La situación y las perspectivas son sombrías y no es posible hacer caso omiso de las consecuencias más vastas de la tarea que estamos tratando de llevar a cabo. La situación de los derechos humanos en Haití es, en una palabra, espantosa. Es oprobiosa. Un régimen militar que usurpó el poder y expulsó al Presidente y al gobierno elegidos en comicios libres y limpios realizados bajo supervisión internacional, gobierna por medio de un terror brutal que, es cierto, encuentra ejemplos análogos en otras partes del mundo pero ninguno, hasta donde llega mi conocimiento, en nuestro hemisferio. Conforme a la Declaración de Santiago, los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron y condenaron la quiebra del orden constitucional, pero a pesar de los diversos programas emprendidos a escala regional e internacional, la situación en Haití empeora.

En estas circunstancias sombrías, la huida se convierte en la estrategia de sobrevivencia más racional, de manera que no ha de sorprender que un gran número de hombres, mujeres y niños haitianos hayan huido y que muchos otros intenten hacerlo diariamente. Es difícil comprender que alguien opine que las personas que tomen este camino en esas circunstancias estén haciendo algo equivocado. Empero, la legitimidad de la práctica de impedir la huida y devolver sumariamente a los haitianos a su país ha sido cuestionada ante la Comisión y ésta ha admitido la petición respectiva como materia sub judice, por lo cual la Comisión se abstendrá de formular comentarios al respecto. Por otra parte, debe tomarse nota de la penuria de la creciente diáspora haitiana --consecuencia directa del golpe militar y la represión que le siguió-- y de las repercusiones que tiene para la comunidad internacional.

Por invitación del Gobierno de Las Bahamas, la Comisión visitó ese país para examinar las condiciones y los problemas de los haitianos que han huido a las Bahamas. Este es un país con una población de algo menos de 260.000 personas. Aproximadamente 50.000 haitianos y, según algunos cálculos hasta 60.000, han buscado refugio allí. Aunque se describe a muchos de ellos como refugiados económicos, informes fidedignos originados en Las Bahamas indican que durante el período de siete meses que siguió a la elección del Presidente Aristide la afluencia de haitianos disminuyó, solamente para crecer radicalmente después del golpe.

Como cabría esperar, han surgido problemas y algunos de ellos son agudos; actualmente se encuentran a estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no es posible comentarlos en este momento, pero hay que señalar cierto aspecto: las autoridades de las Bahamas se han visto obligadas a poner a disposición de todos los haitianos servicios sociales básicos y los niños haitianos concurren hoy día a la escuela en pie de igualdad con los bahameses. Por consiguiente, las Bahamas están absorbiendo una cuota de la diáspora haitiana proporcionalmente más alta que la de cualquier otro país del hemisferio, y en el proceso ve sometidos su presupuesto y su infraestructura a une enorme presión. La Comisión considera que Las Bahamas tienen derecho a recibir asistencia de la comunidad internacional.

El problema existente en Las Bahamas y, si persiste la actual situación en Haití, muy posiblemente en otros países, constituye un síntoma, no el problema en sí. Todos los haitianos con quienes se entrevistó la Comisión desean regresar a su patria y generalmente vinculan esa posibilidad con el retorno del Presidente Aristide.

Señor Presidente, Ministros y Delegados, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les agradezco la atención prestada.

Belém do Pará, Brasil, 6 de junio de 1994

INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

AL VIGESIMO CUARTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA SOBRE LA VISITA EFECTUADA A

HAITI DESDE EL 16 AL 20 DE MAYO DE 1994

Señor Presidente

Distinguidos Representantes

Delegados

Señoras y señores:

Constituye para mí un honor y un privilegio, señor Presidente, dirigirme a esta Comisión con motivo del vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebra en Belém do Pará, Brasil, el año en que se cumple el trigésimo quinto aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al hacerlo, respondo a la solicitud formulada por el Consejo Permanente de la OEA en su resolución 630, del 9 de mayo del año en curso, en cuanto a informar a la Asamblea General sobre el resultado de la visita que la Comisión realizó a Haití desde el 16 al 20 de mayo de 1994.

Ante el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió durante su 84º período de sesiones celebrado en febrero de 1994, realizar una visita a ese país, dentro de los límites de su competencia fijados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Haití es parte.

