COMUNICADO DE
PRENSA
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento con
profunda consternación sobre el atentado ejecutado en el distrito de
Miraflores, Lima, Perú, el 16 de julio pasado que ha dejado como saldo
más de veinte muertos, muy numerosos heridos y cuantiosos daños
materiales. Según la
información recibida por la Comisión, tal atentado habría sido acompañado
de otros atentados en diversos sectores de las ciudades de Lima y Callao
y también se habría ejecutado junto con ataques a puestos policiales,
acciones que han continuado en los días posteriores.
La Comisión se siente en la necesidad de reiterar nuevamente en
esta ocasión, su más enérgica condena a este tipo de acciones
criminales que siembran el sufrimiento y la destrucción entre la
población y que provocan un estado de terror absolutamente inaceptable.
La Comisión Interamericana ratifica los conceptos vertidos en su
comunicado de prensa del 31 de octubre de 1991 cuando señaló que
ninguna persona, grupo o Estado puede actuar de manera que lleve a
lesionar los derechos reconocidos en la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La Comisión insiste, asimismo, en la invocación formulada por
su Presidente, luego de su visita al Perú del 11 y 12 de mayo pasado,
cuando señaló que encontraba imprescindible realizar el más enérgico
de los llamados para que se termine con la violencia como forma de
dirimir conflictos sociales y, de manera especial, que se elimine todo
medio que pueda causar el terror y la intimidación, particularmente el
uso de armas y explosivos que, por sus efectos indiscriminados, tienen
un doloroso y gravísimo costo sobre toda la población, en especial la
población civil. La Comisión
Interamericana continuará observando con particular atención la forma
en que evolucione la situación en el Perú en materia de derechos
humanos y espera que los peruanos puedan superar las situaciones de
violencia que los afectan y restaurar en el más breve plazo las
instituciones de una auténtica democracia representativa que, como lo
ha señalado repetidamente la Comisión, son la mejor garantía de la
vigencia de los derechos humanos. Washington, D.C., 22 de julio de 1992
COMUNICADO DE
PRENSA
El 2 de octubre de 1992 concluyó el 82º período de sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron
su Presidente, Marco Tulio Bruni Celli; el Primer Vicepresidente, Oscar
Luján Fappiano; el Segundo Vicepresidente, Michael Reisman; y los
miembros, Patrick Robinson, Oliver Jackman, Leo Valladares Lanza y
Alvaro Tirado Mejía.
En el curso de este período de sesiones, la Comisión recibió
en audiencia a representantes de gobiernos y de organizaciones no
gubernamentales interesadas en el tema de los derechos humanos, bien en
relación con la situación general de los derechos fundamentales en
diferentes Estados, así como con casos individuales actualmente en trámite
ante la Comisión.
En relación con Guatemala, la Comisión concedió audiencias a
peticionarios en casos individuales; recibió a su Embajador
Representante Permanente ante la OEA, quien proporcionó información
general respecto a la compleja situación de los derechos humanos;
decidió realizar una visita in loco del 2 al 6 de noviembre próximo
y solicitó al Gobierno, de conformidad con el artículo 29 del
Reglamento, que adopte medidas cautelares de carácter urgente
tendientes a salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de
parientes de la señora Maritza Urrutia.
La CIDH examinó detenidamente las útlimas informaciones
relativas a la situación de los derechos humanos en Haití y recibió
la visita del Alcalde de Puerto Príncipe, señor Evans Paul, quien
informó a la CIDH acerca de los últimos acontecimientos en su país.
Además la Comisión decidió solicitar a las autoridades la
anuencia para visitar el país. Se
realizaría una primera visita en el mes de diciembre de 1992 con carácter
exploratorio y posteriormente una visita in loco durante el mes
de enero de 1993, a fin de observar la grave situación que viene
confrontando Haití desde el golpe de Estado del 30 se septiembre de
1991 contra el Presidente Jean Bertrand Aristide. Los resultados de esas acciones de la Comisión serán hechos
públicos oportunamente y se podrán en conocimiento de los señores
Ministros de Relaciones Exteriores, a través del Consejo Permanente, de
acuerdo con la solicitud formulada en la Resolución MRE/RES. 3/92.
La Comisión recibió y prestó especial consideración a los
informes relativos a las visitas in loco a Nicaragua, Colombia y
Perú, realizadas en el curso de este año.
