Por consiguiente, la Comisión da curso a peticiones sobre casos
individualizados, realiza
estudios de país sobre pautas nacionales de respeto o violación de los derechos humanos
y estudios especiales sobre problemas generalizados. Este Informe Anual refleja todas esas
dimensiones del trabajo de la Comisión, además de los cometidos especiales encomendados
por la Asamblea a la Comisión. Conforme a la resolución AG/RES. 331 (VIII-0/78) y al
artículo 63 de sus Normas de Procedimiento, el Informe Anual 1993 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos consta de cinco capítulos, a los cuales quisiera
referirme brevemente.
- En el primer capítulo la Comisión expone las bases
jurídicas y el historial de su labor. Esta mañana me he referido a algunas de
ellas.
- En el segundo capítulo la Comisión resume sus numerosas
y variadas actividades del año. La labor que cumplió la Comisión el año pasado
incluyó, por supuesto, sus dos períodos ordinarios de sesiones y una reunión
extraordinaria celebrada en Mar del Plata, Argentina, y, como lo informé a la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos, visitas a Guatemala, Haití y Perú. Desde que
comparecí ante la Comisión en el mes de abril, la Comisión llevó a cabo otra reunión
extraordinaria, en Washington, volvió a visitar Haití y también cumplió una visita a
Las Bahamas. Volveré a referirme a la crisis, aguda y generalizada, que se registra en
Haití en cuanto a los derechos humanos --tema del informe especial que tienen ante
ustedes-- y a las dificultades especiales con que tropezó la Comisión en ese
país,
tanto durante su estada en el lugar como en el trabajo de examen desde la
Sede. Salvo en
el caso de Haití, ninguna de las visitas podría haberse cumplido sin la cooperación y
asistencia de los gobiernos, cada uno de los cuales accedió al deseo de la Comisión de
llevar a cabo esas visitas a sus respectivos territorios y ayudó en distintas
formas.
Deseo también manifestar mi especial agradecimiento al Gobierno de la Argentina por su
ayuda para que la reunión extraordinaria realizada en Mar del Plata resultara
provechosa.
El capítulo dos también provee información actualizada
acerca de los casos contenciosos que la Comisión ventiló ante la Corte durante el
año,
relacionados con Colombia, Perú y Suriname, respectivamente. En todos ellos, al margen de
sus méritos y de su carácter litigioso, la Comisión felicita a los Gobiernos en
cuestión por haber participado de manera libre y voluntaria en esos procedimientos
judiciales. La sentencia es una de las formas mejores y más justas que conoce nuestra
civilización para obtener comprobaciones fácticas, determinar responsabilidades y hacer
justicia en casos individuales; todas ellas constituyen funciones básicas del sistema de
derechos humanos en las Américas. La aceptación de la jurisdicción de la Corte y la
participación en esos litigios demuestran, en forma que esperamos que sea
ejemplar, cómo
los gobiernos democráticos y civilizados pueden tratar y resolver controversias
relacionadas con los derechos humanos de sus ciudadanos.
Durante el período bajo
estudio, la Comisión también
intervino en dos casos situados en la jurisdicción consultiva de la Corte.
Uno, planteado
por Argentina y Uruguay, se refiere a cuestiones relacionadas con la jurisdicción y
competencia de la Comisión y con los procedimientos que deben seguirse al amparo de la
Convención Americana. La opinión de la Corte, que la Comisión estudió y debatió
cuidadosamente, y que ha redundado en beneficio de los estudios preparados y presentados a
varios gobiernos, ha sido incorporada a los procedimientos de la Comisión. En particular,
como dije, la opinión consultiva 13 refinó los criterios y procedimientos conforme a los
cuales la Comisión ha de someter casos a la Corte. La otra solicitud de una opinión
consultiva, en este caso formulada por la propia Comisión, plantea a la Corte dos
cuestiones, a saber: el efecto jurídico de las leyes nacionales que infringen
abiertamente la Convención y la responsabilidad individual de los agentes gubernamentales
que ponen en práctica esas leyes nacionales. La Corte aún no emitió su opinión a este
respecto.
Debido en parte a la Opinión Consultiva 13 y en parte al
número creciente de adhesiones a la jurisdicción de la Corte
Interamericana, de
conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, la labor de la Comisión ante
la Corte está cobrando mayor significado, tanto para los casos individuales como para el
sistema de derechos humanos en general. A medida que la Corte dicta sentencia en cada uno
de esos casos, la acumulación de jurisprudencia puede ayudar a establecer un cuerpo de
derecho internacional sobre derechos humanos cuidadosamente considerado y regionalmente
responsable.
Señor
Presidente, el capítulo tres, titulado
"Informe sobre casos individuales", es, holgadamente, el más extenso del
Informe y así debe ser porque los derechos humanos son, esencialmente, los derechos de
los individuos. Durante el año bajo estudio la Comisión abrió 107 casos
individuales,
lo que llevó a 635 el número de estos casos en trámite. Centenares más fueron
planteados pero no satisficieron las exigencias de la Convención en la materia y fueron
desestimados. Como indiqué a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos del Consejo Permanente, el capítulo tres consta de 350 páginas. Comprende 23
informes que abarcan 37 casos numerados y 65 víctimas identificadas, con denuncias contra
10 países diferentes. En las páginas 29 a 31 de las versiones en español e inglés del
Informe aparece un resumen tabulado de esos informes.
Señor
Presidente, mis colegas y yo hemos trabajado en
muchos de esos casos durante años. Los resúmenes del Informe Anual no pueden transmitir
los detalles de esas tragedias en la forma en que hemos llegado a conocerlos
nosotros.
Constituye una maravillosa prueba del compromiso de la OEA con los derechos humanos el
hecho de que las conclusiones jurídicas acerca de esas tragedias individuales lleguen
directamente a esta Asamblea y no se hundan en una obscuridad definitiva. Esperamos
que,
como resultado del estudio de este distinguido órgano, las recomendaciones de los
informes se pongan en práctica rápidamente. Un Estado del hemisferio --Colombia--
trabaja activamente en la revisión de sus leyes de manera que las recomendaciones de la
Comisión acerca de casos individuales puedan entrar en vigor rápidamente a escala
nacional; la Comisión ha trabajado con las autoridades en esta importante
transformación, que esperamos sea emulada ampliamente. Lamento decir que, en muchos
países, las recomendaciones relacionadas con numerosos casos individuales de años
anteriores aún no han sido aplicadas.
Acaso también convenga señalar que si bien en la mayoría
de esos informes individuales se concluye que el Estado denunciado incurrió en
violaciones de los derechos humanos, lejos está de ser este siempre el caso. Los dos
extensos informes dedicados a la admisibilidad --uno de ellos confirmándola y otro
considerando la petición inadmisible-- son ilustraciones más bien mundanas acerca del
cuidado extremo con que la Comisión analiza los casos y de las exigencias
jurisdiccionales y de procedimiento preliminares a que se ciñe su labor.
El cuarto capítulo del Informe de la Comisión trata la
situación de los derechos humanos en Cuba, Guatemala, Nicaragua y Perú. Antes de
examinar esos informes han de tenerse en cuenta varias consideraciones.
Primero, como dije, la Comisión solicitó información a todos los Gobiernos
mencionados, que son
miembros de la OEA, antes de preparar esos informes. Segundo, éstos tienen por objeto
actualizar informes especiales de país anteriores, de modo que, salvo por los
antecedentes necesarios, están limitados al año que abarca el Informe
Anual.
