CAPITULO II EL DERECHO A LA VIDA Y EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
1. El sistema legal interno de la Rep�blica de Suriname, as� como las normas internacionales a las cuales est� sujeta la Rep�blica, reconocen el derecho de toda persona a la vida y a la integridad personal. 2. el Art�culo 3 del Decreto General A-11, que establece el Estatuto de los Derechos y Deberes B�sicos del Pueblo de Suriname, promulgado por la Autoridad Militar el 25 de marzo de 1982, dispone lo siguiente:
El Art�culo I de la Declaraci�n Americana de Derechos y Deberes del hombre a la cual Suriname est� sujeto en virtud de su calidad de miembro de la Organizaci�n de los Estados Americanos, dispone que "Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
3. La investigaci�n de la Comisi�n Especial, concerniente a los Derechos a la Vida y a la Integridad Personal en la Rep�blica de Suriname, se centr� en los sucesos de diciembre de 1982, las detenciones y ejecuciones a que se hizo referencia en la Introducci�n. Considerando que en este hemisferio hay pa�ses donde se ha masacrado a miles de personas, la muerte de quince ciudadanos, por grande que sea como tragedia humana, podr�a parecer un suceso relativamente menor en la historia contempor�nea de la delincuencia en materia de derechos humanos. Pero cuando este hecho se ubica dentro de su propio contexto, adquiere significancia adicional. La poblaci�n de la Rep�blica de Suriname es de aproximadamente 250,000 habitantes. La mayor�a de los habitantes del pa�s vive en la capital, Paramaribo, o sus alrededores. Adem�s, Paramaribo es el centro de la vida pol�tica e intelectual y de los medios de comunicaci�n. Todo grupo u organizaci�n de importancia tiene su sede all�. Por otra parte, la ciudad de Paramaribo es lo suficientemente peque�a como para que cualquier hecho que ocurra en ella se sienta en toda la comunidad y, nuevamente debido a la importancia y centralismo de la ciudad, en todo el pa�s. Pero a�n en un pa�s con una gran poblaci�n y muchos centros urbanos importantes, la captura y muerte s�bitas de quince ciudadanos prominentes el Presidente de la federaci�n sindical m�s importante, el Presidente del Colegio de Abogados, el propietario de una de las principales estaciones de radio, el Decano de Econom�a de la Universidad Nacional y otras personas destacadas del pa�sconmover�a a la naci�n entera y tendr�a serias consecuencias para la vida pol�tica y social. 4. Como se se�al� en la Introducci�n, poco despu�s de los sucesos en cuesti�n, el 4 de diciembre, para ser precisos, las autoridades militares de Suriname dieron a conocer los nombres de quince personas que seg�n ellas, fueron muertas a balazos por fuerzas de seguridad cuando intentaban escapar de sus custodias. Los nombres de los quince muertos y sus ocupaciones son:
5. cuando la Comisi�n decidi� redactar un informe general sobre la situaci�n de los derechos humanos en Suriname, comenz� sistem�ticamente a acumular datos sobre los hechos ocurridos en diciembre, las circunstancias que los produjeron y sus efectos posteriores. La informaci�n que lleg� a manos de la Comisi�n, de una serie de fuentes, configur� un patr�n de hechos inmediatamente anteriores a la matanza de los quince ciudadanos del cual era posible inferir que se hab�a tomado en los m�s altos niveles de las fuerzas armadas la decisi�n de eliminar la oposici�n efectiva. De particular significaci�n en este respecto fue la evidencia de que tropas del gobierno participaron en la noche del 7 de diciembre en el incendio, de la sede de Moederboond, dos estaciones de radio privadas (ABC y Radika) y las oficinas de un peri�dico antigubernamental, el Vrije Stem, destruy�ndolas. La Comisi�n tambi�n recibi� informaci�n, de fuentes responsables, de que los cuerpos de quince ciudadanos ten�an huellas de torturas atroces, quijadas, brazos y piernas rotos; dientes rotos a golpes; en un caso, una cadera dislocada; y otros indicios de malos tratos horribles. 