En cuanto a Nicaragua, la CIDH estudió el informe preparado por
la Subcomisión que realizó una visita in loco a ese país en el
mes de abril y también recibió en audiencia a representantes de
organismos de derechos humanos, así como al señor Embajador
Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA, quienes
proporcionaron información sobre la situación y sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno a fin de mejorar la situación de los derechos
humanos, respectivamente.
Por lo que se refiere a Perú, la Comisión consideró los
resultados de las visitas realizadas en el curso del año por el
Presidente y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Igualmente recibió el testimonio de personas e instituciones
vinculadas con la situación de los derechos humanos y analizó el
estado actual de tales derechos a la luz de los acontecimientos
registrados desde el anterior período de sesiones.
La Comisión decidió dirigirse al Gobierno peruano haciéndole
planteamientos específicos respecto a la situación de personas que
consideran que sus derechos han sido vulnerados o puestos en situación
de peligro.
La Comisión recibió y estudió el informe sobre la visita in
loco realizada a Colombia en el mes de mayo de 1992.
Con respecto a dicho país, la Comisión recibió al Consejero
Presidencial para los Derechos Humanos y al Embajador Representante
Permanente ante la OEA, quienes informaron detalladamente respecto a las
medidas adoptadas por el Gobierno a fin de subsanar los problemas que
confronta el país en esta materia.
Igualmente tuvo oportunidad de recibir testimonios de
peticionarios y de organizaciones no gubernamentales sobre casos
individuales en trámite y sobre la situación general de los derechos
humanos en el país.
La Comisión estudió la evolución de la situación política en
El Salvador, a la luz de los históricos Acuerdos suscritos entre las
partes en conflicto y decidió seguir observando con atención los
resultados de la implementación de tales Acuerdos.
Especial interés se otorgó al análisis de los alcances del
mandato y de los trabajos en curso que adelanta la Comisión de la
Verdad. La CIDH confía que,
gracias a las manifestaciones de voluntad de las partes y del pueblo de
El Salvador en general, en un futuro cercano se logre la consolidación
de la paz y la democracia, dentro de un marco de respeto pleno a los
derechos y garantías fundamentales de las personas.
En este período de sesiones, la Comisión recibió a
representantes del Gobierno de Honduras y de la Comisión
Interinstitucional de Derechos Humanos, quienes proporcionaron información
sobre la situación de los derechos humanos en ese país, así como
elementos referidos a los distintos casos en trámite que cursan en la
Comisión.
Con respecto a la preparación del instrumento interamericano
sobre derechos de los pueblos indígenas, la Comisión tomó
conocimiento de respuestas a la primera consulta, en la que varios de
los Gobiernos de los Estados miembros y entidades indígenas
manifestaron su parecer sobre los derechos y enfoques que dicho
instrumento debería considerar. La
Comisión está preparando una síntesis de todas las respuestas que
reciba, que incluirá en su próximo Informe Anual.
En el curso de este período de sesiones, la Comisión fue
gratamente informada de la decisión del Gobierno de Brasil de ratificar
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Dr.
Celso Lafer, en representación de su Gobierno depositó el documento de
adhesión, que constituye sin duda alguna, un importante aporte al
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, y merece
un especial reconocimiento. La
Comisión espera que el ejemplo de Brasil sea seguido por aquellos
Estados que aún no han ratificado la Convención, y confía que en el
mismo sentido se manifieste esa voluntad frente a los demás
instrumentos interamericanos sobre la materia.
Un hecho que merece especial mención, por la trascendencia que
reviste para el desarrollo progresivo del sistema internacional de
protección de los derechos humanos, es el acuerdo de solución amistosa
a que se llegó entre el Gobierno de la República Argentina y los
peticionarios, en los casos 10288, 10310, 10436, 10496 y 10771,
relativos a la reparación patrimonial a los detenidos durante la
dictadura militar.
El día jueves 1º de octubre, la Comisión recibió la visita de
cortesía del Canciller de la República de Venezuela, señor Fernando
Ochoa Antich, quien estuvo acompañado en ese acto por el Embajador
Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos,
y por el Director General Sectorial de Política Internacional.
El Canciller manifestó a la Comisión la voluntad de cooperación
del Gobierno venezolano e informó sobre la situación general de los
derechos humanos en su país.