La visita a Haití fue cumplida por una delegación especial de la Comisión compuesta por tres de sus miembros, el Profesor Claudio Grossman, el Embajador John Donaldson y quien habla, Patrick Robinson. Contamos con la asistencia de la doctora Edith Márquez, Secretaria Ejecutiva de la CIDH, la doctora Bertha Santoscoy, especialista principal en derechos humanos, la doctora Relinda Eddie y la doctora Isabel Ricúpero, abogadas de la Comisión, el señor Serge Bellegarde, intérprete de la OEA y la señora Ana Cecilia Adriazola, secretaria de la delegación.

Durante su estada en Haití la delegación se reunió con el Primer Ministro, Robert Malval, en presencia de cuatro miembros del gabinete; el embajador Colin Granderson, Director de la misión civil internacional OEA/ONU; el Nuncio Papal, monseñor Lorenzo Baldiserri; el Presidente de la Cámara de Diputados, Franz Robert Mondé; y el Presidente del Senado, Firmin Jean Louis. La delegación solicitó, asimismo, entrevistas con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, General Raoul Cedrás, y miembros del Estado Mayor, y con el Jefe de Policía, Teniente Coronel Joseph Michel François, pero no obtuvo respuesta al respecto.

La Comisión se reunió también con el coordinador de la anterior Comisión Presidencial, padre Antoine Adrien; con representantes de organizaciones no gubernamentales --organizaciones populares y grupos de derechos humanos-- y dirigentes de varios partidos políticos, a fin de interiorizarse acerca de la situación existente en el país en cuanto a los derechos humanos. Se entrevistó, asimismo, con representantes de la prensa oral y escrita, que informaron acerca de la situación en materia de libertad de expresión. La delegación de la CIDH también se reunió con representantes de la industria y de las iglesias.

La delegación no visitó, porque no fue autorizada para hacerlo, el Centro Penitenciario de Puerto Príncipe. Por consiguiente, le fue imposible determinar directamente la condición de las prisiones y la situación de los prisioneros con respecto al proceso judicial.

Señor Presidente, como resultado de su visita la Comisión pudo confirmar el serio deterioro que ha experimentado la situación de los derechos humanos en Haití, desde su anterior visita, en agosto de 1993, que determinó la presentación de un informe especial para 1993. La Comisión posee información detallada y fidedigna acerca de numerosas violaciones del derecho a la vida que han tenido lugar durante los pasados cuatro meses, especialmente ejecuciones y desapariciones. La documentación recibida permite señalar los nombres y las circunstancias correspondientes a 133 casos de ejecución extrajudicial ocurridos entre febrero y mayo de este año. Se han denunciado más de 210 crímenes de esta clase.

La Comisión ha recibido, también, información acerca de la aparición de cuerpos gravemente mutilados y un miembro de la delegación vio un cadáver en ese estado. La información recibida por la Comisión señala que estos actos tienen por objeto aterrorizar a la población.

Ante la información de que hay cuerpos humanos que son devorados por animales, la Comisión apoya la propuesta del Primer Ministro Malval, de que organizaciones internacionales presten asistencia para retirar los cadáveres, frente a la indiferencia de quienes detentan el poder.

La Comisión también recibió numerosos informes sobre detenciones arbitrarias, acompañadas generalmente por torturas y palizas brutales propinadas por agentes de las Fuerzas Armadas de Haití y de grupos paramilitares, especialmente miembros del Frente Revolucionario por el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), concertados con las Fuerzas Armadas y la Policía. Los miembros de la Comisión hablaron personalmente con víctimas de las torturas y se interiorizaron acerca de las circunstancias en que éstas fueron perpetradas. La Comisión recibió documentación acerca de 55 casos de secuestro político y desaparición durante febrero y marzo de este año. Desde entonces, han sido liberadas veinte personas y once fueron halladas muertas. Hasta la fecha no se dispone de información sobre la suerte corrida por los otros 24 desaparecidos.

La Comisión recibió prueba concluyente de que en Puerto Príncipe grupos armados paramilitares han llevado a cabo incursiones en distintos barrios, especialmente Cité Soleil, Sarthe, Carrefou y Fonds Tamara, entre otros, asesinando y robando a los residentes que, en su mayoría, apoyan el regreso del Presidente Jean-Bertrand Aristide.

