PARAGUAY
La Comisión, desde hace varios
años, ha venido informando acerca de las violaciones a los derechos humanos
cometidas por el Gobierno del Paraguay.
La Comisión ha publicado, además de secciones especiales en sus
informes anuales, dos informes sobre la situación de los derechos humanos
en dicho país. El primero se
publicó en 1978 y se refirió a las violaciones a los derechos humanos que
caracterizaron aquella época en Paraguay.
El segundo se publicó el 28 de septiembre del año pasado y contiene
una relación de las numerosas violaciones que se han cometido en los últimos
10 años a partir del primer informe.
Dentro de los hechos relevantes
que se han producido durante el período que cubre el presente informe,
deben mencionarse las elecciones presidenciales celebradas el 14 de febrero
de 1988 y la visita realizada por Su Santidad, el Papa Juan Pablo II entre
los días 16 y 18 de mayo de 1988.
Los grupos de oposición al
Gobierno del General Stroessner realizaron campañas, con el propósito de
llamar la atención de la opinión pública internacional acerca del régimen
antidemocrático vigente en dicho país. Estas actividades (huelgas y manifestaciones públicas)
fueron reprimidas violentamente por las fuerzas policiales y de seguridad
paraguayas, a pesar que tuvieron claramente un carácter no violento.
De igual modo, reuniones
privadas de disidentes políticos fueron objeto de permanente hostigamiento
por grupos adictos al partido Colorado, llamados garroteros,
compuestos por tropos de choque, quienes en ciertos casos incluso atacaron
iglesias donde dichas reuniones tenían lugar.
De acuerdo con información
proporcionada a la Comisión, los días previos a la fecha de las elecciones
presidenciales se acrecentó el número de violaciones a los derechos
humanos. El Sr. Domingo Laino,
presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desde que ingresó
al país el 26 de abril de 1987, luego de cuatro años de exilio forzado, ha
sido arbitrariamente detenido en 14 oportunidades. La práctica seguida ha sido la misma: detenciones sin orden
judicial, acompañadas de violencia física e incomunicación que varía
entre algunas horas y varios días.
En este contexto, la Comisión
debe lamentar que la persecución y hostigamiento del Gobierno en contra el
dirigente político señor Domingo Laino, se haya incrementado y extendido a
los miembros de su familia, mediante la vigilancia policial de su casa de
habitación. Más aún entre el
10 de febrero y el 5 de septiembre de 1988 su teléfono (Nº 24-845) fue
desconectado por el Gobierno.
El informe especial de 1987,
entre otros aspectos relativos a la violación de derechos humanos, daba
cuenta de una práctica sistemática de detenciones de corto tiempo y
maltrato de dirigentes políticos, sindicales, campesinos y religiosos.
Como se podrá ver más adelante, dicha práctica continúa vigente
hasta el día de hoy.
Normalmente el Gobierno, frente
a las alegaciones que se han formulado con respecto a esas detenciones, ha
señalado que los detenidos no contaban con permiso oficial para celebrar
sus reuniones, o que estaban sembrando la semilla del odio y la lucha de
clases o que eran antipatriotas que criticaban al Gobierno o que promovían
la desobediencia civil porque predicaban
la abstención electoral, hecho que se encuentra penado en la
legislación paraguaya.
Una vez finalizado el proceso
electoral el Gobierno anunció que más del 90% de los ciudadanos había
votado y que el 88% lo habían hecho por la Asociación Republicana Nacional
del General Stroessner, el partido Colorado.
De esta forma el General Stroessner fue, una vez más, reelegido para
un mandato de cinco año, el octavo sucesivo desde 1954.
Debe hacerse notar que el
Arzobispo de Asunción y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor
Ismael Rolón, decidió suspender el Te Deum programado con motivo de la
instalación del nuevo gobierno del General Stroessner, el 15 de agosto de
este año. Esta decisión fue
la respuesta de la Iglesia Católica a la expulsión ordenada por el
Gobierno del sacerdote Español, Padre Juan Antonio de la Vega el 25 de
julio de 1988.
Los conflictos entre la Iglesia
y el Gobierno se han incrementado durante los últimos meses.
El 30 de octubre de 1987, la Iglesia patrocinó una “procesión
silenciosa” en la capital. Miles
de ciudadanos participaron y el Gobierno no intervino.
La segunda marcha de este tipo tuvo lugar el 6 de agosto del año en
curso y fue violentamente reprimida.
Un grave y significativo
incidente se produjo poco después de las elecciones presidenciales, que
demostró el nivel de arbitrariedad y abuso al que muchas veces se ve
enfrentada la población paraguaya. Se
trata del caso del preso político más antiguo del hemisferio, el Capitán
Napoléon Ortigoza, quien salió en libertad el 17 de diciembre de 1987,
después de haber cumplido una sentencia de 25 años en calidad de
incomunicado. El Capitán
Ortigoza, una vez en libertad, fue relegado durante 49 días a la pequeña
ciudad de San Estanislao, ubicada a 332 kilómetros de Asunción.
Allí, aunque teóricamente debía haber gozado de plena libertad,
fue mantenido bajo arresto domiciliario.
Al principio, el Gobierno negó estos hechos, pero posteriormente el
Ministro del Interior, señor Sabino Augusto Montanaro, declaró: Le
pusimos vigilancia en su casa por temor a que dentro del desequilibrio
mental que tiene, pueda cometer locuras.
