CAPÍTULO VI
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN1
A.
Consideraciones generales
1. Como se expresa en el Capítulo I de este Informe, la Constitución
de Guatemala garantiza la libertad de conciencia y religión, reconociendo el libre
ejercicio de los cultos.
El Texto Constitucional dispone que se garantiza la libertad para el
ejercicio de todas las religiones, agregando que toda persona tiene derecho a practicar su
religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el
culto y la observancia, sin más límite que la paz, la moral, el orden público y el
respeto debido a los símbolos patrios. A las asociaciones y agrupaciones religiosas se
les prohibe intervenir en política partidista y militar en dicha política a los
ministros de los cultos.2
2. Por otra parte, la Constitución reconoce como personas jurídicas a
la Iglesia Católica y a las de los otros cultos, las que podrán adquirir y poseer bienes
y disponer de ellos "siempre que los destinen a fines religiosos, de asistencia
social o de educación". Esta disposición señala, además, que los bienes inmuebles
de las iglesias gozarán de exención de impuestos, contribuciones y arbitrios. Expresa
también que la personería de las iglesias se determinará por las reglas de su
institución o bases constitutivas; y que el Estado extenderá a la Iglesia Católica
títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee
para sus propios fines. Se prescribe, asimismo, que "no podrán ser afectados los
bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los inscritos a favor del Estado, que
hubiesen sido destinados para sus servicios".3
B.
Vigencia de este derecho en la práctica
1. La Comisión no ha tenido conocimiento de que los preceptos
constitucionales citados hayan dejado de aplicarse, con carácter general, es decir,
permitir el ejercicio de los cultos por parte de los ministros de distintas congregaciones
religiosas y de la población del país, aunque sí conoce de muchos casos en que
religiosos han sido víctimas de la violencia política y de la represión gubernamental.4
2. En los últimos años, paulatinamente se ha incrementado un clima de
riesgo y peligro para los sacerdotes, especialmente para los que trabajan en las zonas
rurales e indígenas en sus labores de asistencia religiosa y social. Las condiciones
referidas se han agravado de tal manera que con fecha 1° de noviembre de 1980, el Papa
Juan Pablo II se dirigió a los Obispos de Guatemala, expresando su preocupación. La
Carta del Sumo Pontífice, expresa lo siguiente:
Las noticias sobre las condiciones de vuestra nación y, en particular,
de vuestras comunidades eclesiales, encuentran en mi ánimo un eco profundo, que se hace
plegaria y se traduce en el deseo de estar cerca de vosotros, de modo muy especial en
vuestra misión pastoral, expresándoos confortamiento y aliento.
Conozco las preocupaciones que en más de una ocasión habéis
manifestado, incluso públicamente, en estos últimos meses, por los muchos, ya demasiados
actos de violencia que han perturbado el País, como también vuestras repetidas llamadas
para que se pusiera término a lo que justamente habéis denominado "camino de
autodestrucción", que viola todo derecho humano primero entre todos el derecho
sagrado de la vida- y que no ayuda a resolver los problemas sociales de la nación.
Comparto vuestro dolor por el trágico balance de sufrimiento y de
muertes que grava, y no da señales de disminuir, sobre tantas familias y sobre vuestras
comunidades eclesiales depauperadas no sólo de no pocos catequistas, sino también de
sacerdotes, muertos en circunstancias obscuras, a veces de manera vil y alevosa.
Me entristece, en particular, la grave situación que se ha producido
en la diócesis de El Quiché, donde, a causa del multiplicarse de acciones criminales y
de amenazas de muerte contra eclesiásticos, la asistencia religiosa a la comunidad
eclesial sigue faltando del todo.
La raíz del malestar que turba la sociedad guatemalteca la habéis
visto, Venerables Hermanos, en una "crisis profunda de humanismo", que ha
llevado a que fueran desplazados los valores del espíritu, dejando paso abierto al
egoísmo, la violencia y el terrorismo.
En unión con vosotros y por medio de vosotros deseo exhortar y
suplicar a cuantos tienen responsabilidad en el País a no omitir esfuerzo alguno para que
se ponga remedio a esta oleada de discordia y de odio; hágase todo lo posible para
asegurar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos; se garantice a la Iglesia la
posibilidad de desarrollar su misión evangelizadora, la cual se propone educar a todos
para una profunda conversión interior y para la reconciliación de los ánimos.