Finalmente, la Comisión decidió que su próximo período de
sesiones tendrá lugar entre el 1 y el 12 de marzo de 1993, y el período
previo de audiencias se realiza_á entre el 24 y el 26 de febrero. Washington, D.C., 2 de octubre de 1992
COMUNICADO DE
PRENSA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado
conocimiento, con profunda preocupación, sobre la posibilidad de que el
Perú proceda a denunciar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La denuncia del
Pacto de San José constituiría un hecho sin precedentes en el
hemisferio ya que sería el primer Estado en adoptar tal medida que, en
sí misma, es contradictoria con la corriente de consolidación del régimen
democrático que se sustenta sobre la plena vigencia de los derechos
civiles y políticos reconocidos por la Convención y que es uno de los
postulados básicos en que se asienta el sistema interamericano.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, asimismo,
representa un importante avance realizado con miras a garantizar los
derechos de los habitantes de América, que han sido a menudo vulnerados
y, en ese sentido, debe ser fortalecido.
El reciente ejemplo de Estados democráticos del hemisferio que
se han incorporado plenamente al régimen de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos constituye un aliciente para continuar trabajando
en el fortalecimiento del sistema americano de protección de los
derechos humanos y la Comisión Interamericana espera que tal empeño
contará con la colaboración de todos los Estados partes en el Pacto de
San José.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe señalar que
la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte
de Perú no relevará a ese país de sus obligaciones en materia de
derechos humanos ya que continuará sometido a la jurisdicción de la
Comisión en virtud de los postulados de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre que son aplicables a todos los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos. Washington, D.C., 27 de octubre de 1992
COMUNICADO DE
PRENSA
El lunes 2 de noviembre de 1992 se inicia la visita in loco,
que por invitación del Gobierno de Guatemala realiza la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), a fin de observar la situación general de los
derechos humanos en este país. La
visita se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y participan en
ella el Dr. Marco Tulio Bruni Celli, Presidente de la Comisión, y los
doctores Leo Valladares Lanza, Alvaro Tirado Mejía y Patrick L.
Robinson.
La Comisión estará asistida durante su visita por la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión, doctora Edith Márquez Rodríguez, el doctor
David Padilla y el doctor Jorge Seall-Sasiain.
Asimismo, contará con el apoyo administrativo de las señoras
María Julia Meyer y Rosario McIntyre.
La Comisión estará alojada en el Hotel El Dorado de la Ciudad
de Guatemala. Durante su observación in loco la CIDH se
entrevistará con autoridades del Gobierno y de instituciones oficiales,
con representantes de organismos de defensa y promoción de los derechos
humanos, con personas y miembros de instituciones representativas y con
quienes consideren que hayan sido afectados en sus derechos humanos y
deseen presentar denuncias ante la Comisión.
Con el objeto de que estas personas puedan realizar dichas
denuncias, la CIDH recibirá en el Hotel El Dorado los días martes 3 y
miércoles 4 de 9:00 a 16:00 horas.
La Comisión se trasladará al interior del país, para lo cual
dos subcomisiones se desplazarán el día jueves 5 de noviembre.
Una observará in situ las Comunidades de Poblaciones en
Resistencia (CPR) y el Municipio de San Pedro Jocopilas, en el
Departamento de El Quiché, y la otra visitará Santiago Atitlán, en el
Departamento de Sololá, Santa Cruz de El Quiché en el Departamento de
El Quiché, y Aldea Guaxana, Municipio de Nentón en el Departamento de
Huehuetenango.
La visita de la CIDH se realiza en el marco de las disposiciones
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado
internacional del cual es parte el Estado guatemalteco, y de conformidad
con lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento de la Comisión.
De acuerdo con dichos instrumentos, el Gobierno de Guatemala se
ha comprometido a otorgar todas las garantías a las personas, grupos,
entidades e instituciones que deseen entrevistarse con la Comisión, así
como de prestar todas las facilidades que ésta requiera para cumplir
con su tarea de observar la situación general de los derechos humanos
en el país (artículos 58 y 59 del Reglamento de la Comisión).
Al término de la visita, la Comisión convocará a una
conferencia de prensa en el hotel El Dorado el día viernes 6 de
noviembre en horas de la tarde. Ciudad de Guatemala, 1º de noviembre de 1992
COMUNICADO
DE PRENSA
El
día de hoy, 6 de noviembre de 1992, finalizó la visita in loco
que, con la anuencia del Gobierno de Guatemala, ha efectuado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), a fin de observar la situación general de los
derechos humanos en este país. Participaron
en la visita el doctor Marco Tulio Bruni Celli,
Presidente de la Comisión, y los miembros de la misma, doctores
Leo Valladares Lanza, Patrick L. Robinson y Alvaro Tirado Mejía.