Con respecto a Cuba, la Comisión se concentró en la
libertad personal, el derecho a la justicia y al debido proceso; los métodos
generalizados de hostigamiento a los activistas de derechos humanos; la situación en las
prisiones y la libertad de movimiento. La libre expresión y la disensión siguen
sometidas a una represión constante. No hay debido proceso en los juicios de los
críticos del Gobierno y lo peor es que esta práctica está consagrada por
ley. Numerosas
personas fueron procesadas y condenadas en Cuba durante 1993 en violación de su derecho a
la libertad de expresión consagrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, entre ellos varios valientes vigilantes de la observancia de los derechos
humanos. La Comisión señaló que para tratar con los activistas de los derechos humanos
se recurre a métodos como el despido del empleo, imposición de multas, castigos
corporales, encarcelamiento, internación en hospitales psiquiátricos y desapariciones
forzadas. La situación de las prisiones en Cuba en general y, en particular, la suerte
reservada a los prisioneros políticos en ese país, constituye motivo de especial
preocupación. Las severas limitaciones y castigos impuestos para los viajes,
especialmente a los cubanos que procuran irse a vivir al exterior, no han cambiado
mayormente. La Comisión considera que:
la situación de los derechos humanos en Cuba ha sufrido
escasos cambios con respecto a los años anteriores. Se mantienen las dos características
que han originado la falta de vigencia de los derechos civiles y
políticos: la
concentración del poder en un reducido grupo de personas y la inexistencia de un estado
de derecho, pues los individuos están privados de los recursos que los protejan contra
las arbitrariedades que pueda cometer el Estado. (Pág. 404).
La Comisión seguirá observando la situación existente en
Cuba.
Con respecto a Guatemala, señor
Presidente, la Comisión
actualiza su informe especial de junio de 1993. Debo mencionar inicialmente que desde la
publicación de su Informe Anual, el Gobierno de Guatemala ha permitido a la Comisión
llevar a cabo otra visita al país, en marzo de este año, y la ayudó activamente en ese
aspecto. En esa ocasión, la Comisión visitó varias de las denominadas CPR o Comunidades
de Poblaciones en Resistencia, en el Departamento de El Quiche y,
posteriormente, mantuvo
una prolongada y fructífera conversación con el Presidente Ramiro de León
Carpio, en la
que se trataron algunos de los aspectos tocados en el informe.
En general, el Gobierno de Guatemala ha tomado y sigue
tomando medidas notables para mejorar la situación de los derechos humanos en el país
--como la desmilitarización de la fuerza policial, el fortalecimiento de la oficina del
veedor (ombudsman) de derechos humanos, y el caudal creciente de regreso y reasentamiento
de refugiados y desplazados internos. No obstante, subsisten niveles alarmantes de
inseguridad y violencia. Si bien ésta puede atribuirse en parte a la continua acción de
subversivos agrupados bajo la bandera del URNG y como resultado de una enorme actividad
criminal privada, todavía se consuman ejecuciones extrajudiciales que muestran todos los
signos de la tradicional represión militar y paramilitar. Sus víctimas han sido
estudiantes, profesores, dirigentes sindicales, defensores de los derechos
humanos,
periodistas y dirigentes campesinos.
La Comisión sigue también sumamente preocupada por los
indicadores socioeconómicos de Guatemala, que muestran que la abrumadora mayoría de la
población vive apenas en estado de subsistencia, mientras la riqueza y las tierras
continúan concentradas en manos de una minoría muy pequeña. No ha habido reforma de la
política tributaria y la provisión de servicios públicos, especialmente de salud y
educación, sigue enormemente descuidada mientras el país parece sumido en una crisis
institucional. Pese a los esfuerzos, la reforma del sistema judicial sigue siendo un
sueño que no se convierte en realidad y los llamados Comités Voluntarios de Defensa
Civil, compuestos por centenares de campesinos armados, continúan actuando en el campo
pese a las recomendaciones contrarias formuladas por la Comisión y otras organizaciones
de derechos humanos.
La Comisión concluye su estudio sobre Guatemala con estas
cinco recomendaciones:
primera, que se siga una política de estricto
cumplimiento de las decisiones incluidas en la Declaración Oficial sobre Derechos
Humanos, de octubre de 1993, como base para la conducta de todos los organismos y
funcionarios del Estado;
segunda, procurar que todos los recursos de
investigación y protección del Estado se utilicen para asegurar la vida, la libertad
personal y la libertad de expresión de los dirigentes de las entidades de derechos
sociales y de los grupos representativos de intereses sociales y políticos, así como de
la prensa, a fin de restablecer un diálogo democrático entre los diferentes sectores;
tercera, instruir a las dependencias militares y de
seguridad y a las patrullas civiles de autodefensa en cuanto a que deben respetar los
derechos de libertad de asociación y de palabra del pueblo, y a que deben abstenerse de
intimidar o atacar a las organizaciones que están al servicio de la población rural o
que reclaman mejores condiciones de vida y el cumplimiento de la ley;
cuarto, poner término al arreglo que facilita el
control militar sobre las acciones del Poder Ejecutivo por intermedio del Estado Mayor
Presidencial, mediante la disolución de éste o la redefinición de sus funciones; y
quinta, recomendar a los miembros del Poder
Legislativo que adopten las medidas necesarias para superar una suerte de parálisis
institucional, de manera que puedan cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Con respecto a Nicaragua, la Comisión expresa su constante
preocupación, principalmente frente a cuatro aspectos que guardan relación entre sí. La
violencia contra la ciudadanía en las zonas urbanas y rurales por igual; la omisión en
cuanto a la reforma y fortalecimiento del sistema judicial; el poder excesivo e
inapropiado que conservan el alto comando del Ejército y sus tribunales militares; y el
problema, aparentemente insoluble, de la restitución de la propiedad privada.
En cuanto al primero, son numerosos los casos en que tanto
miembros desmovilizados del Ejército sandinista como de la resistencia, han rehusado
deponer sus armas conforme a lo convenido y, en cambio, han emprendido acciones armadas
que han llevado a la captura de rehenes y, en algunos casos, a la muerte de no
combatientes. En lo que atañe a los tribunales, la impunidad para los crímenes
políticos del pasado y más recientes sigue siendo la norma, según lo documentó la
Comisión Tripartita de Nicaragua. Conforme a ésta, por ejemplo, de 28 homicidios de
antiguos miembros de la resistencia, solamente cuatro fueron investigados adecuadamente
(id., página 448). La Comisión Tripartita habla de la "compartimentación,
politización y lentitud" de la justicia nicaragüense, todo lo cual ha precipitado
la violación del derecho al debido proceso y la denegación de justicia.
La Comisión examina la amplia competencia de los
tribunales militares nicaragüenses y el fracaso del Gobierno en cuanto a limitar su
jurisdicción para colocarlos en una situación compatible con las disposiciones de la
Convención Americana, de la cual Nicaragua es un Estado parte.
El artículo 21 de la Convención protege el derecho a la
propiedad privada y el sistema jurídico nicaragüense acoge las normas internacionales
como ley nacional. En la práctica, según los informes recibidos por la Comisión, las
protecciones no rigen. Si bien algo se ha progresado en cuanto a la devolución de
propiedades confiscadas ilícitamente por el Gobierno anterior o a la compensación por
tales confiscaciones, a menudo este proceso es sumamente lento y engorroso. Aunque la
Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones dicta órdenes, la policía no las
aplica en los casos de personas relacionadas con el Gobierno anterior (id., página 464).