6. A fin de corroborar estos datos la Comisi�n autoriz� al doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisi�n, a visitar Holanda y tomar testimonio de personas relevantes, incluidas aquellas que hab�an visto los cad�veres. 7. En Leiden, Holanda, el doctor Padilla tom� declaraciones a un n�mero de parientes de los fallecidos, quienes solicitaron que sus nombres no aparecieran en este Informe por temor a que parientes y amigos que residen en Suriname pudieran ser objeto de represalias. El siguiente es, en esencia, el testimonio de estos testigos;
Adem�s de la descripci�n general de las heridas encontradas en los cuerpos de los muertos mencionados antes, aparecieron en los diversos cad�veres las siguientes condiciones espec�ficas: John Boboeram, abogado. Cruel y brutalmente golpeado en la cara. El maxilar superior roto, todos los dientes con la excepci�n de uno en la parte superior derecha aplastados hacia adentro y los labios triturados; una herida horizontal que le cruzaba la frente, una herida de bala en la parte izquierda al costado de la nariz que hab�a sido cubierta posteriormente con yeso, heridas y cortes en las mejillas y sangrado en la cara. Una fuente report� un corte en la lengua. Bram Bahr, periodista, director del semanario MKRO. Heridas en la cara y heridas de bala en el pecho y en los pies. Cyrill Daal, Presidente del sindicato m�s grande de Suriname, el Sindicato Madre. Heridas de bala en el abdomen y varias heridas en la cara. Dos fuentes informaron sobre heridas en los ojos, en general, y una mencion� el nombre de Daal en relaci�n con ello. Dos fuentes mencionaron que uno de los cad�veres tenia el escroto arrancado a balazos; otra fuente dijo haber visto que Daal hab�a sido castrado y a�n otra, inform� sobre fracturas en los brazos y piernas. Kenneth Gonsalves, Decano del Colegio de Abogados de Suriname. Lesiones en el rostro, en particular, la nariz rota. Una fuente inform� haberle encontrado doce balazos en el pecho. Andre Kamperveen, Comerciante, ex Ministro de Cultura y Deportes, propietario de la estaci�n de radio ABC. La cara hinchada y lesiones en la mand�bula, probablemente una dislocaci�n; unos 18 balazos en el pecho y tambi�n se dijo que un muslo roto. Una fuente inform� sobre un brazo roto y otra sobre un tiro en la sien derecha. Gerard Lecke, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Econ�micas de la Universidad de Suriname. Hemorragias en la cara y una fuente inform� sobre balas en el pecho. Suchrim Demrawsingh, Profesor de la Universidad de Suriname, Director del Centro de Computaci�n. Dadas las circunstancias, su rostro se mostraba razonablemente bien; un peque�o agujero en la mejilla derecha y uno grande en la sien derecha, con pelo alrededor. Este agujero fue posteriormente cubierto con yeso. Leslie Rahman, Periodista de la agencia de prensa CPS. Rasgu�os y cortes en el rostro. Hematomas en la frente y una fuente inform� haber visto que de un muslo le hab�an arrancado lonjas de piel. Surindre Rambocus, Oficial de las Fuerzas Armadas, condenado a 12 a�os de prisi�n por haber tomado parte en el intento de golpe de marzo de 1982. Desgarraduras y peque�os rasgu�os en los labios y enc�as del ojo izquierdo. Hab�a sido acribillado a balazos desde el pie izquierdo hasta el cuello y a lo largo de la cintura. Su cara estaba hinchada. Harold Riedewald, Abogado. Un balazo en la sien derecha y la sangre en la parte izquierda del cuello acusaba lesiones serias. Una fuente inform� sobre docenas de balazos en el pecho. Jiwaslingh Sheombar, Soldado. Condenado por haber tomado parte en el intento de golpe de marzo de 1982. Cara hinchada y de color muy oscuro debido a los m�ltiples hematomas; una lesi�n seria en la mand�bula, del