COMUNICADO DE PRENSA Nº
1 /96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano
principal de la Organización de los Estados Americanos, reunida en su
91º período regular de sesiones, tiene a bien
anunciar los resultados de sus elecciones, celebradas hoy en su sede
en la ciudad de Washington.
Claudio Grossman fue elegido por unanimidad Presidente de la
Comisión para el próximo año.
Asimismo, John Donaldson y Carlos Ayala Corao fueron elegidos
Primer y Segundo Vicepresidentes, respectivamente, para el mismo período.
El Profesor Claudio Grossman, decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad Americana, en Washington, es el primer ciudadano
chileno miembro de la Comisión que ocupa este cargo.
El Profesor Grossman tiene una extensa trayectoria
internacional. Es autor de numerosos libros y artículos en los campos del
Derecho Internacional y de los derechos humanos. Es miembro de la
Sociedad Chilena de Derecho Internacional y de la Sociedad Americana
de Derecho Internacional. Es también Consejero del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y de la Federación Interamericana
de Abogados. El Profesor
Grossman recibió su título de abogado, summa cum laude, de la
Universidad de Chile y más tarde obtuvo el doctorado en Derecho en la
Universidad de Amsterdam, Países Bajos.
El Profesor Grossman señaló que es su intención contribuir
al fortalecimiento de los derechos humanos promoviendo una activa
labor de análisis y tranformación del sistema.
Entre otras cosas señaló: "es necesario adoptar
procedimientos jurídicos adecuados a un nuevo marco hemisférico de
gobiernos democráticos". Para
ello, indicó, "es esencial promover un rico diálogo entre los
gobiernos, las entidades de la sociedad civil y los organismos
internacionales". Llamó también a apoyar los mecanismos
judiciales internos, respecto de los cuales el sistema interamericano
es subsidiario.
El Embajador John Donaldson, distinguido diplomático, ex
Ministro de Relaciones Exteriores y de Seguridad Nacional de Trinidad
y Tobago, recibió su educación legal en British Columbia y en
Trinidad y Tobago.
El doctor Ayala obtuvo su grado de abogado con honores, así
como sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas, Venezuela y tiene una Maestría en Gobierno
de la Universidad de Georgetown de Washington. El doctor Carlos Ayala
ejerce su profesión de abogado en Caracas, Venezuela. Ha escrito
extensamente sobre el derecho en general y los derechos humanos en
particular. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la
Universidad Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela.
Asimismo, el Dr. Ayala es Presidente de la Asociación Venezolana de
Derecho Constitucional.
Tres nuevos miembros han iniciado sus labores en la Comisión
en este período; el doctor Carlos Ayala Corao, de Venezuela, el
doctor Jean Joseph Exume, de Haití, y el profesor Robert Goldman, de
Estados Unidos.
Tres miembros de la Comisión concluyeron sus períodos el 31
de diciembre del año pasado; el doctor Leo Valladares Lanza, de
Honduras, el doctor Patrick Robinson, de Jamaica y el profesor Michael
Reisman, de Estados Unidos. Washington, D.C., 26 de
febrero de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
2/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en su
91E Período de Sesiones, fue informada por la Representante Permanente de
Honduras ante la OEA, Embajadora Marlene Villela de Talbott, que el
Presidente de esa República, Dr. Carlos Roberto Reina, había hecho
entrega en Tegucigalpa el día 7 de febrero de 1996 a las familias de
Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godinez Cruz, de los cheques
correspondientes al complemento pendiente de las indemnizaciones de
acuerdo a las sentencias respectivas dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 21 de julio de 1989 y el 27 de
diciembre de 1990, en los casos relativos a la desaparición y muerte
de dichas víctimas.
En esa fecha las señoras Godinez y Velásquez recibieron los
cheques correspondientes a cada una de ellas, así como constancia de
los fideicomisos constituídos por el Estado de Honduras para los
hijos menores de las víctimas. La Comisión hará llegar esa
información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede
en Costa Rica, para la disposición final de dichos casos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que
el cumplimiento por la administración del Presidente Reina en nombre
del Estado de Honduras de las primeras sentencias en que la Corte
Interamericana decidió que un Estado era responsable de violaciones a
los derechos humanos, es un testimonio del respeto de ese Gobierno al
derecho y a los compromisos internacionales, y de su reconocimiento y
voluntad de fortalecimiento del sistema interamericano para la promoción
y la defensa de los derechos humanos. Washington, D.C., 1º
de marzo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
3/96
El 8 de marzo de 1996 concluyó el 91E
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Durante este período la Comisión eligió su nueva
mesa directiva, la cual quedó integrada de la siguiente forma: Decano
Claudio Grossman, Presidente; Embajador John Donaldson, Primer
Vicepresidente; Dr. Carlos Ayala Corao, Segundo Vicepresidente.
Igualmente integran la Comisión el Dr. Oscar Luján Fappiano, Dr.
Alvaro Tirado Mejía, Profesor Robert Goldman y Dr. Jean Joseph Exumé.
Al aceptar la Presidencia de la CIDH, el Decano Claudio
Grossman, agradeció el valioso trabajo realizado tanto por su
predecesor, el Dr. Alvaro Tirado Mejía, como por la Embajadora Edith
Márquez Rodríguez, quien después de 5 años como Secretaria
Ejecutiva de la CIDH asumió nuevas e importantes funciones en la OEA.
Al inicio del presente período de sesiones, la Comisión rindió
homenaje póstumo al conocido jurista venezolano, Dr. Andrés Aguilar,
Presidente de la CIDH y miembro de la misma de 1972 hasta 1985. En
homenaje a su memoria la CIDH publicará una obra especialmente
dedicada a exaltar su trayectoria en el campo de los derechos humanos.
Seguidamente, la Comisión expresó su reconocimiento a la
labor desarrollada por los tres miembros que concluyeron sus mandatos
el 31 de diciembre pasado: el Dr. Leo Valladares Lanza, el Prof.
Michael Reisman y el Dr. Patrick Robinson. Posteriormente, dio la
bienvenida a los nuevos miembros: Dr. Carlos Ayala Corao, Dr. Jean
Joseph Exumé y el Prof. Robert Goldman.
La Comisión consideró y aprobó el Informe Anual que será
presentado a la Asamblea General de la OEA, en su vigésimo sexto período
ordinario de sesiones, que se celebrará en Panamá en junio de 1996.
La Comisión pudo verificar durante el actual período de
sesiones, la continuación de los procesos de expansión de los
derechos humanos y la democracia, profundamente arraigados en los
pueblos del Hemisferio. La CIDH analizó la forma en que a través de
sus trabajos continuará contribuyendo a fortalecer dichos procesos,
impulsando su desarrollo y evitando reversiones autoritarias. En este
sentido, discutió la forma de perfeccionar su acción en el
tratamiento de casos individuales, las visitas in loco a países,
su sistema de relatorías en temas de especial importancia y sus
actividades de promoción.
La Comisión decidió convocar a una Reunión de Expertos sobre
el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a realizarse
en Washington, D.C., durante el mes de noviembre de este año. Dicha
reunión analizará el sistema en su conjunto, así como las normas y
procedimientos de promoción y protección regional de los derechos
humanos con el propósito de avanzar proposiciones dirigidas a su
fortalecimiento.
Durante este período de sesiones, la Comisión concedió 40
audiencias, en las cuales recibió a representantes de gobiernos, de
organizaciones no gubernamentales y de personas individuales, quienes
aportaron testimonios sobre casos individuales en trámite, así como
exposiciones sobre la situación general de los derechos humanos en
diferentes Estados miembros de la OEA.
La Comisión consideró el estado de la consulta sobre la
futura Declaración Interamericana sobre Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas, sobre la cual espera recibir las respuestas de
gobiernos, entidades indígenas y expertos sobre la materia antes del
mes de junio del presente año, a fin de revisar el borrador y
enviarlo a la Asamblea General de la OEA en 1997. Con el objeto de
organizar actividades de cooperación a este respecto, la Comisión
recibió al etnólogo José Del Val, Director del Instituto
Indigenista Interamericano.
La Comisión expresa su satisfacción por la entrada en vigor
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, la cual fue posible en virtud del depósito del instrumento
de ratificación, el día 28 de febrero de 1996, por parte de
Argentina y Panamá, constituyendo así un importante logro en el
campo de la protección de los derechos humanos en el hemisferio.
La Comisión ha manifestado un gran interés en los procesos de
la verdad, entendiendo la importancia de combatir la impunidad a través
de instancias que revelen en detalle las violaciones de derechos
humanos que han sufrido algunos países. Recientemente, la CIDH dio un
fuerte apoyo a la Comisión Nacional de la Verdad y Justicia en Haití,
proporcionando la información debidamente autorizada por los
denunciantes, así como una asesoría jurídica permanente a esa
institución.
Con respecto a las condiciones de detención en las Américas,
la Comisión aprobó, en su Informe Anual, la publicación de un
estudio de progreso y decidió continuar observando las condiciones de
centros penitenciarios en varios países. De esta manera, la Comisión
aceptó la invitación del Gobierno de la República de Venezuela para
llevar a cabo una visita de observación sobre las condiciones de
centros de detención, durante el mes de mayo del presente año.
Igualmente, con ese propósito la Comisión se trasladará, por
invitación del Gobierno de los Estados Unidos de América, a los
centros penitenciarios de Allenwood, Pennsylvania, y Talladega,
Alabama, para observar la situación de los "Marielitos" en
el mes de mayo de 1996.
La Comisión analizó las condiciones de detención en que se
encuentran numerosos menores en establecimientos hondureños. El
Gobierno y los peticionarios se comprometieron a colaborar en forma
conjunta, a fin de lograr el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación nacional e internacional.
La Comisión aceptó la invitación del Gobierno de la República
Dominicana para efectuar una investigación sobre el caso del Sr. Luis
Lizardo Cabrera, del 15 al 17 de marzo del corriente año.
La Comisión aceptó también la invitación del Gobierno de la
República de México para efectuar una visita in loco sobre la
situación de derechos humanos en dicho país, del 15 al 19 de julio
del año en curso.
La CIDH llama a los Estados del Hemisferio a la aplicación
estricta de las normas sobre situaciones de emergencia cuando tal tipo
de situaciones sean válidamente declaradas.
La CIDH reitera la importancia de la aplicación plena de las
normas de Derecho Internacional Humanitario, incluyendo la prohibición
de la utilización de menores en situaciones de conflictos armados,
tal como lo requieren las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus
Protocolos adicionales de 1977.
Durante el presente período de sesiones, la Comisión discutió
la situación de derechos humanos en Brasil, a la luz de la información
obtenida durante la reciente visita in loco realizada en
diciembre de 1995, la cual será de gran utilidad en el informe que
elaborará en su oportunidad.
La Comisión consideró el Informe de la Delegación de la CIDH
que viajó a Santafé de Bogotá, en diciembre de 1995 y observó que
mediante un gran esfuerzo de ambas partes, se habían obtenido
importantes progresos.
Las actividades de la Comisión con respecto a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se han incrementado notablemente,
en virtud del mayor número de casos que la Comisión ha debido
someter y tramitar ante esa instancia judicial. En consecuencia, la
Comisión analizó la participación que tuvo en diversos casos, en el
curso del XVIII período extraordinario de sesiones de la Corte, del
27 de noviembre al 8 de diciembre de 1995, durante el cual llevó a
cabo una audiencia pública en el caso Jean Paul Genie contra el
Estado de Nicaragua y se dictó sentencia sobre el caso Isidro
Caballero Delgado y María del Carmen Santana contra el Estado de
Colombia.
Igualmente, la Comisión consideró su participación durante
el XXXIII período ordinario de sesiones que la Corte celebró del 22
de enero al 3 de febrero de 1996, en las siguientes diligencias:
audiencia pública sobre el caso Neira Alegría y otros, relativa a la
cuantía de la indemnización que el Estado peruano debe pagar a los
familiares de las víctimas; lectura de la sentencia sobre el caso
Paniagua "Panel Blanca", mediante la cual se rechazaron las
excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de Guatemala;
audiencia pública con respecto a las reparaciones e indemnizaciones
del caso "El Amparo", contra el Estado de Venezuela; en el
caso Nicholas Chapman Blake se escucharon en audiencia pública los
alegatos de las partes sobre las excepciones preliminares interpuestas
por el Gobierno de Guatemala.
Con respecto a los casos Jorge Carpio Nicolle y Colotenango,
ambos contra el Estado de Guatemala, la Corte decidió prorrogar las
medidas provisionales solicitadas por la Comisión. En el caso Garrido
y Baigorria, la Comisión escuchó la sentencia de la Corte que
concede un plazo al Gobierno de Argentina y a la CIDH con el objeto de
llegar a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones; asimismo, la
Comisión tomó conocimiento de las sentencias dictadas en los casos
Castillo Páez y María Elena Loayza Tamayo, las cuales rechazan las
excepciones preliminares presentadas por el Gobierno peruano.
El 22 de diciembre de 1995, la Comisión presentó ante la
Corte el caso No. 11.273 de Rafael Iván Suárez contra el Estado de
Ecuador.
La Comisión examinó la solicitud de medidas provisionales
presentada ante la Corte el 2 de febrero de 1996 a favor del Sr.