El último estudio de país está dedicado al Perú. Como
dije antes, la Comisión visitó el Perú durante 1993 para observar la situación de los
derechos humanos en ese país; se describe el itinerario, el programa de trabajo y las
visitas a las prisiones. Este estudio de país presta especial atención a la descripción
de las actividades terroristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y de Sendero
Luminoso, que han provocado sufrimientos indecibles entre campesinos, indígenas y
habitantes de las urbes por igual. Al hacerlo, la Comisión expresa nuevamente su repudio
ante el comportamiento violento de esos grupos y reconoce el derecho del Gobierno, e
inclusive su obligación, de suprimirlos al amparo de la ley.
Al mismo tiempo, sin embargo, la Convención Americana
requiere que la localización, arresto, proceso y castigo de los subversivos, como de
cualquier sospechoso de un delito, se lleven a cabo dentro de los parámetros del debido
proceso. La Comisión ha analizado cuidadosamente la legislación antiterrorista peruana y
durante su visita procuró verificar cómo se aplica en realidad. En una serie de casos
concretos, la Comisión verificó violaciones de los derechos a la vida, a la propiedad
personal, al tratamiento humanitario y al debido proceso.
La Comisión reclama, asimismo, la derogación de la ley de
pérdida de la ciudadanía peruana, que castiga a los sospechosos de deslealtad
quitándoles su nacionalidad. El informe demuestra, asimismo, cómo a veces se ha
utilizado la lucha contra la subversión para justificar la represión de los legítimos
derechos a la disensión y a la libertad de expresión. Por último, la Comisión lamenta
que el Perú haya alterado su Constitución a fin de ampliar la aplicación de la pena de
muerte, contra lo que prescribe el artículo 4 de la Convención Americana.
En el capítulo cinco, titulado "Campos en los cuales
han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos...",
consagrados en la Convención y en la Declaración, la Comisión presenta ensayos tocantes
a tres temas que son motivo de preocupación dominante. El primero es una relación
actualizada de la situación de los derechos sociales, económicos y culturales en
nuestros Estados miembros. El segundo trata la situación de las personas refugiadas,
desplazadas y repatriadas en las Américas. El tercero se refiere a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se llevó a cabo el año pasado en Viena,
Austria, y sus consecuencias para el sistema interamericano de derechos humanos. Los tres
ensayos constituyen respuestas concretas a los diversos mandatos aprobados por la Asamblea
en años pasados. Cada ensayo contiene un recuento exhaustivo de las pertinentes normas
legales internacionales humanitarias y de derechos humanos, así como datos estadísticos,
demográficos y estadísticos relacionados con esos temas. Con todo lo que ellos dicen en
cuanto al pasado, son aún más elocuentes en cuanto a la exposición de las pruebas que
tenemos por delante. Las secciones dedicadas a los derechos económicos y sociales, así
como a los refugiados, contienen recomendaciones concretas que merecen ser consideradas
por este órgano y por las autoridades de gobiernos presentes hoy aquí.
Señor Presidente, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos concluye su Informe Anual de 1993 con una serie de dieciséis recomendaciones
concretas. Algunas de ellas reiteran las formuladas en años anteriores y se refieren,
principalmente, a la ratificación de diversos tratados interamericanos de derechos
humanos o a la adhesión a ellos. Otras atañen a materias muy vastas, como los derechos
económicos, sociales y culturales. Otras subrayan la necesidad de mejorar nuestro sistema
mediante una mejor capacitación de los funcionarios de gobierno para tratar los asuntos
de competencia de la Comisión Interamericana. La Comisión también recomendará la
pronta ratificación de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, que se
encuentra en proceso de adopción. Otro conjunto de recomendaciones se refiere a las
necesidades prácticas de la Comisión y de su Secretaría.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para extenderme acerca
de una de ellas en particular. Las exigencias impuestas a la Comisión se multiplican. El
número de peticiones ha aumentado considerablemente, al igual que los cometidos
especiales encomendados por la Asamblea. Ha aumentado enormemente el número de visitas
que cumple la Comisión. Hace diez años era común que la Comisión realizara solamente
una o dos visitas por año, mientras que ahora el promedio es de cuatro visitas anuales.
Esto significa mucho tiempo de trabajo de abogados, organización de agendas,
concertación de entrevistas y preparación de documentos de antecedentes, sin mencionar
el creciente caudal de trabajo de seguimiento. La Comisión somete ahora muchos más casos
a la Corte. Otros aspectos, como los derechos económicos y sociales, cobran más
importancia. Todo eso se refleja en el número y la extensión de nuestras publicaciones.
Durante el período 1982-1983 la Comisión publicó aproximadamente 310 páginas y este
año publicará más de 1.600 páginas. Sin embargo, el personal profesional y no
profesional de la Comisión no ha aumentado, sino todo lo contrario. Hace diez años la
Comisión tenía doce abogados y ahora tiene diez. Ha habido una reducción aún más
pronunciada del personal administrativo y del espacio en el cual trabaja la Comisión.
Esta necesita cuatro abogados más y una ampliación adecuada del personal administrativo
y los equipos. Ahora concurrimos a la Asamblea General con esta solicitud.
Señor Presidente, con esto concluyen mis comentarios
generales acerca del Informe Anual de la Comisión de 1993. Ahora, con su permiso, me
referiré a los tres informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, El Salvador y Haití, respectivamente.
Los delegados recordarán que la Comisión fue invitada a
visitar Colombia en 1990. Tras una visita preliminar ese año, se llevó a cabo una
investigación en el terreno en mayo de 1992. El informe especial de país que se trata
fue, en parte, el resultado de esas visitas.
Durante el proceso de preparación del informe la Comisión
visitó la capital, Santafé de Bogotá, así como las ciudades de Medellín y
Barrancabermeja, en el departamento de Santander, en el Magdalena medio. Además,
entrevistó a centenares de funcionarios del gobierno, eclesiásticos, académicos,
juristas, sindicalistas, periodistas, trabajadores por los derechos humanos y ciudadanos
comunes.
La Comisión señala que en Colombia se ha establecido un
conjunto de mecanismos novedosos y promisorios con objeto de hacer frente a un historial
de violaciones persistentes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Son ellos la
creación de la Oficina del Defensor del Pueblo, el Asesor Presidencial de Derechos
Humanos, el establecimiento de redes computarizadas sobre derechos humanos en todos los
ministerios competentes y una estrecha relación de trabajo entre algunos sectores del
Gobierno y las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que
funcionan en el país. El Gobierno actúa diligentemente para ratificar el Protocolo 2
Adicional a las Convenciones de Ginebra y, como dije, prepara leyes encaminadas a poner en
vigor los informes individuales de la Comisión.
No obstante, la Comisión observa con preocupación, y
documenta minuciosamente, una serie de problemas persistentes, comenzando con la alarmante
violencia que caracteriza a la sociedad colombiana, la incapacidad de los tribunales para
hacer frente al problema y el historial de decisiones con respecto a los derechos a la
vida, a la libertad personal, el tratamiento humano y a la formación de sindicatos.
La Comisión es plenamente consciente del daño causado por
los grupos armados irregulares, sin importar que se caractericen a sí mismos como
revolucionarios, traficantes de drogas, bandas paramilitares, secuestradores,
extorsionistas, asesinos a sueldo o delincuentes comunes. No cabe duda de que en Colombia
los elementos que actúan fuera de la ley son numerosos y diversos, se encuentran
descentralizados y armados, y son peligrosos. La Comisión ve también con simpatía y
admiración los esfuerzos extraordinarios hechos por los gobiernos colombianos del pasado
y el presente para pacificar a esos grupos.