lado derecho; una herida de bala que le hab�a atravesado la cabeza, entrando por el cuello, y una herida de bala en el cr�neo. Balazos en el pecho y el abdomen formando una cruz. Josef Slagveer, Periodista. Propietario de la agencia noticiosa INFORMA. Cara hinchada con muchos hematomas, especialmente en el lado izquierdo, y una lesi�n en la mand�bula. Somradj (Robbie) Sohansing, Comerciante. Lesiones en la cara, en particular, los dientes partidos hacia adentro a golpes y un p�mulo fracturado. Tambi�n heridas de bala en el pecho y el abdomen. Frank Wijngaarde, Periodista de ABC, holand�s de origen surinam�s. La mand�bula rota, los dientes partidos hacia adentro a golpes, balas en el pecho y heridas de bala en la cara.1 8. Durante la investigaci�n in loco la Comisi�n pudo obtener testimonio adicional que confirmaba la cruel tortura a la cual se hab�a sometido a las quince v�ctimas antes de que se las ejecutara. Las fuentes de este testimonio insistieron en permanecer an�nimas. Sobre la base de otras evidencias y de su percepci�n de la situaci�n general, los miembros de la Comisi�n Especial concluyeron que esa solicitud no desmerec�a la veracidad del testimonio. 9. En su explicaci�n inicial de las muertes, el Gobierno y las fuerzas armadas parec�an justificarlas como resultado de un intento legal de impedir la huida de personas debidamente detenidas. Posteriormente adoptaron una variante seg�n la cual las muertes ocurrieron como consecuencia del nerviosismo de unos pocos soldados que err�neamente creyeron que los detenidos tramaban escapar. Pero en las conversaciones con los miembros de la Comisi�n Especial mantenidas durante la investigaci�n in loco, ni los funcionarios civiles ni el Teniente Coronel Bouterse argumentaron una justificaci�n estrictamente jur�dica de las muertes. M�s bien parecieron estar decididos a demostrar que hab�a sido un exceso infortunado, mitigado por las circunstancias que lo rodeaban, es decir, la conspiraci�n contra la Revoluci�n. El siguiente extracto del largo y franco intercambio de opiniones entre la Comisi�n Especial y el Teniente Coronel Bouterse es ilustrativo:
10. Es un hecho hist�rico que en marzo de 1982 hubo un intento de golpe. Sin embargo, el Gobierno no ofreci� a la Comisi�n evidencia alguna de que las personas ejecutadas estuvieran implicadas en una conspiraci�n armada. El Teniente Rambocus y el Sargento Sheombar estaban prisioneros desde hac�a mucho tiempo como consecuencia de su participaci�n en el golpe de marzo. Las otras personas ejecutadas eran l�deres de la oposici�n abierta a la perpetuaci�n de un gobierno no democr�tico. Pero aunque hubieran estado envueltos en alg�n esfuerzo clandestino para derrocar por v�a de las armas a quienes ejercen el poder, ello no justificar�a su arresto, su sometimiento a torturas atroces y su ejecuci�n sumaria. Como ha declarado la Comisi�n muchas veces y como lo ha resuelto oficialmente la Asamblea General de la OEA, no hay justificativo alguno para que un gobierno aplique m�todos terroristas. 11. El 30 de enero de 1983, el Mayor Roy Horb, segundo en la l�nea de mando de las Fuerzas Armadas hasta ese momento, fue arrestado y acusado de conspirar para asesinar al Teniente Coronel Bouterse. Cinco d�as despu�s del Gobierno anunci� que el Mayor Horb se hac�a suicidado, ahorc�ndose en la celda. Durante la investigaci�n in loco la Comisi�n investig� las circunstancias de la muerte del Mayor Horb. Entrevist� a sus guardaespaldas, quienes testificaron no saber nada del asunto dado que al momento del hecho ellos estaban detenidos en otra parte del Fuerte Zeelandia. La Comisi�n entrevist� a un oficial de la polic�a militar que controla las instalaciones de detenci�n del Fuerte e inspeccion� la celda del Mayor Horb. Ni la inspecci�n de la celda, ni las entrevistas y otras actividades desarrolladas en Suriname, produjeron evidencia alguna que corroborara o negara la afirmaci�n del Gobierno de que el Mayor Horb se hab�a suicidado. 