Informes recibidos por la Comisión señalan un aumento del número y la brutalidad de las violaciones de los derechos humanos consumadas por las Fuerzas Armadas, el FRAPH y otros grupos paramilitares o "attachés" trabajando en concierto con los militares en el interior del país. La Comisión también recibió testimonios que prueban en forma concluyente la responsabilidad del Ejército en las masacres de grupos indefensos de la población en Raboteau, Gonaives, departamento de Artibonite, el pasado 22 de marzo. En esa oportunidad fueron ejecutados entre 15 y 20 residentes. Información recibida por la Comisión lleva, asimismo, a concluir que el Ejército atacó grupos indefensos de pobladores de los departamentos del centro (Saut d'Eau) y del norte del país (Borgne).

La Comisión recibió numerosos informes sobre la campaña de represión emprendida en Borgne, donde aparentemente se ha adoptado el incendio como estrategia de terror. En abril de 1994 los militares, junto con el FRAPH, llevaron a cabo operaciones en gran escala en Petit Borgne, Collete y Basin-Caiman, bajo pretexto de la búsqueda de elementos terroristas y armas ilegales. En el transcurso de esas incursiones muchos habitantes fueron despojados de sus pertenencias, vacunos y otros animales fueron muertos o robados y se destruyeron plantíos. Muchos agricultores fueron obligados a pagar "rescate" para evitar el saqueo. Hubo también casos en que ciertas personas fueron perseguidas y muertas. Además, varias mujeres fueron violadas y obligadas a revelar el escondite de personas que eran perseguidas.

Estos ataques tienen rasgos similares: constituyen verdaderas campañas militares, con asistencia del FRAPH y de otros grupos paramilitares, que rodean e incendian ciertos parajes bajo el pretexto de combatir a grupos subversivos, golpeando indiscriminadamente a los lugareños, incendiando, destruyendo y robando, para terminar practicando detenciones arbitrarias.

La Comisión observó, además, que la mayoría de las violaciones denunciadas se ciñe a un patrón sistemático de represión, indicador de un plan político para intimidar y aterrorizar al pueblo de Haití, especialmente a los sectores partidarios del Presidente Aristide que se han pronunciado en favor de la democracia en el país. Según la información recibida, las víctimas son secuestradas, se les obliga a introducirse en vehículos y se las lleva con los ojos vendados a lugares de detención clandestinos, donde son interrogadas y torturadas. Algunas han sido liberadas y otras han sucumbido como resultado de las severas palizas.

La Resolución 630 del Consejo Permanente solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera prioridad a la investigación de los crímenes de violación, abuso sexual y secuestro de niños, especialmente cuando se les usa como método de terror político.

En este sentido, la Comisión recibió informes sobre violaciones y abusos sexuales de las esposas y familiares de partidarios activos del Presidente Aristide y de un régimen democrático; esas mujeres son violadas por miembros de las Fuerzas Armadas, "attachés" e integrantes de la FRAPH cuando no logran detener a los hombres buscados. No solamente se viola a las mujeres en razón de su parentesco, sino también cuando ellas mismas se manifiestan partidarias del Presidente Aristide. De esta forma, el abuso sexual se utiliza como instrumento de represión y persecución política. Pese a la renuencia de las víctimas a denunciar estos crímenes, la Comisión recibió pruebas concluyentes de 21 violaciones ocurridas desde enero de 1994 hasta la fecha. Durante su visita, la Comisión se entrevistó personalmente con veinte víctimas de esta horrible práctica. La comunidad internacional ha reconocido reiteradamente el carácter universal de los derechos de la mujer y el hecho de que la violación es uno de los más odiosos crímenes contra esos derechos.

Acorde con esto, frente a la seriedad de este crimen, la Comisión asignará una atención especial a la violación y en su próximo período de sesiones (septiembre de 1994) considerará qué procedimiento debe seguirse en los casos en que las víctimas solicitan que se mantenga su identidad en reserva.

La Comisión también recibió el testimonio de familiares de un niño de cuatro años que fue secuestrado en marzo de 1994. En este caso se dijo que tres hombres armados buscaban al padre del menor, que es miembro de una organización política juvenil de Cité Soleil. Su esposa fue violada y los individuos secuestraron al niño cuando no pudieron localizar al padre. El niño apareció cuatro días más tarde, ileso, en una estación de radio.

En cumplimiento de las funciones que le asignan la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión observó la situación imperante en relación con otros derechos, además de los antes mencionados.

Con respecto al derecho de reunión, la Comisión comprobó que su ejercicio le está vedado a quienes apoyan el retorno a la democracia. Cuando grupos de personas tratan de ejercerlo, se les detiene, miembros de las fuerzas armadas y de la policía les golpean brutalmente y se les acusa de organizar reuniones de apoyo al Presidente Jean-Bertrand Aristide. En un incidente ocurrido hace poco, fueron arrestados arbitrariamente veinte participantes en una reunión legal de instrucción, organizada por la diócesis de Hinche, en el departamento del centro, y acusados de terrorismo.