Al mismo tiempo, en Colombia se reconoce universalmente, y
así lo ratifica la Comisión en su informe, que un porcentaje sustancial de los abusos
contra los derechos humanos es perpetrado por funcionarios del Gobierno, en su mayoría
militares y policías, que en gran medida actúan impunemente.
La Comisión continuará informando acerca de la situación
en Colombia e insta firmemente al Gobierno a poner en práctica las recomendaciones que
formuló al término de su informe.
Desde 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha informado todos los años acerca de la situación de los derechos humanos en El
Salvador. Durante la terrible guerra civil librada en ese país la Comisión verificó e
informó detalladamente, año tras año, la tétrica letanía de violaciones perpetradas a
lo largo de la penosa experiencia salvadoreña por ambos bandos del conflicto, pero
principalmente por las fuerzas del Gobierno.
Felizmente, en El Salvador la guerra ha terminado y con
esto ha disminuido radicalmente el número y la gravedad de las violaciones de los
derechos humanos. No obstante, la paz sigue siendo enturbiada periódicamente por
asesinatos que exhiben todas las trazas de la actividad de los escuadrones de la muerte.
Para la Comisión resulta particularmente perturbadora la
impunidad con que se han consumado esos atentados antes y después de la firma de los
acuerdos de paz.
El informe especial de la Comisión reseña su trabajo en
El Salvador a lo largo de los años y examina las negociaciones de paz y la labor de la
Comisión de la Verdad a la luz de los deberes de El Salvador como Estado parte de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Seguidamente, tratando de establecer pautas, la Comisión
brinda una serie de treinta informes sintéticos sobre denuncias concretas que le han sido
presentadas en el transcurso de los años recientes. Todos esos casos, que guardan
relación con los derechos a la vida y a la integridad física, presentan un saldo de
múltiples víctimas. Uno de ellos, la masacre de Las Hojas, cobró las vidas de 74
personas, muertas a manos de las fuerzas armadas salvadoreñas. Es notable que ni un solo
agente del Gobierno haya sido llamado a rendir cuentas por esas muertes sangrientas.
Además, el informe especial cita otros 37 casos, también
con numerosas víctimas, con respecto a los cuales el Gobierno nunca dio explicaciones
satisfactorias. La falta de investigación de estos casos y de castigo para sus
responsables ha llevado inevitablemente a la Comisión a concluir que El Salvador es
responsable por tales violaciones. La justicia exige que los Estados parte de la
Convención honren sus compromisos con sus ciudadanos. La Comisión ha dejado constancia
formal de que las amnistías que privan a las víctimas y a sus familiares de una
reparación, son incompatibles con las obligaciones de la Convención.
Recientemente El Salvador celebró elecciones generales. La
Comisión Interamericana felicita al pueblo y al Gobierno de ese país por la forma
pacífica y democrática en que se llevaron a cabo los comicios. Si bien la Comisión
continuará observando la situación de los derechos humanos en el país, está convencida
de que El Salvador ha retornado a la senda de la democracia, el desarrollo y el respeto a
los derechos humanos.
Señor Presidente, quisiera ceder la palabra a mi colega,
el doctor Patrick Robinson, quien presentará el informe sobre Haití, después de lo cual
concluiré con unas breves palabras.
Debo finalizar, señor Presidente, con la nota sombría que
representa Haití y las consecuencias más importantes que conlleva para nuestra labor. La
situación de los derechos humanos en Haití es, en una palabra, terrible, y a pesar de
las reiteradas condenas y programas internacionales, ha empeorado.
Frente a este horror, la Comisión solamente puede hacer
aquello para lo que fue creada: rendir testimonio e informarles a ustedes. Los
observadores internacionales aún presentes en Puerto Príncipe --los de la OEA son ahora
muchos más que los de la ONU-- han resultado simplemente magníficos. Debemos estar
orgullosos de ellos. Pero la persistente tragedia de Haití apunta a aumentar las
limitaciones de todos los regímenes internacionales de derechos humanos. La influencia
disuasiva de la Comisión y de los observadores internacionales sobre los militares
haitianos depende de la creencia de éstos de que los destinatarios de los informes harán
algo más que enviar observadores y pedir nuevos informes. Mi experiencia personal en
Haití me induce a creer que los militares no creen que nuestros informes acerca de sus
prácticas abominables provocarán una acción internacional efectiva. Por eso es que
ignoran todas las críticas y recomendaciones internacionales. Y, si ellos demuestran que
pueden desdeñarlos sin sufrir una condena efectiva, ¿no harán otros lo mismo?
Ustedes crearon la Comisión y a lo largo de los años, han
sido ustedes y sus predecesores quienes la defendieron constantemente, siguiendo
cuidadosamente sus labores, estudiando sus informes anuales y los informes periódicos
especiales sobre la situación de los derechos humanos en nuestro hemisferio, debatiendo,
evaluando y criticando su gestión en sesiones plenarias y en comisión general,
formulando recomendaciones y respondiendo a sus comunicaciones. A ustedes remitimos
nuestras recomendaciones y nuestras solicitudes. Para decirlo sencillamente, dependemos de
ustedes. La eficacia del sistema de derechos humanos de nuestro hemisferio depende de
ustedes.
En ese sistema de derechos humanos, a la Comisión
Interamericana se le ha asignado, nada más, una voz. Mediante la aplicación de las
normas que los órganos políticos han dictado y utilizando un riguroso método jurídico,
la Comisión puede determinar los hechos y relacionarlos con la ley. Puede comunicar los
resultados a la Asamblea, a los pueblos de nuestro hemisferio y al mundo entero, pero es
solamente una voz. Una voz debe ser escuchada y debe actuarse en consecuencia. No puede
ser una voz, que como dijo el profeta Isaías, "clama en el desierto". En nombre
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos, me honro en presentar a esta distinguida Asamblea de los Estados de nuestro
hemisferio el informe sobre nuestro trabajo de este año, nuestra voz, señor Presidente y
distinguidos delegados. Por favor: no dejen que sea una voz que clama en el desierto.
Belém do Para, 7 de junio de 1994
INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS ANTE LA REUNION AD HOC DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES SOBRE HAITI
Señor Presidente, distinguidos Ministros,
Secretario General, Secretario General Adjunto
Delegados, señoras y señores:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha asignado
prioridad a Haití en sus trabajos, desde el golpe militar del 29 de septiembre de 1991.
Luego que los militares desoyeran varias solicitudes de autorización para visitar Haití
a fin de llevar a cabo una investigación in situ, el 19 de julio de 1993 el
Presidente Aristide solicitó a la Comisión que visitara el país y el Ministro de
Relaciones Exteriores del régimen de facto comunicó que permitiría a la Comisión
llevar a cabo su investigación. Entre el 23 y el 27 de agosto de 1993 cuatro miembros de
la Comisión visitaron el país, donde se entrevistaron con una amplia variedad de
haitianos, incluidos militares, visitaron tres prisiones y mantuvieron entrevistas en la
Meseta Central, así como en Gonaives y St. Marc. La Comisión encontró un pueblo
aterrorizado por los militares y por los elementos irregulares, llamados
"attachés" o "zenglendos", que actuaban con apoyo tácito de los
militares, un pueblo que clamaba por el retorno de su Presidente elegido pero que,
especialmente en el interior, sentía tanto miedo a las represalias de las fuerzas
militares y paramilitares, que muchos insistieron en reunirse con nosotros en forma
clandestina. Los resultados de esta visita y de nuestras investigaciones posteriores
figuraron en un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Haití,
que fue presentado a la Asamblea General y será comentado cuando se presente el Informe
Anual esta semana.