Arnoldo Alemán Lacayo, mediante la cual la Corte requirió
inmediatamente al Gobierno de la República de Nicaragua que adoptara,
sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida e
integridad personal del Sr. Alemán.
La Comisión fue informada de la entrega que hizo el Gobierno
de Honduras, el 7 de febrero de 1996, a las familias de Manfredo Velásquez
Rodríguez y Saúl Godínez Cruz, de los cheques correspondientes al
complemento pendiente de las indemnizaciones, de acuerdo a las
sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
julio de 1989 y diciembre de 1990. La CIDH expresa su profundo
reconocimiento al Gobierno del Presidente Carlos Roberto Reina por
haber dado cumplimiento a las obligaciones internacionales libremente
contraídas por Honduras, en base a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Durante el curso del actual período de sesiones, los miembros
de la Comisión se reunieron con el Sr. Francis Deng, Representante
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión
de los desplazados internos, con el objeto de intercambiar ideas y
conocer la forma en que lleva a cabo su mandato.
La Comisión, reconociendo la grave situación de los
desplazados internos en varios países del continente, nombró al
profesor Robert K. Goldman su Relator en esta materia. La Comisión
hace un llamado a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA,
para que brinden su cooperación y apoyo a la labor del señor Deng y
a la de su propio Relator.
La Comisión también nombró como Relatores a los Comisionados
John Donaldson y Jean Joseph Exumé en el estudio sobre las "Condiciones
de Detención en las Américas". Con respecto al tema de las
Poblaciones Indígenas, los Comisionados Carlos Ayala y John Donaldson
quedaron a cargo de dicha Relatoría. El Presidente de la CIDH,
Claudio Grossman, continuará su Relatoría en el tema de los Derechos
de la Mujer.
Con respecto al proyecto que elabora el Relator Especial de la
Comisión para los Derechos de la Mujer, relacionado con el derecho de
la mujer a que no se le discrimine en ninguna de las esferas de la
actividad humana, la Comisión copatrocina una conferencia titulada
"La Mujer, los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano: un
programa de acción", que se llevará a cabo el 29 de marzo de
1996. Entre los temas que tratarán los expertos invitados están la
violencia contra la mujer, la discriminación, el derecho a la
participación política y los pasos que deben darse hacia la
realización de las prioridades establecidas en la Conferencia Mundial
de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. La conferencia será
copatrocinada por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, la
Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos.
La CIDH hace un llamado tanto a los Estados como a los
peticionarios a respetar plenamente lo dispuesto por el artículo 70
de la Convención Americana que señala:
1.
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan,
desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las
inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho
internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de
los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus
funciones.
2.
No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los
jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y
opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.
El pleno respeto a las deliberaciones y opiniones de los
Comisionados es un requisito indispensable en el desempeño de sus
importantes labores.
La Comisión tuvo la oportunidad de sostener un diálogo fructífero
con el Secretario General de la Organización, Dr. César Gaviria,
sobre distintos aspectos vinculados con sus funciones como órgano
principal de derechos humanos de la OEA y la forma en la cual la
Secretaría General apoyará dichas actividades.
Durante el actual período de sesiones, el Secretario General
de la OEA, previa consulta con la CIDH, nombró al Embajador Jorge
Enrique Taiana como su nuevo Secretario Ejecutivo. La Comisión
expresa su gran satisfacción por el nombramiento del distinguido
diplomático y catedrático, lo que considera un gran paso en el
fortalecimiento y desarrollo del sistema interamericano de la protección
de derechos humanos.
Finalmente, la Comisión acordó celebrar su próximo 92E
Período Extraordinario de Sesiones entre el 29 de abril al 3 de mayo
del presente año y el 93E Período Ordinario de Sesiones, del 30 de
septiembre al 20 de octubre de 1996. Washington, D.C., 8 de
marzo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
4/96
Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita a Allenwood,
Pennsylvania, el 26 de abril de 1996, a fin de analizar las
condiciones carcelarias de los "Marielitos Cubanos"
detenidos en instituciones del Estado, y las condiciones generales de
detención para la preparación de un informe sobre prisiones.
La Delegación de
la Comisión estará compuesta por el Embajador John S. Donaldson,
Primer Vicepresidente, los Miembros Dr. Alvaro Tirado Mejía y Dr.
Jean Joseph Exumé, Dr. David Padilla Secretario Ejecutivo Adjunto y
las Dras. Relinda Eddie y Bertha Santoscoy-Noro Especialistas en
Derechos Humanos, la señorita Tania Hernández como asistente
administrativo y los intérpretes Sr. Michel Valeur y la Sra. Miriam
Deutsch.
La Comisión agradece la buena disposición del Gobierno de los
Estados Unidos al haber accedido a la realización de esta visita. Washington, D.C. 25 de
abril de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
5/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó su
visita de un día a Allenwood, Pennsylvania, el 26 de abril de 1996.
El objeto de la visita fue evaluar las condiciones de detención de
los "cubanos del Mariel" que se encuentran en la penitenciaría
federal de Allenwood, Pennsylvania, y las condiciones carcelarias
generales en el contexto de su estudio sobre institutos penitenciarios.
La delegación de la Comisión estuvo integrada por el
Embajador John S. Donaldson, Primer Vicepresidente, los miembros de la
Comisión Dr. Alvaro Tirado Mejía y Dr. Jean Joseph Exumé; el Dr.
David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, la Dra. Relinda Eddie,
Oficial de Derechos Humanos, el Sr. Henry Mac-Donald y la Sra. Tania
Hernández del personal de Secretaría; el Sr. Michel Valeur y la Sra.
Miriam Deutsch, intérpretes.
La Comisión es el órgano principal de la OEA encargado de
informar sobre el cumplimiento de la normativa de derechos humanos en
el continente. Su autoridad emana primordialmente de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que rige para los 25 Estados partes,
y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en el caso de los Estados miembros de la OEA que todavía no
ratificaron la Convención. De
acuerdo con la reglamentación pertinente, se entiende que toda vez
que la Comisión realiza un examen in situ, el respectivo
Gobierno ha dado garantías de que puede entrevistarse y reunirse
libremente con los funcionarios públicos y las personas en general
que estime pertinente para evaluar la situación.
En el curso de la visita, la delegación de la Comisión contó
con la colaboración de las siguientes personas: Sr. Jim Zangs,
Administrador del servicio de detenciones e inmigración del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de
instituciones penitenciarias; Sra. Amy Dale, Administradora asistente
de la Oficina federal de instituciones penitenciarias; Sr. John
Castro, del Servicio de Inmigración, Panel encargado de los
ciudadanos cubanos; Sr. J.T. Holland, Alcalde de la Penitenciaría
Federal de los Estados Unidos (máxima seguridad); Sr. R.L. Hamm,
Asistente Ejecutivo, y funcionarios de la institución; Sra. Margaret
L. Harding, Alcaldesa del Complejo correccional federal (seguridad
intermedia), Sra. Laurie M. Rule, Asistente Ejecutiva, y funcionarios
de la institución, y Sr. Michael V. Pugh, Alcalde del Complejo
correccional federal (baja seguridad), Sr. Ken Arnold, Asistente
Ejecutivo, y funcionarios de la institución, en Allenwood,
Pennsylvania.
La Comisión recibió información de parte de los reclusos
entrevistados. Se plantearon preguntas acerca de las condiciones
generales en que se encontraban los detenidos. Los principales temas
planteados incluyeron preguntas sobre las instalaciones y los
servicios médicos a disposición de los cubanos del Mariel; las
condiciones habitacionales, las oportunidades educativas que se les
ofrecen en la institución, los programas recreativos y vocacionales,
las disposiciones referentes a la revisión anual de los detenidos con
sentencia, la disponibilidad de asesoramiento jurídico para los
reclusos, las dificultades de la visita de familiares de los reclusos
desde lugares remotos y los métodos disciplinarios de Allenwood.
La Comisión preparará un informe completo de su visita a
Lompoc, California; Leavenworth, Kansas y Allenwood, Pennsylvania.
La Comisión agradece la colaboración de los funcionarios públicos
y los cubanos del Mariel detenidos en Allenwood, Pennsylvania. La
Comisión seguirá evaluando las condiciones de detención de los
cubanos del Mariel. Washington, D.C., 29 de
abril de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
6/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en su
92E Período Extraordinario de Sesiones en Washington, D.C., envió el día
de hoy el siguiente mensaje al Excelentísmo señor Juan Carlos
Wasmosy, Presidente de la República de Paraguay: Excelentísimo señor
Presidente:
En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de expresarle
nuestra satisfacción por la solución de la reciente crisis en
Paraguay, la que ha afirmado la libre expresión de la voluntad
popular de ese país y constituye un avance trascendental en la
consolidación de la democracia.
Quiero reiterarle los ofrecimientos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de colaborar plenamente en la
promoción y protección de los derechos humanos en su país. Washington, D.C, 1º
de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
7/96
VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y DEL LIDERAZGO
En su intervención ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos, el Decano Claudio Grossman, Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), valoró la existencia de
una nueva situación hemisférica caracterizada como nunca antes por
la existencia de gobiernos elegidos democráticamente en el continente.
El Decano Grossman, frente a esa situación, señaló que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos debía adaptar sus procedimientos
de trabajo a esa positiva realidad, cualitativamente diferente y
superior a la de épocas anteriores donde la CIDH debía, sobre todo,
enfrentar situaciones de violaciones masivas y sistemáticas a los
derechos humanos esenciales.
En el marco de esa nueva realidad, el Presidente de la Comisión
señaló que había que privilegiar nuevas formas de trabajo de la
Comisión. En vez de informes generales de países, cuyo propósito
era la movilización de la opinión pública frente a la violación de
derechos humanos fundamentales, "...la nueva realidad hemisférica
permite un estudio singularizado de casos individuales" expresó
el Decano Grossman.
El Presidente de la Comisión anunció que la CIDH convocaría
una Reunión de Expertos en el mes de noviembre de este año, con el
objeto de analizar las formas en que se podían adecuar los
procedimientos y trabajos de la CIDH a la nueva situación hemisférica.
El Presidente agregó que paradójicamente la nueva situación
hemisférica había generado con todo más cantidad de casos para la
Comisión, debido a que en sistemas democráticos los individuos
buscan activamente el reconocimiento de sus derechos. Agregó además
que se había acrecentado la complejidad jurídica de los casos en la
medida que de violaciones a derechos básicos se pasaba a disputas
sobre interpretaciones jurídicas de mayor complejidad, típicos de
sociedades cada vez más abiertas. La CIDH valora en esto tanto el
papel de los gobiernos como de las organizaciones de la sociedad
civil, quienes proveen información y argumentaciones jurídicas que
enriquecen los trabajos de la Comisión.
A pesar del énfasis en el sistema de casos, el Presidente de
la CIDH señaló que continuaban algunas situaciones que requerían
informes específicos de países, informes especializados sobre temas
como las condiciones de detención, los derechos de la mujer, y la
necesidad de impulsar actividades de promoción.
El Decano Grossman valoró significativamente el diálogo muy
fructífero que la CIDH ha venido manteniendo con el Secretario
General de la OEA, César Gaviria quien, expresó, "ha prestado
un gran apoyo a las actividades de la Comisión. El Secretario General
ha hecho contribuciones importantes en relación con el papel de los
derechos humanos a la consolidación de la democracia en el hemisferio.
Asimismo ha otorgado un acceso constante y prácticamente en tiempos
reales a la Comisión para que ésta plantee los temas que considere
necesarios".
El Presidente de la CIDH agradeció además el apoyo de "los
gobiernos libremente elegidos en el hemisferio que ven como objetivo
fundamental de su política la realización de las aspiraciones de
todos los individuos a vivir en un sistema de constante expansión de
los derechos de la persona humana".
Con posterioridad a la presentación del Informe Anual de la
CIDH, el Decano Grossman expresó la satisfacción que le cabía por
la excelente acogida que a éste se le dio por los gobiernos. Asimismo
valoró la reacción positiva a la iniciativa de la CIDH de convocar a
la Reunión de Expertos sobre el Futuro del Sistema Interamericano. Washington, D.C. 2 de
mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
8/96
El día de hoy, 3 de mayo de 1996, concluyó el 92E
Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en el que participaron su Presidente, Decano Claudio
Grossman, el Primer Vicepresidente, Embajador John Donaldson, el
segundo Vicepresidente, Dr. Carlos Ayala Corao, y los miembros,
doctores Alvaro Tirado Mejía, Oscar Luján Fappiano, Robert Goldman y
Jean Joseph Exume .
Al iniciar este período de sesiones, la Comisión dio la
bienvenida a su nuevo Secretario Ejecutivo, el distinguido diplomático
argentino, Embajador Jorge Enrique Taiana, y expresó su confianza en
que contribuirá al fortalecimiento y desarrollo del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
La Comisión, considerando que no podía permanecer ajena a los
recientes acontecimientos que pusieron en peligro la estabilidad
democrática del Paraguay, envió una nota al Presidente de ese Estado
miembro, Juan Carlos Wasmosy, en la cual expresó su condena a los
intentos desestabilizadores y su satisfacción por el proceso de
rechazo de los mismos. Al respecto manifestó que la solución
alcanzada ha ratificado el respeto a la libre expresión de la
voluntad popular en ese país y constituye un avance trascendental en
la consolidación de la democracia en el hemisferio.