La Comisión desea manifestar su preocupación con respecto al ejercicio de la libertad de expresión. Las informaciones recibidas confirmarían las restricciones que deben soportar los representantes de la prensa oral y escrita en Haití. Las limitaciones han llevado a la autocensura de la prensa, en perjuicio de sus funciones de mantener informado al público haitiano. La Comisión recibió testimonios acerca de actos de intimidación y represión de periodistas que ejercen su profesión.

Con respecto al problema de las personas desplazadas (maroons) la Comisión confirmó que dirigentes políticos y comunitarios y numerosos adversarios de las autoridades de facto se han visto obligados a vivir como fugitivos en su propio país, abandonando familia y hogar. La Comisión recibió información convincente de que el número de los desplazados aumenta a un ritmo alarmante y, por consiguiente, corresponde que la comunidad internacional asuma interés directo en esta situación.

La Comisión recibió denuncias de haitianos que regresaron a su país y han sido objeto de persecución y violación de su integridad física y moral. La Comisión abrirá causas en relación con esas denuncias.

Un rasgo común a los informes sobre estas violaciones es la absoluta ineficacia del poder judicial u otros mecanismos para impedir o castigar las violaciones de los derechos humanos que se registran en Haití. El resultado es la impunidad total de que gozan los culpables de estos atentados.

La Comisión desea señalar que como órgano responsable de la observancia de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede dejar de mencionar el derecho a participar en el gobierno, consagrado en el artículo 23 de esa Convención. El intento de instalar un "gobierno" sin el apoyo del voto popular e infringiendo la constitución haitiana, constituye una violación flagrante de los derechos políticos del pueblo de Haití.

La Comisión desea dejar constancia de la importancia, la seriedad y la objetividad del trabajo y los informes de la Misión Civil Internacional OEA/ONU, que pudo percibir durante su visita. La Comisión manifiesta su profunda preocupación ante los actos de intimidación y agresión registrados el 23 de marzo, a los que se vieron sometidos miembros de la misión en la región de Hinche (meseta central) por un grupo de manifestantes a las órdenes de miembros del FRAPH. La Comisión condena la actitud pasiva de las autoridades militares frente a estos hechos, que indican, una vez más, su abierta complicidad con el FRAPH.

La Comisión considera que ante la seriedad de la situación imperante en Haití, debe aumentar el número de observadores de la Misión Civil Internacional OEA/ONU, a fin de abarcar todo el territorio haitiano.

En conclusión, la Comisión señala que, en base a sus observaciones, la situación general de los derechos humanos en Haití se está deteriorando gravemente en los aspectos más elementales, todo ello parte de un plan de aterrorizar al pueblo indefenso. La Comisión responsabiliza a aquellos en el poder del Gobierno de facto por estas violaciones. Esta conducta podría hacerlos responsables de crímenes internacionales, lo cual, a su vez, podría conllevar responsabilidad individual.

Señor Presidente, no es suficiente dar cuenta de la naturaleza sistemática e intimidatoria de la violencia, la represión y el terror en Haití; no es suficiente decir simplemente que de las seis visitas que realicé a Haití en nombre de la Comisión, la situación observada en esta última, en lo que hace a los derechos humanos, es la peor. Haití, como cualquier otro país del hemisferio, no es una nación habitada por objetos inanimados, sino un lugar donde viven seres humanos con sensibilidad común. El pueblo de Haití tiene las mismas emociones y aspiraciones que los ciudadanos de cualquier otro Estado miembro de la Organización. Poseen una enorme capacidad de calidez, amor, amistad y resistencia, y un tremendo anhelo de paz, justicia y democracia. Pero un pueblo no sobrelleva las penurias, las privaciones, la violencia, los atropellos y las enormes decepciones que los haitianos han soportado durante los pasados treinta y dos meses, sin que su fe en la humanidad y sus esperanzas de decencia y justicia se vean sometidas a una dura prueba. Por esto, me siento obligado a informar a la Comisión acerca de las condiciones en que la Comisión encontró al pueblo haitiano durante su visita.