Poco después de que la Comisión saliera del país, el
señor Antoine Izmery, uno de los testigos que prestó declaración ante nosotros, fue
sacado de la iglesia donde asistía a misa y asesinado a plena luz del día. Se recibieron
otros informes de incidentes pavorosos, como el asesinato del Ministro de Justicia, Guy
Malary, notable por el grado de audacia puesto de manifiesto. Frente a los informes sobre
el empeoramiento de la situación en materia de derechos humanos, en febrero de este año
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió llevar a cabo otra visita a
Haití. Tres miembros de la Comisión, Patrick Robinson, John Donaldson y Claudio
Grossman, acompañados por la doctora Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva, la
doctora Bertha Santoscoy, especialista en derechos humanos, la doctora Relida Eddie y la
doctora Isabel Ricupero, cumplieron la visita entre el 16 y el 20 de mayo de 1994. Una
semana después, tres miembros de la Comisión, Leo Valladares Lanza, John Donaldson y el
que habla, acompañados también por la doctora Márquez, el doctor David Padilla y
Relinda Eddie, visitaron las Bahamas por invitación del gobierno de ese país, para
analizar algunos de los problemas provocados por la emigración haitiana hacia las
Bahamas. De esta manera, la Comisión ha observado directamente y en un mes, dos
dimensiones del problema haitiano de derechos humanos. En nombre de la Comisión,
manifiesto mi agradecimiento por la oportunidad de exponerles nuestras conclusiones.
Comenzaré por la situación imperante en Haití.
Durante su permanencia en Haití, la delegación se reunió
con el Primer Ministro, Robert Malval, en presencia de cuatro miembros del gabinete; el
embajador Colin Granderson, Director de la Misión Civil Internacional OEA/ONU; el Nuncio
Papal, monseñor Lorenzo Baldiserri; el Presidente de la Cámara de Diputados, Franz
Robert Mondé; y el Presidente del Senado, Firmin Jean Louis. La delegación solicitó,
asimismo, entrevistas con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, General
Raoul Cedrás, y miembros del Estado Mayor, y con el Jefe de Policía, teniente coronel
Joseph Michel François, pero no obtuvo respuesta al respecto.
La Comisión se reunió también con el coordinador de la
anterior Comisión Presidencial, padre Antoine Adrien; con representantes de
organizaciones no gubernamentales --organizaciones populares y grupos de derechos
humanos-- y dirigentes de varios partidos políticos, a fin de interiorizarse acerca de la
situación existente en el país en cuanto a los derechos humanos. Se entrevistó,
asimismo, con representantes de la prensa oral y escrita, que informaron acerca de la
situación en materia de libertad de expresión. La delegación de la CIDH también se
reunió con representantes de la industria y de las iglesias.
La delegación no visitó, porque no fue autorizada para
hacerlo, el Centro Penitenciario de Puerto Príncipe. Por consiguiente, le fue imposible
determinar directamente la condición de las prisiones y la situación de los prisioneros
con respecto al proceso judicial. Tampoco pudieron los miembros de la Comisión visitar el
interior del país como lo habían hecho nueve meses antes, cuando habían verificado que
la situación era considerablemente peor que en Puerto Príncipe. Inclusive en la capital
la población se hallaba aterrorizada y fue mucho más difícil llevar a cabo entrevistas,
pero la Comisión pudo hacerlo clandestinamente. Las personas así entrevistadas
describieron una realidad desgarradora. El cambio principal que se percibe en Haití es
que la situación es peor.
Señor Presidente, Ministros y Delegados, la Comisión
posee información detallada y fidedigna acerca de numerosas violaciones del derecho a la
vida que han tenido lugar durante los pasados cuatro meses, especialmente ejecuciones y
desapariciones. La documentación recibida permite señalar los nombres y las
circunstancias correspondientes a 133 casos de ejecución extrajudicial ocurridos entre
febrero y mayo de este año. Se han denunciado más de 210 crímenes de esta clase.
La Comisión ha recibido, también, información acerca de
la aparición de cuerpos gravemente mutilados y posee confirmación directa de un caso
así. La información señala, asimismo, que estos actos tienen por objeto aterrorizar a
la población.
Ni siquiera se honran principios mínimos de decencia, ni
se respeta a los muertos. Ante la escena trágica de cadáveres humanos devorados por
animales, el Primer Ministro Malval ha tratado de obtener la asistencia de organizaciones
internacionales para retirar los cuerpos, habida cuenta de la indiferencia de quienes
están en el poder.
La Comisión también recibió numerosos informes sobre
detenciones arbitrarias, acompañadas generalmente por torturas y palizas brutales
propinadas por agentes de las Fuerzas Armadas de Haití y de grupos paramilitares,
especialmente miembros del Frente Revolucionario por el Avance y el Progreso en Haití
(FRAPH), concertados con las Fuerzas Armadas y la Policía. Los miembros de la Comisión
hablaron personalmente con víctimas de las torturas y se interiorizaron acerca de las
circunstancias en que éstas fueron perpetradas. La Comisión recibió documentación
acerca de 55 casos de secuestro político y desaparición durante febrero y marzo de este
año. Desde entonces, han sido liberadas veinte personas y once fueron halladas muertas.
Hasta la fecha no se dispone de información sobre la suerte corrida por los otros 24
desaparecidos.
La Comisión recibió prueba concluyente de que en Puerto
Príncipe grupos armados paramilitares han llevado a cabo incursiones en distintos
barrios, especialmente Cité Soleil, Sarthe, Carrefou y Fonds Tamara, entre otros,
asesinando y robando a los residentes que, en su mayoría, apoyan el regreso del
Presidente Jean-Bertrand Aristide.
Informes recibidos por la Comisión señalan un aumento del
número y la brutalidad de las violaciones de los derechos humanos consumadas por las
Fuerzas Armadas, el FRAPH y otros grupos paramilitares o "attachés" trabajando
en concierto con los militares en el interior del país. La Comisión también recibió
testimonios que prueban en forma concluyente la responsabilidad del Ejército en las
masacres de grupos indefensos de la población en Raboteau, Gonaives, departamento de
Artibonite, el pasado 22 de marzo. En esa oportunidad fueron ejecutados entre 15 y 20
residentes. Información recibida por la Comisión lleva, asimismo, a concluir que el
Ejército atacó grupos indefensos de pobladores de los departamentos del centro (Saut
d'Eau) y del norte del país (Borgne).
La Comisión recibió numerosos informes sobre la campaña
de represión emprendida en Borgne, donde aparentemente se ha adoptado el incendio como
estrategia de terror. En abril de 1994 los militares, junto con el FRAPH, llevaron a cabo
operaciones en gran escala en Petit Borgne, Collete y Basin-Caiman, bajo pretexto de la
búsqueda de elementos terroristas y armas ilegales. En el transcurso de esas incursiones
muchos habitantes fueron despojados de sus pertenencias, vacunos y otros animales fueron
muertos o robados y se destruyeron plantíos. Muchos agricultores fueron obligados a pagar
"rescate" para evitar el saqueo. Hubo también casos en que ciertas personas
fueron perseguidas y muertas. Además, varias mujeres fueron violadas y obligadas a
revelar el escondite de personas que eran perseguidas.
Estos ataques tienen rasgos similares: constituyen
verdaderas campañas militares, con asistencia del FRAPH y de otros grupos paramilitares,
que rodean e incendian ciertos parajes bajo el pretexto de combatir a grupos subversivos,
golpeando indiscriminadamente a los lugareños, incendiando, destruyendo y robando, para
terminar practicando detenciones arbitrarias.
