El Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice lo siguiente:

El Decreto General A-11, en su Artículo 3 dispone:

El derecho interno de Suriname establece la pena de muerte pero no ha sido formalmente aplicada en los últimos años. Es preocupación de la Comisión, y esto se destacó en el primer informe, que el Decreto General 11, que establece los derechos y deberes básicos del pueblo de Suriname, dispone que en un estado de emergencia tal como el que está en vigor desde 1980, todos o cada uno de los derechos pueden ser suspendidos, teóricamente por lo menos, incluyendo los derechos no derogables en estados de emergencia como el derecho a la vida. Por supuesto, el gobierno de Suriname nunca adoptó dicha medida. No obstante, la sola posibilidad legal de dicha acción es causa de preocupación.2

El primer informe de la CIDH fundamentalmente se concentró en los acontecimientos de diciembre de 1982. Los días 8 y 9 de diciembre de ese año, 15 prominentes dirigentes surinameses, que habían participado en acciones destinadas al restablecimiento del gobierno democrático en Suriname, fueron detenidos y conducidos al establecimiento militar principal de Fort Zeelandia en Paramaribo, donde fueron brutalmente torturados y posteriormente ejecutados por personal militar sin fórmula de juicio.

Las quince víctimas eran prominentes líderes sindicalistas del país, periodistas y abogados de tribunal incluyendo el Presidente del Colegio de Abogados, así como dos oficiales militares de alto rango.

Durante la investigación de la Comisión sobre estos asesinatos en 1983, ni los funcionarios civiles ni el Teniente Coronel Bouterse adelantaron una justificación estrictamente jurídica de los asesinatos. En su lugar, el Comandante Bouterse mantuvo:

Como consecuencia, la Comisión concluyó que la evidencia abrumadora obtenida por la misión especial indicaba que los quince habían sido torturados brutalmente antes de ser asesinados y "que altos oficiales del Gobierno participaron, directa e indirectamente, en sus muertes". Además, la Comisión recomendó que se investigaran las circunstancias de dichos asesinatos y que los responsables recibieran el castigo correspondiente.

A la luz de estas conclusiones, en 1983, la comisión creyó innecesario investigar más estos asesinatos. Sin embargo, se interesaba en determinar si se había hecho una investigación apropiada por parte de las autoridades nacionales y cuáles habían sido los resultados. La misión especial, luego de reiterados intentos para averiguar si se habían llevado a cabo dichas investigaciones, llegó a la conclusión de que no se había hecho ninguna investigación, ya fuere por parte de un cuerpo nacional independiente o por el propio Gobierno, nadie había sido declarado responsable y nadie había sido castigado.

En sus observaciones sobre el informe preliminar el gobierno declara que "… las autoridades (incluso el Jefe del Ejército)" declararon "… enfáticamente ante las comisiones de derechos humanos de la OEA y la ONU que se hará todo lo posible para impedir toda repetición" del asesinato en masa. Respecto al hecho de que no hubo una investigación nacional, el gobierno se limita a hacer referencia a los resultados de la investigación realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Dr. Amos Wako. La conclusión del informe de la ONU coincide con la determinación de responsabilidad hecha en 1983 por la CIDH.

Como resultado de este trágico episodio de la vida nacional de Suriname, algunos miembros de las familias de las quince víctimas han solicitado la exhumación de los restos de los quince asesinados para estudio de patólogos competentes. En vista de que no se practicaron las necropsias a los quince cuerpos, esta solicitud parece razonable y la Comisión en representación de las familias, solicita por medio del presente informe que aquellas familias que lo deseen se les permita exhumar y volver a enterrar a sus víctimas en una forma digna.

Por último, la Comisión recomienda que se pague la indemnización apropiada a los familiares de los asesinados para ayudarlos financieramente.

 

E.     El Derecho a la vida en Suriname desde octubre de 1983

Desde que publicó su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Suriname, la Comisión recibió solamente dos denuncias alegando violaciones de derecho a la vida por el Gobierno de Suriname. Una se trataba de la muerte de Lother Guno Sedoc, un soldado del ejército surinamés. La segunda se refería a una serie de muertes de otros siete soldados. La Comisión tiene los nombres de cuatro de los fallecidos, que son John Barow, Oscar Kluis, Madjinder Persad Poeran y Piqué.

Respecto a la muerte del soldado raso Sedoc se le aseguró a la Comisión durante su visita in situ que se efectuaría una autopsia en este caso, no obstante lo cual ésta nunca se efectuó. En su lugar, se envió a la Comisión un afidávit, ostensiblemente firmado por los padres del raso Sedoc, en el cual se afirmaba que éste había estado enfermo antes de morir y que la autopsia no se había hecho por razones religiosas. Además, el afidávit indica que los padres del soldado raso Sedoc estiman que su hijo murió de causas naturales.

Respecto a la muerte de los soldados rasos Barow, Kluis, Poeran y Piqué, el Gobierno se limita a aseverar que éstos también murieron de causas naturales, y que ello quedó establecido por medio de una investigación.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establece en la parte pertinente del Artículo 6 lo siguiente:

1: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

El derecho a la vida no es derogable aún durante los estados de emergencia.