Por otra parte, la Comisión envió una nota al Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, en la que le
expresó su solidaridad ante el secuestro de su hermano, el señor
Juan Carlos Gaviria Trujillo, y condenó este repudiable crimen. Al
mismo tiempo que deploró lo acontecido e hizo votos por un feliz
desenlace de la situación, la Comisión se puso a disposición del
Secretario General y su familia para prestar toda la colaboración que
esté a su alcance en relación con este lamentable hecho.
La Comisión se reunió también con el Secretario General e
intercambió opiniones con respecto a la celebración de una Reunión
de Expertos sobre el Futuro del Sistema Regional de Protección y
Promoción de los Derechos Humanos. Dicha reunión utilizará la
experiencia acumulada por los órganos y usuarios del sistema, con el objeto de
identificar consensos sobre las posibles reformas del mismo y formular
propuestas concretas dirigidas a aumentar su efectividad. Una vez
analizados los resultados obtenidos, la Comisión informará sobre éstos
al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización. El
Secretario General manifestó su decidido apoyo a esta actividad y
formuló sugerencias extremadamente valiosas al respecto. La fecha de
la reunión se fijó, en principio, para los días 4, 5 y 6 de
diciembre de 1996.
En el curso de sus sesiones y, dentro del mismo contexto, la
Comisión consideró el documento titulado "Proyecto de Programa
para la Reunión de Expertos". Al respecto intercambió opiniones
sobre la metodología a utilizarse, que consistirá en una combinación
de métodos diversos, entre los que se incluirán presentaciones,
mesas redondas y debates generales. Elaboró, igualmente, el temario
de la reunión, que comprende, entre otros temas: la compatibilidad
entre los sistemas internos y el sistema internacional, entre el
Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional Humanitario.
Incluye, igualmente, el tema relacionado con las prácticas contrarias
a los instrumentos internacionales y las formas de promoción de los
derechos humanos (cursos de adiestramiento sobre derechos humanos,
seminarios, publicaciones, etc.). Otros temas a incluirse serán la
experiencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, enfocada al futuro del sistema, los aspectos operacionales,
administrativos y presupuestarios, y los procedimientos que se siguen
en los órganos del sistema.
La Comisión decidió intensificar el proceso de consultas que
viene realizando sobre el borrador aprobado de la Declaración
Interamericana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Además de
auspiciar las distintas reuniones que se están realizando y
programando en varios países miembros en torno a este tema, la CIDH
ha hecho accesible el mencionado borrador a través de libros,
publicaciones e INTERNET (http//WWW. OAS.org). Previo consentimiento
de los autores, también hará accesible, por estos medios, las
respuestas que está recibiendo.
El Instituto Indigenista Interamericano y la Unidad para la
Promoción de la Democracia de la OEA colaborarán en el proceso de
consultas.
La Comisión consideró, igualmente, el tema relativo al "Cuestionario
sobre la Condición de la Mujer en las Américas", avanzó en el
proceso de aprobación del mismo y decidió enviarlo a los Estados
miembros dentro de un mes. Además, la Comisión acordó empezar a
considerar el tema de los trabajadores migrantes en el Hemisferio, con
miras a preparar un informe sobre la materia.
La CIDH reflexionó sobre las visitas recientemente efectuadas
a República Dominicana y a la prisión de Allenwood, en el Estado de
Pennsylvania. Además, finalizó los preparativos de visitas in
loco que realizará en los próximos meses, por invitación de los
Gobiernos de Venezuela, con el propósito de observar la situación
del sistema penitenciario, y de México, en relación con la situación
de los derechos humanos en ese país. Asimismo, consideró la
posibilidad de efectuar futuras visitas in loco a otros Estados
miembros y solicitar de parte de éstos, en su oportunidad, las
correspondientes anuencias.
Con respecto a la visita a México, la Comisión celebró una
reunión muy positiva con la Representante Permanente de México ante
la OEA, Embajadora Carmen Moreno de Del Cueto, y con personal de la
Representación Permanente de ese Estado miembro ante la OEA, durante
la cual se intercambiaron valiosas opiniones con respecto a la visita
que se realizará del 14 al 24 de julio del presente año.
En el actual período de sesiones, además de los diversos
asuntos anteriormente mencionados, la Comisión puso énfasis en el
estudio de casos individuales, cuya tramitación expedita es uno de
los temas en el cual está empeñada la Comisión para responder a las
crecientes demandas de una nueva situación hemisférica caracterizada
por gobiernos democráticos, que reclama una adecuación jurídica,
conceptual y operativa de las labores del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
Por último, en este período de sesiones el Presidente de la
CIDH, Decano Claudio Grossman, presentó el Informe Anual de este órgano
ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo
Permanente. La CIDH expresa su satisfacción por la excelente acogida
que los gobiernos de los Estados miembros han dado a dicho informe.
Asimismo, la CIDH valora la reacción positiva de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos con respecto a su iniciativa de
convocar a la Reunión de Expertos sobre el futuro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Washington, D.C., 3 de
mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
9/96
El día de hoy, 13 de mayo de 1996, se inicia la visita que,
por invitación del Gobierno de Venezuela, realiza el Grupo de Trabajo
sobre Prisiones y Condiciones Carcelarias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de observar la
situación penitenciaria en el país.
Esta visita de observación es la primera que realiza la Comisión
a Venezuela desde su creación en 1959.
El Grupo de Trabajo está integrado por el Primer Vice Presidente,
Embajador John S. Donaldson, y el Comisionado Jean Joseph Exumé. Los Comisionados serán asistidos durante esta visita por el
Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla, y por los abogados
Milton Castillo, Bertha Santoscoy, y Relinda Eddie. Como personal de
apoyo administrativo actuarán las señoras Tania Hernández y Blanca
Cáceres.
La CIDH es uno de los órganos principales de la Organización
de los Estados Americanos que se encarga de promover la observancia y
la defensa de los derechos humanos en el hemisferio, y de servir de órgano
consultivo en la materia.
Los siete miembros de la Comisión son elegidos a título
personal por la Asamblea General de la OEA, por un período de cuatro
años, y representan a todos los Estados miembros.
Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la
Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
instrumento internacional ratificado por Venezuela el 9 de agosto de
1977.
Durante su estadía en Venezuela, el Grupo de Trabajo de la
Comisión se entrevistará con autoridades del Gobierno,
representantes del Congreso de la República y del Poder Judicial, con
organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, con
expertos del sistema penitenciario, y con los presos y sus familiares.
La CIDH ha considerado necesario trasladarse al interior del país,
por lo cual viajará a Ciudad Bolívar el 14 de mayo, y a Valencia y
Maracaibo el 15 de mayo de 1996.
La visita de la Comisión se realiza en el marco de las
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de
conformidad con las normas reglamentarias de la misma.
De acuerdo con el Reglamento de la CIDH, los gobiernos se
comprometen a otorgar todas las facilidades necesarias para que la
Comisión pueda llevar a cabo su misión y en particular se
comprometen a no tomar represalias de ningún orden en contra de las
personas o entidades que hayan cooperado con ella, proporcionándoles
informaciones o testimonios
La Comisión agradece la cooperación que ha tenido del
Gobierno de Venezuela, de las organizaciones no gubernamentales y de
personalidades e instituciones de la sociedad civil en la preparación
de esta visita.
Al término de la visita, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos emitirá un Comunicado de Prensa. Caracas, 13 de mayo de
1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
10/96
El día de hoy, 17 de mayo de 1996, finalizó la visita que por
invitación del Gobierno de Venezuela realizó el Grupo de Trabajo
sobre Prisiones y Condiciones Carcelarias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objeto de observar
la situación penitenciaria en el país. Participaron en la visita el
Primer Vice Presidente de la Comisión, Embajador señor John S.
Donaldson, y el Comisionado Jean Joseph Exumé. Los Comisionados
estuvieron asistidos por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David
Padilla, y por los abogados Milton Castillo, Bertha Santoscoy, y
Relinda Eddie. La Comisión contó con el apoyo administrativo de las
señoras Tania Hernández y Blanca Cáceres.
Con el objeto de cumplir su programa de observación de las
prisiones, la Comisión se dividió en dos grupos.
El primer grupo visitó el Retén e Internado Judicial de Catia
(Caracas), Internado Judicial Capital "El Rodeo" (Estado
Miranda), el Centro de Atención Inmediata de Menores "Carolina
Uslar" (Caracas), y el Centro Penitenciario de Carabobo (Estado
Carabobo). El segundo
grupo visitó el Centro de Reeducación El Paraíso "La Planta"
(Caracas), y la Cárcel Nacional de Maracaibo "Sabaneta" (Estado
Zulia).
En Caracas el Grupo de Trabajo de la CIDH se reunió con el
Presidente de la República, Dr. Rafael Caldera; con el Ministro de
Relaciones Exteriores, Dr. Miguel Angel Burelli Rivas; con el Ministro
de la Secretaría de la Presidencia, Dr. Asdrúbal Aguiar Aranguren;
con el Ministro de Justicia, Dr. Henrique Meier; con la Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Dra. Cecilia Sosa Gómez; con el Fiscal
General de la República, Dr. Iván Darío Badell; con el Director de
Prisiones del Ministerio de Justicia, Dr. Antonio Marval; con el
Director General Sectorial de Defensa, Dr. Arturo Ruiz Araujo; con el
Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Alberto Pérez Marcano;
con la Directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República,
Dra. Celia Márquez de Viete; con el Presidente de la Sub-Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la República, Diputado Vladimir
Villegas; con el Presidente de la Sub‑Comisión Especial de
Hacinamiento Carcelario del Congreso, Diputado Rafael Narváez; con el
Director del Instituto Universitario Nacional de Estudios
Penitenciarios (IUNEP), Dr. Elio Gómez Grillo; con el Dr. Héctor
Faundez Ledesma, Profesor de la Universidad Central de Venezuela; y
con la Dra. Mana Gracia Morais de Guerrero, experta en el sistema
penitenciario.
El Grupo de Trabajo de la Comisión también sostuvo reuniones
con los respectivos directores de las diferentes cárceles que visitó.
Así, por ejemplo, se entrevistó con el Director del Retén e
Internado Judicial de Catia, Sr. Irving Betancourt Coello; con el
Director del Centro de Reeducación El Paraíso "La Planta",
Sr. Henry Andrade Villegas; con el Director del Internado Judicial
Capital "El Rodeo", Sr. Tirso Meza Nuñez; con la Directora
del Centro de Atención Inmediata de Menores "Carolina Uslar",
Lic . Hellen Ruiz; con el Director del Centro Penitenciario de
Carabobo, Sr. Juan Felipe Zamora; y con el Director de la Cárcel
Nacional de Maracaibo "Sabaneta", Sr. Oscar Luis Castillo.
Cabe señalar, asimismo, que la Comisión recibió los testimonios de
alqunos presos de cada una de dichas prisiones.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
reunió con las siguientes organizaciones no gubernamentales: Comité
de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero‑Marzo (
COFAVIC ), Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Vicaría del
Arzobispado de Caracas, Secorve, Voluntarios de Trabajo en
Establecimientos Penitenciarios de la UCAB, Justicia y Paz de Petare,
y la Federación Nacional de Derechos Humanos.
La intensa labor de observación realizada por el Grupo de
Trabajo de la CIDH durante esta visita y los diversos contactos
efectuados durante la misma, han permitido obtener una visión general
sobre la compleja y delicada situación penitenciaria en Venezuela.
El Grupo de Trabajo recopiló además valiosa información que
le será de utilidad en el informe que elaborará sobre las prisiones
y condiciones carcelarias del hemisferio.
La compleja y difícil situación que vive la población
carcelaria en las diferentes prisiones del país fue constatada por el
Grupo de Trabajo de los diversos testimonios que recogió de los
internos, y de la información proporcionada por las organizaciones de
derechos humanos, así como de representantes de la sociedad civil.
Los problemas más comunes que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha podido identificar en las prisiones visitadas son
los siguientes:
1.
Falta de celeridad procesal, elevado número de procesados sin
condena y otras deficiencias de los órganos del Estado.
2.
Sobrepoblación carcelaria
3.
Violencia generalizada
4.
Tenencia ilegal de armas
5.
Deficiente atención médica
6.
Malos tratos a los internos
7.
Problemas de higiene y salubridad
8.
Problemas relativos al traslado de los presos
El Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos debe manifestar ‑‑sin perjuicio del análisis
detallado que realizará oportunamente‑‑, que un poder
judicial eficaz es requisito esencial de un sistema moderno de
democracia. Tal como lo dispone la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de la cual Venezuela es Estado parte, toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, y efectivo, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley, o la propia Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus
funciones oficiales. Los Estados, por su parte, se comprometen a
garantizar el ejercicio de ese recurso. La Comisión ha observado que
existen dificultades en la administración de justicia para que una
causa sea sustanciada dentro de un plazo razonable; de ahí la
existencia de un elevado número de internos que se encuentran en
espera de un juicio ya sea para ser absueltos o condenados, según sea
el caso.