La Comisión observó, además, que la mayoría de las
violaciones denunciadas se ciñe a un patrón sistemático de represión, indicador de un
plan político para intimidar y aterrorizar al pueblo de Haití, especialmente a los
sectores partidarios del Presidente Aristide que se han pronunciado en favor de la
democracia en el país. Según la información recibida, las víctimas son secuestradas,
se les obliga a introducirse en vehículos y se las lleva con los ojos vendados a lugares
de detención clandestinos, donde son interrogadas y torturadas. Algunas han sido
liberadas y otras han sucumbido como resultado de las severas palizas.
La Resolución 630 del Consejo Permanente solicitó que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera prioridad a la investigación de los
crímenes de violación, abuso sexual y secuestro de niños, especialmente cuando se les
usa como método de terror político.
En este sentido, la Comisión recibió informes sobre
violaciones y abusos sexuales de las esposas y familiares de partidarios activos del
Presidente Aristide y de un régimen democrático; esas mujeres son violadas por miembros
de las Fuerzas Armadas, "attachés" e integrantes de la FRAPH cuando no logran
detener a los hombres buscados. No solamente se viola a las mujeres en razón de su
parentesco, sino también cuando ellas mismas se manifiestan partidarias del Presidente
Aristide. De esta forma, el abuso sexual se utiliza como instrumento de represión y
persecución política. Pese a la renuencia de las víctimas a denunciar estos crímenes,
la Comisión recibió pruebas concluyentes de 21 violaciones ocurridas desde enero de 1994
hasta la fecha. Durante su visita, la Comisión se entrevistó personalmente con veinte
víctimas de esta horrible práctica.
La Comisión también recibió el testimonio de familiares
de un niño de cuatro años que fue secuestrado en marzo de 1994. En este caso se dijo que
tres hombres armados buscaban al padre del menor, que es miembro de una organización
política juvenil de Cité Soleil. Su esposa fue violada y los individuos secuestraron al
niño cuando no pudieron localizar al padre. El niño apareció cuatro días más tarde,
ileso, en una estación de radio.
Con respecto al derecho de reunión, la Comisión comprobó
que su ejercicio le está vedado a quienes apoyan el retorno a la democracia. Cuando
grupos de personas tratan de ejercerlo, se les arresta, miembros de las Fuerzas Armadas y
de la Policía les golpean brutalmente y se les acusa de organizar reuniones de apoyo al
Presidente Jean-Bertrand Aristide. En un incidente ocurrido hace poco, fueron arrestados
arbitrariamente veinte participantes en una reunión legal de instrucción, organizada por
la diócesis de Hinche, en el departamento del centro, y acusados de terrorismo.
En cuanto al derecho a la libertad de expresión, las
informaciones recibidas confirman las denuncias acerca de las restricciones impuestas a la
prensa escrita y a la radio en Haití. Las limitaciones han llevado a la autocensura de la
prensa, en perjuicio de sus funciones de mantener informado al público haitiano. La
Comisión recibió testimonios acerca de actos de intimidación y represión de
periodistas que ejercen su profesión.
Con respecto al problema de las personas desplazadas
(maroons) la Comisión confirmó que dirigentes políticos y comunitarios y numerosos
adversarios de las autoridades de facto se han visto obligados a vivir como fugitivos en
su propio país, abandonando familia y hogar. La Comisión recibió información
convincente de que el número de los desplazados aumenta a un ritmo alarmante.
La Comisión recibió denuncias de haitianos que regresaron
a su país y han sido objeto de persecución y violación de su integridad física y
moral. La Comisión abrirá causas en relación con esas denuncias.
Un rasgo común a los informes sobre estas violaciones es
la absoluta ineficacia del poder judicial u otros mecanismos para impedir o castigar las
violaciones de los derechos humanos que se registran en Haití. El resultado es la
impunidad total de que gozan los culpables de estos atentados.
En cuanto al derecho a participar en el gobierno,
consagrado en el artículo 23 de la Convención, la Comisión observa que el intento de
instalar un "gobierno" sin el apoyo del voto popular e infringiendo la
constitución haitiana, constituye una violación flagrante de los derechos políticos del
pueblo de Haití.
La Comisión desea dejar constancia de la importancia, la
seriedad y la objetividad del trabajo y los informes de la Misión Civil Internacional
OEA/ONU, que pudo percibir durante su visita. La Comisión manifiesta su profunda
preocupación ante los actos de intimidación y agresión registrados el 23 de marzo, a
los que se vieron sometidos miembros de la misión en la región de Hinche (meseta
central) por un grupo de manifestantes a las órdenes de miembros del FRAPH. La Comisión
condena la actitud pasiva de las autoridades militares frente a estos hechos, que indican,
una vez más, su complicidad con el FRAPH.
La Comisión considera que ante la seriedad de la
situación imperante en Haití, debe aumentar el número de observadores de la Misión
Civil Internacional OEA/ONU, a fin de abarcar todo el territorio haitiano.
cont...
INFORME DE LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
ANTE LA REUNION AD
HOC DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES
SOBRE HAITI
Señor Presidente,
distinguidos Ministros,
Secretario General,
Secretario General Adjunto
Delegados, señoras y
señores:
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha asignado prioridad a Haití en sus
trabajos, desde el golpe militar del 29 de septiembre de 1991. Luego que
los militares desoyeran varias solicitudes de autorización para visitar
Haití a fin de llevar a cabo una investigación in situ, el 19 de
julio de 1993 el Presidente Aristide solicitó a la Comisión que visitara el
país y el Ministro de Relaciones Exteriores del régimen de facto comunicó
que permitiría a la Comisión llevar a cabo su investigación. Entre el 23 y
el 27 de agosto de 1993 cuatro miembros de la Comisión visitaron el país,
donde se entrevistaron con una amplia variedad de haitianos, incluidos
militares, visitaron tres prisiones y mantuvieron entrevistas en la Meseta
Central, así como en Gonaives y St. Marc. La Comisión encontró un pueblo
aterrorizado por los militares y por los elementos irregulares, llamados
"attachés" o "zenglendos", que actuaban con apoyo tácito de los militares,
un pueblo que clamaba por el retorno de su Presidente elegido pero que,
especialmente en el interior, sentía tanto miedo a las represalias de las
fuerzas militares y paramilitares, que muchos insistieron en reunirse con
nosotros en forma clandestina. Los resultados de esta visita y de nuestras
investigaciones posteriores figuraron en un informe especial sobre la
situación de los derechos humanos en Haití, que fue presentado a la Asamblea
General y será comentado cuando se presente el Informe Anual esta semana.
Poco después
de que la Comisión saliera del país, el señor Antoine Izmery, uno de los
testigos que prestó declaración ante nosotros, fue sacado de la iglesia
donde asistía a misa y asesinado a plena luz del día. Se recibieron otros
informes de incidentes pavorosos, como el asesinato del Ministro de Justicia,
Guy Malary, notable por el grado de audacia puesto de manifiesto. Frente a
los informes sobre el empeoramiento de la situación en materia de derechos
humanos, en febrero de este año la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos resolvió llevar a cabo otra visita a Haití. Tres miembros de la
Comisión, Patrick Robinson, John Donaldson y Claudio Grossman, acompañados
por la doctora Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva, la doctora
Bertha Santoscoy, especialista en derechos humanos, la doctora Relida Eddie
y la doctora Isabel Ricupero, cumplieron la visita entre el 16 y el 20 de
mayo de 1994. Una semana después, tres miembros de la Comisión, Leo
Valladares Lanza, John Donaldson y el que habla, acompañados también por la
doctora Márquez, el doctor David Padilla y Relinda Eddie, visitaron las
Bahamas por invitación del gobierno de ese país, para analizar algunos de
los problemas provocados por la emigración haitiana hacia las Bahamas. De
esta manera, la Comisión ha observado directamente y en un mes, dos
dimensiones del problema haitiano de derechos humanos. En nombre de la
Comisión, manifiesto mi agradecimiento por la oportunidad de exponerles
nuestras conclusiones.
