QUE INCLUYE LOS
RECURSOS CIVILES Y PENALES
1. La
peticionante ha presentado argumentos conforme a los cuales sostiene que
ha agotado todas las vías previstas en la legislación penal nacional.
El demandado Gobierno de los Estados Unidos presentó dos escritos
en los que argumenta que no debe hacerse lugar a la solicitud de la
peticionante porque no se han agotado todos los recursos de que dispone la
peticionante en la legislación nacional.
2. El
Gobierno argumenta que la peticionante participaba y participa en una acción
en curso por las cuestiones que plantea en la denuncia presentada a la
Comisión. En ese litigio la
peticionante inició una acción por presunta violación de los derechos
civiles y por negligencia contra distintos funcionarios y personas que
nombra en la petición como presuntos violadores de sus derechos humanos.
3. El
párrafo 1 del artículo 37 del Reglamento de la Comisión dispone que
"para que una petición pueda ser admitida en la Comisión, se
requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la
jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional
generalmente reconocidos".
4. De
la lectura del párrafo 1 del artículo 37 del Reglamento de la Comisión
parece desprenderse que la intención de los redactores del artículo es
que el mismo se lea en forma literal, a efectos de significar que los
"recursos" de que se dispone en la jurisdicción nacional tendrán
que ser invocados y agotados.
5. De
manera que si en la jurisdicción nacional de un Estado se dispone
solamente de recursos penales, entonces tendrán que invocarse y agotarse
los recursos penales. Si, por
el contrario, un Estado ofrece solamente recursos civiles, habrán de
invocarse y agotarse los recursos civiles.
Pero en el caso de un Estado que ofrece recursos civiles y penales
para la misma presunta violación, el peticionante tendrá que invocar y
agotar ambos tipos de recursos.
6.
Quienes formularon el artículo no establecieron distinción alguna
al redactar esta parte entre recursos civiles y penales, pues si hubieran
decidido que el propósito de esta sección era referirse únicamente a
los "recursos penales" y no a los recursos civiles o de otro
tipo, así lo hubieran especificado.
7.
Puede servir de ayuda la Opinión Consultiva OC-11/90, del 10 de
agosto de 1990, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en cuanto a cómo debe interpretarse el término "recursos" en
el contexto de los párrafos 1 y 2 del artículo 46 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. El
literal a) del párrafo 1) del artículo 46 y los literales a), b) y c)
del párrafo 2) del artículo 46 reiteran los mismos temas contenidos en
los párrafos 1) y 2) del artículo 37 del Reglamento de la Comisión, en
relación con el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.
8.
Aunque la opinión consultiva no trata específicamente el
significado del tipo de recursos a que se refiere el párrafo 1) del artículo
37 del Reglamento de la Comisión, la Corte examinó la cuestión del
agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna con respecto a
"la indigencia o la incapacidad de una persona para obtener
representación legal en razón de una prevención generalizada en la
comunidad jurídica para tomar esos casos."
9. Al
abordar esos temas, la Corte consideró el artículo 1, obligación de
respetar los derechos; el artículo 24, Igualdad ante la Ley y el artículo
8, Garantías Judiciales, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La Corte interpretó
que los "recursos" son derechos de las personas garantizadas por
la Convención, ya sean esos derechos penales, civiles, laborales,
fiscales o de otra naturaleza.
10. En la página
9, párrafo 27, la Corte afirma que "en los casos en que el acusado
se ve obligado a defenderse por sí mismo debido a que no puede pagar un
asesoramiento jurídico, "en aquellos casos en los cuales un acusado
se ve obligado a defenderse así mismo porque no puede pagar asistencia
legal, podría presentarse una violación del artículo 8 de la Convención
si se puede probar que esa circunstancia afectó el debido proceso a que
tiene derecho bajo dicho artículo".
11. En el párrafo
28, la Corte afirmó que: en materias que conciernen con la "determinación
de (los) derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter" el artículo 8 no especifica "garantías
mínimas", como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias
penales. Sin embargo, el
concepto de "debidas garantías" se aplica también a esos órdenes
y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también
al debido proceso que se aplica en materia penal".