Ademas de las demoras que puedan atribuirse al Poder Judicial,
también se generan retrasos debido a la falta de un número
suficiente de tribunales; falta de transporte y un sistema en el cual
los prisioneros tienen que pagar para ser llevados a los tribunales;
retraso en el acceso a los documentos probatorios; demoras en la
instrucción policial a cargo de la Policía Técnica Judicial (PTJ);
y múltiples procedimientos ante los tribunales de justicia.
La Delegación de la Comisión pudo constatar, asimismo, lo
manifestado por sus autoridades en el sentido de que hay un deterioro
generalizado en los establecimientos penitenciarios.
La sobrepoblación carcelaria asume características graves,
con internos hacinados en lugares insalubres.
Los servicios de atención médica son deficientes.
Por otra parte, se ha comprobado la existencia de presos con
derecho de traslado a regímenes carcelarios más abiertos que no
pueden ser cambiados ya sea por falta de espacio en los
establecimientos correspondientes o porque las autoridades de los
otros Estados no acceden a dicho traslado.
Otra de las cuestiones que preocupa al grupo de trabajo de la
CIDH es la vigencia de la Ley sobre Vagos y Maleantes, y las
consecuencias que conlleva su aplicación.
Según las informaciones proporcionadas, dicha norma contiene
una serie de disposiciones que establecen medidas de seguridad a
sujetos considerados "peligrosos" en condiciones pre‑delictuales.
Dicha ley otorga competencia a los órganos administrativos
‑‑Prefecturas, Gobernaciones, y Ministerio de Justicia‑-
para aplicar medidas restrictivas de la libertad individual.
Dichas medidas pueden ir desde una amonestación hasta la
privación de la libertad en una cárcel, por un promedio que se puede
extender hasta diez años. El procedimiento obliga al detenido a defenderse de los
cargos imputados en el mismo momento en que éstos le son informados,
sin asistencia de abogados, teniendo luego un plazo de tres días para
promover y evacuar todas las pruebas en su descargo, sin que pueda
luego promover otras y estando mientras dure el proceso bajo detención
preventiva.
Según la información proporcionada por el Gobierno de
Venezuela, algunos recursos han sido destinados a mejorar el
entrenamiento del personal que trabaja en los centros de reclusión,
gracias al aporte de algunos organismos financieros multilaterales del
hemisferio. En ese
sentido, la Delegación del Grupo de Trabajo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos desea apoyar la iniciativa de
cooperación financiera proveniente de la comunidad internacional a
fin de considerar proyectos de financiación para reformar el sistema
penitenciario, mejorar sus condiciones, y lograr su desarrollo en
Venezuela y en otros países del hemisferio.
Asimismo, el Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana ha
tomado debida nota del compromiso expresado por las altas autoridades
del sistema penal de garantizar los derechos fundamentales de la
población carcelaria, dentro de un clima de orden y respeto que debe
garantizar a todo sistema penitenciario.
La Delegación observa con satisfacción que el Ministro de
Justicia ha manifestado la intención de tomar una serie de
iniciativas con el objeto de reorganizar internamente el sistema de
administración de las prisiones a fin de reducir la pérdida de vidas
humanas, realizando una rápida intervención e investigación en las
situaciones de violencia que se generan al interior de los penales.
Otra de las iniciativas formuladas por el señor Ministro
incluye una propuesta del Presidente de la República de perdonar a
todos los procesados cuyas penas máximas excederían la que
probablemente le sería aplicada bajo la legislación vigente.
Asimismo, un incremento de las actividades de recreo, cultura, educación,
y la construcción de bibliotecas; la creación de una industria
manufacturera para fabricar pupitres escolares en un acuerdo de
cooperación.
El Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos recomienda a las autoridades correspondientes aplicar las
normas internacionales de derechos humanos, y la adopción de medidas
urgentes para superar la dramática situación que pudo comprobar en
esta visita. Dentro de
este contexto, la Delegación de la Comisión manifiesta su deseo de
colaborar con el Gobierno de Venezuela dentro del marco de su
competencia, a fin de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos
internos e internacionales para el mejoramiento de la situación
penitenciaria del país.
La Comisión desea expresar su reconocimiento al Gobierno de
Venezuela en la persona de su Presidente, Dr. Rafael Caldera; al
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Miguel Angel Burelli Rivas; al
Ministro de Justicia, Dr. Henrique Meier y a las demás autoridades
gubernamentales y estatales por la hospitalidad, facilidades y
cooperación brindadas para la realización de esta visita, así como
a las organizaciones no gubernamentales y particulares, que en forma
franca y transparente contribuyeron con sus valiosos testimonios al
eficaz cumplimiento de esta misión. Caracas, 17 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
11/96
Con profundo pesar la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos emite el siguiente comunicado:
Fernando Volio Jiménez, distinguido jurista costarricense,
falleció a consecuencia de un paro cardíaco el martes 21 de mayo de
1996, en su hogar en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa
Rica, a los 71 años de edad.
Entre los diversos e importantes cargos que ocupó en el
transcurso de su vida, el Dr. Volio Jiménez dejó una marca indeleble
en el campo de los derechos humanos. Fue miembro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos durante tres años.
En años recientes, el Dr. Volio Jiménez se desempeñó como
Rector de la Universidad de La Salle y durante muchos años llevó a
cabo labores docentes en diversas universidades de Costa Rica.
En el campo de la diplomacia, desempeñó diferentes cargos públicos,
entre ellos el de Ministro de Relaciones Exteriores. También fue
Miembro y Secretario de la Delegación de Costa Rica a la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, que puso en
marcha la Secretaría General de la Organización de Estados de
Centroamérica (ODECA), en Antigua, Guatemala.
El Dr. Volio Jiménez fue Embajador Representante Permanente de
Costa Rica ante las Naciones Unidas, Vicepresidente de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y Miembro de la Comisión Especial de
la Asamblea General de las Naciones Unidas para la reforma a la Carta.
Así también, el Dr. Volio Jiménez recibió diferentes
honores, entre ellos el de Presidente Honorario Vitalicio de la
Asociación de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa
Rica, y Comendador de la Orden Isabel La Católica de España, entre
otros.
Además de su esposa, doña María Luisa Echeverría Casoria,
lo sobreviven cuatro hijos. Washington, D.C., 23 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
12/96
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS AMPLÍA LA
Debido al interés suscitado por la futura Declaración
Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que está a cargo de su preparación,
ha decidido ampliar el período de consulta con gobiernos y entidades
indígenas hasta el 30 de noviembre del presente año y revisarlo, en
base a esa consulta, para su posterior consideración por la Asamblea
General de la OEA en 1997.
Desde la aprobación del Borrador, en octubre de 1995, se han
concretado ya numerosas actividades de consulta sobre el mismo, que
contienen propuestas referentes a derechos humanos, culturales,
organizativos y políticos, y económicos de los pueblos indígenas de
las Américas. Se solicitaron comentarios a los gobiernos y a más de
doscientas organizaciones indígenas. Como resultado de ello numerosos
pueblos indígenas han discutido y analizado el texto borrador en sus
asambleas y reuniones comunitarias. A nivel internacional el borrador
fue analizado en reuniones con líderes indígenas y expertos
gubernamentales en la Reunión Mundial de Pueblos Indígenas realizada
en Arequipa, Perú en octubre de 1995; en un Seminario del
"Canadian Bar Association" en Ottawa en ese mismo mes; en la
reunión internacional especialmente dedicada a la Declaración
Interamericana organizada por la Fundación Canadiense para América
Latina y el Caribe (FOCAL) en Montreal, Canadá, en febrero de 1996;
en una reunión especial en Guatemala organizada por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, en febrero de 1996; y en mayo de
1996 en Denver, Colorado, organizada por el Consejo de Recursos Energéticos
Tribales (CERT), con representantes de 134 organizaciones indígenas
de Estados Unidos y Canadá.
El borrador de Declaración ha tenido amplia difusión, además
de su publicación en libros y revistas especializadas de América y
Europa; es accesible electrónicamente en INTERNET (www.oas.org).
Asimismo, y con el consentimiento de los autores, la CIDH hará
públicos los comentarios que reciba de gobiernos e instituciones indígenas,
algunos de los cuales ya han entregado sus comentarios.
La CIDH ha decidido también alentar y auspiciar, en la medida
de sus recursos, distintas consultas regionales y nacionales que se
realizarán durante 1996 por organismos gubernamentales e indígenas
con el objeto de hacer conocer y analizar los alcances de la futura
Declaración y de preparar comentarios al borrador.
Con tal fin contará con la colaboración del Instituto
Indigenista Interamericano y de la Unidad para la Promoción de la
Democracia de la OEA. Washington, D.C., 28 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
13/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado
conocimiento de un comunicado emitido en Colombia el 28 de mayo de 1996,
atribuido al grupo que mantiene secuestrado a Juan Carlos Gaviria y en
el cual se amenaza que se procederá a su "ajusticiamiento" de
no darse cumplimiento a una serie de condiciones que plantea ese grupo.
Ante ese grave anuncio la CIDH considera imperioso y urgente
emitir el presente Comunicado de Prensa, al encontrarse su Mesa
Directiva en la ciudad de Panamá durante la celebración, en esta
ciudad, del vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización.
Es doctrina reiterada de la Comisión que no existe causa alguna
que pueda justificar la "ejecución" de una persona indefensa
que se encuentra sujeta al arbitrio total de sus captores.
La CIDH ha dado muestras, en forma reiterada, de su vocación y
compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en todo
el Hemisferio, y muy especialmente en lo que concierne a derechos tan
esenciales como el derecho a la vida y a la integridad personal.
La Comisión jamás ha aceptado argumento alguno que se hubiese
invocado para justificar la violación de esos derechos.
Incluso si se tratase de conflictos armados, tanto de carácter
interno como internacional, el Derecho Internacional Humanitario
‑‑las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales‑‑
prohíben, en forma expresa y absoluta, las ejecuciones sumarias.
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al referirse a las situaciones de emergencia, establece
expresamente que el derecho a la vida tiene carácter absoluto y no
admite, por tanto, excepción alguna. Esta protección al derecho a la
vida es tan importante que los atentados en su contra ni siquiera pueden
justificarse como una medida de represalia frente a violaciones previas
cometidas por la otra parte en un conflicto.
Para la Comunidad Internacional el no respeto de esta prohibición
es una violación grave, un crimen de carácter internacional, en relación
al cual hay jurisdicción universal.
Este tipo de crímenes no están considerados como de naturaleza
política y no dan, por tanto, derecho a asilo y las responsabilidades
del caso no prescriben por el paso del tiempo.
Las más diversas corrientes de pensamiento han concurrido con
esta doctrina jurídica y ética que, incluso en situaciones de
conflicto, expresa un reconocimiento a valores esenciales de respeto a
la dignidad humana.
La Comisión, con absoluta independencia y objetividad, ha
expresado esa misma posición en forma constante, coherente y uniforme,
tanto tratándose de los gobiernos del hemisferio como, cuando era del
caso, con referencia a la acción de grupos no estatales.
Ello ha ocurrido, como es de conocimiento público, en
situaciones que se han producido en diversos Estados miembros de la
Organización, incluido Colombia.
Cualesquiera fueren las motivaciones que pudiesen invocarse, e
independientemente de las consideraciones de justicia o injusticia en
que el grupo que mantiene secuestrado al señor Juan Carlos Gaviria
fundamenta su actuación, de acuerdo con las normas y con los principios
que inspiran al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario, el secuestro y la privación de la
vida de una persona indefensa no puede justificarse jamás.
Con la legitimidad y credibilidad que le da una práctica
inclaudicable a favor de los derechos de los individuos es que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por medio de este Comunicado,
exhorta públicamente al grupo que mantiene secuestrado a don Juan
Carlos Gaviria, a que respete su vida e integridad personal. Ciudad de Panamá, 3 de
junio de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
14/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy,
15 de julio, por invitación del Gobierno de México que preside el Dr.
Ernesto Zedillo Ponce de León, una visita in loco para observar
la situación de los derechos humanos en este Estado miembro de la
Organización de los Estados Americanos.
La CIDH atribuye un significado e importancia especial a esta
visita en virtud de ser la primera que realiza a México.
La CIDH durante su existencia ha efectuado visitas similares a
casi todos los Estados miembros de la OEA.
La Comisión está integrada por los siguientes miembros: Decano
Claudio Grossman (Presidente), Embajador John S. Donaldson (Primer
Vicepresidente), Dr. Carlos Ayala Corao (Segundo Vicepresidente), Dr .
Oscar Luján Fappiano, Embajador Alvaro Tirado Mejía, Dr. Jean Joseph
Exumé y Profesor Robert Goldman.
Los siete miembros de la Comisión son elegidos por la Asamblea
General de la OEA por un período de cuatro años, en calidad de
expertos independientes y representan a todos los Estados miembros de la
Organización.
Durante esta visita la CIDH contará con el apoyo técnico del
Secretario Ejecutivo de la Comisión, Embajador Jorge E. Taiana, de los
Secretarios Ejecutivos Adjuntos Dres. Domingo E. Acevedo y David Padilla
y de los abogados Osvaldo Kreimer e Ibrahim García, así como de las señoras
Rosario McIntyre, Martha Keller y Tania Hernández, como personal
administrativo de apoyo.