Comenzaré por
la situación imperante en Haití.
Durante su
permanencia en Haití, la delegación se reunió con el Primer Ministro, Robert
Malval, en presencia de cuatro miembros del gabinete; el embajador Colin
Granderson, Director de la Misión Civil Internacional OEA/ONU; el Nuncio
Papal, monseñor Lorenzo Baldiserri; el Presidente de la Cámara de Diputados,
Franz Robert Mondé; y el Presidente del Senado, Firmin Jean Louis. La
delegación solicitó, asimismo, entrevistas con el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas de Haití, General Raoul Cedrás, y miembros del Estado Mayor,
y con el Jefe de Policía, teniente coronel Joseph Michel François, pero no
obtuvo respuesta al respecto.
La Comisión se
reunió también con el coordinador de la anterior Comisión Presidencial,
padre Antoine Adrien; con representantes de organizaciones no
gubernamentales ‑-organizaciones populares y grupos de derechos humanos-‑ y
dirigentes de varios partidos políticos, a fin de interiorizarse acerca de
la situación existente en el país en cuanto a los derechos humanos. Se
entrevistó, asimismo, con representantes de la prensa oral y escrita, que
informaron acerca de la situación en materia de libertad de expresión. La
delegación de la CIDH también se reunió con representantes de la industria y
de las iglesias.
La delegación
no visitó, porque no fue autorizada para hacerlo, el Centro Penitenciario de
Puerto Príncipe. Por consiguiente, le fue imposible determinar directamente
la condición de las prisiones y la situación de los prisioneros con respecto
al proceso judicial. Tampoco pudieron los miembros de la Comisión visitar
el interior del país como lo habían hecho nueve meses antes, cuando habían
verificado que la situación era considerablemente peor que en Puerto
Príncipe. Inclusive en la capital la población se hallaba aterrorizada y
fue mucho más difícil llevar a cabo entrevistas, pero la Comisión pudo
hacerlo clandestinamente. Las personas así entrevistadas describieron una
realidad desgarradora. El cambio principal que se percibe en Haití es que
la situación es peor.
Señor
Presidente, Ministros y Delegados, la Comisión posee información detallada y
fidedigna acerca de numerosas violaciones del derecho a la vida que han
tenido lugar durante los pasados cuatro meses, especialmente ejecuciones y
desapariciones. La documentación recibida permite señalar los nombres y las
circunstancias correspondientes a 133 casos de ejecución extrajudicial
ocurridos entre febrero y mayo de este año. Se han denunciado más de 210
crímenes de esta clase.
La Comisión ha
recibido, también, información acerca de la aparición de cuerpos gravemente
mutilados y posee confirmación directa de un caso así. La información
señala, asimismo, que estos actos tienen por objeto aterrorizar a la
población.
Ni siquiera se
honran principios mínimos de decencia, ni se respeta a los muertos. Ante la
escena trágica de cadáveres humanos devorados por animales, el Primer
Ministro Malval ha tratado de obtener la asistencia de organizaciones
internacionales para retirar los cuerpos, habida cuenta de la indiferencia
de quienes están en el poder.
La Comisión
también recibió numerosos informes sobre detenciones arbitrarias,
acompañadas generalmente por torturas y palizas brutales propinadas por
agentes de las Fuerzas Armadas de Haití y de grupos paramilitares,
especialmente miembros del Frente Revolucionario por el Avance y el Progreso
en Haití (FRAPH), concertados con las Fuerzas Armadas y la Policía. Los
miembros de la Comisión hablaron personalmente con víctimas de las torturas
y se interiorizaron acerca de las circunstancias en que éstas fueron
perpetradas. La Comisión recibió documentación acerca de 55 casos de
secuestro político y desaparición durante febrero y marzo de este año.
Desde entonces, han sido liberadas veinte personas y once fueron halladas
muertas. Hasta la fecha no se dispone de información sobre la suerte
corrida por los otros 24 desaparecidos.
La Comisión
recibió prueba concluyente de que en Puerto Príncipe grupos armados
paramilitares han llevado a cabo incursiones en distintos barrios,
especialmente Cité Soleil, Sarthe, Carrefou y Fonds Tamara, entre otros,
asesinando y robando a los residentes que, en su mayoría, apoyan el regreso
del Presidente Jean‑Bertrand Aristide.
Informes
recibidos por la Comisión señalan un aumento del número y la brutalidad de
las violaciones de los derechos humanos consumadas por las Fuerzas Armadas,
el FRAPH y otros grupos paramilitares o "attachés" trabajando en concierto
con los militares en el interior del país. La Comisión también recibió
testimonios que prueban en forma concluyente la responsabilidad del Ejército
en las masacres de grupos indefensos de la población en Raboteau, Gonaives,
departamento de Artibonite, el pasado 22 de marzo. En esa oportunidad
fueron ejecutados entre 15 y 20 residentes. Información recibida por la
Comisión lleva, asimismo, a concluir que el Ejército atacó grupos indefensos
de pobladores de los departamentos del centro (Saut d'Eau) y del norte del
país (Borgne).
La Comisión
recibió numerosos informes sobre la campaña de represión emprendida en
Borgne, donde aparentemente se ha adoptado el incendio como estrategia de
terror. En abril de 1994 los militares, junto con el FRAPH, llevaron a cabo
operaciones en gran escala en Petit Borgne, Collete y Basin‑Caiman, bajo
pretexto de la búsqueda de elementos terroristas y armas ilegales. En el
transcurso de esas incursiones muchos habitantes fueron despojados de sus
pertenencias, vacunos y otros animales fueron muertos o robados y se
destruyeron plantíos. Muchos agricultores fueron obligados a pagar "rescate"
para evitar el saqueo. Hubo también casos en que ciertas personas fueron
perseguidas y muertas. Además, varias mujeres fueron violadas y obligadas a
revelar el escondite de personas que eran perseguidas.
Estos ataques
tienen rasgos similares: constituyen verdaderas campañas militares, con
asistencia del FRAPH y de otros grupos paramilitares, que rodean e incendian
ciertos parajes bajo el pretexto de combatir a grupos subversivos, golpeando
indiscriminadamente a los lugareños, incendiando, destruyendo y robando,
para terminar practicando detenciones arbitrarias.
La Comisión
observó, además, que la mayoría de las violaciones denunciadas se ciñe a un
patrón sistemático de represión, indicador de un plan político para
intimidar y aterrorizar al pueblo de Haití, especialmente a los sectores
partidarios del Presidente Aristide que se han pronunciado en favor de la
democracia en el país. Según la información recibida, las víctimas son
secuestradas, se les obliga a introducirse en vehículos y se las lleva con
los ojos vendados a lugares de detención clandestinos, donde son
interrogadas y torturadas. Algunas han sido liberadas y otras han sucumbido
como resultado de las severas palizas.
La Resolución
630 del Consejo Permanente solicitó que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos diera prioridad a la investigación de los crímenes de
violación, abuso sexual y secuestro de niños, especialmente cuando se les
usa como método de terror político.