Señor Presidente, la Comisión encontró un pueblo cuya resistencia y espíritu básicos aún están intactos, pero que aguarda impaciente una acción de la Organización que sirva efectivamente para que el Presidente Aristide regrese a Haití y se restablezca la democracia en el país. Consideran que han sufrido suficiente y que no debe pedírseles que esperen más por la clase de vida a que tiene derecho todo ser humano -una vida en la que sus derechos humanos fundamentales estén asegurados en las condiciones y circunstancias estipuladas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Encontramos un pueblo que, si bien respeta a la Comisión y agradeció sus visitas, cuestionó la utilidad de su llegada a Haití, año tras año y de sus informes sobre el empeoramiento de la situación de los derechos humanos, sin que se tome medida concreta alguna para restituirle sus derechos básicos. Señor Presidente, debemos ser directos: encontramos un pueblo que considera que la Organización lo ha defraudado y que no debe pedírsele que sufra la decepción de otro esfuerzo inefectivo e infructuoso de la Organización. En síntesis, señor Presidente, encontramos un pueblo cuya fe en la Organización estaba sometida a una dura prueba y que se volvía a la Comisión para que transmitiera ese mensaje a la Organización, de manera que ésta tome las medidas necesarias a fin de que para ellos las promesas y los compromisos de libertad y democracia consagrados en la Carta de la Organización y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se conviertan en una realidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

Belém do Pará, Brasil, 6 de junio de 1994

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE EL CONSEJO PERMANENTE, AL INAUGURAR LA SESION DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1994

Señor Presidente del Consejo Permanente, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, miembros de la Comisión, distinguidos Embajadores, señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión, señoras y señores:

Quiero comenzar estas breves palabras felicitando al Secretario General, César Gaviria Trujillo al asumir sus funciones y expresarle, en nombre de los miembros de la Comisión, nuestros mejores votos para su gestión. Los miembros de la Comisión conocimos al Secretario General cuando éste era Presidente de Colombia. Durante las visitas de la Comisión las puertas del Presidente Gaviria siempre estuvieron abiertas para nosotros; cooperó con nosotros y, por nuestra parte, sabíamos que podíamos contar con él como un amigo de la Comisión. Durante su mandato, en Colombia se progresó notablemente en cuanto a asegurar los derechos humanos. Los miembros de la Comisión tuvieron oportunidad de conversar con el Secretario General en Santafé de Bogotá después de su elección pero antes que asumiera sus funciones. Mucho nos alentó su profundo aprecio por la importancia cardinal de los derechos humanos en el sistema regional de las Américas y el papel crítico que debe desempeñar en él una comisión de derechos humanos vigorosa e independiente. Señor Secretario General, le deseamos el mayor de los éxitos.

El octogésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincide con el trigésimo quinto aniversario de la Comisión. Es un momento apropiado para mirar hacia atrás y apreciar lo que se ha logrado gracias a la notable asociación de los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión y la Secretaría General, con la comunidad de organizaciones no gubernamentales dedicadas activamente al desarrollo y puesta en práctica de programas de protección internacional de los derechos humanos en nuestro hemisferio.

Hace treinta y cinco años, cuando se creó la Comisión, el instrumento cuya aplicación debía vigilar era la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. Durante sus primeros dieciocho años de vida, la Comisión actuó dentro del marco de ese instrumento, que consideraba una representación auténtica de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por los miembros de la Organización, al amparo de su Carta. Con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la instalación de la Comisión como el principal órgano de la esfera de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, el mandato y la competencia de la Comisión cobraron mayor nitidez. Hoy día, veintisiete de los treinta y cinco miembros de la Organización de los Estados Americanos son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con respecto a ellos, la Comisión ejerce todas las facultades estipuladas en la Convención. En cuanto a los Estados que aún no ratificaron la Convención Americana, la Comisión sigue ejerciendo una jurisdicción basada en la Declaración. De esta forma, a lo largo de sus treinta y cinco años de vida la Comisión fue transformándose en un mecanismo de supervisión efectivo y con base jurídica, para la observancia de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana y en la Declaración, con respecto a todos los miembros de la OEA.