La Comisión estuvo asistida por la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión, doctora Edith Márquez Rodríguez, por el Secretario Ejecutivo
Adjunto, doctor David Padilla y por el abogado doctor Jorge Seall-Sasiain.
Asimismo contó con el apoyo administrativo de las señoras María
Julia Meyer y Rosario McIntyre.
Durante la visita la Comisión Interamericana se reunió con el Ing.
Jorge Serrano Elías, Presidente de la República; con el
Lic. Gonzalo Menéndez Park, Ministro de Relaciones Exteriores; con
el Lic. Francisco Perdomo Sandoval, Ministro de Gobernación; con el
General de División, José Domingo García Samayoa, Ministro de la
Defensa; con el Lic. Edgar Tuna Valladares, Procurador General de la Nación
en funciones y Jefe del Ministerio Público; con el Lic. Juan José Rodil
Peralta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo
Judicial; con el doctor Jorge Mario García Laguardia, Presidente de la
Corte de Constitucionalidad; con el Lic. Ramiro de León Carpio,
Procurador de Derechos Humanos y el Lic. César Alvarez Guadamuz,
Procurador Adjunto; con el señor Bernardo Neumann, Presidente de la
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y demás funcionarios de ese
organismo; con el Lic. Manuel Conde Orellana, Presidente de la Comisión
Negociadora de la Paz; con el Lic. Oliverio García Rodas, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República; con el
Coronel Luis Felipe Miranda Trejo, Comandante de la Policía Militar
Ambulante; con el Ing. Sergio Mollinedo, Director Ejecutivo de la Comisión
Nacional para la Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR),
con la doctora Claudia Fuentes Serrano, Asesora de la Dirección Ejecutiva
del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y con Monseñor Rodolfo Quesada
Toruño, Conciliador Nacional y Presidente de la Comisión Nacional de
Reconciliación.
La Comisión
concedió audiencias a representantes de organizaciones no
gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, tales
como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Casa Alianza,
CIEPRODEH, GAM, CONAVIGUA, CONFREGUA, Hermanos Maristas, Coordinadora de
Organizaciones no Gubernamentales, Equipo Forense EAFG y CERJ.
Se concedieron audiencias a representantes de organizaciones indígenas,
sindicales, estudiantiles y de prensa.
Asimismo visitó los centros penales de San José
371
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El Pavón, El Pavoncito y el Centro Preventivo de la Zona 18, en los
cuales se entrevistó con sus autoridades, recorrió los pabellones y
recibió el testimonio de algunos detenidos.
La Comisión conoció aspectos relevantes de la compleja y delicada
situación de los derechos humanos en Guatemala y recogió valiosa
información que le será muy útil para preparar su informe especial
sobre los resultados de la visita.
La Comisión expresa su preocupación ante denuncias recibidas y
hechos observados que tienen que ver con la desaparición forzada de
personas, con ejecuciones extrajudiciales, con fallas de la administración
de justicia e impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, y con
la adjudicación de funciones policiales a cuerpos pertenecientes a las
fuerzas armadas, como es el caso de la Policía Militar Ambulante.
Igualmente expresa su preocupación por los problemas aún no
totalmente resueltos de los refugiados, retornados y desplazados; por la
inseguridad en que viven las poblaciones civiles en las zonas de conflicto;
por los problemas relativos a la tenencia de la tierra y por la lentitud y
las dificultades en la investigación de hechos denunciados que
constituyen evidentes violaciones de derechos humanos.
La Comisión recibió diversos testimonios en relación a la
situación que viven las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).
Dada la importancia de la problemática planteada, la Comisión
decidió realizar una visita a las CPR de la Sierra y del Ixcán, para lo
cual ya recibió la anuencia del Gobierno oficializada por el Ministro de
Relaciones Exteriores en su entrevista con la Comisión.
Dicha visita se realizará a comienzos de 1993.
Consideró con especial atención la existencia de los llamados
Comités Voluntarios de Defensa Civil, cuya naturaleza conduce a la
inseguridad de la población campesina, que por tales circunstancias se
encuentra sometida a presiones de ambos sectores en conflicto.
En este sentido, cabe recordar que corresponde al Estado garantizar
la seguridad y el ejercicio de los derechos de toda la población.