Es un deseo general, desde hace tiempo, que se realicen las reformas
sociales necesarias para una vida, en Guatemala, más justa y más digna de todo hombre.
En armonía con estas aspiraciones ratifico lo que he repetido varias veces, en mis viajes
apostólicos: que la Iglesia debe animar a los responsables del bien común a emprender
oportunamente tales reformas, con decisión y valentía, con clarividencia y eficacia,
ateniéndose a criterios de justicia y a los principios de una ética social auténtica.
Una vez más es el caso de recordar que la Iglesia quiere ofrecer su colaboración
específica, en vistas a un progreso social que respete en el hombre las exigencias tanto
espirituales como materiales. El camino que ella indica para lograr dichos objetivos es el
del compromiso solidario de todos, para sustituir las ideologías de egoísmo, de
prepotencia y de interés de grupos o de parte, con los valores genuinos de la
fraternidad, de la justicia y del amor.
A los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, a los seglares
comprometidos en los diversos sectores del apostolado, envío mi palabra de estímulo a
actuar en estrecha unión con vosotros, Venerables Hermanos, para ofrecer el testimonio de
fe y de unidad, de valentía y de abnegación, que debe caracterizar a todo discípulo de
Cristo.
A los queridos hijos de la Iglesia de Guatemala, hago una llamada a la
esperanza, que los sostenga en las difíciles circunstancias actuales y les ayude a
permanecer fieles a su propia vocación cristiana.
Sobre todo invoco la asistencia y la ayuda de Dios, por intercesión de
María, Madre de Cristo y de la Iglesia. A vosotros, Venerables Hermanos, a cuantos
colaboran con vosotros en la actividad pastoral y a toda la comunidad eclesial, imparto de
corazón mi paternal Bendición Apostólica.
Vaticano 1° de noviembre de 1980
Juan Pablo II
3. Muchas son las organizaciones internacionales y las asociaciones
religiosas que han denunciado las condiciones de permanente amenaza en contra de los
religiosos, que prevalecen en Guatemala. El 11 de enero de 1980 el Superior Provincial de
la Compañía de Jesús en Centroamérica y Panamá, el Consejo Nacional de los Jesuitas
en Guatemala y los Superiores de Comunidades de Jesuitas en Centroamérica y Panamá,
emitieron una Declaración en la que expresan que "En esta hora dolorosa y a la vez
esperanzada del pueblo de Guatemala, los jesuitas que firmamos esta Declaración nos
ubicamos en el sentir de la Iglesia Latinoamericana en Puebla que ha puesto su
evangelización en este continente bajo el signo de la opción preferencial por los
pobres"; afirmando que "declaraciones como la presente disgustan a los poderosos
y pueden atraer la represión hacia nosotros". En esta Declaración se reitera la
determinación de trabajar en favor de los necesitados de dicho país "con miras a su
liberación integral".5
Hace algunos meses, la Fraternidad de Cristianos Evangélicos del
Pueblo, se dirigió al pueblo evangélico y al pueblo cristiano de Guatemala y del mundo,
denunciando el asesinato el 19 de noviembre del pastor Santos Jiménez Martínez
"mientras celebrara el culto de adoración a Dios, en el parcelamiento 'La Esperanza'
de Santo Domingo Suchitepequez". "Denunciamos expresa la congregación
referidaeste nuevo hecho de sangre en contra de los cristianos que siguiendo el
mandato evangélico han querido anunciar la buena nueva a los pobres, a los maltratados,
proclamando que ya llegó el tiempo de su libertad, el año favorable del Señor".
El 24 de julio de 1980 la Iglesia Católica en Guatemala, representada
por sus Obispos reunidos en Conferencia Episcopal, expuso al pueblo de Guatemala lo
siguiente:
1. Su profunda preocupación por la situación de persecución por la
cual atraviesa la Iglesia especialmente en la Diócesis de El Quiché, agravada
últimamente por el asesinato alevoso de dos sacerdotes, por las amenazas de muerte que
continuamente reciben los sacerdotes, religiosos y otros agentes de pastoral, y por un
clima de inseguridad que hace imposible toda labor evangelizadora y pastoral.