Cuando hablamos de los derechos humanos en el plano internacional, nos estamos refiriendo a un pacto solemne entre gobiernos, que exige que cada uno de ellos se abstenga de ejercer el poder en ciertas formas prohibidas contra su pueblo y dentro de su territorio y que, de allí en adelante, las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos que formulen otros gobiernos y personas, no se consideren una intromisión en la soberanía o la jurisdicción interna. Los instrumentos de derechos humanos, aceptados voluntariamente, configuran limitaciones reales del ejercicio del poder gubernamental; especialmente en épocas de crisis, esas limitaciones pueden ser inconvenientes para los gobiernos, inclusive inoportunas y problemáticas. Esas limitaciones cobran significado político cuando, como ocurre en nuestro hemisferio, se crea una Comisión y una Corte independientes cuyos cometidos son vigilar la observancia y las violaciones de los derechos humanos e informar al respecto, porque no obstante la autoridad legal de la Convención Americana, a veces los gobiernos pueden considerar embarazoso o difícil, desde el punto de vista político, criticar a otros gobiernos, lo que no ocurre con una comisión o una corte independientes. Por eso, es digno de mención el hecho de que la Convención Americana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hayan sido creadas por los mismos gobiernos sometidos a su jurisdicción.

¿Por qué consumaron este acto extraordinario de autolimitación? Porque los estadistas de nuestro hemisferio y funcionarios con visión, de todos los niveles de gobierno, comprometidos con la democracia y los derechos humanos, consideraron que para que las promesas con respecto a éstos tuviera significado, su observancia debía ser vigilada y notificada por medio de un mecanismo externo e internacional. Que los gobiernos, aún gobiernos democráticos, fiscalizaran su propia conducta en materia de derechos humanos equivalía a tener guardias guardándose a sí mismos, como dice el proverbio latino. Los gobiernos comprendieron, asimismo, que un hemisferio de Estados democráticos, además de constituir la expresión más apropiada de los valores cívicos fundamentales de nuestra civilización, también era una garantía de relaciones pacíficas entre los Estados. Para sobrevivir y florecer en un Estado, una democracia vital, amplia y estable necesita un hemisferio democrático. Es por estas razones, en suma, que los Estados de las Américas crearon la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptaron su jurisdicción.

A medida que evolucionó la Comisión, también lo hicieron la naturaleza de los derechos humanos y las actitudes con respecto a ellos en nuestro hemisferio. En el pasado, en un número significativo de Estados parte de la Convención el gobierno estaba en manos de dictaduras militares. Hoy día la marcha continental hacia una democracia constitucional acorde con las normas de la Convención ha avanzado hasta el punto en que una dictadura militar configura inmediatamente una anomalía, es estigmatizada como una patología política y se convierte en blanco apropiado de una acción internacional concertada con objeto de restablecer un régimen democrático constitucional.

El espléndido empuje de la democracia ha determinado un cambio en la naturaleza de las labores de la Comisión y del carácter de sus relaciones con los Estados del hemisferio. Durante el período de abundancia de dictaduras militares, la Comisión se vio a menudo enfrentada con los regímenes castrenses. Estos trataron, frecuentemente, de disipar los informes preparados por la Comisión sobre flagrantes violaciones de los derechos humanos, atacando a la propia Comisión, conforme a la vieja teoría política según la cual si el mensaje es desagradable lo que debe hacerse es matar al mensajero. Fue este un período peligroso para la Comisión, al cual podría no haber sobrevivido de no haber sido por el apoyo que le prestaron los gobiernos democráticos y valerosos estadistas y diplomáticos, que nunca perdieron de vista la importancia de los mecanismos internacionales para garantizar los derechos humanos dentro de los Estados, incluidos los suyos.

Felizmente, la naturaleza de la relación entre la Comisión y los gobiernos del hemisferio ha cambiado radicalmente y nadie tiene más conciencia de ello que la propia Comisión. Vivimos en una era en que los gobiernos democráticos están dispuestos a admitir que algunas de sus prácticas pueden ser incompatibles con las normas expresadas en la Convención Americana. Es creciente el número de países que, cuando la Comisión inicia el estudio de peticiones individuales o de grupos, están mucho más dispuestos a reunirse con la Comisión y buscar soluciones amistosas, inclusive mediante la modificación de su legislación interna a fin de ajustarla a la Convención Americana. Este es un fenómeno saludable y semejante a los cambios que han ocurrido en la Comisión Europea. Asimismo, los gobiernos se muestran cada vez más cooperadores en el proceso de las peticiones, cuando es necesario clarificar aspectos de un régimen normativo acerca de los cuales el propio gobierno carece de certidumbre. Además, un gobierno está preparando proyectos de ley encaminados a establecer la efectividad interna de los informes de la Comisión. Esto constituiría un paso importante hacia la consagración de los derechos humanos amparados por la Convención y la Comisión espera que sirva como experimento para muchos otros Estados que, como también lo espera la Comisión, sigan con atención esta iniciativa.