La CIDH, uno de los órganos principales a través de los cuales
la Organización de los Estados Americanos cumple sus funciones, tiene,
entre otras funciones, la de promover la observancia y defensa de los
derechos humanos en el hemisferio y de servir de órgano consultivo en
la materia.
Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la
Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este último instrumento fue ratificado por México el 3 de
abril de 1982.
La visita de la Comisión se realiza en el marco de las
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de
conformidad con lo dispuesto por las normas reglamentarias de la Comisión.
De acuerdo con dichas normas, los gobiernos al invitar a una
observación in loco, como en este caso, otorgan todas las
facilidades necesarias para que la Comisión pueda llevar a cabo su misión.
La CIDH en su visita, que se extenderá hasta el 24 de julio, se
entrevistará con el señor Presidente de la República y altas
autoridades del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario de Relaciones
Exteriores, autoridades del Poder Judicial, representantes del Congreso,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, autoridades del Tribunal
Federal Electoral y de los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja
California, dignatarios eclesiásticos, dirigentes políticos,
representantes de medios de comunicación social, y de organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos.
Como es habitual en estas visitas, la Comisión, durante su estadía
en México, está dispuesta a recibir quejas de quienes aleguen,
directamente o a través de sus representantes, que sus derechos humanos
han sido violados. Asimismo
recibirá información pertinente de quienes tengan casos en trámite
ante la Comisión. Para tal efecto la Comisión dispone de una oficina en el
Hotel Crowne Plaza que estará habilitada de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas.
Durante el curso de su visita, la CIDH desarrollará su programa
de trabajo en la ciudad de México, D. F., y en los Estados de Chiapas,
Guerrero y Baja California, donde se trasladará para celebrar reuniones
con autoridades de dichos Estados y con representantes de la sociedad
civil.
La Comisión desea agradecer al Gobierno de México por la
cooperación que ha recibido en la preparación de esta visita por parte
de las autoridades del Estado Federal y de los gobiernos estatales, así
como de las organizaciones no gubernamentales y personalidades e
instituciones de la sociedad civil.
Al término de la visita, la Comisión celebrará una Conferencia
de Prensa en el Hotel Crowne Plaza, en la ciudad de México D. F. el miércoles
24 de julio de 1996, a las 13:30 horas. COMUNICADO DE PRENSA 15/96
El día de hoy, 24 de julio de 1996, finaliza la visita que,
por invitación del Presidente de México, realizó la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de observar la
situación de los derechos Humanos en este país. Participaron en la
visita todos los miembros de la Comisión: Decano Claudio Grossman (Presidente),
Embajador John S. Donaldson (Primer Vicepresidente), Dr. Carlos Ayala
Corao (Segundo Vicepresidente), Dr. Oscar Luján Fappiano, Embajador
Alvaro Tirado Mejía, Dr. Jean Joseph Exumé y Profesor Robert Kogod
Goldman. La Comisión
estuvo asistida por el Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo,
Dr. Domingo E. Acevedo, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J.
Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. Osvaldo Kreimer, Abogado
Especialista Principal y el Lic. Ibrahim García, Abogado Encargado de
los Asuntos de México en la Comisión.
La Comisión contó con el apoyo administrativo de las
secretarias Sras. Rosario McIntyre, Martha Keller y Tania Hernández.
Durante la visita, la CIDH se entrevistó con el señor
Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y
con altas autoridades del Gobierno Federal, incluyendo los Secretarios
de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, Ministros de la
Suprema Corte de Justicia, representantes de ambas Cámaras del
Congreso de la Unión, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
del Instituto Federal Electoral (IFE), y del Tribunal Federal
Electoral y de los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja California,
dignatarios eclesiásticos, dirigentes políticos, empresarios,
representantes de medios de comunicación social, y de organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos.
Como es habitual en estas visitas, la Comisión recibió quejas
de quienes alegaron, directamente o a través de sus representantes,
que sus derechos humanos habían sido violados.
Durante el curso de su visita la CIDH desarrolló su programa
de trabajo en México, D.F., y en los Estados de Chiapas, Guerrero y
Baja California adonde se trasladó para reunirse con autoridades de
dichos Estados y con representantes de la sociedad civil.[1]
La CIDH desea destacar que tuvo amplia libertad para reunirse
con quien quisiera, así como para desplazarse a cualquier lugar del
territorio que estimara conveniente.
El Gobierno de México permitió a la CIDH la realización de
su programa, y le extendió en todos los ámbitos la más plena y
completa asistencia y cooperación.
El vasto programa de entrevistas y visitas realizado permitió
a los más diversos sectores de la vida social y política compartir
con la CIDH sus visiones sobre la situación de los derechos humanos
en México. Además, esta primera visita le ha permitido a la Comisión
profundizar su relación con el Estado y la sociedad civil, para
continuar trabajando juntos en la tarea permanente de protección y
promoción de los derechos humanos.
El programa efectuado por la CIDH permitió obtener una
apreciación, por ahora, necesariamente preliminar y provisional.
La compleja información recibida requerirá un análisis más
detallado en la reunión ordinaria que la Comisión celebrará en el
mes de octubre del presente año, con el objeto de elaborar un informe
especial sobre México.
Es importante destacar que, al recibir y tramitar quejas de
personas que alegan violaciones a los derechos humanos, la CIDH
desempeña funciones cuasi-judiciales. En tales casos, la CIDH se
abstiene de efectuar pronunciamientos específicos que prejuzguen
sobre el fondo de los casos sometidos a su consideración.
Sin perjuicio de lo anterior, en este momento la Comisión
adelanta las siguientes consideraciones:
A todos los niveles, tanto federales como estatales y locales,
en los medios de comunicación y en la sociedad civil en general, la
CIDH ha constatado la existencia de un amplio debate sobre el tema de
los derechos humanos. La CIDH valora positivamente la presencia de los
derechos humanos en la agenda de la sociedad mexicana, dada su
importancia para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de
Derecho.
El debate sobre los derechos humanos, así como importantes
pasos tomados por el Presidente Zedillo, se han traducido en acciones
y desarrollos tanto institucionales como no estatales en favor de la
promoción y protección de los derechos humanos.
La invitación del Gobierno del Presidente Zedillo para que la
CIDH visite México por primera vez en los 37 años de su existencia,
es un evento histórico que revela la importancia que atribuye el
Presidente a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, es una muestra valiosa de la actitud de
apertura del Gobierno al diálogo, a la cooperación y a la crítica
con la comunidad internacional. En
la invitación vemos también una confirmación del valor universal de
los derechos humanos en el marco de obligaciones internacionales
libremente asumidas.
En el orden interno, la CIDH aprecia el proceso de desarrollo
de instituciones y normas
dirigidas a promover y proteger los derechos humanos.
La CIDH ha observado el trabajo valioso que realiza la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. La
CIDH encuentra muy significativo que más del 60% de las
recomendaciones de dicha Comisión sean cumplidas y que haya un debate
público de las mismas. La CIDH llama a las Comisiones estatales a inspirarse en el
ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a desarrollar
plenamente sus funciones.
La CIDH valora la existencia de un debate dirigido a fortalecer
la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos tanto nacional
como distrital y estatales, a ampliar sus competencias y a alcanzar el
cumplimiento pleno de sus recomendaciones. La CIDH ha tomado
conocimiento de la iniciativa presidencial para elevar la autonomía
constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las importantes reformas que se han llevado a cabo en el Poder
Judicial son reconocidas por la CIDH, particularmente en relación a
la administración judicial, la profesionalización de los jueces, el
sistema de nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y
los demás jueces, y el establecimiento de la acción de
inconstitucionalidad contra leyes.
Asimismo pudo constatar que en la agenda de las próximas
reformas se han incluido temas importantes para el perfeccionamiento
institucional, como es el caso de inclusión de todos los órganos
jurisdiccionales en el Poder Judicial, y el control de la
constitucionalidad de las leyes electorales federales y estatales. Por
la importancia de estos temas para la vigencia del Estado de Derecho,
la CIDH continuará observando con interés su desarrollo.
La CIDH aprecia el proceso de fortalecimiento de instituciones
federales destinadas a perfeccionar el sistema electoral y el libre
ejercicio del derecho de sufragio.
En este sentido, la CIDH ha conocido de los desarrollos
positivos que se han logrado en el Instituto Federal Electoral y el
Tribunal Federal Electoral.
En el proceso de alcance de un marco jurídico que garantice
plenamente el derecho a votar y a ser elegido, la CIDH aprecia también
el debate que existe hoy en México sobre iniciativas dirigidas a
fortalecer la independencia y autonomía de los órganos electorales,
lograr condiciones equitativas para todos en los procesos electorales,
y sujetar las elecciones estatales a principios y normas similares a
las que deben imperar en el marco federal. La
CIDH continuará dando gran importancia al desarrollo de este proceso
--sobre el cual se ha referido en informes específicos desde 1986--
dirigido a la plena realización, en México, del derecho a la
participación política, establecido en el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH se ha visto impresionada por la existencia de una rica,
multifacética y diversa sociedad civil, expresada en múltiples
organizaciones no gubernamentales en las más diversas áreas del
quehacer nacional. La
existencia de dichas organizaciones y su posibilidad de operar
libremente en el marco legal de sociedades democráticas, de acuerdo
con el artículo 16 de la Convención Americana, es hoy en día
universalmente reconocida como una manifestación de la democracia,
que por definición no se agota en estructuras estatales o actos
eleccionarios. Sin
perjuicio de las diferencias obvias que deben existir entre
instituciones y organizaciones de distinta índole que cumplen papeles
diferentes, la CIDH considera muy útil el diálogo permanente y
franco entre dichas organizaciones y las instituciones del Estado, en
aras del elevado objetivo común de la promoción y protección de los
derechos humanos.
La Comisión desea destacar que los Estados Federales, al
ratificar la Convención Americana asumen, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 1 y 2 de esa Convención, la obligación de adecuar
su derecho interno a lo dispuesto en la Convención Americana.
En particular se comprometen a brindar, en aplicación del
debido proceso legal, remedios eficaces para identificar y sancionar a
los agentes del Estado que resulten responsables de violaciones de
derechos humanos, y a reparar en forma adecuada y efectiva a las víctimas
de esas violaciones. Estos
requisitos son indispensables para la reafirmación del Estado de
Derecho en una sociedad democrática.
Para la CIDH, las aspiraciones de los ciudadanos a vivir en un
ambiente de seguridad son absolutamente justificadas.
El fortalecimiento del Estado de Derecho, que incluye fuerzas
policiales eficientes, profesionales, modernas sin parcialización
alguna, y que actúen dando cumplimiento a las normas legales, es
esencial.
Durante su visita en México, la CIDH recibió información
sobre la existencia de una gran desconfianza hacia la policía y
recibió quejas sobre su ineficacia, corrupción, aprehensiones
arbitrarias y torturas.
La CIDH da la mayor importancia a los reclamos que ha recibido
sobre la tortura en México. Sobre
la base de su rica experiencia continental, la CIDH desea señalar que
en el combate permanente contra el flagelo de la tortura, es esencial
que los tribunales no den ningún valor probatorio a confesiones extraídas
bajo tortura, y que sancionen penalmente a los culpables.
La CIDH tiene conocimiento que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos ha efectuado numerosas recomendaciones en casos de
tortura, de las cuales sólo algunas han sido cumplidas.
La CIDH investigará las quejas que le han sido formuladas en
esta materia.
La CIDH desea señalar que la desconfianza en contra de la
policía, de no superarse con medidas eficaces, incide negativamente
sobre el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos
en cuanto estimula la idea errada que sólo con medidas extralegales
se podrá obtener la seguridad a que aspiran los ciudadanos. La CIDH
estima, sobre la base de su experiencia, que el logro de la seguridad
ciudadana que se desea --y a que se tiene derecho-- no se alcanzará,
sin embargo, de otra manera que fortaleciendo el Estado de Derecho.
La Comisión considera que el rechazo a los actos de
arbitrariedad, y la sanción para quienes los cometan, es una cuestión
ineludible para fortalecer el Estado de Derecho.
La CIDH, con base en información recibida, pudo percibir que
la impunidad constituye aún un problema grave a pesar que en algunos
casos se ha procesado y separado de sus cargos a algunos funcionarios
que han violado los derechos humanos. Los asesinatos de Monseñor
Posadas, Luis Donaldo Colosio y Ruiz Massieu, que han impactado a la
opinión pública nacional e internacional, continúan sin ser
plenamente esclarecidos. La CIDH seguirá insistiendo en la
importancia esencial del combate contra la impunidad como requisito
indispensable de la seguridad ciudadana, y como obligación
internacionalmente reconocida bajo el artículo 1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH recibió información relativa a la lentitud,
ineficiencia y parcialidad con que ejercen sus funciones los
funcionarios de los tribunales y de los ministerios públicos.
El monopolio del ejercicio de la acción penal que tiene
asignado el Ministerio Público en México exige la conformación de
una institución independiente y autónoma, profesionalizada,
eficiente e imparcial. La
obligatoriedad de las normas de debido proceso se encuentran
establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Sin
perjuicio de la continua observancia que la Comisión otorgará a este
tema, la CIDH desea hacer referencia a dos situaciones específicas.