2. Su solidaridad fraterna con el señor Obispo, Sacerdotes,
Religiosos, agentes de pastoral y fieles de dicha Diócesis, haciendo propios los
sufrimientos que padecen.
3. Su voluntad de establecer un diálogo con las autoridades para
lograr, con la ayuda de Dios la Iglesia pueda desarrollar su misión en el marco de la
libertad religiosa, derecho humano sancionado inclusive por nuestra ley constitutiva.
4. Pide a todos los sacerdotes, religiosos y fieles de Guatemala que
oren constantemente al Señor para que este gravísimo problema pueda solucionarse lo más
pronto posible.
5. Dada la gravedad de la situación y a petición unánime de la
Conferencia Episcopal, el Señor Obispo de la Diócesis de El Quiché expondrá
personalmente al Santo Padre Juan Pablo II la situación por la cual atraviesa la
Diócesis.
Con fecha 6 de agosto de 1981, la Conferencia Episcopal de Guatemala
emitió un nuevo Comunicado, el cual contiene los siguientes conceptos:
La Iglesia Católica, que durante más de 400 años, ha estado presente
en la vida del pueblo guatemalteco, le ha acompañado en sus alegrías y en sus penas y le
ha guiado en la búsqueda de los más altos valores, es hoy, como tal nunca en su
historia, víctima de injustos ataques y de violentas agresiones.
Según lo hemos señalado en otras oportunidades, la Iglesia sufre
persecución, como lo comprueba la historia por su fidelidad en cumplir la misión que
Cristo le ha confiado de salvar al hombre del pecado y de todas sus consecuencias,
anunciando la Redención y denunciando con vigor todo lo que se opone a la realización
plena, temporal y eterna, de todo el hombre y de todos los hombres.
En el caso concreto y presente de Guatemala, además del asesinato o
desaparición de 12 sacerdotes (siete de ellos solamente en lo que va del año 1981) y de
la muerte violenta de numerosos catequistas y miembros de nuestras comunidades cristianas,
es de todos conocido que, en los últimos días, se ha desatado una campaña publicitaria
que tiende a desacreditar ante sus hijos a la Iglesia, que es Madre y Maestra.
Ante la desorientación y perplejidad que, sin duda alguna, está
causando en el pueblo católico esta tendenciosa campaña, elevamos nuestra voz de
Pastores con firme serenidad, para aclarar algunas falsas informaciones y orientar con
nuestra reflexión a los fieles.
PRIMERO. Por todos los medios de comunicación y con inusitado
despliegue publicitario, se ha propalado la noticia, basada en las supuestas declaraciones
de un moribundo, de que "dos sacerdotes extranjeros" actuaban como comandantes
de una facción guerrillera y murieron en un enfrentamiento armado con las fuerzas de
seguridad del país. Nos ha llamado poderosamente la atención la forma reiterativa con
que voceros oficiales han catalogado como "sacerdotes" a estas dos personas,
cuando al misma documentación presentada a los comunicadores sociales indica su calidad
de laicos. Afirmamos, entonces, categóricamente que los señores Raúl Joseph Leger, de
nacionalidad canadiense, y Angel Martínez Rodrigo, de nacionalidad española, no eran
sacerdotes, ni pertenecían a comunidad religiosa alguna, si bien habían ingresado hace
algunos años al país como voluntarios para colaborar en el campo de la promoción
humana. Aunque, durante su actuación como misioneros laicos, desarrollaron una meritoria
labor, desde hacía algún tiempo se encontraban desvinculados de la acción pastoral de
sus respectivas diócesis.
SEGUNDO. Se ha dado también una gran difusión a las supuestas
declaraciones de Donald McKennan, quien durante algún tiempo, ejerció el ministerio
sacerdotal en la diócesis de Quiché y que publica una revista mexicana. Según dichas
declaraciones, pareciera que esta persona está enrolada en una organización guerrillera
obedeciendo "precisas instrucciones de un obispo" Monseñor Juan Gerardi. Al
respecto, tenemos que manifestar, con igual claridad, que si un sacerdote o religioso toma
la opción a nuestro juicio equivocada de enrolarse en cualquier facción
política o grupo subversivo, deja de pertenecer a los organismos pastorales de la Iglesia
y por tanto la jerarquía no puede ser responsabilizada por sus actuaciones posteriores.