La Comisión ve con preocupación que aún continúan los
reclutamientos irregulares, sobre todo a las poblaciones indígenas y
campesinas y solicita a las autoridades que cesen estas prácticas.
La Comisión recibió numerosas denuncias sobre la grave situación
que vive un alto porcentaje de la población del país, del que las
comunidades indígenas son la mayor parte.
La Comisión está convencida de que entre los esfuerzos para
lograr la paz y la reconciliación, deben incluirse medidas orientadas
especialmente a mejorar las condiciones sociales y económicas de esos
numerosos sectores de la población.
De no adoptarse tales medidas subsistirían graves amenazas a la
paz y a la reconciliación nacional.
La Comisión conoció de abusos perpetrados contra niños de la
calle, que por su situación carecen de medios de protección, aunque fue
informada que ya hay algunas instituciones del Gobierno que con la
colaboración de organizaciones no gubernamentales están realizando
esfuerzos para mejorar su condición.
La Comisión recuerda al Estado que tiene el deber de asegurar los
derechos del niño protegidos por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y por la Convención de los Derechos del Niño, de los cuales
Guatemala es Estado parte.
Se escucharon testimonios y se recogieron cifras estadísticas
sobre los daños ocasionados a la estructura económica del país, así
como a personas inocentes ajenas al conflicto por los grupos alzados en
armas. La Comisión en este sentido desea reiterar, como lo ha hecho
en numerosas ocasiones, que quienes proceden de esta forma no pueden
encontrar justificación en la lucha para superar la pobreza o construir
un nuevo estado por medio de la violencia, así como tampoco es permitido
a las autoridades para defender las instituciones, cometer actos en contra
de la ley y mantener un régimen de impunidad.
Es el respeto por todos los grupos y por las autoridades de los
derechos inalineables de la persona humana consagrados en los instrumentos
internacionales, los que lograrán una base sólida para el ejercicio de
la democracia y de la pacífica convivencia.
La Comisión ha recibido con satisfacción información sobre las
medidas adoptadas recientemente por el Gobierno que preside el Ing. Jorge
Serrano, como la reorganización de la Comisión Presidencial Coordinadora
de la Política del Ejecutivo en materia de los Derechos Humanos (COPREDEH),
la creación de nuevos juzgados y otras medidas que demuestran voluntad
para resolver los problemas de las violaciones a los derechos humanos. No
obstante la defensa de los derechos humanos no será garantizada hasta que
empiece a funcionar un poder judicial fuerte e independiente, dedicado a
la investigación, al juicio y a la sanción de los que violan los
derechos humanos; sin ello no se pondrá fin a la impunidad en el país.
Muy especialmente ha observado el funcionamiento de la Procuraduría
de los Derechos Humanos, institución que se ha ganado la confianza de la
ciudadanía y ha dado credibilidad a esfuerzos en favor de la protección
de los derechos del pueblo.
Se registra a nivel general una disminución de las violaciones a
los derechos humanos, sin embargo, queda aún mucho por hacer porque las
violaciones aún son muy numerosas. Se
ha visto que por primera vez en la historia se han llevado a los
tribunales a miembros de las fuerzas armadas, de la Policía y
funcionarios civiles. Es
indudable que con los gobiernos civiles se desarrolla un progresivo
ambiente en favor de los derechos humanos.
La Comisión espera que el caso de la sociólogo Mirna Mack, así
como los otros casos en trámite e investigación sean esclarecidos y se
impongan las sanciones a los responsables.
La Comisión comprende que la lucha por la vigencia de los derechos
humanos es una tarea permanente y continuará cooperando con todas las
instituciones y con el Gobierno de Guatemala para lograr el avance y profundización de las medidas
adoptadas en defensa de los derechos humanos.
La Comisión desea expresar su reconocimiento al Gobierno de
Guatemala por las facilidades brindadas para que la Comisión pudiese
llevar a cabo las actividades que ha desarrollado.