Lo custodiamos en su domicilio para seguridad propia y a pedido de su
madre y de sus hijos, que lo veían desequilibrado y requerían protección. La
hija de Ortigoza, Martha rechaza estas declaraciones señalando que: El
Ministro del Interior falta a la verdad.
En ningún momento hemos abandonado a mi padre y es absolutamente
falso que hayamos solicitado custodia policial para él. También
rechazó de plano la acusación de que su padre sufría de inestabilidad
emocional.
La estricta vigilancia policial
establecida en torno al Capitán Ortigoza, impidió que éste hablara con
los periodistas. Finalmente, el
23 de marzo, Ortigoza, acompañado del dirigente político disidente, señor
Rafael Hermes Saguier, consiguió eludir a sus captores y en medio de una
persecusión policial huyó y logró asilarse en la Embajada de Colombia en
Asunción. Por último, el 20
de junio, gracias a la intervención de varios gobiernos, de organizaciones
de derechos humanos y de la Iglesia Católica, se autorizó al Capitán
Ortigoza a abandonar la Embajada. Las
gestiones realizadas por los Gobiernos de Colombia, Argentina y España,
permitieron a Ortigosa salir del país mientras que Saguier, quien había
dejado la Embajada pocos días antes, optó por quedarse en el Paraguay.
Por otra parte, durante la
visita del Papa Juan Pablo II, el Gobierno, en una acción sin precedentes,
trató de impedir una reunión entre el Sumo Pontífice y un grupo muy
representativo de dirigentes políticos, sociales, religiosos y
empresariales, quienes habían sido invitados al encuentro por la
Conferencia Episcopal. Cabe
hacer presente que los dirigentes del Partido Colorado también fueron
invitados, pero declinaron asistir. Sólo
luego de una firme protesta realizada por el Vaticano, el Gobierno decidió
permitir el encuentro. En todo
caso el Papa, durante su estadía en Paraguay, mostró gran preocupación
acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos en dicho país.
Otra preocupación de la Comisión
es la práctica de detenciones arbitrarias.
Según informaciones que obran en manos de la Comisión, entre enero
y mayo de 1988, se han producido 56 detenciones arbitrarias de corto tiempo
de opositores al Gobierno.
Esta cifra, ilustra claramente
la gravedad del problema. El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia,
denunció que durante 1987 el número de detenciones arbitrarias ascendió a
500 personas. Las víctimas
fueron estudiantes, obreros, indígenas, seminaristas, dirigentes políticos,
médicos, enfermeras, abogados, periodistas y campesinos.
Las detenciones arbitrarias no
fueron el único medio utilizado para reprimir y hostilizar a la disidencia
política. En efecto, la
clausura y censura establecida en contra de varios medios de comunicación
social ha sido una práctica habitual llevada a cabo por el régimen.
Los periodistas El Pueblo y ABC Color, hasta la fecha
permanecen clausurados. Solamente
los boletines de la Iglesia Sendero, el órgano oficial quincenal de
la Conferencia Episcopal Católica y Nuestro Tiempo, una revista
independiente y mensual, siguen gozando de cierto grato de libertad.
Por su parte, Radio Ñanduti sigue silenciada y su propietario,
Humberto Rubin, se encuentra impedido de viajar fuera del país porque las
autoridades se niegan a extenderle su pasaporte.
Radio Caritas sigue funcionando a pesar del acoso constante al cual
es sometida mediante amenazas telefónicas y, recientemente, la sospechosa pérdida
de energía eléctrica que afectó su funcionamiento.
Los pocos medios de comunicación
independientes que existen en el Paraguay deben practicar una cuidadosa
autocensura o de lo contrario se arriesgan a ser clausurados.
Durante la campaña presidencial,
la oposición solicitó que todos los partidos políticos tuvieran acceso a
la estación pública de radio, Radio Nacional, sin embargo, el
Director de la estación (Miembro de la Junta Directiva del Partido
Colorado), Alejandro Cáceres Almada, declaró que:
El Partido Colorado en función
de Gobierno, no lo permitirá…
Y agregó:
No se dejará que la oposición
se aproveche de Radio Nacional para anunciar la infamia, la noticia
deformadora y desinformadora y la crítica atentoria contra la paz y el
progreso nacional. La prensa no
está, como lo dijera el líder muchas veces, para industrializar la
delincuencia periodística y, si lo hace, entonces es cualquier cosa, menos
prensa. No dejaremos jamás que
nadie hable mal de nuestro líder por Radio Nacional.
Antes tendrán que pasar por nuestros cadáveres, pero de los micrófonos
de nuestra emisora no se proferirán insultos, infamias ni agresiones
verbales contra nuestro líder.
Por otro lado, debe señalarse
una vez más, que el Gobierno, en un acto sin precedentes, ha seguido negándose
a prestar su anuencia para concretar la invitación formulada a la Comisión,
para realizar una investigación in situ sobre la situación de los
derechos humanos en Paraguay. La
invitación original fue formulada por el entonces Ministro de Relaciones
Exteriores, señor Alberto Nogués, en 1978, mediante nota escrita que
indicaba la voluntad del Gobierno de permitir la visita de la Comisión en
fecha a convenir por mutuo acuerdo. A
juicio de la Comisión, la negativa del Gobierno del Paraguay a fijar una
fecha, constituye un incumplimiento de sus obligaciones hacia la Organización
de los Estados Americanos.
Finalmente, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos es de la opinión que las violaciones de
los derechos humanos practicadas por el Gobierno del Paraguay se mantienen
vigentes sin que se advierta ningún mejoramiento sustantivo. |