Por otra parte, conociendo el sentir de Monseñor Gerardi Conedera, su clara actuación
evangélica y su fidelidad total a las directrices de la Iglesia, rechazamos con toda
firmeza las supuestas declaraciones de Donald McKennan, que pretenden denigrar al Obispo
de Quiché y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
TERCERO. Entre la documentación presentada por voceros oficiales en
reciente conferencia de prensa, aparecen diversas cartas del antiguo obispo de
Quezaltenango, Monseñor Luis Manresa Formosa y de Monseñor Oscar García Urízar, actual
obispo de esta Diócesis, en las cuales se solicita la permanencia en el país del señor
Raúl Joseph Leger, en calidad de colaborador laico en la Parroquia de Concepción
Chiquirichapa. Al respecto manifestamos que dichas cartas se escribieron obedeciendo las
leyes migratorias de la Nación y los obispos daban su aval al referido señor Leger
solamente durante el tiempo que el mismo estuvo al servicio de la Diócesis.
CUARTO. Como Obispos, lamentamos profundamente que personas, en una u
otra forma ligadas a la actividad pastoral de la Iglesia, hayan optado por el camino de la
lucha armada para resolver los ingentes problemas sociales, económicos y políticos que
aquejan a nuestra patria. Cualquier acción terrorista merece nuestra condena y nosotros
jamás podríamos avalar con nuestro apoyo moral a quienes la cometen, como tampoco
podemos propiciar acciones que conduzcan a la implantación del comunismo en nuestra
Patria. En numerosos documentos hemos expresado muy claramente nuestro pensamiento a este
mayoría de nuestros sacerdotes, religiosos y demás agentes de pastoral. Se comete por
eso una gravísima injusticia cuando se acusa y se pretende denigrar a la Iglesia
Católica por tantos títulos merecedora del aprecio y la gratitud del pueblo
guatemalteco por la opción personal de algunos de sus miembros.
QUINTO. Creemos conveniente exponer a la consideración del pueblo
católico de Guatemala y de los hombres de buena voluntad algunas situaciones que no
facilitan nuestras relaciones normales con las Autoridades y que van en detrimento de la
paz que urgentemente necesita nuestra patria:
1) En diversas oportunidades los Obispos de Guatemala hemos buscado
caminos para un diálogo franco, respetuoso y sereno con las Autoridades del país, con el
objeto de clarificar situaciones ambiguas, desvanecer posibles prejuicios mutuos y aunar
esfuerzos en pro del pueblo guatemalteco. Tenemos la dolorosa impresión de que esos
esfuerzos no han alcanzado el éxito apetecido. A solicitud nuestra, personeros del
Gobierno Central nos habían ofrecido gentilmente, que, al presentarse problemas o
acusaciones contra alguno de nuestros agentes de pastoral, sería puesto en conocimiento
del Obispo respectivo y se buscaría de común acuerdo una eficaz solución. También la
Conferencia Episcopal de Guatemala nombró una comisión de tres Obispos con quienes las
autoridades ofrecieron dialogar cuando se presentaran situaciones conflictivas con
miembros de la Iglesia. Hasta ahora estas líneas de diálogo no han funcionado en la
práctica. Con todo, de parte nuestra, y porque creemos que es la mejor forma de evitar o
resolver conflictos innecesarios, mantenemos nuestra apertura al diálogo ofrecida desde
el principio.
2) El señor Ministro de Educación, según informaciones de prensa, ha
anunciado que "todos los sacerdotes y religiosos del país serán investigados por el
Gobierno para determinar si no tienen vinculación con grupos extremistas". (Diario
El Gráfico 5 de agosto de 1981). No tememos a esta investigación si es objetiva y
veraz pero la consideramos altamente ofensiva a la Iglesia Católica, pues con ello
pretende colocarla en un plano de ilegalidad. Como ciudadanos o residentes en el país,
sabemos que estamos sujetos a las leyes de Guatemala y tratamos de obedecerlas y por eso
no podemos aceptar que, tanto nosotros como nuestras instituciones, seamos objeto de
continuas suspicacias y de constante vigilancia. Aceptamos sin embargo, que si alguno de
nosotros quebranta la ley, sea juzgado, ya que en un estado de derecho debe haber
tribunales competentes para juzgar los presuntos transgresores y castigar a quienes son
encontrados culpables en un juicio legal.