La CIDH pudo verificar el esfuerzo demostrado por el Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, quien está desarrollando un
interesante programa de educación y depuración policial.
Al mismo tiempo pudo verificar su disposición a otorgar
protección a quienes fueran objeto de amenazas a su vida.
La CIDH considera este un ejemplo valioso a seguir, sin
desconocer las dificultades inherentes en problemas que se vienen
arrastrando por largo tiempo.
Con referencia a la grave situación ocurrida en el Estado de
Guerrero donde, como es conocido, 17 personas fueron asesinadas, debe
observarse que este caso se haya en trámite ante la Comisión por
alegación de violaciones que incluyen, entre otras, la falta de
ejercicio de acciones penales. La Comisión toma nota que a pesar que
tanto el Presidente Zedillo como la Suprema Corte de Justicia han
manifestado la necesidad de llevar a cabo una investigación completa
sobre este caso, fue informada que la responsabilidades legales y el
encubrimiento que se alega no han sido completamente establecidos aún.
En relación a los casos en que el Ministerio Público se
abstiene de ejercer acciones penales, la CIDH ha podido verificar una
situación de incertidumbre jurídica sobre la utilización del artículo
21 de la Constitución para ejercer un recurso jurisdiccional que
permita controlar dicha inacción. Para el establecimiento de
responsabilidades efectivas, es esencial que haya claridad sobre el
alcance del artículo 21 de la Constitución y la posibilidad de su
aplicación efectiva en la práctica.
Esta situación tiene importancia adicional, ya que la CIDH
recibió numerosas denuncias de actos de intimidación a dirigentes
sociales y de organizaciones no gubernamentales que, de acuerdo a los
denunciantes, no han sido investigados. La CIDH otorga a este asunto
gran importancia e investigará dichas quejas.
Durante su estadía la CIDH se entrevistó con numerosos
organismos no gubernamentales que se ocupan de los derechos de las
mujeres, tomando conocimiento de sus planteamientos sobre violaciones
a los mismos, en particular la existencia de violencia doméstica y la
necesidad de alcanzar una igualdad efectiva.
La CIDH continuará dando gran importancia a este tema a través
de su relatoría sobre derechos de la mujer en el continente y
mediante el sistema de quejas individuales.
La CIDH consideró especialmente la situación de millones de
mexicanos miembros de pueblos indígenas, con su diversidad de
culturas, problemáticas y aspiraciones. Mantuvo entrevistas con
numerosas delegaciones --incluyendo delegaciones de diferentes etnias
de los Estados de Oaxaca y Chiapas-- en las que los temas dominantes
fueron la dignidad, el respeto a sus culturas y autonomías, y la
igualdad de acceso a posibilidades económicas y de toda índole, así
como las referentes a la propiedad y tenencia de la tierra.
Al respecto la CIDH fue informada que en base a los acuerdos
logrados en las negociaciones de paz en Chiapas, una comisión
especial conjunta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo está
preparando una propuesta de reforma constitucional y legal que
establecerá las bases para una valorización cultural y para
incrementar las condiciones de autonomía y dignidad de los pueblos
indígenas mexicanos. La
Comisión espera la pronta culminación de esas reformas
constitucionales y legales.
La CIDH, a su vez, ha elaborado un anteproyecto de Declaración
Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que ha
sometido a consulta hemisférica.
En el programa que cumplió en Chiapas, la CIDH comprobó la
profunda aspiración a la paz y a la realización de los derechos
humanos que comparten los más diversos sectores en dicho Estado.
La CIDH valora que se haya privilegiado la negociación por
sobre soluciones basadas en la fuerza.
La CIDH expresa su satisfacción porque el actual proceso de diálogo
continúe dentro del marco institucional, y que las recomendaciones,
compromisos y pronunciamientos sean ejecutados e implementados
debidamente a través de mecanismos apropiados e instituciones
competentes.
En Chiapas la CIDH recibió numerosas denuncias acerca de la
existencia de sectores que, opuestos a las negociaciones de paz,
buscan hacerlas fracasar recurriendo al financiamiento y estímulo de
conflictos violentos y de "guardias blancas".
La CIDH expresa su preocupación en esta materia y espera que
un resultado oportuno de las negociaciones establezca un clima en el
que se impida definitivamente el accionar de tales sectores, sin
perjuicio de que se adopten inmediatamente medidas efectivas en su
contra.
La CIDH investigará las denuncias recibidas en Chiapas sobre
intimidaciones, desalojo, homicidios, secuestros y otras violaciones
graves que se le presentaron. La
CIDH desea destacar que estas denuncias se refieren sobre todo a actos
de violencia que en la inmensa mayoría de los casos afectan a
poblaciones indígenas y a menudo se refieren a controversias sobre
tenencia de tierras.
Por último, la CIDH quiere hacer referencia a un asunto específico
en Chiapas. La Comisión pudo verificar directamente que sin perjuicio
de los avances que se han obtenido en cuanto a la tolerancia religiosa
en dicho Estado, aún existen niños excluidos del derecho a educarse,
motivados por supuestas razones de intolerancia religiosa.
En su visita a Guerrero, la Comisión fue informada, por el
Gobernador y por otras autoridades del Estado sobre las medidas
legislativas y administrativas adoptadas y otras en curso de serlo,
con el objeto de mejorar la situación de los derechos humanos en ese
Estado.
Representantes de la sociedad civil del Estado de Guerrero
presentaron numerosas denuncias a la Comisión sobre la utilización
de la tortura como método de investigación policial, detención
ilegal, falsas acusaciones y sobre la actuación de grupos armados que
con frecuencia cometen agresiones arbitrarias en contra de campesinos.
En este sentido, la Comisión recibió además quejas sobre la
inseguridad en que vive mucha gente debido a que, a menudo, los
propios encargados de garantizar el orden público son vistos como
responsables de atropellos y excesos, sin que se ejerzan las acciones
del caso en su contra. En muchas de las quejas presentadas a la CIDH
sobre torturas, se ha señalado que las víctimas han sido arrestadas
sin orden de aprehensión emitida por autoridad competente. La CIDH
investigará estas quejas.
La CIDH conoció también de situaciones denunciadas sobre
funciones policiales ejercidas por las Fuerzas Armadas.
En este sentido, la CIDH --sobre la base de su experiencia--
desea llamar la atención de las consecuencias de la utilización de
las Fuerzas Armadas en funciones que atañen a la seguridad ciudadana,
pues la misma puede acarrear serias violaciones a los derechos humanos,
en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de dichas Fuerzas.
En la ciudad de Tijuana la Comisión recorrió una franja de la
frontera norte de México donde observó varios grupos de personas que
esperaban cruzar la misma.
Los miembros de la CIDH asistieron a un Seminario sobre "Migración
y Derechos Humanos" que se realizó en el Colegio de la Frontera
Norte en Tijuana. El
mencionado seminario aportó a la Comisión un material muy valioso
que será utilizado en un informe que elaborará sobre los
trabajadores migrantes en el continente.
En el curso del mismo, la Comisión fue informada sobre las
violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de la población
migrante desde sus lugares de origen.
En este sentido la Comisión desea destacar la labor efectiva y
humanitaria que lleva a cabo el Grupo Beta con el objeto de proteger a
la población migrante en contra de los abusos y atropellos a que está
expuesta dicha población por parte de distintos grupos de
delincuentes.
Por último, la Comisión se reunió con representantes de
organismos no gubernamentales y con otros grupos representativos de la
sociedad civil en esa ciudad, quienes entregaron información
adicional sobre temas generales de derechos humanos.
Al concluir su visita, la CIDH desea manifestar que ha
percibido una gran voluntad en los más diversos sectores de la vida
nacional de continuar avanzando en la tarea de la promoción y
protección de los derechos humanos. Igualmente ha constatado que para
ello no hay otro camino que el diálogo, la negociación y la búsqueda
de consensos.
La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno de México,
a su Presidente, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a la Secretaría
de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades federales y
estatales por la hospitalidad, facilidades y colaboración que
brindaron a la CIDH para la realización y éxito de esta visita, así
como a las organizaciones no gubernamentales y a los particulares que
en forma franca y transparente contribuyeron con sus valiosos
testimonios y documentación al eficaz cumplimiento de su misión
durante la visita.
La Comisión desea agradecer asimismo el interés de los medios
de comunicación en la cobertura de esta visita.
De acuerdo con las funciones que le atribuyen la Carta de la
OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás
instrumentos jurídicos internacionales aplicables, la Comisión
realizará una labor de seguimiento de la situación de los derechos
humanos en México y reitera su deseo de colaboración con las
autoridades mexicanas dentro del marco de su competencia, a fin de
contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e
internacionales para la defensa y protección de los derechos
fundamentaIes dentro del marco del Estado de Derecho. México, D.F., 24 de
julio de 1996
ANEXO
En la ciudad de México la CIDH se reunió con el Presidente de
la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León; con el
Secretario de Relaciones Exteriores, Lic. José Angel Gurría; con el
Secretario de la Defensa Nacional, General de División D.E.M. Enrique
Cervantes; con el Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet
Chemor; con miembros de la Suprema Corte de Justicia, con el
Procurador General de la República, Lic. Alfonso Lozano Gracia; con
el Procurador General del Distrito General, Lic. José Antonio González
Fernández; con el Secretario General del Consejo del Instituto
Federal Electoral (IFE), Lic. Agustín Ricoy Saldaña; con el
Presidente del Tribunal Federal Electoral, Lic. José Fernández
Franco González Salas y con magistrados de este tribunal, con los
miembros de la Comisión Nacional de Concordia y Pacificación (COCOPA)
y las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Senadores y de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con el Presidente
del Partido de Acción Nacional (PAN), Lic. Felipe Calderón Hinojosa;
con el Presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Lic.
Porfirio Muñoz Ledo; con el Presidente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lic. Santiago Oñate y con representantes de
organismos no gubernamentales y otros grupos y personas
representativas de la sociedad civil. La Comisión recibió a
representantes de Mazatecas, Mixteco, Chapines, Mijes, Zapoteca y
otras etnias del Estado de Oaxaca, acompañadas del Senador Héctor Sánchez
López.
En su estadía en el Estado de Chiapas, la Comisión tuvo
oportunidad de dialogar y escuchar a distintas autoridades de ese
Estado y organizaciones de la sociedad civil. Se entrevistó con el
Gobernador, Lic. Julio César Ruíz Ferro; con el Secretario de
Gobernación, Lic. Eraclio Zepeda Ramos; con el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Lic. Noé Catañon León; con el Presidente de la
Gran Comisión del Congreso del Estado, Lic. Juan Carlos Bonifaz
Trujillo e integrantes de la misma y de la Comisión de Derechos
Humanos de ese Parlamento; con el Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. Jorge E. Hernández Aguilar y sus colaboradores
inmediatos; y con el Comandante de la VII Región Militar, General
Mario Renán Castillo Fernández y su plana mayor.
También la Comisión se reunió con los obispos de Tuxtla,
Tapachula y San Cristóbal de las Casas; con representantes de las
iglesias evangélicas y con numerosas organizaciones de derechos
humanos nucleadas por el Centro "Fray Bartolomé de las Casas"
y por la Red de Organizaciones de Derechos Humanos "Todos los
Derechos para Todos"; y de la Comisión de Derechos Humanos de
Chiapas. Tuvo también entrevistas con los presidentes de las
principales cámaras y asociaciones empresarias, patronales, de
profesionistas, comerciantes, transportistas y productores rurales.
Igualmente mantuvo reuniones con el Presidente de la Comisión
Nacional de Intermediación (CONAI), Monseñor Samuel Ruíz García.
Asimismo tuvo la oportunidad de dialogar con distintos sectores
indígenas, entre ellos los representantes de la Asociación de
Reconciliación ARICO, y de la Unión de Uniones.
Asimismo, fue recibido por representantes y líderes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en su sede en el Municipio
de San Andrés de Larrainzar.
El grupo de la Comisión que se trasladó al Estado de Guerrero
se reunió con el Gobernador de ese Estado, Lic. Angel H. Aguirre
Rivero; con el Procurador de Justicia de ese Estado, Lic. Antonio Hernández
Díaz; con el Coordinador del Congreso del Estado, Lic. Zótico García
Pastrana; con el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos, de Guerrero, Lic. Juan Alarcón Hernández y otros miembros
de la Comisión, y con el Director General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado.
El grupo de la Comisión se reunió asimismo con representantes
y voceros de organismos no gubernamentales, y con las viudas y
familiares de quienes perdieron la vida en la masacre ocurrida en el
Vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995.
El grupo visitó además el Reclusorio de Acapulco en donde se
entrevistó con detenidos, respecto a los cuales la Comisión recibió
denuncias en el sentido que habían sido objeto de torturas por parte
de efectivos de los Servicios de Seguridad (Ejército) que los detuvo.
En la ciudad de Tijuana la Comisión cumplió las siguientes
actividades: el día 21 de julio durante la noche recorrió una franja
de la frontera norte de México donde observó varios grupos de
personas que esperaban cruzar al territorio de los Estados Unidos como
indocumentados en busca de trabajo o, en algunos casos, para reunirse
con sus familiares.