En este
sentido, la Comisión recibió informes sobre violaciones y abusos sexuales de
las esposas y familiares de partidarios activos del Presidente Aristide y de
un régimen democrático; esas mujeres son violadas por miembros de las
Fuerzas Armadas, "attachés" e integrantes de la FRAPH cuando no logran
detener a los hombres buscados. No solamente se viola a las mujeres en
razón de su parentesco, sino también cuando ellas mismas se manifiestan
partidarias del Presidente Aristide. De esta forma, el abuso sexual se
utiliza como instrumento de represión y persecución política. Pese a la
renuencia de las víctimas a denunciar estos crímenes, la Comisión recibió
pruebas concluyentes de 21 violaciones ocurridas desde enero de 1994 hasta
la fecha. Durante su visita, la Comisión se entrevistó personalmente con
veinte víctimas de esta horrible práctica.
La Comisión
también recibió el testimonio de familiares de un niño de cuatro años que
fue secuestrado en marzo de 1994. En este caso se dijo que tres hombres
armados buscaban al padre del menor, que es miembro de una organización
política juvenil de Cité Soleil. Su esposa fue violada y los individuos
secuestraron al niño cuando no pudieron localizar al padre. El niño
apareció cuatro días más tarde, ileso, en una estación de radio.
Con respecto
al derecho de reunión, la Comisión comprobó que su ejercicio le está vedado
a quienes apoyan el retorno a la democracia. Cuando grupos de personas
tratan de ejercerlo, se les arresta, miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Policía les golpean brutalmente y se les acusa de organizar reuniones de
apoyo al Presidente Jean‑Bertrand Aristide. En un incidente ocurrido hace
poco, fueron arrestados arbitrariamente veinte participantes en una reunión
legal de instrucción, organizada por la diócesis de Hinche, en el
departamento del centro, y acusados de terrorismo.
En cuanto al
derecho a la libertad de expresión, las informaciones recibidas confirman
las denuncias acerca de las restricciones impuestas a la prensa escrita y a
la radio en Haití. Las limitaciones han llevado a la autocensura de la
prensa, en perjuicio de sus funciones de mantener informado al público
haitiano. La Comisión recibió testimonios acerca de actos de intimidación y
represión de periodistas que ejercen su profesión.
Con respecto
al problema de las personas desplazadas (maroons) la Comisión confirmó que
dirigentes políticos y comunitarios y numerosos adversarios de las
autoridades de facto se han visto obligados a vivir como fugitivos en su
propio país, abandonando familia y hogar. La Comisión recibió información
convincente de que el número de los desplazados aumenta a un ritmo
alarmante.
La Comisión
recibió denuncias de haitianos que regresaron a su país y han sido objeto de
persecución y violación de su integridad física y moral. La Comisión abrirá
causas en relación con esas denuncias.
Un rasgo común
a los informes sobre estas violaciones es la absoluta ineficacia del poder
judicial u otros mecanismos para impedir o castigar las violaciones de los
derechos humanos que se registran en Haití. El resultado es la impunidad
total de que gozan los culpables de estos atentados.
En cuanto al
derecho a participar en el gobierno, consagrado en el artículo 23 de la
Convención, la Comisión observa que el intento de instalar un "gobierno" sin
el apoyo del voto popular e infringiendo la constitución haitiana,
constituye una violación flagrante de los derechos políticos del pueblo de
Haití.
La Comisión
desea dejar constancia de la importancia, la seriedad y la objetividad del
trabajo y los informes de la Misión Civil Internacional OEA/ONU, que pudo
percibir durante su visita. La Comisión manifiesta su profunda preocupación
ante los actos de intimidación y agresión registrados el 23 de marzo, a los
que se vieron sometidos miembros de la misión en la región de Hinche (meseta
central) por un grupo de manifestantes a las órdenes de miembros del FRAPH.
La Comisión condena la actitud pasiva de las autoridades militares frente a
estos hechos, que indican, una vez más, su complicidad con el FRAPH.
La Comisión
considera que ante la seriedad de la situación imperante en Haití, debe
aumentar el número de observadores de la Misión Civil Internacional OEA/ONU,
a fin de abarcar todo el territorio haitiano.
La situación y
las perspectivas son sombrías y no es posible hacer caso omiso de las
consecuencias más vastas de la tarea que estamos tratando de llevar a cabo.
La situación de los derechos humanos en Haití es, en una palabra, espantosa.
Es oprobiosa. Un régimen militar que usurpó el poder y expulsó al
Presidente y al gobierno elegidos en comicios libres y limpios realizados
bajo supervisión internacional, gobierna por medio de un terror brutal que,
es cierto, encuentra ejemplos análogos en otras partes del mundo pero
ninguno, hasta donde llega mi conocimiento, en nuestro hemisferio. Conforme
a la Declaración de Santiago, los ministros de Relaciones Exteriores se
reunieron y condenaron la quiebra del orden constitucional, pero a pesar de
los diversos programas emprendidos a escala regional e internacional, la
situación en Haití empeora.
En estas
circunstancias sombrías, la huida se convierte en la estrategia de
sobrevivencia más racional, de manera que no ha de sorprender que un gran
número de hombres, mujeres y niños haitianos hayan huido y que muchos otros
intenten hacerlo diariamente. Es difícil comprender que alguien opine que
las personas que tomen este camino en esas circunstancias estén haciendo
algo equivocado. Empero, la legitimidad de la práctica de impedir la huida
y devolver sumariamente a los haitianos a su país ha sido cuestionada ante
la Comisión y ésta ha admitido la petición respectiva como materia sub
judice, por lo cual la Comisión se abstendrá de formular comentarios al
respecto. Por otra parte, debe tomarse nota de la penuria de la creciente
diáspora haitiana ‑-consecuencia directa del golpe militar y la represión
que le siguió-‑ y de las repercusiones que tiene para la comunidad
internacional.
Por invitación
del Gobierno de Las Bahamas, la Comisión visitó ese país para examinar las
condiciones y los problemas de los haitianos que han huido a las Bahamas.
Este es un país con una población de algo menos de 260.000 personas.
Aproximadamente 50.000 haitianos y, según algunos cálculos hasta 60.000, han
buscado refugio allí. Aunque se describe a muchos de ellos como refugiados
económicos, informes fidedignos originados en Las Bahamas indican que
durante el período de siete meses que siguió a la elección del Presidente
Aristide la afluencia de haitianos disminuyó, solamente para crecer
radicalmente después del golpe.
Como cabría
esperar, han surgido problemas y algunos de ellos son agudos; actualmente se
encuentran a estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no
es posible comentarlos en este momento, pero hay que señalar cierto aspecto:
las autoridades de las Bahamas se han visto obligadas a poner a disposición
de todos los haitianos servicios sociales básicos y los niños haitianos
concurren hoy día a la escuela en pie de igualdad con los bahameses. Por
consiguiente, las Bahamas están absorbiendo una cuota de la diáspora
haitiana proporcionalmente más alta que la de cualquier otro país del
hemisferio, y en el proceso ve sometidos su presupuesto y su infraestructura
a une enorme presión. La Comisión considera que Las Bahamas tienen derecho
a recibir asistencia de la comunidad internacional.
El problema
existente en Las Bahamas y, si persiste la actual situación en Haití, muy
posiblemente en otros países, constituye un síntoma, no el problema en sí.
Todos los haitianos con quienes se entrevistó la Comisión desean regresar a
su patria y generalmente vinculan esa posibilidad con el retorno del
Presidente Aristide.
Señor
Presidente, Ministros y Delegados, en nombre de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos les agradezco la atención prestada.
Belém do Pará, Brasil, 6
de junio de 1994
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