También desea expresar en esta oportunidad su especial
agradecimiento a las personas e instituciones que dedicaron su tiempo a
presentar los problemas referidos al quehacer de la Comisión. Guatemala, 6 de noviembre de 1992
COMUNICADO DE
PRENSA
Desde hace más de tres meses, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha venido solicitando reiteradamente la anuencia del
Gobierno de facto de Haití para visitar ese país y poder
constatar in situ las numerosas denuncias recibidas de violaciones
de derechos humanos atribuidas a las acciones represivas de las Fuerzas
Armadas, de la Policía y de grupos de civiles auxiliares que operan bajo
sus órdenes. La CIDH
transmitió al Gobierno su intención de realizar dos visitas: una primera
exploratoria prevista para ser cumplida durante los días 13 al 15 de
diciembre de 1992 y una visita in loco que debió llevarse a cabo
durante los días 11 al 15 del corriente mes de enero.
El Gobierno de facto no ha otorgado aún la correspondiente
anuencia. Por el contrario,
el 8 de diciembre, la CIDH recibió comunicación del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Haití, en la cual se informaba que la fecha para
llevar a cabo dichas visitas sería comunicada en los días siguientes,
sin embargo no fue hasta un mes más tarde que las autoridades de facto
respondieron que "la visita de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos no le parecía necesaria al Gobierno haitiano".
Las denuncias presentadas por las propias víctimas y las
informaciones provenientes de fuentes fidedignas indican que numerosas
personas han sido ejecutadas sumariamente, detenidas ilegalmente,
maltratadas y torturadas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.
En la mayoría de los casos las víctimas han sido partidarios del
depuesto Presidente Jean Bertrand Aristide y en otros casos se trata de
gente que simplemente se sospecha de apoyarlo.
Las manifestaciones y reuniones han sido suprimidas violentamente y
no se ha permitido a los periodistas dar a conocer los hechos.
Muchas de las víctimas de estas violaciones son líderes o
miembros de organizaciones populares y de derechos humanos, estudiantes,
periodistas, comerciantes, campesinos y miembros de la Iglesia Católica.
En las áreas rurales, la represión y la violencia se ha agravado
con el restablecimiento de los "Jefes de Sección", quienes actúan
con la aquiescencia de los militares y en completa impunidad.
Tanto en la capital del país, como en la provincia, la población
es víctima de la corrupción ejercida por las autoridades de facto,
así como de las extorsiones practicadas por los militares a los civiles,
quienes les exigen sumas de dinero para evitar ser detenidos o maltratados,
o simplemente para mejorar las condiciones en que se encuentran en los
centros de detención y algunas veces hasta para obtener su libertad.
El clima de temor y de inseguridad que existe en el país ha
propiciado que una gran parte de la población, especialmente aquella que
apoya el retorno del Presidente Aristide, se desplace buscando refugio
hacia el interior del país, viéndose así obligada a abandonar sus
hogares y a esconderse en forma permanente.
Esta situación ha forzado también a un gran número de haitianos
a huir del país en inseguras embarcaciones para pedir asilo en los
Estados Unidos.
La práctica de la "represión preventiva" dirigida
contra la población civil y la degradación de la situación política,
han propiciado las continuadas violaciones a las garantías individuales,
como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad
individual, a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de
reunión y de asociación; todas ellas protegidas por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la República de Haití es
Estado parte.
La Comisión debe recordar, que independientemente de la situación
política imperante en un Estado parte, continúa vigente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En
consecuencia, la Comisión enfatiza que quienes ejercen el poder en un
Estado, aunque sea de facto, están obligados a respetar los
derechos individuales reconocidos por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó el
día 13 de diciembre de 1992 la Resolución "Restablecimiento de la
Democracia en Haití" (MRE/RES.4/92), mediante la cual decidió
"Encomendar al Presidente de la Reunión Ad-hoc de Ministros de
Relaciones Exteriores y al Secretario General de la OEA, que cooperen en
las gestiones del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, teniendo en cuenta las graves y persistentes violaciones a los
derechos humanos en Haití, y ante la negativa de las actuales autoridades
de facto, para que la Comisión pueda efectuar una visita "in
loco" a la mayor brevedad."
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa
firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sobre el
terreno las graves violaciones denunciadas, y ante la negativa del
Gobierno de facto de cooperar con la Comisión, reitera su llamado
a todos los organismos no gubernamentales de derechos humanos,
particularmente los que operan en Haití, así como a las víctimas y sus
familiares y en general a todos aquellos que con motivo de la crisis política
hayan sufrido alguna violación a sus garantías individuales, para que
tramiten sus denuncias ante la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un
llamado al Gobierno de facto y especialmente a las Fuerzas Armadas
para que cesen sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la
que es víctima la población haitiana. Washington, D.C., 8 de enero de 1993 |