12. Con base en los testimonios recibidos y en su propia investigaci�n, la Comisi�n Especial no puede dejar de concluir que la masacre de diciembre --reforzada por medidas tales como la ampliaci�n de las Fuerzas Armadas, la creaci�n de una milicia armada y el anuncio de leyes con amenazantes penalidades criminales para la distribuci�n de literatura que se considere subversivaha silenciado completamente aquellos sectores de la poblaci�n opuestos a la continuaci�n de un gobierno no democr�tico, con poderes centralizados en las manos del Teniente Coronel Bouterse, y en general, ha creado un ambiente en el que reina intenso miedo. El ambiente mismo socava cualquier protecci�n institucional, que pueda existir todav�a del derecho a la integridad f�sica y del funcionamiento vinculado al derecho a proceso regular. No existen ya en Suriname organizaciones efectivas de la profesi�n legal. Las v�ctimas Eddy Hoost, ex Ministro de Justicia y Kenneth Gonsalves, Presidente del Colegio de Abogados de Suriname, as� como John Babperam y Harold Riedewald, eran abogados. En la defensa de los perpetradores del intento de golpe de marzo de 1982 argumentaron en el tribunal que nadie pod�a ser inculpado de crimen por el intento de derrocar a un gobierno ilegal, es decir, un gobierno que hab�a tomado el poder por v�a de las armas. Parece que al presente no hay abogado que defienda a una persona acusada de cometer delitos contra la seguridad del Estado. Ilustra el problema el caso del se�or Hardjoprajitno, detenido desde el 30 de enero de 1983 bajo acusaci�n de haber cooperado con el Mayor Horb en el complot de asesinato del Teniente Coronel Bouterse. El Mayor Horb y el se�or Hardjoprajitno ocupaban, respectivamente, el segundo y el cuarto lugar en la cadena de mando del grupo de 16 hombres que tom� el poder el 25 de febrero de 1980.2 La familia y los amigos del se�or Hardjoprajitno le han pedido a siete abogados que suman su defensa pero todos se han negado a hacerlo, alegando falta de garant�as. Se dice que un abogado que acept� defenderlo, fue amenazado. Sea lo que fuere, abandon� el caso. 13. En casos como �ste, en el cual la Comisi�n, despu�s de evaluar exhaustivamente las evidencias de que dispone, est� absolutamente convencida de que ha habido serias violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, normalmente prosigue recomendando la investigaci�n de los delitos cometidos por funcionarios, el enjuiciamiento de los responsables y su castigo con todo el rigor que permita la ley. La Comisi�n ha tendido a hacer recomendaciones a�n despu�s de llegar a la conclusi�n de que los m�s altos funcionarios eran responsables directos o indirectos. Las personas familiarizadas con los informes de la Comisi�n y la tradici�n legal del Hemisferio reconocen que una recomendaci�n de investigaci�n, enjuiciamiento y castigo hecha en esas circunstancias es, en realidad, un llamado a la conciencia de los responsables, una condena impl�cita de su conducta y una declaraci�n de la responsabilidad moral, de gobiernos futuros, de tomar medidas que, en la pr�ctica, no pueden aplicarse mientras los perpetradores del estado de terror permanecen en el poder. No obstante, la Comisi�n reconoce que los ne�fitos acaso encuentran cierta inconsistencia entre la conclusi�n de que los m�s altos funcionarios, o al menos los m�s poderosos, sean responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la recomendaci�n de que el gobierno, que son esos mismos funcionarios, enjuicie y castigue a las personas responsables. [ �ndice | Anterior | Pr�ximo ]
1 Report of ICJ Mission to Suriname. Comisi�n Internacional de Juristas. 2 El se�or H. A. Fern�ndez, que ocupaba el tercer lugar, falleci� en un accidente a�reo en 1982. |