A medida que el continente regrese a los regímenes constitucionales estables, irá cambiando la índole del trabajo cotidiano de la Comisión. Los problemas de derechos humanos no terminan cuando un gobierno se torna democrático, sino que ocurre lo contrario. Una ciudadanía libre recurre al proceso legal para clarificar y poner en práctica sus derechos, y no vacilará en acudir a los mecanismos internacionales si considera que tiene motivos de queja. Por ende, el advenimiento de un hemisferio democrático significará más trabajo para la Comisión. Sin embargo, los tipos de reclamo cambiarán, por cierto, pasando de la concentración en los derechos más elementales, a la vida y a la integridad física, que ocuparon gran parte del tiempo de la Comisión durante sus primeros 35 años de vida, a una atención creciente a los derechos a la participación política y a las libertades de expresión y asociación, conforme a lo estipulado en la Convención, y seguidamente a los derechos económicos y sociales consagrados en la Convención y en la Carta de la OEA.

Otros cambios sociales y económicos de largo alcance afectarán el trabajo de la Comisión. Gracias a la creciente influencia de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, nuestra civilización se ve sometida a rápidas y profundas transformaciones. Sin embargo, la naturaleza del derecho varía mucho más lentamente. La legislación contenida en los textos y a la cual deben seguir ciñéndose los tribunales internos, quizá refleja valores de una época diferente. Algunos de esos valores y costumbres acaso sean incongruentes con las normas fijadas en la Convención Americana. Para citar apenas dos ejemplos: hoy día reconocemos el alcance de la negación sistemática de muchos derechos civiles y políticos de la mujer, pero en muchos países rigen leyes que se remontan al siglo pasado o a comienzos del presente, que reflejan valores y conceptos relacionados con la mujer que ya no tienen vigencia y son incompatibles con las normas internacionales contemporáneas en materia de derechos humanos. De la misma forma, las actitudes hacia los infractores de las normas de derecho criminal han sufrido cambios sustanciales. El movimiento internacional de los derechos humanos ha establecido códigos muy detallados para el tratamiento de los prisioneros. Sin embargo, en muchos casos las leyes y reglamentos nacionales dictados en otras épocas son incompatibles con esas normas. Problemas de esta índole no son exclusivos de un Estado determinado, sino comunes a casi todos los Estados del hemisferio, virtualmente desde el Polo Norte al Polo Sur.

Ante problemas así, las peticiones individuales planteadas a la Comisión por un solo ciudadano y referidas a un solo Estado, pueden redundar en una reparación para ese individuo pero no son suficientes para solucionar un problema jurídico macrosocial y transnacional. Una petición puede asegurar la reparación para una persona, pero los problemas son mucho más vastos y solamente es posible solucionarlos mediante alguna acción internacional. Con respecto a las mujeres y las prisiones, la Comisión está llevando a cabo estudios especiales con la esperanza de que lleven a formular recomendaciones generales que sirvan de base a convenciones, protocolos o recomendaciones concretas de ajustes en las leyes nacionales.

Otros tipos de problemas de derechos humanos son esencialmente internacionales o interestatales por naturaleza y no es posible tratarlos efectivamente por medio del procedimiento de la petición, por cuanto éste constituye, básicamente, una controversia entre un individuo dentro de un Estado y el gobierno de ese Estado. Por ejemplo el problema de la migración de poblaciones enteras, sea por motivos políticos o económicos, y se manifieste dentro de un Estado o de un Estado a otro, puede crear tremendas presiones sobre los Estados o regiones dentro de éstos, que sirvan como refugio.

La Comisión completa sus primeros treinta y cinco años de labor con un sentimiento de logro y orgullo que, a su entender, debe ser compartido por los gobiernos y los órganos políticos de la OEA que la crearon. La Comisión y los funcionarios gubernamentales con quienes trabajó durante estos treinta y cinco años para mejorar la situación de los derechos humanos de los pueblos de nuestro hemisferio han dejado una huella positiva. Empero, es necesario balancear este sentimiento de satisfacción con la admisión de algunos fracasos importantes. Cuba sigue gobernada por una dictadura y tiene los prisioneros políticos con más años de encarcelamiento del hemisferio. Algunos observadores dignos de confianza creen que un cambio puede estar en ciernes, si no ya en marcha. La Comisión sigue observando de cerca la situación cubana.