SEXTO. Tenemos que ser muy claros al expresar a todos los que se
precian de ser católicos, que la situación en Guatemala ha llegado a tal grado, que
exige una definición categórica de cada uno de nosotros, como nos lo exige Cristo cuando
nos dice que "no se puede servir a dos señores" (Mt, 6.24) y "el que no
está conmigo está contra Mí" (Lc. 11,23). Es inconcebible que haya católicos que
asisten a misa y aún se acercan a recibir el Cuerpo de Cristo y luego permanecen
indiferentes cuando se asesina a sus sacerdotes o se tortura y masacra a sus hermanos.
Algunos incluso aprueban estos hechos y unen sus voces a los que denigran a su madre, la
Santa Iglesia. Recordamos a este respecto que los que atentan contra los ministros de la
Iglesia quedan excomulgados. Las generaciones futuras nos recriminarán, si por
nuestra indiferencia y pasividad, se llega a cerrar nuestros templos y a suspender toda la
obra educativa y asistencial que realiza la Iglesia y nuestro pueblo queda abandonado como
ovejas sin pastor.
SÉPTIMO. A los hechos dolorosos que hemos señalado, se añaden en los
últimos días, el asesinato del Padre Francisco Stanley Rother, celoso párroco y
generoso benefactor de la parroquia de Santiago Atitlán, y el secuestro del Padre Carlos
Pérez Alonso, de la Compañía de Jesús, hombre virtuoso que se ha ganado el cariño de
innumerables personas por su celo apostólico y su multifacética acción pastoral. Al
condenar estos nuevos hechos de violencia, queremos manifestar nuestra solidaridad a las
Diócesis de Sololá y Oklahoma y hacer llegar a los religiosos de la Compañía de Jesús
nuestra palabra de apoyo y de solidaridad fraterna en estos momentos en que están siendo
objeto de una despiadada campaña de difamación y amedrentamiento.
No podemos menos de manifestar también nuestra preocupación constante
por la vida y la integridad física de nuestros sacerdotes, religiosos y catequistas,
porque, en las actuales circunstancias, a causa precisamente de las campañas de
desprestigio contra la Iglesia y por la impunidad con que se han cometido los sacrílegos
crímenes cualquier persona, aún por asuntos sin importancia, se siente autorizada y
animada a proferir amenazas y hasta llevarlas a la práctica contra los miembros del clero
y de las comunidades religiosas.
C.
Algunos ejemplos de violaciones a este derecho
1. Como se ha expresado, en los últimos años se ha incrementado la
persecución y el hostigamiento contra los sacerdotes conociéndose varios casos de
expulsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Algunos ejemplos de estos hechos son
los siguientes:
a) Caso 7377: Desaparición del sacerdote Miguel Conrado de la Cruz
Fechada el 30 de mayo de 1980, la Comisión recibió la denuncia, cuyas
partes pertinentes expresan lo siguiente:
Se denuncia la desaparición del padre Miguel Conrado de la Cruz,
sacerdote y miembro activo de la Comisión Justicia y Paz. Según nuestra información fue
detenido el 1° de mayo de 1980 en la ciudad de Guatemala, pero no se ha reconocido su
detención.6
b) Caso 7378: Detención y Expulsión del sacerdote Carlos Stetter7
c) Caso 7778: Situación del Obispo Juan Gerardi
Fechada el 24 de noviembre de 1980, la Comisión recibió la denuncia,
cuyas partes pertinentes son las siguientes:
Al Obispo Juan Gerardi, Presidente de la Conferencia de Obispos de
Guatemala y oriundo de dicho país, le fue negado el reingreso a Guatemala el 22 de
noviembre.
El Obispo Gerardi regresaba de Roma donde participó en el Sínodo de
la Iglesia Católica Romana y donde, a solicitud de la Conferencia de Obispos de
Guatemala, presentó un informe personal al Papa Juan Pablo II sobre la situación de la
Iglesia en Guatemala.