El día 22 de junio los miembros de la CIDH participaron en un
Seminario sobre "Migración y Derechos Humanos" que se
realizó en el Colegio de la Frontera Norte, y posteriormente se reunió
con representantes de organismos no gubernamentales y con otros grupos
representativos de la sociedad civil en esa ciudad.
COMUNICADO DE PRENSA Nº
16/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 93º
Período Ordinario de Sesiones del 30 de septiembre al 18 de
octubre de 1996; en el participaron sus miembros el Decano Claudio
Grossman, Presidente de la CIDH; el Primer Vicepresidente, Embajador
John S. Donaldson; el Segundo Vicepresidente, Dr. Carlos Ayala Corao;
Embajador Alvaro Tirado Mejía; Dr. Oscar Luján Fappiano; Prof.
Robert Goldman, y Dr. Jean Joseph Exumé.
La Comisión inició su período de sesiones con el análisis
de 38 informes sobre casos individuales, y diversas solicitudes de
medidas cautelares, respondiendo así a las crecientes necesidades del
sistema de protección de derechos humanos, de dar una atención
apropiada a la tramitación de los casos individuales.
La Comisión concedió 63 audiencias, en las cuales recibió a
representantes de gobiernos, organismos no gubernamentales y de
personas individuales, quienes prestaron testimonio sobre los casos en
trámite; asimismo, escuchó exposiciones sobre la situación general
de los derechos humanos en diferentes Estados miembros de la OEA.
En el transcurso de dichas audiencias, la Comisión observó
con beneplácito los resultados de la nueva tendencia de lograr
soluciones de numerosos casos por la vía de arreglos amistosos.
La Comisión valora la actitud de los gobiernos y los
intercambios que se han producido en los procesos de solución
amistosa en casos relativos a Argentina, Colombia, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Paraguay.
En este período de sesiones, la Comisión analizó los avances
obtenidos en las consultas sobre la futura Declaración Interamericana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que la Comisión está
llevando a cabo en toda la región, con gobiernos, organizaciones indígenas,
y expertos en el tema. Entre
las actividades desarrolladas, se encuentran las reuniones realizadas
en Montreal y Quebec (Canadá), Denver, Colorado (E.U.A.) y México.
En el mismo contexto, sirvieron de marco el "Sovereignty
Symposium", en Oklahoma (E.U.A.) y el Congreso General Kuna en
San Blas (Panamá). Igualmente
se plantearon nuevas actividades de consulta a realizarse hasta fin de
este año, fecha en que se completará la misma.
Con respecto al estudio que viene realizando la Comisión sobre
las "Condiciones de Detención en las Américas", se revisó
el proyecto de informe y decidió extender el plazo, para que los
Estados miembros que no dieron respuesta al cuestionario enviado por
la CIDH, pudieran contestar hasta el 31 de diciembre del año en curso.
En el mismo contexto, la Comisión consideró la información
obtenida durante la visita realizada, por invitación del Gobierno de
Venezuela, del 13 al 17 de mayo de 1996.
En su programa de observación de las prisiones, la Delegación
Especial de la CIDH visitó el Retén e Internado Judicial de Catia,
el Centro de Atención Inmediata de Menores "Carolina Uslar",
el Centro de Reeducación el Paraíso "La Planta" (Caracas);
el Internado Judicial Capital "El Rodeo" (Estado Miranda);
el Centro Penitenciario de Carabobo (Estado Carabobo) y la Cárcel
Nacional de Maracaibo "Sabaneta" (Estado Zulia).
La Comisión reitera su agradecimiento al Gobierno de Venezuela
por su colaboración y las facilidades prestadas en el desarrollo de
dicha visita.
También, como parte del seguimiento al estudio de las
condiciones de centros penitenciarios, la Comisión decidió aceptar
la invitación del Gobierno de los Estados Unidos para realizar la
visita final de observación sobre la situación de los "Marielitos"
en las cárceles de Avoyelles Parish, en la ciudad de Marksville y
Orleans Parish, en New Orleans, Estado de Louisiana, del 9 al 12 de
diciembre del corriente año. La
CIDH agradece al Gobierno de los Estados Unidos de América la extensión
de esta invitación y la colaboración que ha prestado en la preparación
de la visita.
Tomando en consideración la Resolución AG/RES. 1404 (XXVI-O/96),
de la Asamblea General de la OEA realizada en Panamá, la Comisión
discutió un documento preliminar sobre el estudio de la "Situación
de los Trabajadores Migrantes y sus Familias en el Hemisferio" y
decidió iniciar la recopilación de información sobre este tema.
La Comisión examinó el progreso realizado por el Relator
Especial para los Derechos de la Mujer, en lo que se refiere a su
proyecto de informe sobre casos de discriminación de la mujer que se
encuentren en las legislaciones y prácticas de los Estados miembros.
Con el objeto de preparar este informe, que analizará el
cumplimiento con las normas establecidas por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, se envió un cuestionario detallado a los Estados
miembros. Este
cuestionario también se distribuirá a las organizaciones no
gubernamentales y a otras entidades especializadas en la materia.
La Comisión desea reconocer la colaboración que ha recibido
hasta el momento para este importante proyecto y al mismo tiempo
alentar a los Estados para que envíen una pronta respuesta a dicho
cuestionario.
En el transcurso de este período de sesiones, la Comisión se
reunió con el Dr. Robert H. Kisanga, el Profesor U. Oji Umozurike y
el Dr. Emmanuel Dankwa, miembros de la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, con quienes tuvo la oportunidad de
intercambiar experiencias y opiniones sobre el funcionamiento del
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,
particularmente, sobre el procesamiento de casos individuales y la
necesidad de aumentar las actividades de promoción en la región.
Durante este período de sesiones, la Comisión analizó la
información obtenida durante la visita in loco realizada a México
entre el 15 y el 24 de julio de 1996 y consideró las bases del
proyecto de Informe Especial sobre la Situación General de los
Derechos Humanos en México. La
Comisión expresa su reconocimiento al Gobierno de México por su
colaboración y las facilidades otorgadas en la consecución de la
mencionada visita, en la que participaron todos los miembros de la
CIDH.
Igualmente, la Comisión consideró los informes que está
elaborando sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador y
Brasil, a la luz de la información obtenida durante sus visitas in
loco, en noviembre de 1994 y diciembre de 1995, respectivamente.
La Comisión analizó los casos que presentó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos desde su último período de
sesiones. En este sentido,
se consideraron las demandas presentadas ante la Corte Interamericana
sobre la República de Guatemala, con fecha 30 de agosto de 1996, en
relación con el caso No. 11.129, relativo a la violación del derecho
a la vida de Efraín Bámaca; sobre la República del Perú, con fecha
30 de mayo pasado, en relación con el Caso No. 11.337, relativo a la
violación del derecho a la vida de Juan Cantoral; y respecto al Caso
No. 10.009 de Gabriel Ugarte y Nolberto Durán, también sobre la República
del Perú. Todas estas demandas han sido admitidas por la Corte para su
trámite y se ha notificado formalmente a los Gobiernos de los citados
Estados.
Adicionalmente, la Comisión pidió, el 30 de mayo próximo
pasado, medidas provisionales a la Corte Interamericana en el caso No.
11.154 de María Elena Loayza respecto a la República del Perú.
La Corte dictó las medidas provisionales solicitadas por la
Comisión.
En los casos Nos. 11.333, de Jorge Carpio Nicolle y 11.212,
Colotenango, sobre la República de Guatemala, la Corte decidió
extender las medidas provisionales.
Igualmente, luego de celebrar una audiencia pública el 27 de
junio, la Corte dictó medidas provisionales para ser cumplidas por la
República de Guatemala, en los casos Nos. 11.497, del Padre Daniel
Vogt, y 11.570, Serech y Saquic.
Con relación al caso de Jean Paul Genie, sobre la República
de Nicaragua, la Comisión compareció en audiencia pública ante la
Corte el 5 y 6 de septiembre del año en curso, con el objeto de
interrogar a varios testigos presentados por la CIDH.
En el caso Isidro Caballero Delgado y María del Carmen
Santana, relativo a Colombia, la Comisión participó, el 7 de
septiembre, en la audiencia sobre el pago de indemnizaciones.
Durante el presente período de sesiones, varios procedimientos
de soluciones amistosas fueron iniciados en casos relativos a
Guatemala, incluyendo el caso de Discriminación contra las Mujeres en
el Código Civil y la muerte de Jorge Carpio Nicolle.
El procedimiento de solución amistosa en el caso Colotenango
(11.212), iniciado en mayo de este año, ha continuado y como
resultado el Gobierno de Guatemala disolvió y desarmó las patrullas
civiles de defensa en el Municipio de Colotenango el 19 de agosto de
1996.
También dentro del marco de una solución amistosa, el
Gobierno de Nicaragua y los representantes legales de la Comunidad Indígena
Awas Tingni se reunieron con la Comisión, a fin de iniciar un diálogo
sobre el caso No. 11.577 relativo al problema de delimitación de
tierras ancestrales de la Comunidad Awas Tingni y de las concesiones
otorgadas a compañías extranjeras. La Comisión, junto con las partes, decidieron continuar el
procedimiento de solución amistosa y reunirse nuevamente.
En relación al trámite de solución amistosa sobre los casos
de Colombia: Trujillo, Los Uvos, Caloto y el múltiple de Villatina,
la Comisión, después de haber escuchado a las partes, decidió
continuar con el conocimiento de los procesos hasta el próximo período
de sesiones, encargando al miembro de la CIDH, Relator de Colombia,
viajar a ese país, con la finalidad de observar el estado de tales
casos e informar a la Comisión en su próxima reunión sobre los
progresos o dificultades encontrados en el desarrollo de los mismos.
La Comisión también inició el procedimiento de solución
amistosa con respecto a varios casos sobre el Paraguay.
En el caso No. 11.561 los peticionarios han solicitado la
extradición de una pareja argentina, de la cual se alega secuestró
dos hijos de detenidas desaparecidas.
Los casos 11.558, 11.559 y 11.560 se refieren al retardo
judicial de tres detenidos que presentaron sus casos ante los
tribunales internos desde el año de 1989.
En el presente período de sesiones, las partes convinieron en
sentar las bases de una solución amistosa.
La Comisión agradece la cooperación del Gobierno del Paraguay
en este procedimiento.
La Comisión se ha puesto a disposición de las partes para
negociar la solución amistosa del Caso 11.217 (Paulo C. Guardatti) en
trámite ante la misma, y del caso Garrido y Baigorria que se
encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en dichos
casos se ha denunciado la desaparición forzada de tres personas en la
provincia de Mendoza. La
Comisión agradece al Gobierno argentino y al de la Provincia de
Mendoza por los esfuerzos desplegados en el cumplimiento del acuerdo
respectivo, cuyos resultados concretos han sido un fallo arbitral que
establece el monto a ser indemnizado a las víctimas, así como el
informe del 16 de agosto de 1996 de la Comisión "ad-hoc" de
investigación creada para el efecto señalado.
En particular, cabe destacar la importancia que tuvo la misión
cumplida en dicho país en julio de este año, a efecto del avance del
trámite. No obstante,
durante el presente período de sesiones, la Comisión ha decidido
suspender la consideración del informe de solución amistosa del Caso
Guardatti, debido a que aún no se han cumplido las recomendaciones
del mencionado informe de la Comisión ad-hoc y en consecuencia
no se ha solucionado el caso. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado una nota en
tal sentido al Gobierno argentino, solicitando además que haga público
y difunda el informe de la Comisión ad-hoc del 16 de agosto de
1996.
La Comisión decidió también enviar una nota al Gobierno de
El Salvador, referente al actual proceso de reforma constitucional
orientado a extender la pena de muerte a ciertos delitos para los
cuales el ordenamiento jurídico salvadoreño no prevé su aplicación
en el presente. La Comisión
expresó en esa nota su preocupación al respecto, pues de aprobarse
esa extensión, El Salvador estaría violando el compromiso
internacional que asumió al ratificar la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que explícitamente señala en su artículo 4, que
los Estados partes de esa Convención no extenderán la aplicación de
la pena de muerte a los delitos a los que no se les aplica actualmente.
La Comisión ha tomado nota de la creación, en el Perú, de
una Comisión Ad-hoc encargada de evaluar, calificar y proponer
al Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión de
indultos para quienes se encuentren condenados por delitos de
terrorismo o traición a la patria, en base a elementos probatorios
insuficientes, que permitan a la referida Comisión Ad-hoc
presumir, razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de
vinculación con esas actividades.
La CIDH seguirá con interés las decisiones que se tomen por
parte del Gobierno, respecto a esta importante medida.
Durante este período de sesiones, la Comisión expresó su
satisfacción por el cumplimiento de las primeras sentencias en que la
Corte Interamericana estableció responsabilidad de un Estado con
respecto a denuncias de violaciones a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En el mes de agosto de 1996, el Gobierno de Honduras finalizó
el cumplimiento de las sentencias en lo relativo a la indemnización a
los familiares de las víctimas en los casos "Velázquez Rodríguez"
y "Godínez Cruz". La
Comisión valora positivamente la actitud del Gobierno de Honduras y
de los peticionarios, quienes dieron sus testimonios de la finalización
de dichos casos.