Muy grave es, también, la situación en Haití. Mientras estamos aquí reunidos, el pueblo haitiano sigue sufriendo horriblemente bajo una dictadura militar cruel e ilegítima, que derrocó un gobierno elegido en forma libre y limpia por medio de comicios realizados bajo supervisión internacional. La dictadura militar que usurpó el poder ha sido criticada en todos los foros y virtualmente en todos los niveles de la comunidad internacional. Las medidas económicas dictadas para asegurar el restablecimiento del gobierno legítimo no han dado resultados. La Comisión Interamericana visitó Haití cinco veces durante los pasados tres años y en el transcurso de su estada más reciente, en mayo de este año, percibió un empeoramiento general de la situación de los derechos humanos en ese país. La Comisión comprobó que, además de los asesinatos, las desapariciones, los malos tratos a los detenidos y el aterrorizamiento de la población, que se han tornado comunes, las violaciones con raíz política se han convertido en un nuevo instrumento de terror. En julio, la Comisión resumió estos abusos como "flagrantes y sistemáticos", habida cuenta de "la absoluta ineficacia del mecanismo judicial u otros para impedir o castigar las violaciones de los derechos humanos".

Desde la visita de la Comisión --cuando ésta reclamó, en fecha reciente, el inmediato restablecimiento del gobierno legítimo-- se han recibido nuevos informes acerca de más tratos violentos a prisioneros, más muertes de detenidos, más ataques contra vecindarios, más intimidaciones de periodistas y prohibiciones a la prensa, el asesinato a pleno día del padre Jean Marie Vincent, y más huidas dentro del país para escapar a la ira, aparentemente insaciable, del aparato de facto y sus partidarios. El 21 de agosto la Human Rigths Watch/National Coalition para los refugiados haitianos informó que unos 300.000 haitianos se han visto desplazados dentro del país como resultado de las huidas para evitar el terrorismo. Esta información coincide con los informes que la Comisión recogió en sus recientes visitas. Más recientemente, el New York Times informó que hasta niños huérfanos que reciben alimentación en orfelinatos han sido víctimas de asesinatos y desapariciones por considerárseles partidarios del Presidente elegido.

La Comisión tiene motivos para temer que aun esos informes abrumadores, no reflejen totalmente la situación, porque la expulsión de la Misión Civil OEA/ONU del país, dispuesta por la dictadura militar, priva ahora a nuestra comunidad regional de una corriente de información acerca de lo que ocurre al pueblo de Haití. Además, la expulsión puso término al freno que la mera presencia de una fuerza internacional observadora podía poner a la violencia ilícita.

El 31 de julio de este año el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó, en su resolución 940, su grave preocupación frente al "nuevo y considerable empeoramiento de la situación humanitaria en Haití, en particular la continua intensificación de las violaciones sistemáticas de las libertades civiles por parte del régimen ilegal de facto, la situación desesperada de los refugiados haitianos y la reciente expulsión del personal de la Misión Civil Internacional." El Consejo de Seguridad:

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, autoriza a los Estados miembros a integrar una fuerza multinacional bajo mando y control unificados y, dentro de ese marco, a recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares, de conformidad con el Acuerdo de Governors Island, el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades legítimas del Gobierno de Haití...

 

A última hora de anoche se informó que los Estados Unidos habían llegado a un acuerdo con la dictadura militar, conforme al cual habrá una transición de regreso al gobierno democrático en Haití, bajo cierta forma de supervisión de una fuerza internacional, conforme lo estipuló la resolución 940. La Comisión aún no recibió todos los detalles y documentos de este acuerdo y, por ende, no ha podido evaluar en qué forma operarán con respecto a los términos de la Convención.

La Comisión, encargada de vigilar el cumplimiento de la Convención Americana y habiendo visitado Haití cinco veces, tiene plena conciencia de la agonía del pueblo haitiano. La Comisión seguirá asignando especial prioridad a los problemas de Haití, ahora y, más aún, en cualquier proceso de reconstrucción. La Comisión sabe que lo mismo harán los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos.

Señor Presidente, señor Secretario General, distinguidos Embajadores, quiero asegurarles, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ésta se halla preparada, en cabal cumplimiento de su mandato, para trabajar con ustedes en torno a éste y todos los otros problemas que guarden relación con las funciones que nos asigna la Convención y de manera compatible con ese espléndido instrumento. Les agradecemos el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos treinta y cinco años y contamos con él para los años venideros.

Gracias.

CDH/3293-E