El Obispo Gerardi escapó de un intento de asesinato el 19 de julio de
1980. En compañía de los sacerdotes y monjas de la diócesis del Quiché, abandonó
dicha diócesis para preservar sus vidas.8
Este caso continúa bajo la consideración de la CIDH.
2. A partir del mes de mayo de 1981 se han producido nuevas
desapariciones y asesinatos de sacerdotes, sobre los cuales la Comisión ha recibido
diversas informaciones. Entre esos casos se encuentran los siguientes: Sacerdote
Franciscano Tulio M. Maruzzo, asesinado en la localidad Los Amates, Departamento de
Izabal; Sacerdote Jesuita Luis Eduardo Pellecer, secuestrado y desaparecido en la ciudad
de Guatemala; Sacerdote Misionero Diocesano, Stanley Rother, asesinado en la localidad de
Santiago Atitlán.
3. Estos casos que han sido citados son algunos de los ejemplos
concernientes a la situación de los religiosos en Guatemala. Por otra parte, la Comisión
tiene en su poder y ha analizado documentos e informaciones relativos al hostigamiento, el
secuestro, la desaparición y el asesinato de varios religiosos, sacerdotes y auxiliares
seglares. No obstante lo anterior, y pese a los requerimientos de la Comisión, en los
casos cuyo trámite ha concluido, el Gobierno de Guatemala no le ha enviado documentos y
evidencias en los que conste que se hayan iniciado investigaciones serias el respecto,
tendientes a esclarecer los hechos y a castigar a los responsables de los mismos.9
4. En conclusión, en concepto de la
Comisión, si bien en Guatemala no existe ninguna limitación formal respecto del libre
ejercicio de los distintos cultos religiosos, las condiciones creadas por la violencia
existente en el país las que, en esta materia, se han traducido en persecuciones y
aún asesinatos de religiosos y sacerdotes- han significado en la práctica, serios
obstáculos para el ejercicio de las libertades de conciencia y religión.
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1 La
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 12, expresa lo siguiente:
"Libertad de Conciencia y de Religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o
sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar
y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar
la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de
creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicas o los derechos o libertades
de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones".
2 Artículo 66 de la Constitución.
3 Artículo 67 de la Constitución.
4 En el Informe de la Misión de la
Comisión Internacional de Juristas que visitó Guatemala, antes citado, se expresa lo
siguiente: "Desde un principio conviene señalar que en comparación con su vecino El
Salvador, en Guatemala operan varias y numerosas sectas protestantes. Este fenómeno tiene
sus raíces en la revolución liberal de 1870, en la cual se expropiaron tierras de la
Iglesia Católica y se expulsaron órdenes religiosas. En El Salvador, el Arzobispo de San
Salvador es el principal vocero de la oposición contra la represión gubernamental. En
cambio en Guatemala, el Cardenal Mario Casariego sigue el modelo tradicional de un primado
colonial español. Si bien durante los últimos años la Conferencia Episcopal de
Guatemala ha emitido dos cartas pastorales que denotan preocupación social, no ha tomado
posición abierta contra la ola de violencia. La última carta pastoral, 'Fe y Política',
publicada antes de la última elección presidencial, se refirió a la obligación de
votar, pero no habló de la situación que afronta el votante. Los Obispos no emitieron
ninguna declaración ante el abrumador fraude cometido durante la elección. Más
importante es aún el apoyo que la Iglesia Católica ha venido dando al status quo,
a pesar de que los personajes han cambiado durante los últimos 25 años de dominación
militar. Se conocen pronunciamientos de los Obispos de Quiché, Zacapa y Verapaces,
regiones de conflicto. El Obispo Flores de Panzós, en la celebración de un oficio
religioso con motivo de la masacre ocurrida en la localidad, expidió un comunicado en el
cual señalaba que la protesta de los indígenas que originó la matanza, se debió al
robo de sus tierras y que sólo la bondad ilímite de la comunidad campesina ha impedido
una crisis de violencia que podría producirse como resultado del robo de las tierras'.