Con respecto a los procesos de la verdad, la Comisión ha
manifestado, en diversas ocasiones, la importancia que revisten dichos
procesos, toda vez que revelan en detalle las violaciones de derechos
humanos que han sufrido algunos países.
En este orden de ideas, la Comisión expresa su satisfacción
por la reciente decisión del Gobierno de Haití de hacer público el
Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Justicia de Haití.
La Comisión expresa igualmente su satisfacción por los depósitos
de ratificación, efectuados en el transcurso del presente año, por
los Estados de México, Brasil y Paraguay, al Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales "Protocolo de San
Salvador".
Durante el presente período de sesiones, la Comisión sostuvo
un diálogo fructífero con el Secretario General de la Organización,
Dr. César Gaviria, sobre distintos aspectos vinculados con sus
funciones como órgano principal de derechos humanos de la OEA y la
forma en la cual la Secretaría ha venido apoyando dichas actividades.
La Comisión dio atención especial a la organización del
Seminario sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos, a fin de reflexionar sobre la experiencia
acumulada por los órganos del sistema, con miras a avanzar en el
proceso de identificación de áreas que requieren perfeccionamiento.
El Seminario se llevará a cabo en la ciudad de Washington,
D.C., del 2 al 4 de diciembre de 1996. Con posterioridad a la celebración de dicho Seminario, la
CIDH preparará un documento que refleje el proceso de discusión y
reflexión que haya tenido lugar.
Este informe será elevado al Consejo Permanente y al
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, como
una contribución al proceso de reflexión iniciado en relación al
sistema interamericano de promoción y protección de los derechos
humanos.
Finalmente, la Comisión acordó celebrar su próximo 94º Período Ordinario de Sesiones del 24 de febrero al 14 de marzo de
1997. Washington, D.C., 18 de
octubre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
17/96 REUNIONES REGIONALES DE
CONSULTA DE LA CIDH-OEA SOBRE FUTURA
Como parte de la consulta hemisférica sobre la Declaración
Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH-OEA) realizará en
el mes de noviembre de este año dos reuniones regionales de consulta
con gobiernos y organizaciones indígenas.
La primera reunión se llevará a cabo en Guatemala del 14 al
16 y la segunda en Quito, Ecuador, del 21 al 23 de noviembre de 1996.
La CIDH-OEA aprobó un Borrador de Consulta de la futura
Declaración en septiembre de 1995.
Esta futura Declaración viene siendo preparada por la CIDH-OEA
a pedido de los Estados miembros, según una recomendación de la
Asamblea General de la OEA. La CIDH, órgano principal de la OEA en el área de los
derechos humanos, ha intervenido anteriormente en la preparación de
los borradores de los instrumentos americanos sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José, 1969), sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador, 1980) sobre Abolición de la Pena de
Muerte (1990), para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985); y sobre
Desaparición Forzada de Personas (1994) entre otros.
En 1994 en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, los
países miembros de la OEA decidieron entre sus prioridades apoyar un
proceso de revisión y mejoramiento de la protección de los derechos
indígenas, y enfocar sus energías en fortalecer el ejercicio de los
derechos democráticos y el acceso de las comunidades indígenas a los
servicios sociales, en observancia de la Década Internacional del
Pueblo Indígena declarada por Naciones Unidas.
En 1995, la Asamblea General de la OEA reafirmó en su
Declaración de Montruis ese compromiso al declarar que "...en la
diversidad étnica y cultural radica una de las mayores
potencialidades del hemisferio y que es deber de la OEA valorar e
incorporar dicha realidad en la búsqueda del desarrollo de los
pueblos de América". Expresó
entonces su "compromiso de promover el desarrollo económico y
social de las poblaciones indígenas con especial atención a las
cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el medio ambiente,
la educación y la salud..., en la búsqueda de políticas de
desarrollo social que incluyan la protección y promoción de sus
derechos y de su diversidad cultural". El Borrador de la Declaración en consulta incluye un preámbulo y secciones sobre aspectos especiales de los derechos humanos, sobre el desarrollo cultural (integridad cultural, lenguaje, educación, libertad espiritual y religiosa, familia y medioambiente); sobre derechos organizativos y políticos (de asociación y reunión, de autogobierno, y sobre derecho indígena); sobre derechos sociales, económicos y de propiedad (incluyendo también derechos laborales y de propiedad intelectual y al desarrollo) y sobre la validez de tratados y acuerdos entre las poblaciones indígenas y los Estados.
Con las reuniones regionales para Centro América, el Caribe y
Sudamérica, a realizarse en el presente mes de noviembre, se culmina
un amplio proceso de consultas con gobiernos y organizaciones indígenas
que se inició en octubre de 1995, y en el que se realizaron reuniones
en Canadá, Estados Unidos, Panamá y Perú, así como una intensa
difusión y discusión del Borrador de Declaración a través de
publicaciones especializadas sobre temas indígenas y jurídicos.
Dicho borrador de instrumento legal interamericano ha sido
hecho circular en consulta desde el año pasado a gobiernos y
organizaciones indígenas, y se espera recibir comentarios adicionales
de las organizaciones y expertos en estas reuniones regionales.
Las opiniones recibidas y a recibirse hasta el 30 de noviembre
del presente serán tomadas en cuenta en la revisión que realizará
la CIDH en su período de sesiones de febrero de 1997, y que enviará
ese mismo año a la Asamblea General de la OEA para su consideración.
La primera de estas dos reuniones regionales se realizará en
la Ciudad de Guatemala los días 14, 15 y 16 de noviembre, y congregará
a representantes de los gobiernos, organizaciones indígenas y
expertos de Centro América, México, Panamá, países del Caribe
insular angloparlantes, Suriname y Guyana.
La segunda reunión regional será para gobiernos,
organizaciones indígenas y expertos de países de Sudamérica y se
llevará a cabo en la Ciudad de Quito, Ecuador, los días 21, 22 y 23
de noviembre.
En ambos casos se está invitando en forma amplia a
representantes gubernamentales, organizaciones indígenas, y expertos
a fin de que puedan intercambiar opiniones y ofrecer comentarios al
Borrador de Declaración.
Por primera vez en la historia del organismo interamericano,
sus distintos órganos y entidades se han unido en esta tarea común,
en demostración de la importancia otorgada a la situación de las
poblaciones indígenas de las Américas.
Las reuniones están organizadas por la CIDH-OEA con la
cooperación de los gobiernos de los países sede de las reuniones, y
la colaboración del Instituto Indigenista Interamericano, la Unidad
para la Promoción de la Democracia (OEA), el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Fondo Interamericano para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y el Caribe, y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. Washington, D.C., 30 de octubre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
18/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con
profunda preocupación la situación de sesenta soldados del Ejército
colombiano privados de su libertad desde fines de agosto del corriente año
y cuyo paradero desconocen sus familiares.
Al margen de las motivaciones que pudiesen invocarse, e
independientemente de las consideraciones de justicia o injusticia en
que fundamentan su actuación quienes privaron a los soldados de su
libertad, la Comisión llama, por razones estrictamente humanitarias, a
su liberación.
En numerosas ocasiones la Comisión se ha pronunciado señalando
que la libertad personal es un derecho fundamental.
Como es de conocimiento público la Comisión, con la absoluta
independencia e imparcialidad que la caracteriza, se ha expresado
reiteradamente en defensa del derecho a la libertad de las personas en
distintos Estados miembros de la OEA, incluido Colombia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la
legitimidad de una práctica reiterada y de su compromiso con la defensa
de los derechos de las mujeres y hombres del hemisferio, entre los que
cabe destacar el importante derecho a la libertad personal y la
integridad personal, llama públicamente, por razones humanitarias, a
que se proceda a dejar en libertad, sanos y salvos, a los soldados del
Ejército colombiano a la mayor brevedad posible. Washington, D.C., 13 de
noviembre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
19/96
Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita a Luisiana, del
9 al 10 de diciembre de 1996, a fin de analizar las condiciones
carcelarias de los "Marielitos Cubanos" detenidos en
instituciones del Estado, y las condiciones generales de detención para
la preparación de un informe sobre prisiones.
La Delegación de la
Comisión estará compuesta por el Embajador John S. Donaldson, Primer
Vicepresidente, los miembros Dr. Alvaro Tirado Mejía y Dr. Jean Joseph
Exumé, Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto y las Dras.
Relinda Eddie y Bertha Santoscoy-Noro, Especialistas en Derechos Humanos
y la señorita Tania Hernández como asistente administrativo.
La Comisión agradece la buena disposición del Gobierno de los
Estados Unidos al haber accedido a la realización de esta visita. Washington, D.C. 8 de
diciembre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
20/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó su
visita de dos día a Luisiana, en los Estados Unidos, el 10 de diciembre
de 1996. La visita empezó el 9 y concluyó el 10 de diciembre de 1996.
El objeto de la visita fue evaluar las condiciones de detención
de los "cubanos del Mariel" detenidos en las cárceles de
Avoyelles y Tangipahoa en los condados de Markville y Amite
respectivamente.
La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Embajador
John S. Donaldson, Primer Vicepresidente, los miembros de la Comisión
Dr. Alvaro Tirado Mejía y Dr. Jean Joseph Exume; el Dr. David Padilla,
Secretario Ejecutivo Adjunto, la Dras. Relinda Eddie y Bertha
Santoscoy-Noro, Especialistas en Derechos Humanos, y la Srta. Tania Hernández,
asistente administrativo.
La Comisión es el órgano principal de la OEA encargado de
informar sobre el cumplimiento de la normativa de derechos humanos en el
continente. Su autoridad emana primordialmente de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos que rige para los 25 Estados partes,
y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el
caso de los Estados miembros de la OEA que todavía no ratificaron la
Convención. De acuerdo con
la reglamentación pertinente, se entiende que toda vez que la Comisión
realiza un examen in situ, el respectivo Gobierno ha dado garantías
de que puede entrevistarse y reunirse libremente con los funcionarios públicos
y las personas en general que estime pertinente para evaluar la situación.
En el curso de la visita, la delegación de la Comisión contó
con la colaboración de las siguientes personas:
Sr. John Castro, del Servicio de Inmigración y Naturalización,
Panel encargado de los ciudadanos cubanos;
Sr. Girod Gillory, Alcaide, y funcionarios de la cárcel de
Avoyelles en Marksville; Sr. Randy Pinion, Alcaide; Capitán Gerard
Fairburn, Asistente del Alcaide y funcionarios de la cárcel Tangipahoa
en Amite.
La Comisión recibió información de parte de los reclusos
entrevistados. Se plantearon preguntas acerca de las condiciones
generales en que se encontraban los detenidos. Los principales temas
planteados incluyeron preguntas sobre las instalaciones y los servicios
médicos a disposición de los cubanos del Mariel; las condiciones
habitacionales, las oportunidades educativas que se les ofrecen en la
institución, los programas recreativos y vocacionales, las
disposiciones referentes a la revisión anual de los detenidos con
sentencia, la disponibilidad de asesoramiento jurídico para los
reclusos, las dificultades de la visita de familiares de los reclusos
desde lugares remotos y los métodos disciplinarios de Markville y
Amite.
La Comisión preparará un informe completo de su visita a
Lompoc, California; Leavenworth, Kansas; Allenwood, Pennsylvania y
Marksville y Amite en Luisiana.
La Comisión agradece la colaboración de los funcionarios públicos
y los cubanos del Mariel detenidos en Instituciones del Estado de
Luisiana. La Comisión
seguirá evaluando las condiciones de detención de los cubanos del
Mariel. Washington, D.C., 10 de
diciembre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº
21/96
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido con
profunda consternación la noticia sobre los graves hechos ocurridos en
la sede de la Embajada de Japón en Lima, Perú, asaltada por un grupo
armado que ha tomado como rehenes a personal diplomático y consular
acreditado ante el Gobierno de Perú, a altos funcionarios de este país
y a otras personas que se encontraban en la Embajada.
Las personas que ocupan la sede diplomática han señalado entre
otras razones, que la toma de rehenes obedece a su preocupación por los
derechos humanos de personas que se encuentran detenidas y que solicitan
su liberación.
La CIDH se siente en la obligación de señalar que semejante
invocación implica una grave confusión de valores, toda vez que los
derechos humanos no pueden ser defendidos por acciones que de por sí
violan los mismos bienes jurídicos tutelados por las normas que
reconocen los derechos humanos. La
toma de rehenes es incompatible con la plena vigencia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas.
En numerosas ocasiones la CIDH se ha pronunciado señalando que
la libertad personal es un derecho fundamental.
Como es de conocimiento público, la Comisión con la absoluta
independencia e imparcialidad que la caracteriza, se ha expresado
reiteradamente en defensa del derecho a la libertad de las personas en
distintos Estados miembros de la OEA, incluido Perú.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la
legitimidad de una práctica reiterada y de su compromiso con la defensa
de los derechos de las mujeres y hombres del hemisferio, entre los que
cabe destacar el derecho a la libertad y la integridad personal, condena
terminantemente la toma de rehenes y el apoderamiento
de la sede de la Embajada de Japón, en Lima. Washington, D.C., 18 de
diciembre de 1996
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