12. De modo
que, dado que la peticionante ha adquirido "derechos" (en razón
de los presuntos hechos contenidos en la petición) por las presuntas
violaciones de sus derechos humanos al amparo de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre, la peticionante también ha adquirido el
derecho a "recursos," sean éstos de naturaleza civil o penal, o
revistan ambas características. Habiendo
adquirido el derecho a estos recursos, debe invocarlos y agotarlos, cosa
que ha hecho al apelar su condena ante la Corte de Apelaciones de mayor
jerarquía y al iniciar la acción civil en la Corte Federal, donde
actualmente lleva una acción por daños y perjuicios en razón de la
violación de sus derechos civiles por negligencia y otras reclamaciones.
b) LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL HAN SIDO
INVOCADOS PERO NO HAN SIDO AGOTADOS POR LA PETICIONANTE Y, POR TANTO, SON
INAPLICABLES LOS PÁRRAFOS 2) Y 3) DEL ARTICULO 37
1.
Pese a que esta petición debe interpretarse al amparo de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, dado que la
denuncia se entabla contra los Estados Unidos, firmante de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, aunque no la ha ratificado, podría
utilizarse la asistencia y la orientación de la Corte, por intermedio de
la mencionada opinión consultiva, para interpretar el párrafo 1) del artículo
37 de la Comisión con respecto al significado de los "recursos jurídicos
de la legislación nacional" que se estipulan en esa sección.
2. Por
tanto, conforme se han examinado los recursos a que la peticionante ha
adquirido derecho, sean ellos de carácter penal, civil, laboral, fiscal o
de otra naturaleza, a estar a la opinión consultiva de la Corte, los
mismos deben ser invocados y agotados conforme a lo dispuesto en el párrafo
1) del artículo 37 del Reglamento de la Comisión.
Sin embargo, dado que la peticionante ha invocado y está
utilizando esos recursos en los tribunales, los recursos previstos en la
jurisdicción nacional no han sido agotados y, por tanto, no son
aplicables los párrafos 2 y 3 del artículo 37.
3.
Además, la peticionante procura ampararse en el agotamiento de la
vía penal, que concluyó de manera definitiva el 18 de febrero de 1988
con la denegación de su apelación ante la Corte de Apelaciones.
La Comisión recibió su petición el 15 de abril de 1991. Por tanto, si la Comisión fuera a considerar el agotamiento
de los recursos penales de la peticionante en el vacío, su petición a la
Comisión sería cursada en última instancia al amparo de los párrafos 1
y 2 del artículo 38, y considerada inadmisible.
4. El
párrafo 1 del artículo 38 dispone que la Comisión "se abstendrá
de conocer aquellas peticiones que se presenten después del plazo de seis
meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos
ha sido notificado de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de
los recursos internos.
5. El
párrafo 2 del artículo 38 dispone una excepción, pero estipula que
"el plazo para la presentación de una petición a la Comisión será
un período de tiempo razonable, a criterio de la Comisión, a partir de
la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos,
considerando las circunstancias de cada caso concreto".
6. Por
tanto, habiendo concluido que el párrafo 1 del artículo 37 exige que se
hayan invocado y agotado los recursos penales y civiles previstos en la
jurisdicción nacional, la petición fue presentada en tiempo y fecha.
7. Sin
embargo, habiendo concluido que la petición a esta altura es inadmisible,
en razón de que los recursos previstos en la jurisdicción nacional han
sido invocados pero no agotados, la Comisión no necesita considerar las
otras dos cuestiones planteadas con respecto al mérito de la demanda.
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECLARA:
1.
Que la petición es inadmisible debido a que la peticionante no ha
agotado los recursos de la jurisdicción interna.
[ Índice ] |
[ Página Principal | Anuales | Informes Especiales | Comunicados de Prensa | Documentos Básicos |Enlaces | Búsqueda ]