Señaló asimismo el Obispo que el gobierno no había tomado ninguna medida eficaz para
solucionar los problemas que llevaron a esta matanza injustificada. La puesta en práctica
de las declaraciones adoptadas en dos Conferencias Episcopales Latinoamericanas,
constituye otro factor que sitúa en un terreno de conflicto a la Iglesia Católica. Un
documento publicado por la primera conferencia, señala como deber de la Iglesia
'estimular y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus
organizaciones de base' (Medellín Doc. N° 2/27). La segunda reunión Latinoamericana de
Obispos, celebrada este año en Puebla, Méjico, confirmó esta posición y repitió el
apoyo de los obispos a 'las aspiraciones de los trabajadores y campesinos que quieren ser
tratados como hombres libres y responsables llamados a participar en las decisiones que
afectan su vida y su futuro' (Puebla Doc. 1162). La ejecución de esta misión ha llevado
a que algunos miembros del clero sean acusados de fomentar la subversión. El General Otto
Spiegler, Ministro de Defensa de Guatemala, responsabilizó públicamente a los miembros
del Clero por la masacre de Panzós y dijo que habían incitado a la protesta de los
indígenas. Días después, el Gobierno confirmó la acusación con la expulsión del
país de la Hermana Raimunda Alonso por 'haber participado en actividades políticas que
no eran de su competencia religiosa'. Sin más explicación, el 20 de diciembre de 1978 el
gobierno expulsó al Padre Carlos Stetter, de la Parroquia de Ixcán. El 6 de junio de
1979, fue expulsado del país el Padre Gregorio Barreales de la Parroquia de Salamá, Baja
Verapaz. Además de estas expulsiones de miembros extranjeros del Clero, las diferentes
fuerzas de seguridad han tomado medidas contra los 'catequistas', dirigentes laicos de las
parroquias rurales. En julio de 1978 fue asesinado un catequista de nombre Mario Mujía
Córdoba, quien también era promotor de la CNT, y conocido familiarmente como 'Guiqui'.
Estos hechos se hacen cada vez más frecuentes en regiones donde el ejército lleva a cabo
'maniobras', tales como Quiché e Ixil. Como ejemplos recientes puede citarse el asesinato
de un catequista en Cozal y el secuestro de otro, ocurridos en julio de 1979. Se creía
que la violencia no se aplicaría a los sacerdotes. Sin embargo, este umbral se traspasó
el 29 de junio de 1978 con el asesinato del Padre Hermógenes López de la Parroquia de
San José Pinula. Recientemente, las organizaciones clandestinas anticomunistas han
publicado listas en las que amenazan de muerte a los Obispos que han protestado contra
varios aspectos de la represión prevaleciente, pero hasta la fecha no se ha ejecutado
ninguna de estas amenazas. En conjunto, las instituciones religiosas en Guatemala se
inclinan más hacia la estabilidad que hacia el cambio, debido a la preocupación de las
sectas protestantes por el más allá y al conservatismo institucional de la Iglesia
Católica".
5 Algunos de los aspectos que contiene la
Declaración citada son los siguientes: "a) Las ganancias de las grandes fincas de
café, caña y algodón, dentro de este sistema, han ido en aumento cada día. En seis
meses el precio internacional del azúcar se ha elevado de Q. 7.80 a Q. 16.31; el precio
del café se ha aumentado de Q. 151.54 a Q. 181.36 (pasando en muchos momentos intermedios
de los Q. 200.00); y el precio del algodón se ha incrementado de Q. 61.93 a Q. 74.06 (las
comparaciones están tomadas a 30 de mayo y 31 de diciembre de 1979; Véase: Inforpress
Centroamericana, nn. 344 y 374). Mientras tanto los salarios son mantenidos estables para
los trabajadores del campo. Las ganancias que de esta relación se derivan son millonarias
(y en el caso del algodón con reiterado desprecio de la salud y aún de la vida de
numerosos guatemaltecos). No se trata más que de un ejemplo de lo que el Papa Juan Pablo
II llama el surgimiento "de ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más
pobres" (Juan Pablo II. Discurso Inaugural en Puebla, III.4). En Guatemala se promete
subir los salarios de los empleados públicos pero se anuncia inmediatamente el ascenso en
los precios del pan, del gas, de la luz, del agua...; y en general las condiciones de vida
en las ciudades, p.ej. el desempleo, la vivienda escasa y miserable, etc., hunden a los
asalariados cada día más en una miseria comparable relativamente a la del agro. b) Esta
situación angustiosa se mantiene con una represión que emula a las más grandes que ha
conocido la historia reciente de Guatemala. Un régimen de fuerza injusta trata así de
evitar que el pueblo trabajador reclame sus justos derechos. En nuestro país se
secuestra, tortura y asesina al amparo de vehículos sin placa, emboscadas nocturnas y
terror selectivo y a la vez masivo e indiscriminado. Las autoridades informaron
recientemente que en los diez primeros meses del año 1979 ha habido en este país 3.252
asesinados por el así llamado 'Escuadrón de la Muerte' (Diario 'Impacto', Guatemala, 14
de noviembre de 1979). Todos estos crímenes horrendos quedan en absoluta impunidad. Por
otro lado, ya es proverbial que en Guatemala no hay presos políticos, sólo muertos y
desaparecidos. c) Los indígenas de Guatemala, más de la mitad de la población y
productores de la mayor parte de la riqueza nacional, son explotados y discriminados tanto
en las grandes fincas a donde se dirigen para el trabajo de las cosechas de
agroexportación como en sus comunidades de origen donde la tierra pobre y escasa ya no
les ofrece ni trabajo ni sustento. A esta explotación se añade la opresión que sufren
cuando con flagrante violación a sus derechos fundamentales y constitucionales (véanse
Artos. 11 N° 7° y 43 de la Constitución de la República de Guatemala), son perseguidos
y agarrados contra su voluntad para prestar servicio militar".
6 La Comisión procedió a abrir y tramitar
el caso, dirigiéndose al Gobierno de Guatemala en comunicación de 25 de junio de 1980.
En comunicaciones de 16 de diciembre de 1980 y de 20 de abril de 1981, la Comisión se
dirigió nuevamente al Gobierno guatemalteco reiterándole el pedido de información. Este
caso continúa bajo la consideración de la CIDH.
7 Este caso, que ha sido objeto de
Resolución por parte de la CIDH, la que se reproduce en el Capítulo III. Ver página 59
de este Informe.
8 La Comisión procedió a abrir y tramitar
el caso, dirigiéndose al Gobierno de Guatemala en comunicación de 3 de abril de 1981.
9 Conviene señalar que con fecha 16 de mayo de 1980 el
entonces Vicepresidente de la República, doctor Francisco Villagrán Kramer, se dirigió
al Representante de la Santa Sede en Guatemala, refiriéndose a hechos de violencia en
contra de sacerdotes y a la falta de investigación de los mismos. Esta carta expresa lo
siguiente: "No es sino con profunda pena y preocupación que le expreso mis
sentimientos de pesar por la trágica muerte del Sacerdote Belga, Walter Woordeckers y el
secuestro del Sacerdote Filipino, Conrado C. de la Cruz. Ambos hechos se han producido
dentro de un marco de enfrentamiento inicial y en el que están resultando víctimas
numerosas personas, cuya vocación precisamente, es profundamente pacifista. Sería
deseable que Su Santidad Juan Pablo II pudiese ejercer su autoridad moral para exhortar a
que este tipo de hechos sean investigados por las autoridades competentes y se pudiesen
instruir los procesos legales que corresponde, e igualmente, a que quienes impulsan estos
actos de violencia midan los alcances destructores que tales actos provocan. Personalmente
me preocupa el agravamiento que este enfrentamiento inicial y la progresiva
radicalización de posiciones. De allí que traslade por su digno medio a Su Santidad mis
sentimientos de pésame y mis reflexiones, confiando que éstas sean compartidas". El
Representante Diplomático de Su Santidad respondió al Vicepresidente de la República
con fecha 22 de mayo de 1980, expresando lo siguiente: "Me es honroso acusar recibo
de su apreciable carta-mensaje del 16 de los corrientes, con un pésame que recibo con
gratitud. Para el Santo Padre será lenitivo en su dolor recibir condolencias tan valiosas
como las suyas. Para mí es un verdadero gusto complacerle en transmitir al Papa su deseo
avalado por su alta personalidad imbuida en el Derecho y la Justicia, y la preocupación
suya por las graves consecuencias que tan penosos inicios pudieran engendrar. Me alegro de
poder servirle y, en su honorable persona, a la causa de la paz y armonía para esta
querida Guatemala".
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